En México, investigar al poder podía salir caro; durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Human Rights Center de UC Berkeley documentó hasta qué punto. Su investigación,Under Attack, identificó a 337 periodistas y defensores de derechos humanos asesinados entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024: 78 periodistas y 259 defensores.
La cifra es brutal, pero el hallazgo que plantea Berkeley va más allá del recuento: quienes vigilaban al poder también enfrentaron señalamientos desde la tribuna presidencial, acoso digital, vigilancia ilegal y procesos judiciales abusivos.
La receta, según la investigación, no requería demasiada sutileza. Primero se desacreditaba a periodistas en la mañanera; después, redes vinculadas al Estado amplificaban el hostigamiento. Mientras tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional utilizó Pegasus y otras herramientas de vigilancia contra periodistas y defensores, de acuerdo con los hallazgos expuestos por Berkeley. Y cuando llegaba la violencia, la impunidad en los delitos contra periodistas rondaba entre el 93 y el 99%. Dicho sin maquillaje: para los agresores, el riesgo de castigo era mínimo.
En un artículo publicado en Just Security, Lindsay Freeman, responsable de la investigación, lleva esos hallazgos al terreno jurídico: sostiene que la combinación de estigmatización, espionaje, hostigamiento y violenciapodría constituir persecución como crimen de lesa humanidad, y pide que la Corte Penal Internacional examine el caso. No es una sentencia ni prueba que cada uno de los 337 asesinatos haya sido ordenado por el gobierno; precisamente, determinar qué hechos forman parte de un mismo ataque y quiénes serían responsables exige una investigación oficial.
Berkeley reunió una base de víctimas, 75 expedientes y un análisis de más de 1,400 conferencias presidenciales. Su investigación y el argumento publicado en Just Security ponen sobre la mesa una pregunta incómoda: cuando desde el poder se señala a quienes investigan, se les espía y sus agresores rara vez enfrentan consecuencias, ¿ estamos ante escándalos separados o ante un patrón de persecución ? Eso es lo que sus autores quieren que se investigue, no que se dé por juzgado.
Con información: UC BERKELEY/ JUSTSECURITY/
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