La fiscal general de la República,Ernestina Godoy, nos recuerda en su artículo de El Universal+. que «en una democracia, las palabras importan». Tiene razón. Por eso conviene mirar con cuidado las suyas: el texto arranca con una lección sobre los sofistas, advierte contra la manipulación y termina pidiendo confianza en las instituciones. Entre una cosa y otra falta lo que una fiscalía debería poner en el centro: cómo se comprueban sus afirmaciones y cómo rinde cuentas por sus decisiones.
La excursión a la Grecia clásica merece una primera precisión. Los sofistas no fueron una cofradía de mentirosos antiguos. Enseñaron argumentación, intervinieron en los debates de su tiempo y contribuyeron al estudio del lenguaje y la vida pública.
Buena parte de su mala fama proviene de las críticas de Platón. Reducirlos a una advertencia contra el engaño resulta útil para un discurso, pero hace poca justicia a la historia que el propio discurso invoca.
Hay una ironía más interesante. En el Gorgias, Platón distingue entre persuadir a un auditorio y enseñarle a conocer lo justo. Esa pregunta atraviesa el mensaje de la fiscal: ¿ nos ofrece razones para evaluar a la institución o una intervención bien compuesta para que confiemos en ella ? Hablar de «verdad», «evidencia» y «ciencia penal» no sustituye la explicación de qué se investigó, qué pudo acreditarse y qué sigue sin saberse.
El texto acierta al decir que una investigación no debe depender de quien habla más fuerte ni de la versión que más se repite. Pero presenta esa regla como si bastara con enunciarla. La ley de la Fiscalía General de la Republica ya exige a los agentes del Ministerio Público actuar con independencia y objetividad, e investigar también las circunstancias que eximan o atenúen la responsabilidad de una persona imputada. No es una muestra de virtud institucional: es parte de su obligación.
Por eso chirría que el discurso pase de «tenemos la responsabilidad de investigar» a «cuando la justicia se fortalece, crece la confianza». La confianza aparece como desenlace natural de una cadena de buenas intenciones.
En una fiscalía, en cambio, debe poder ganarse —o perderse— a la vista de sus actuaciones: decisiones explicadas, errores reconocidos, investigaciones sujetas a escrutinio y cuentas rendidas ante los órganos competentes. La Constitución prevé un informe anual de actividades y la comparecencia de la persona titular ante las cámaras cuando se le cite; también establece responsabilidad por faltas, omisiones o violaciones a la ley.
Y hay otra omisión nada menor: la desinformación no es un problema que habite exclusivamente en las redes o en los medios. Una autoridad también puede confundir si presenta una hipótesis como conclusión, selecciona solo los datos que favorecen su versión o usa el peso de su cargo para descalificar preguntas legítimas.
Señalar ese riesgo no equivale a acusar a la fiscal de haberlo hecho en un caso concreto, aunque acaba de ocurrir; equivale a aplicar a su propia institución el estándar de verificación que reclama para todos.
La historia, pues, no deja a los sofistas sentados en el banquillo mientras la Fiscalía dicta cátedra. Devuelve la pregunta a quien tiene poder para investigar y acusar: ¿cómo distingue sus certezas de sus conjeturas, y qué permite al público comprobar esa diferencia? En justicia penal, la verdad no se recupera con una pieza de oratoria. Se busca con pruebas, procedimientos y disposición a responder incluso las preguntas que arruinan un buen discurso.
Con información: ERNESTINA GODOY/FISCAL DE LA REPUBLICA/ELUNIVERSAL+/ AMELICA/
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