A un año de asumir la presidencia de la Suprema Corte, Hugo Aguilar pide que se juzgue a su tribunal por lo que hace y no por las sospechas que lo rodean. Es una petición razonable. El problema es que, al revisar lo que hace —y lo que todavía no resuelve—, las preguntas incómodas siguen sobre la mesa.
La entrevista deja ver a un presidente que conoce el peso de su cargo y sabe defenderse, pero que con demasiada frecuencia responde a una objeción verificable llamándola «narrativa». Esa palabra sirve para describir una campaña de desprestigio; no sirve, por sí sola, para explicar un expediente pendiente, una caída en el número de asuntos resueltos o la incertidumbre sobre quién presidirá después la Corte.
La primera prueba está dentro del propio tribunal. Dos mecanismos constitucionales para elegir a su presidente —la rotación ligada al voto y la elección por el pleno— conviven sin que se haya despejado la contradicción. Aguilar dice que resolver antinomias es tarea cotidiana de la Corte, pero evita decir qué criterio debería prevalecer. Tiene una razón atendible para no anticipar su voto; eso no borra el hecho de que la institución debe resolver una disputa que afecta directamente a su conducción.
La segunda prueba son los asuntos que no admiten una respuesta ceremonial. La doble tributación de las maquiladoras y la prisión preventiva oficiosa siguen pendientes.
Aguilar invoca el rezago, la complejidad y la necesidad de escuchar a las partes; promete que se resolverán «en breve» y espera que sea antes de fin de año. Hay que distinguir la explicación de la comprobación: que un caso sea difícil puede justificar tiempo de estudio, pero no demuestra que toda demora sea inevitable. En el litigio fiscal, la espera mantiene en vilo al menos 30 juicios contra el SAT, según el recuento publicado por EL PAÍS.
Luego vienen las cifras, terreno menos dócil para la retórica. Aguilar sostiene que su Corte resolvió el 88% de los asuntos ingresados y cuestiona que se le llame improductiva. Ese indicador merece examinarse, pero no contesta por completo la objeción sobre la eliminación de las salas. En el periodo comparable de septiembre a julio, el nuevo pleno resolvió 2.371 asuntos en sesión; las integraciones anteriores resolvieron 3.534 en 2023-2024 y 2.860 en 2024-2025. Son medidas distintas —proporción de ingresos atendidos frente a volumen de resoluciones en sesión— y ninguna debería usarse como truco para hacer desaparecer la otra.
Sobre la independencia, el presidente es categórico: niega dependencia del Ejecutivo y describe reuniones con funcionarios como coordinación institucional. Conviene no confundir una cosa con otra: recibir a secretarios o subsecretarios no prueba subordinación.
Pero tampoco basta declarar autonomía para acreditarla. Su afirmación de que el caso fiscal de Ricardo Salinas Pliego se resolvió con argumentos jurídicos debe evaluarse en las resoluciones; su réplica de que un tribunal sometido votaría siempre por unanimidad es más débil. La existencia de debate no liquida, por arte de magia, toda pregunta sobre influencia política.
Aguilar tiene, además, una trayectoria de defensa de los pueblos indígenas que no debe caricaturizarse. Ya había denunciado críticas racistas contra su capacidad para dirigir la Corte; ese prejuicio merece ser rechazado sin titubeos. Precisamente por eso conviene separar dos juicios que él tiende a acercar: descalificarlo por ser indígena es inadmisible; pedirle resultados, criterios claros y explicaciones comprobables es escrutinio público. Su historia no lo exime de rendir cuentas, como tampoco una crítica fundada autoriza a borrar su historia.
El retrato que sale de la entrevista no es el de un incapaz demostrado ni el del salvador que proclama su discurso institucional. Es el de un presidente que sabe formular el propósito de una justicia más abierta, pero aún no acredita con suficiente contundencia que su Corte pueda resolver a tiempo sus casos más difíciles, administrar sus desacuerdos y ofrecer razones mejores que «es una falsa narrativa» cuando se cuestiona su desempeño. Su informe de aniversario prometió rigor y certidumbre; ahora le toca convertir esas palabras en decisiones que resistan algo más exigente que un aplauso.
«La estatura para el reto no se mide por el volumen de la defensa, sino por la cantidad y calidad de las sentencias ,ademas de la claridad de las cuentas. En esa prueba, el fallo sobre Hugo Aguilar todavía no está escrito»
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ELENA SAN JOSE/
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