En Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el gobierno no descubrió ayer que había problemas en la Policía Municipal. En junio de 2025, la «Operación Sable» ya había intervenido la comisaría y el centro de videovigilancia C2: concentró a 218 agentes para evaluarlos y puso temporalmente la seguridad en manos de corporaciones estatales y federales.
La investigación había detectado que imágenes de cámaras oficiales se transmitían a personas no autorizadas. Pese a ello, la Fiscalía estatal dijo entonces que no investigaba al alcalde de Morena Miguel Sánchez Altamirano. Ahí está la pregunta incómoda: ¿qué se corrigió después de aquel despliegue y qué se dejó intacto ?
La respuesta oficial no se volvió más clara con el paso del tiempo. El 3 de junio de 2026, Sánchez Altamirano todavía participaba, como presidente municipal, en el arranque de una nueva etapa del Plan Juchitán, coordinado por autoridades estatales, federales y municipales.
El 23 de septiembre fue detenido: las autoridades informaron que existían órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, en una investigación sobre presunto cobro de piso y otras actividades criminales. Estar en un acto de gobierno no prueba encubrimiento; sí obliga a preguntar qué sabían las instituciones que compartían mesa con él y cuándo lo supieron.
Después vino el espectáculo conocido: intervención de la comisaría, policías citados a revisión, fuerzas estatales y federales a cargo de la seguridad y retiro de 28 armas largas, 27 cortas y 2.029 cartuchos.
Y ahí asoma el espejo incómodo de los tiempos de Felipe Calderón y Genaro García Luna. García Luna encabezó la seguridad pública federal entre 2006 y 2012; en 2024 fue condenado en Estados Unidos a 460 meses de prisión por ayudar al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos.
La lección Juchitán es la misma perpetrada por el ejercito hace 12 años en Lázaro Cárdenas Michoacán como advierte video y nota de Excelsior .
Los uniformes, los operativos y el discurso de mano dura no garantizan que el poder esté limpiando sus propias filas. A veces el problema está sentado dentro de la oficina desde la que se anuncia la limpieza.
La similitud merece escrutinio y no es política, tampoco una sentencia anticipada: primero se exhibe coordinación con una autoridad local bajo señales de alarma; después, cuando estalla la investigación, se despliega fuerza suficiente para parecer que nadie había podido actuar antes.
Para exigir cuentas basta la cronología: Juchitán ya había sido intervenido en 2025, su alcalde siguió participando en la estrategia de seguridad en 2026 y ahora el Estado vuelve a tomar la comisaría. No alcanza con desarmar policías para desarmar esa pregunta.
Con información: NMAS+/
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