El anuncio del Instituto Nacional Electoral (INE) de que el escrutinio y conteo de votos para la inédita elección judicial tomará hasta 10 días envía, más allá de la justificación oficial, varios mensajes negativos y preocupantes sobre el proceso, su diseño y sus posibles consecuencias.
Mensaje negativo entre líneas del escrutinio de 10 días en la elección judicial
1. Desconfianza en la capacidad operativa y transparencia
Aunque el INE insiste en que el proceso será íntegro y transparente, el hecho de que el conteo tome 10 días, cuando en elecciones federales ordinarias los resultados preliminares se conocen la misma noche y los oficiales en pocos días, puede interpretarse como una señal de falta de preparación, eficiencia o incluso de opacidad.
La ausencia de resultados preliminares y la demora en los definitivos alimentan la percepción de que algo se oculta o que el proceso podría ser manipulado durante ese extenso lapso.
2. Complejidad excesiva y riesgo de errores
El propio INE reconoce que la elección es compleja por la cantidad de boletas, cargos y candidatos. Esta complejidad, sumada al inédito método de escrutinio en consejos distritales y no en casillas, incrementa el riesgo de errores humanos, confusiones y votos nulos, lo que puede provocar frustración, desconfianza y hasta desmovilización ciudadana. Además, la falta de experiencia en este tipo de procesos puede derivar en inconsistencias que tarden aún más en resolverse.
3. Alejamiento del escrutinio ciudadano
El conteo de votos ya no lo harán los ciudadanos insaculados como funcionarios de casilla, sino en los consejos distritales por personal designado, lo que se percibe como un retroceso democrático y una reducción del control social directo sobre el proceso. Esto puede interpretarse como una medida que resta legitimidad y abre la puerta a suspicacias sobre la manipulación de los resultados.
4. Falta de certeza y posible judicialización
El INE ha advertido que los resultados que se publiquen serán definitivos, pero no indicarán de inmediato qué candidaturas ganaron, ya que primero se revisará el cumplimiento de requisitos de elegibilidad (paridad, “8 de 8 contra la violencia”, derechos políticos, etc.). Esto anticipa un escenario de incertidumbre y posibles impugnaciones masivas, pues los ajustes de última hora pueden ser vistos como decisiones discrecionales o arbitrarias que vulneran la voluntad popular.
5. Exclusión y desigualdad
El proceso deja fuera a sectores históricamente marginados, como personas privadas de la libertad sin sentencia y mexicanos en el extranjero, quienes en elecciones ordinarias sí pueden votar. Además, la delimitación de los distritos judiciales no es proporcional al padrón electoral, lo que genera desigualdad en el peso del voto según la región.
6. Simulación de legitimidad democrática
Aunque se presume que la elección acerca el Poder Judicial al pueblo, la falta de información sobre los candidatos, la complejidad del proceso y la exclusión de sectores clave (como personas sin sentencia) sugieren que la legitimidad buscada es más simbólica que real. El pueblo, en este contexto, se convierte en una “creación imaginaria”, mientras las decisiones de fondo siguen en manos de élites políticas y administrativas[4][7].
¿Qué provoca este mensaje negativo?
- Desconfianza en la imparcialidad y transparencia del proceso.
- Mayor riesgo de impugnaciones, judicialización y polarización política.
- Desmovilización o apatía ciudadana ante la percepción de que el proceso es complejo, poco claro y potencialmente manipulado.
- Sensación de que la reforma judicial es más un ejercicio de simulación democrática que una verdadera apertura al control ciudadano.
En suma, el escrutinio extendido a 10 días, lejos de fortalecer la confianza, deja entrever problemas estructurales, improvisación y riesgos que pueden minar la legitimidad del proceso y del propio Poder Judicial que surja de él.
La elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación en México ha sido calificada como un fraude democrático por diversos actores políticos, analistas y organizaciones civiles, quienes argumentan que el proceso está viciado de origen y que su diseño favorece intereses políticos sobre los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia.
Razones por las que se considera un fraude democrático
1. Falta de consenso y origen partidista
La reforma que permitió esta elección fue aprobada sin diálogo democrático ni consenso con la oposición. Fue impulsada y avalada únicamente por el partido en el poder, utilizando el aparato estatal para bloquear a la oposición e incluso corromper a legisladores para asegurar la mayoría necesaria.
2. Selección opaca y parcial de candidatos
El proceso de selección de aspirantes estuvo plagado de irregularidades: nombres duplicados, datos incompletos, candidatos que no cumplían requisitos legales y otros que, a pesar de cumplirlos, fueron excluidos sin criterios claros. La mayoría de los seleccionados son afines al partido oficialista, Morena, incluyendo exfuncionarios y personas cercanas al gobierno.
3. Riesgo de infiltración del crimen organizado
Se han documentado denuncias sobre aspirantes con presuntos vínculos con el crimen organizado, a quienes el INE no puede excluir por limitaciones legales. Esto pone en riesgo la independencia judicial y abre la puerta a la corrupción y la captura de las instituciones por intereses ilícitos.
4. Manipulación y coacción del voto
Se han reportado prácticas como la entrega de “acordeones” para inducir el voto a favor de candidatos del oficialismo, uso de recursos públicos y movilización de servidores de la nación para promover el voto dirigido, violando los principios de equidad y transparencia electoral.
5. Inequidad y simulación democrática
La distribución de casillas es menor a la de elecciones ordinarias y el valor del voto no es igual en todas las regiones. Además, sectores como personas privadas de la libertad sin sentencia y mexicanos en el extranjero fueron excluidos, lo que limita la representatividad y la legitimidad del proceso.
6. Falta de transparencia y certeza
El conteo de votos se realizará en consejos distritales, no en casillas, y los resultados definitivos se conocerán hasta 10 días después, sin resultados preliminares. Esto genera sospechas de manipulación y falta de vigilancia ciudadana directa, debilitando la confianza pública en el proceso.
7. Simulación de participación ciudadana
Aunque se promueve como una elección ciudadana, en realidad el control del proceso y la selección de candidatos estuvo en manos de comités afines al gobierno, por lo que la ciudadanía no tiene una verdadera capacidad de decisión sobre quiénes integrarán el Poder Judicial.
Conclusión
Por todas estas razones, diversos sectores han calificado la elección judicial como una simulación democrática y un fraude, pues lejos de fortalecer la independencia del Poder Judicial, lo somete a los intereses del gobierno y pone en riesgo la imparcialidad, la legalidad y la confianza en las instituciones de justicia.
Con informacion: ELNORTE/
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