En Juchitán,en Oaxaca, la carpeta pareció cerrarse a balazos antes de que una fiscalía informara siquiera avances: Antonio, joven de 23 años señalado en redes como presunto agresor del artista muxe Elvis Guerra, que había pedido ayuda presidencial,fue asesinado en la Cuarta Sección. El cuerpo apareció con una cartulina que, en lenguaje de plaza, le endilgaba haber “calentado” el territorio y participar en ataques contra “gente trabajadora”.
La justicia criminal no esperó ministerio público, audiencia inicial, juez de control ni sentencia firme: en Juchitán montaron tribunal de banqueta, dictaron condena en cartulina y mandaron al supuesto acusado directo al paredón.
Antonio, de 23 años, identificado en redes como presunto agresor del artista muxe Elvis Guerra, fue ejecutado en la Cuarta Sección de Juchitán. Junto al cadáver dejaron el clásico expediente exprés de la violencia: una manta donde le reprochan “andar calentando la plaza” y balacear la casa de “gente trabajadora”.
Así, mientras Elvis Guerra —quien denunció un ataque armado y pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum— fue incorporado al mecanismo federal de protección, al presunto agresor le aplicaron otra ruta: no hubo fiscal que imputara, defensor que alegara ni juez que resolviera. Hubo verdugos.
La advertencia, atribuida al llamado “comandante Cromo”, pretende vender una ejecución como si fuera sentencia: acusación anónima, prueba inexistente, tribunal clandestino y pena de muerte inmediata. Pero el dato duro sigue siendo incómodo: las autoridades no han confirmado oficialmente que el joven asesinado fuera responsable del ataque contra Guerra.
En Juchitán, la presunción de inocencia duró lo que una cartulina: al presunto agresor del artista muxe Elvis Guerra no lo llamó el ministerio público ni lo citó un juez; lo sentenció la justicia criminal y lo ejecutaron los verdugos de la plaza.
Con información: PROCESO/
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