Una de las marcas de nuestro tiempo es la alegre multiplicación de señalamientos sobre posibles responsabilidades penales de un elenco cada vez más nutrido. Funcionarios, empresarios, mandos militares, gobernadores, subordinados y demás integrantes de la fauna pública y privada aparecen vinculados con el huachicol, el crimen organizado desvío de recursos, el lavado de dinero, la facturación falsa, la prevaricación y otras modalidades de asalto al patrimonio público.
No faltan nombres ni hipótesis; lo que escasea, como de costumbre, es una respuesta institucional que no parezca escrita al vapor desde la tribuna presidencial.
Ante esos señalamientos, y frente a la filtración de documentos públicos y privados, llamadas telefónicas, testimonios o delaciones de cómplices, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por concentrar por completo la vocería.
Se asignó a sí misma la función de decidir cuándo esos indicios son verdaderos o verosímiles —un “cuándo sí” bastante retórico— y cuándo deben desecharse, que es casi siempre.
En sus prédicas matutinas determina si una información publicada por un medio nacional o un señalamiento formulado por una autoridad extranjera tiene o no relevancia jurídica; si merece consideración y si debe, o no, activar a las autoridades mexicanas. La mañanera como ventanilla única de admisión de pruebas, pues.
Más allá de la notoria concentración de atribuciones propias de la procuración y la impartición de justicia, la presidenta se ha erigido, por voluntad propia, en la máxima autoridad judicial del país.
Lo que ella afirma adquiere apariencia de verdad jurídica, aun cuando no exista una instancia para controvertir una declaración que, por relevante que sea la investidura de quien la formula, continúa siendo eso: un dicho. Las facultades ejecutivas que constitucionalmente le corresponden son amplias; el poder de sustituir a fiscales, ministerios públicos y jueces no figura entre ellas.
Al proceder de esa manera, Sheinbaum no sólo desplaza lo previsto por la Constitución y las leyes: abre dos escenarios especialmente graves para la vida nacional. En su empeño por pronunciarse sobre asuntos respecto de los cuales no está facultada para resolver, compromete condiciones básicas de convivencia, legalidad y gobernabilidad.
La voz presidencial como postura de Estado
El primer problema tiene que ver con las relaciones exteriores, particularmente con Estados Unidos. En el plano internacional, el Estado mexicano actúa como una unidad y su voluntad puede expresarse por medio de cualquiera de sus órganos. Por eso, cuando la presidenta habla sobre la inexistencia de acusaciones, pruebas o procesos, su voz tiende a desplazar las determinaciones que deberían corresponder a fiscales y juzgadores, hasta presentarse como la posición del Estado mexicano.
Cuando la presidenta afirma que no hay acusaciones, evidencias o investigaciones relevantes, no está simplemente ofreciendo una opinión política para consumo mañanero. Está fijando una postura institucional que, por un lado, invade ámbitos de competencia ajenos y, por otro, alimenta la percepción de impunidad partidista o gubernamental. La vocería presidencial deja entonces de ser mera propaganda de conferencia y se convierte, quiera o no, en una señal dirigida hacia afuera: México responde a denuncias, indagatorias o reportes internacionales desde el púlpito político y no desde las instituciones competentes.
El costo es evidente. Si desde el extranjero se concluye —correctamente o no— que las investigaciones avanzan, se frenan o se declaran inexistentes según la palabra presidencial, gana terreno la idea de que la justicia mexicana depende de una sola voluntad. Y cuando se instala esa percepción, también se fortalecen las representaciones, siempre peligrosas, de que resulta necesario intervenir o presionar a un país donde los órganos estatales no participan plenamente y los cercanos al poder parecen recibir protección por el simple hecho de serlo.
Los “no lugares” de la justicia
El segundo problema se relaciona con lo que he llamado, en otras colaboraciones, la institucionalización de los “no lugares”. Son aquellos espacios que, aunque formalmente existen, han dejado de cumplir la función para la que fueron creados. Sitios donde los asuntos no pueden conocerse ni resolverse porque los órganos carecen de operatividad; porque sus titulares son incompetentes; porque falta diseño, presupuesto, personal o condiciones mínimas de acceso; o porque, sencillamente, fueron vaciados desde dentro.
Un ministerio público que no investiga, una fiscalía que no puede o no quiere proceder, un tribunal que no resuelve o una institución cuyo funcionamiento queda reemplazado por la declaración política: todos son ejemplos de esos “no lugares”. Existen en el organigrama, aparecen en la ley y acaso conservan oficinas, sellos y presupuestos, pero han perdido la capacidad de cumplir su naturaleza.
Desde esta perspectiva, cuando Sheinbaum asegura que no hay pruebas, acusaciones o indicios, no se limita a describir un supuesto estado de cosas. En términos más graves, puede obstaculizar que los órganos legalmente facultados determinen si tales pruebas, acusaciones o indicios existen, son suficientes y ameritan una investigación. La declaración presidencial no sustituye un expediente, una carpeta de investigación o una sentencia; pero puede cancelar políticamente el espacio en el que esos procedimientos deberían desarrollarse.
En la búsqueda de objetivos particulares y coyunturales, se afecta así el funcionamiento del sistema del que deriva, precisamente, la autoridad presidencial. Es posible que la presidenta considere que, al confirmar o frenar públicamente el curso de ciertos asuntos, impone con éxito su voluntad política: que logra detener indagatorias, desactivar sospechas o al menos producir la impresión de que no habrá consecuencias. Puede parecer una victoria inmediata. El problema es que el aplauso de la coyuntura suele cobrar intereses institucionales.
Una enfermedad autoinmune
El resultado de esa lógica triunfalista va mucho más allá del instante de poder. Hacia el exterior, alimenta la idea de que la presidenta ha decidido que determinadas investigaciones no avancen. Hacia el interior, consolida una conclusión todavía más corrosiva: no existe un lugar efectivo donde las responsabilidades puedan dirimirse conforme a derecho.
La primera consecuencia es que la procuración y la impartición de justicia aparecen subordinadas a quien habla de ellas desde Palacio Nacional, decidiendo cuándo hay pruebas, cuándo no las hay y qué hechos merecen atención. La segunda es la erosión persistente de la institucionalidad que sostiene al propio movimiento gobernante y la enajenación de una población que no encuentra una ventanilla, un fiscal, un tribunal o una autoridad capaz de atender los conflictos que el orden jurídico promete resolver.
En la metáfora ya inevitable, el declaracionismo presidencial en materia de justicia se ha convertido en una enfermedad autoinmune: en vez de defender al Estado, ataca los órganos que deberían darle sentido, límite y credibilidad.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/RAMON COSSIO/
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