La aguerrida periodista y escritora Anabel Hernández, no solo describe un caso en esta entrevista en el espacio de Aristegui Noticias; pasa lista de asistencia al narco–Estado mexicano y deja a la presidenta parada justo en medio del pizarrón, con el gis de la responsabilidad en la mano.
El contexto: no es “escandalito”, es encrucijada
Hernández arranca recordando algo que el oficialismo finge no oír: México está en un momento histórico, y no porque haya “primera presidenta”, sino porque el país está pegadito a la raya que separa a un Estado débil de un Estado etiquetado como protector de narcoterroristas por Washington.
Esa línea no la trazan los opinólogos de Twitter, sino un expediente criminal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con número 23 CR 180, donde el gobernador morenista Rubén Rocha Moya no aparece como víctima de la guerra juridica, sino como cohabitante jurídico de Ovidio Guzmán, Joaquín Guzmán López, el Nini y hasta traficantes chinos de fentanilo.
Mientras en el Palacio del segundo piso del gobierno predican “soberanía” y “campaña sucia”, en Nueva York arman carpeta con testimonios y detalles finos de reuniones, montos y favores durante la campaña y el gobierno de Rocha.
El contraste es brutal: de este lado, mañaneras y discursos mecánicamente ensayados; del otro, una acusación armada durante años, no durante un arrebato diplomático de fin de semana.
“Yo lo publiqué primero”: la factura de la hemeroteca
Hernández le pasa una factura incómoda al sistema: el primer señalamiento público de los presuntos vínculos de Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa no vino ni del Departamento de Justicia ni de la Fiscalía mexicana, sino de un artículo suyo en Deutsche Welle en abril de 2021, en plena campaña: El “El Mayo” Zambada: la impunidad del gran elector en Sinaloa.
Ahí ya consignaba testimonios de morenistas de casa, compañeros de partido de Rocha, que escucharon al candidato presumir que se había reunido con el Mayo y que contaba con la “bendición” del cártel.
No se trató de una nota aislada sino de más de una decena de artículos entre 2021 y 2023, coronados con el libro “El traidor. Prohibido de la cuarta transformación” (la historia secreta AMLO y el Cártel de Sinaloa), donde menciona decenas de veces a Rocha y describe reuniones casi calcadas a las que hoy aparecen en el indictment. El mensaje subliminal es feroz: los mismos que usaron el caso García Luna como tótem moral ignoraron, minimizaron o atacaron a quien documentaba la compra de campañas por el Cártel de Sinaloa… hasta que los gringos tocaron la puerta con orden de extradición en mano.youtube+1podcasts.apple+1
El expediente 23 CR 180: Rocha en la misma fila que los Chapitos
Hernández subraya un dato que el discurso oficial intenta barrer debajo de la alfombra: Rocha Moya no está en un folio aparte por “diferendo político”, está en el mismo expediente 23 CR 180 que Ovidio, Joaquín Guzmán López, el Nini y otros operadores del Cártel de Sinaloa, junto con empresarios chinos que surtían fentanilo. No es una “nota diplomática”; es la misma estructura judicial, el mismo caso penal, donde políticos y narcos aparecen como parte de una sola red, no como mundos separados que apenas se rozan en la narrativa de la 4T.
El gobierno mexicano pretende ver ahí una historieta motivada por la CIA, pero Hernández recuerda algo básico del sistema de justicia estadounidense: estos casos se construyen sobre testigos directos, colaboradores y coacusados, no sobre recibos timbrados por el SAT del narco. Así como García Luna jamás firmó “gracias por los 20 millones”, Rocha tampoco iba a expedir comprobante fiscal digital; la evidencia va por otro lado: relatos coincidentes, fechas, lugares, rutas de dinero y protección.
