Omar García Harfuch, el estratega federal, podrá publicar mensajes en X para repetir boletines, y el Ejército podrá anunciar despliegues de refuerzos que refuerzan lo ya reforzado. Lo que ninguno de los dos puede maquillar es el saldo. A dos años del estallido de la guerra entre bandos de una misma banda en Sinaloa, Harfuch carga con un balance que desmiente cualquier relato de «contención»: miles de homicidios, personas privadas de la libertad, vehículos robados y una violencia que ya no se limita a las periferias ni respeta horarios, negocios o ciudades.
El balance que acusa
Del 9 de septiembre de 2024 al 23 de septiembre de 2026, el parte de guerra citado por NOROESTE registra:
| Indicador | Saldo | Promedio reportado |
|---|---|---|
| Homicidios dolosos | 3,892 | 5.2 diarios |
| Personas privadas de la libertad | 4,424 | 5.9 diarios |
| Vehículos robados | 12,570 | 16.9 diarios |
| Personas detenidas | 3,988 | 5.4 diarios |
| Personas abatidas | 211 | — |
La primera conclusión es brutalmente simple: en el periodo hay más personas privadas de la libertad que homicidios, y casi tantos detenidos como asesinatos. Si la detención fuera sinónimo de desarticulación criminal, el estado tendría que estar respirando alivio. No lo está. El saldo muestra que la violencia conserva capacidad para matar, desaparecer, robar, reclutar, intimidar y volver a operar.
Y hay un dato que exhibe la precariedad de la supuesta estrategia: se reportan 3,988 detenidos frente a 3,892 homicidios dolosos. No es una equivalencia judicial —cada expediente tiene su propia complejidad—, pero sí una proporción políticamente devastadora. El aparato presume capturas mientras el homicidio sigue funcionando casi como rutina administrativa: 5.2 asesinatos diarios.
El fracaso tiene nombre
El responsable político de la estrategia federal de seguridad no es una abstracción ni una nube de siglas: es Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y rostro operativo de la respuesta del Gobierno federal.
A Harfuch le toca responder no sólo por lo que se anuncia, sino por lo que ocurre cuando se apagan las cámaras: una entidad donde el despliegue federal no ha conseguido restablecer condiciones mínimas de seguridad pública. La presencia de fuerzas federales puede llenar avenidas, aeropuertos y conferencias; no necesariamente protege restaurantes, carreteras, familias ni patrimonio.
El Consejo Sinaloense de Empresarios llegó a una conclusión que el discurso oficial intenta esquivar: hay que replantear la estrategia. Su presidente, Luis Osuna Vidaurri, advirtió que, pese al arribo de efectivos a Culiacán y Mazatlán, la escalada violenta no se detiene. Después de un ataque en un restaurante de Culiacán que dejó una persona muerta y siete heridas, el empresario resumió el retroceso con una frase que debería retumbar en la oficina de Harfuch: “retrocedimos muchísimo de lo poco que habíamos avanzado”.
No es una crítica de oposición buscando micrófono. Es el sector productivo diciendo que el territorio sigue secuestrado por la incertidumbre.
Por qué es un fracaso
1. Porque despliegue no es control
El Gobierno federal puede contar patrullas, soldados, armas decomisadas, cateos y detenidos. Pero la evaluación seria se hace con una pregunta más incómoda: ¿la gente puede salir, trabajar, circular y abrir un negocio sin quedar atrapada en la guerra?
La respuesta, a la luz del saldo, es no. El CSE ha señalado que hay presencia de fuerza pública, pero los hechos violentos continúan tanto en Culiacán como en Mazatlán. Cuando el despliegue aumenta y el control territorial no aparece, no hay éxito: hay una estrategia que no está produciendo el resultado esencial.
2. Porque la violencia mantiene iniciativa
Una estrategia funcional le arrebata al crimen la capacidad de imponer la agenda: reduce ataques, anticipa movimientos, protege blancos vulnerables y devuelve previsibilidad a la vida cotidiana.
Aquí ocurre lo contrario. Los grupos criminales siguen imponiendo el ritmo mediante homicidios, privaciones de la libertad y robos de vehículos. No se trata únicamente de estadísticas: cada vehículo robado puede ser movilidad para el sicariato, desplazamiento forzado, despojo patrimonial o una nueva herramienta para prolongar la confrontación. Las 12,570 unidades robadas no son un daño colateral menor; son infraestructura criminal circulando sobre ruedas.
3. Porque detener no basta si no se desmantela
Las 3,988 detenciones sirven de poco como argumento triunfalista si no se traducen en reducción sostenida de la violencia, judicialización eficaz, inteligencia financiera, captura de mandos, desarticulación de redes logísticas y recuperación real del territorio.
Arrestar es el primer verbo; investigar, procesar, sentenciar y desarmar las estructuras es el trabajo completo. Si después de miles de detenciones persisten los asesinatos diarios, las desapariciones y el robo sistemático de vehículos, la estrategia parece atrapar operadores reemplazables sin tocar suficientemente la maquinaria que los repone.
4. Porque las instituciones locales siguen rebasadas
El reclamo empresarial no pide más propaganda: pide policías municipales y estatales suficientes, una Fiscalía fortalecida y un presupuesto de seguridad que incluso podría duplicarse o triplicarse. Osuna Vidaurri sostuvo que las corporaciones locales carecen de efectivos y que la Fiscalía General del Estado está “totalmente rebasada”, sin margen operativo.
Ese diagnóstico desnuda otra falla federal: pretender que la seguridad de Sinaloa se resuelva con operativos temporales y músculo centralizado, mientras las instituciones encargadas de investigar, patrullar y sostener el orden cotidiano siguen debilitadas. La Federación puede entrar; no puede sustituir indefinidamente al Estado sin construir capacidades que se queden.
5. Porque la ciudadanía fue relegada
El Consejo Estatal de Seguridad Pública sólo sesionó una vez en 2025 y no sesionó durante 2024, pese a que la crisis comenzó en septiembre de ese año, según lo planteado en el reporte. El propio sector empresarial reclama reactivar ese espacio ciudadano.
Una estrategia que no escucha, no rinde cuentas y no contrasta sus resultados con quienes viven la violencia termina pareciéndose a un cuarto cerrado con muchas pantallas y poca realidad. La seguridad no puede administrarse como una narrativa de Palacio: debe medirse en calles transitables, comercios abiertos, familias que regresan a casa y fiscalías que investigan.
La coartada agotada
Harfuch no inventó la violencia criminal en Sinaloa ni es el único responsable de una estructura construida durante décadas. Pero esa no es la vara con la que debe evaluarse a quien aceptó dirigir la estrategia federal y de quien, según la presidenta Sheinbaum, se esperaba que permaneciera en la entidad hasta resolver la crisis. Se le juzga por su capacidad para modificar la tendencia, contener el daño y devolver la gobernabilidad.
Y el corte presentado hace imposible vender triunfalismo sin insultar a las víctimas. Desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 23 de septiembre de 2026, Sinaloa acumuló 3,892 homicidios dolosos, 4,424 personas privadas de la libertad y 12,570 vehículos robados. Eso no describe una pacificación. Describe una emergencia prolongada, con operativos visibles y resultados insuficientes.
La frase correcta ya no es que la estrategia “enfrenta retos”. Esa es la jerga burocrática para esconder cadáveres, desaparecidos y miedo. La frase correcta es ésta: la estrategia de Omar García Harfuch ha fracasado en su objetivo elemental de proteger a Sinaloa incluso por encima de privilegiar capturas. No porque falten comunicados, sino porque sobran víctimas, muchas inocentes.
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