El Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso ayer bajo los reflectores una red de narco-corrupción que alcanza al entorno político de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 21 personas y 25 empresas por sus vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó, por su parte, que canceló las cuentas de los señalados por Estados Unidos.
El nombre que más incomoda al gobierno estatal es el de Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora. La OFAC lo identificó como un operador político vinculado al cártel y lo colocó, en sus propias palabras, «en el centro de esta trama de narco-corrupción». No es precisamente una nota al pie en su trayectoria política.
Torres militó en el PAN hasta 2019, cuando se pasó a Morena. Ese mismo año se casó con Ávila, entonces alcaldesa de Mexicali. En octubre de 2024 fue nombrado coordinador de Proyectos Estratégicos del gobierno encabezado por su esposa. Según el señalamiento estadounidense, las actividades ilícitas que se le atribuyen ocurrieron durante su matrimonio, tanto en campaña como en los primeros años del gobierno estatal.
La acusación lo vincula con Juan José Ponce Félix, jefe de «Los Rusos», facción de «Los Mayos» que, según las autoridades estadounidenses, controla la plaza de Mexicali. También señala a su hermano, Luis Alfonso Torres, como presunto receptor de dinero ilícito destinado a asuntos políticos y campañas electorales. En la lista aparecen además Rafael Buenrostro, excolaborador de Ávila y jefe de la Aduana de Ciudad Juárez en 2025, y Pedro Mendívil, exjefe de la Policía Municipal de Mexicali, a quien Estados Unidos atribuye operaciones para «Los Rusos». Mendívil fue detenido el 28 de julio por asociación delictuosa y desaparición forzada.
En mayo de 2025, Torres y Ávila anunciaron que Estados Unidos les había cancelado las visas, sin que entonces se dieran a conocer los motivos. Se divorciaron en junio de ese año. La cronología despierta preguntas, pero no prueba que la cancelación de las visas estuviera relacionada con las sanciones anunciadas ayer.
La cuestión de fondo tampoco admite atajos: que un exesposo y antiguos colaboradores aparezcan en señalamientos de la OFAC no equivale, por sí solo, a una acusación contra la gobernadora.
Sí deja una pregunta política difícil de esquivar: ¿qué sabía el gobierno de Baja California sobre las personas que tenía tan cerca?
Con información: ELNORTE/
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