Este año cierra como el más violento de la presente administración. En 11 meses, las entidades en las que ya adolecían carencias en seguridad, la violencia se desbordó. Guerrero, Edomex, Veracruz, Baja California, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Chihuahua son aún las líderes en el registro de homicidios.
A nivel nacional, entre enero y noviembre, hubo 18 mil 915 carpetas de investigación por este homicidio doloso. Anticipándose a que el próximo año pueda continuar esta tendencia a la alza, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció una estrategia de seguridad basada en viejas prácticas. La intervención de los estados con las fuerzas federales o la exigencia de aprobación de propuestas previas, como la del Mando Único, no serán suficientes para reducir la inseguridad, prevén especialistas. ¿De qué tamaño es la crisis?
El presente año está por terminar como el más violento de lo que va de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. El papel del narcotráfico ha sido decisivo en la distribución dentro del territorio nacional de la incidencia delictiva y el Gobierno se aferra a las estrategias del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, han asegurado organizaciones civiles.
La crisis de inseguridad tuvo un repunte en el presente año, reconoció Peña Nieto el 20 de diciembre durante la 41 sesión del Consejo Nacional de Seguridad. Los datos oficiales confirman sus palabras.
En los primeros once meses de 2016 hubo 18 mil 915 carpetas de investigación por homicidio doloso por homicidios en todo el país. Comparado con los mismos meses de años anteriores, las cifras de este año son 21.5 por ciento más altas que las de 2015; 31.5 por ciento más que en 2014; y 12 por ciento más que en 2013.
Guerrero y el Estado de México son las entidades con mayor número de carpetas de investigación por homicidio doloso. Entre enero y noviembre, acumularon 2 mil 044 y mil 880 de forma respectiva.
“En los dos estados, históricamente, se vive bajo una lógica de cacicazgo y mucho del funcionamiento de las dependencias no era generar institucionalidad permanente, sino girar en función de las autoridades en turno”, dijo Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
¿Por qué repuntó la violencia este año? Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), señaló que el choque frontal contra los grupos del narcotráfico terminó por fragmentarlos, lo que dispersó la violencia.
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR), a octubre había 37 células delictivas que trabajaban para nueve cárteles en el territorio nacional.
“Empezamos a ver que estos pequeños grupos están mucho más dispersos. Tenemos un cambio en las condiciones de violencia en el país. La estrategia de Calderón incluía la recomposición de las policías locales, cosa que no sucedió. Es decir en estos diez años deberíamos haber visto que en los estados se generan instituciones en lo local”, dijo el director.
La violencia tomó una tendencia al alza en diversas entidades. En los once meses del año, por ejemplo, Baja California reportó mil 44 carpetas de investigación por homicidio doloso, un aumento del 37 por ciento con relación al mismo periodo de 2015.
Mientras que otros como Chihuahua reportaron mil 123 carpetas por homicidio doloso, un incremento del 27 por ciento con relación al 2015; y Tamaulipas 549 carpets por este delito; 9.36 por ciento más que los mismos meses del año pasado.
La organización Semáforo Delictivo sostiene que el crimen organizado es hoy más letal que antes. Seis de cada 10 asesinatos corresponden a ejecuciones del crimen organizado, asegura.
En este contexto, la organización considera que la reciente solicitud del Presidente a los legisladores de aprobar el Mando Único policial -que pasa el control de las policías locales a manos de los gobernadores- no es la solución a la crisis que atraviesa el país.
“Es sacarle la vuelta al fondo del problema. Pudiera servir en otro panorama del país, pero en el actual es un paliativo, porque el fondo del asunto es el mercado negro de las drogas”, dijo Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo.
El 1 de diciembre del 2014, Peña Nieto envío esta propuesta al Senado, que después de una serie de discusiones terminó por pasar a la Cámara de Diputados transformada en la iniciativa de Mando Mixto, que sólo considera a ciertos municipios como elegibles para ceder el control de su policía al orden estatal.
