Hay gobiernos que soportan una caricatura y gobiernos que, al verla, buscan el Código Penal. México todavía no ha aprobado una prohibición general de memes contra el poder, pero esta semana el Senado volvió a poner sobre la mesa una pregunta inquietante: ¿hasta dónde puede llegar una ley que dice combatir el engaño sin terminar intimidando a quien se burla del Gobierno ?.
El dictamen de la llamada «ley antimemes» fue aprobado en comisiones y seguía pendiente de discusión en el Pleno. Presentarlo ya como una ley que encarcela por hacer parodias sería regalarle al debate una falsedad fácilmente refutable.
La propuesta forma parte de una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal. Su primera redacción encendió las alarmas porque planteaba penas de tres a siete años de prisión por ciertos usos de la identidad gráfica institucional.
Tras la controversia, el texto aprobado en comisiones redujo la pena a uno a cinco años, más una multa de mil a 10 mil UMA, y acotó el supuesto al uso a escala comercial de elementos oficiales para inducir al engaño con la intención de cometer un ilícito. Es decir: el texto modificado no dice que dibujarle bigotes al escudo de una dependencia sea, por sí solo, delito.
Ese matiz importa. Suplantar una página gubernamental para estafar ciudadanos no es sátira: es un engaño que merece respuesta legal. Pero también importa que la oposición haya objetado la ambigüedad de la nueva redacción, mientras Morena sostiene que no pretende perseguir a periodistas ni a autores de parodias.
Si el objetivo es castigar fraudes, la ley debe dejarlo inequívocamente escrito; la libertad de expresión no tendría que depender de que un funcionario, una fiscalía o un juez «entiendan el chiste».
La tentación de proteger al poder de la irreverencia tiene antecedentes poco envidiables. Rusia prohíbe determinadas expresiones de «desprecio» hacia el Estado y sus autoridades en internet; organizaciones de derechos humanos han documentado que la norma se utilizó de manera predominante contra presuntos insultos a Vladímir Putin.
Nicaragua emplea su legislación de ciberdelitos para sancionar, entre otras conductas, publicaciones que considere lesivas para el honor o la reputación. Angola conserva en su Código Penal una disposición que castiga insultar públicamente a la República, al presidente o a otros órganos soberanos. No son leyes idénticas al dictamen mexicano ni prueban que México sea ya uno de esos regímenes. Sí muestran una vieja maña: vestir el control de la palabra con un nombre jurídico respetable.
Y antes de mirar tan lejos, conviene revisar la casa. La difamación salió del Código Penal Federal en 2007, pero permanece tipificada en Nuevo León y Yucatán.
En Nuevo León, el artículo 345 contempla de seis meses a tres años de prisión, multa o ambas sanciones, a criterio judicial; en Yucatán, el artículo 295 prevé de tres días a dos años de prisión omulta. Por eso tampoco es exacto afirmar que en ambos estados la cárcel se sustituye siempre por dinero: las fórmulas legales son distintas y, en Nuevo León, incluso permiten imponer ambas penas.
Aquí está el fondo del asunto. Una democracia puede perseguir al estafador que falsifica una comunicación oficial; lo que no debe hacer es confundirlo, por descuido o conveniencia, con quien imita un logotipo para denunciar, parodiar o ridiculizar una decisión pública.
El fraude necesita prueba; la censura suele conformarse con susceptibilidades. Y cuando una norma deja esa frontera borrosa, no hace falta encarcelar a cada caricaturista para causar daño: basta con que algunos empiecen a preguntarse si vale la pena publicar.
Un país que acumula estas mañas no se convierte automáticamente en dictadura por un dictamen, ni pierde toda libertad de expresión de un día para otro. Se convierte, más bien, en una democracia con reflejos punitivos: conserva elecciones, instituciones y discursos sobre derechos, pero trata la crítica como un riesgo administrativo y el humor como un posible expediente penal. Allí el poder sigue diciendo que acepta las bromas; sólo pide, muy amablemente, que nadie las haga con su membrete.
Con información: ELNORTE/
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