Desde la admisión del caso —secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y homicidio de Héctor Melesio Cuén— la Fiscalía General de la República (FGR) presenta un cuadro persistente de inacción selectiva: ausencia total de detenciones, pese a la identificación preliminar de posibles agentes etiológicos, incluyendo actores con proximidad al poder político estatal.
El 26 de julio de 2024 se abrió la carpeta SON/HSO/0001/882/2024 con un diagnóstico amplio: vuelo ilícito, uso indebido de infraestructura aérea, violaciones migratorias y aduaneras, secuestro y traición a la patria. Un espectro delictivo lo suficientemente grave como para justificar intervención inmediata. Sin embargo, el tratamiento aplicado fue, desde el inicio, conservador hasta lo negligente.
El 10 de agosto, el propio paciente —Zambada— aportó una narrativa detallada del evento: cita en Huertos del Pedregal, mediación entre Cuén y el gobernador Rubén Rocha Moya por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, desenlace con secuestro y ejecución. La FGR acusó recibo, confirmó contacto con el gobernador, pero omitió precisar si se le practicó siquiera una exploración básica: declaración ministerial. El síntoma fue registrado, no atendido.
Rocha Moya negó presencia en el sitio, alegando desplazamiento a Los Ángeles. La autoridad federal no documentó públicamente verificación clínica de esa coartada. Se optó por observación pasiva.
En paralelo, la FGR diagnosticó fallas graves en la Fiscalía de Sinaloa: montaje de escena, video inconsistente (un disparo audible frente a cuatro impactos reales), incineración irregular del cadáver —equivalente forense a destruir la muestra antes del análisis. El órgano federal identificó contaminación de la evidencia, pero no procedió a desbridar el tejido institucional afectado: ningún responsable local fue extraído del sistema.
El 22 de agosto, la FGR validó la versión de Zambada: secuestro y homicidio en el mismo sitio. Confirmación de infección focalizada. Aun así, el tratamiento siguió siendo expectante.
La dependencia reportó además incapacidad para obtener datos de Estados Unidos —particularmente sobre el piloto del traslado—, externalizando parte del cuadro clínico. Sin embargo, la infección primaria seguía localizada en territorio nacional.
El 20 de octubre, la FGR trasladó la responsabilidad a un nuevo órgano: confrontó al juez federal Alejandro Alberto Díaz Cruz por no autorizar órdenes de aprehensión. Alegó haber acreditado la probable responsabilidad de Joaquín Guzmán López, así como de funcionarios locales. No obstante, el propio juzgador desmintió el rechazo: la Fiscalía retiró su solicitud. Diagnóstico contradictorio, expediente inconsistente.
Más aún, uno de los indicios clave —rastros hemáticos en Huertos del Pedregal— no correspondía a Cuén, debilitando la cadena causal que la propia FGR pretendía sostener. Error de laboratorio, o manipulación de muestra.
Tras ese episodio, la FGR anunció que buscaría otro juzgador, como quien cambia de médico sin modificar el tratamiento. Desde entonces, silencio clínico: no se reportan órdenes de aprehensión efectivas, detenciones, ni evolución procesal de los implicados.
Conclusión: el caso presenta una infección institucional crónica, caracterizada por diagnóstico intermitente, intervención diferida y resistencia sistemática a la acción quirúrgica. El agente patógeno no solo no ha sido erradicado, sino que ha sido tolerado. El cuadro no es de incapacidad, sino de manejo deliberadamente insuficiente.
Con informacion: ELNORTE/
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