En Morelos el Mando Único fue anunciado como una solución a la violencia después de que la Alcaldesa Gisela Mota Ocampo fue asesinada. Aunque celebrada en su momento, la iniciativa no logró hacer descender este delito de alto impacto.
En los primeros 11 meses del año, la entidad gobernada por Graco Ramírez Garrido Abreu registró 552 homicidios dolosos, un aumento del 24 por ciento con relación al mismo periodo del año pasado.
“Hemos visto que en el caso de una Reforma Policial, el tema no es quién tiene el mando, sino qué tipo de policías tenemos, qué indicadores se van a implementar para dar un seguimiento puntual, y qué modelo queremos”, explicó Rivas.
El 20 de diciembre, Peña Nieto reiteró su intención de priorizar los operativos de seguridad en 50 municipios del país, que concentran el 42 por ciento de los homicidios. Tanto Guerrero, como Edomex suman 12 localidades dentro de la estrategia.
Sin embargo, especialistas coincidieron en que las intervenciones del Gobierno no han permitido que los estados y municipios muestren una mejoría en el mediano plazo. Incluso la crisis se ha vuelto peor una vez partidas las fuerzas federales de los estados.
En 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto conformó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán para la que destinó 154 millones de pesos.
Pese a que la intervención duró un año hoy la entidad vuelve a sufrir de la violencia que padeció. En los primeros once meses del año hubo mil 169 carpetas de investigación por homicidio doloso, cuando en el mismo periodo del año pasado hubo 690; un aumento del 69 por ciento.
“Después de la intervención [la violencia] repunta con un periodo de mayor virulencia. Además, hay un tema muy importante que es el atropello de los derechos humanos, a veces las fuerzas del Ejército infringen derechos humanos. Hay desaparecidos, muertos, hay gente inocente que muere en esta guerra”, dijo Roel.
Además de los 186 mil 297 asesinados registrados en todo el país entre diciembre del 2006 y diciembre del 2015, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la guerra contra el narcotráfico también ha dejado sus secuelas con la ola de desaparecidos.
A octubre pasado, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) detallaba 29 mil 903 desapariciones en el fuero común y federal.
El estado con más desaparecidos es Tamaulipas con 5 mil 704 registros en ambos fueros; seguido por el Estado de México con 3 mil 2 y Jalisco con 2 mil 541.
El último discurso de Peña Nieto sobre su política de seguridad para los próximos dos años no incluye acciones específicas para detener este fenómeno que ha marcado su sexenio, con realce internacional desde la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014.
En cambio, Peña sí insistió ese día en que debían continuar las acciones del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia por parte de las nueve dependencias que implementan este programa, cuyo fin es alejar a los sectores más vulnerables de la sociedad de caer en el cometimiento de delitos.
No obstante, Peña reconoció que no habrá presupuesto para este programa el próximo año, pese a que se han destinado 9 mil millones de pesos en lo que va de la administración. Por lo que las dependencias deberán poner de sus propios presupuestos para llevar a cabo las acciones programadas.
“La prevención es básica. La hemos pedido en 10 años. El problema es que le tipo de prevención que se destinó no fue la indicada. Esto debido a que muchas de las acciones que se implementaron fueron ocurrencias, pero no teníamos la forma de demostrar que estaba teniendo efecto con la incidencia delictiva”, dijo Rivas.
En términos generales, las organizaciones han coincidido en que los focos de violencia no han podido ser atendidos por la corrupción que trasciende en las entidades.
El 12 de octubre el Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa pidió licencia para separarse de su cargo, bajo el argumento de que se dedicaría a atender las denuncias en su contra.
Siete días después, un Juez giró una orden de aprensión, y su localización fue imposible. En once meses Veracruz registró mil 126 carpetas de investigación por homicidio doloso, un aumento del 123 por ciento con relación al mismo periodo del año pasado.
“Los Gobernadores han sido omisos en desarrollar policías, sistemas de procuración de justicia. Lo que vas a escuchar es que dejaron el Gobierno echo un desastre. Es una realidad”, dijo Cortez.
Fuente.-
