«Si existe un dejo de dignidad en su labor como funcionaria, Ernestina Godoy debería de estar presentando su renuncia como Fiscal General de la Nación. O si no fuera así, que el Senado se lo demande por incompetente.
La descomunal pifia que evidencia el mal manejo de su dependencia quedó al descubierto con el decomiso en falso de 59 millones de litros de combustible almacenados en una enorme instalación en San José de Iturbide, Guanajuato. No eran “huachicol”, sino gasolinas y diésel de Pemex, consignados legalmente a una empresa privada -SIMSA- con décadas de servicio, para ser distribuidos en gasolineras del Bajío.
El caso del huachicol -que no era huachicol- es patético, porque lo que se hizo no soporta, ya no digamos una investigación, sino la más elemental prueba de sentido común.
De arranque, el anuncio del “decomiso” -el mayor en la historia de México- se dio dos semanas después de que las instalaciones de SIMSA fueron cateadas y consignadas. Durante 15 días, ningún funcionario ni de la Fiscalía ni de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se percataron del enorme error que cometieron.
No pudieron confirmar, en dos semanas, que aquel “magno golpe” era una instalación legal, autorizada y operando de la mano de Pemex. Y “se llevaron al baile” tanto a la fiscal Ernestina Godoy como al Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Porque el tamaño del presunto “decomiso histórico” obligaba a revisar bien el supuesto “ilícito”. Y ahora resulta que “el chivo expiatorio” de esta pifia de clase mundial es un delegadito de la Fiscalía en Guanajuato.
Tampoco el sentido común -si es que lo tienen- les dio para intuir que aquellas instalaciones con mega tanques de almacenamiento, con calles y jardines y oficinas de despacho formales, para nada reflejaban una operación clandestina. Bastaba comparar los fierros retorcidos de la huachi-refinería de Cadereyta en Nuevo León -que esa sí era clandestina- con las instalaciones de San José de Iturbide para concluir que, aquella enorme y muy cuidada inversión, nada tenía de ilegal. Pero ni hablar, se fueron de bruces y exhibieron ante la Nación el descrédito de sus investigaciones, prontas para culpar inocentes, eficientes para proteger a culpables.
Si de verdad Ernestina Godoy y Omar García Harfuch quieren saber por qué están sucediendo pifias como la captura y expedita liberación de huachicoleros -lo mismo en Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas o Sinaloa, por citar seis estados- o por qué no existen detenidos en los operativos de la media docena de huachi-refinerías sorprendidas destilando crudo o combustibles robados, que indaguen las conductas de sus delegados en cada una de esas entidades.
Algunos de esos delegados -tanto de la Fiscalía como de Seguridad Nacional- ya le hallaron la receta para cobrar -y muy bien cobradas- las liberaciones de esos mega delincuentes que tienen en su poder cientos de millones de pesos en efectivo. Dinero fácil que están dispuestos a “compartir” con la autoridad que los tiene contra la pared, antes que irse a pasar años a una celda de una prisión en el Altiplano o en Nuevo León.
El negocio de algunos de los delegados de la Cuarta Transformación es claro. Detectan al huachicolero o facturero de moda -lo identifican por sus autos de mega lujo y su estilo extravagante y prepotente de vivir- los investigan y los capturan para negociarles el “indebido proceso” que les garantice su liberación, a cambio de decenas de millones de pesos de “gratificaciones”, producto de las utilidades de sus ilícitos. Si esos cobros de los delegados van a dar “más arriba”, eso es tema de las indagatorias. Lo que sí es cierto es que ya es un modus operandi que se tiene probado y comprobado. Y si de verdad se quiere llegar al fondo, que se le vaya pidiendo a la Unidad de Inteligencia Financiera que rastree las cuentas y los bienes de esos delegados.
Si de verdad la presidenta Claudia Sheinbaum quiere dar un escarmiento a aquellos que la llevaron a mentirle flagrantemente a la Nación con este mega decomiso en falso de un huachicol, que no era huachicol, que ordene una investigación de las delegaciones. ¿Quién o quiénes fueron a extorsionar a SIMSA para venderles el favor de no clausurar sus operaciones y a cambio de qué o de cuánto?
Lo que ocurrió en San José de Iturbide, en Guanajuato, no debe quedar en un “nos equivocamos y el delegado es el culpable”. La dimensión del decomiso y los 15 días que transcurrieron entre el operativo y su anuncio en la Mañanera, obligaba a que tanto los personajes más cercanos a Ernestina Godoy y a Omar García Harfuch revisaron los expedientes con detenimiento, antes de embarcar a la inquilina de Palacio Nacional.
Por eso decimos que, Ernestina Godoy, debe renunciar. Porque sus presuntas capacidades fueron burladas por subalternos de poca monta -en el mejor de los casos- o exhibidas sus complicidades en el peor de los escenarios. Pero eso sí, ni a Andy López Beltrán ni a Adán Augusto López los tocan con el pétalo de una indagatoria. Tampoco podemos entregarle el citatorio al Almirante Rafael Ojeda. Esos, son intocables. En la Fiscalía y en la Mañanera.
Con información: CODIGO MAGENTA/
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