Los testigos: Ovidio, los Chapitos y el Nini como cronistas involuntarios
En el corazón de la acusación, dice Hernández, están por lo menos tres testigos de lujo: Ovidio Guzmán, Joaquín Guzmán López y el Nini, coacusados que hoy purgan proceso en Chicago pero que forman parte del mismo caso en Nueva York, lo que permite a los fiscales interrogarlos una y otra vez.
A eso se suman testigos que ella misma entrevistó: no solo narcos, sino integrantes del equipo de Rocha que estuvieron presentes en reuniones en Culiacán y Badiraguato, y que describieron con pelos y señales las conversaciones sobre financiamiento de campaña y retornos en forma de protección ya en el gobierno.
Hernández remata con ironía de hemeroteca: lo que está leyendo en el indictment “ratifica casi palabra por palabra” lo que ya le habían contado sus fuentes años atrás.
Dicho de otro modo: mientras medio sistema político se refugia en la coartada del “golpe político”, el expediente narra una vieja historia conocida… salvo para quienes prefirieron no leerla cuando estaba impresa en libros y reportajes, no en papel membretado de la Corte del Distrito Sur.
Estructura estilo García Luna, sin las “focas” de esta vez
Anabel hace un paralelo que le duele al morenismo: la estructura del caso Rocha–Cártel de Sinaloa se parece, e incluso la ve más robustecida, a la que se usó contra Genaro García Luna. Igual que entonces, se trata de una acusación levantada con años de investigación, testimonios cruzados, cronologías y relaciones de protección, no de una ocurrencia redactada al calor de una coyuntura.
La ironía es transparente: los mismos que aplaudían “como focas” la caída de García Luna hoy se indignan de que se use exactamente el mismo manual investigativo contra uno de los suyos. Antes, el expediente estadounidense era casi Palabra de Dios para exhibir el “narco–Estado calderonista”; ahora, cuando el dedo apunta a un gobernador morenista, de pronto todo se volvió montaje, venganza y “injerencismo”.
Sheinbaum, la bomba en las piernas y el conflicto de interés
Hernández afirma que la presidenta sabe perfectamente en qué está sentada: una bomba política y judicial. Relata que, mientras en México la mayoría dormía, parte del gabinete de Sheinbaum se desvelaba para pulir el guion con el que la mandataria saldría a encuadrar la acusación al día siguiente, lo que explica su tono mecánico, ensayado, casi de lectura memorizada.
Más grave aún: acusa un conflicto de interés enorme en la jefa del Estado mexicano, que intenta simultáneamente presentarse como garante de la legalidad y como escudo político de un gobernador señalado por corrupción con el Cártel de Sinaloa. Cuando la presidenta minimiza el expediente, su problema ya no es solo de narrativa, sino de qué tanto está dispuesta a sacrificar la credibilidad institucional del país para cubrir a uno de los suyos frente a un caso donde ni el timing ni la estructura apuntan a “berrinche” estadounidense.
La clase política: entre el ridículo y la negación
Hernández reparte golpes parejo: califica de “pena ajena” las reacciones defensivas de figuras como Enrique Inzunza, que reduce todo a una supuesta represalia por haber hablado de la CIA en el Congreso, como si el Departamento de Justicia redactara indictments al vapor por coraje mediático. No le va mejor a la oposición: la ve fuera de base, convertida en comentarista oportunista de un caso que no entiende a fondo y que usa para hacer chistes, ironías y canibalismo político en lugar de discutir las implicaciones legales y de Estado.
En ese paisaje, la única línea seria que plantea Hernández es brutal en su sencillez: o el gobierno mexicano actúa de inmediato ante la solicitud de Estados Unidos, o se arriesga a que el país sea visto formalmente como protector de narcoterroristas. Lo demás —las poses patrioteras, las conferencias matutinas y los hilos de X— son ruido accesorio frente al hecho duro: un expediente con 15 acusados, narcos y políticos mezclados, que coloca al morenismo frente al espejo que tanto presumió acercarle a sus adversarios.
Con informacion: ANABEL HERNANDEZ/ARISTEGUI NOTICIAS/
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