Mientras desde Palacio Nacional se ensaya el tono firme, casi desafiante, de la soberanía irreductible —esa que no negocia, no se somete y no se arrodilla—, en Washington están haciendo exactamente lo contrario: revisar, auditar y eventualmente recortar la presencia institucional de México en territorio estadounidense.
La Administración de Donald Trump, siempre fiel a su estilo de diplomacia a golpe de consigna, ordenó revisar el funcionamiento de los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos. Sí, cincuenta y tres. No es un detalle menor: es una de las redes consulares más amplias del mundo, diseñada precisamente para atender a millones de mexicanos en el extranjero. Pero ahora esa infraestructura está bajo la lupa del Departamento de Estado, no por casualidad, sino por el dogma político del momento: “Estados Unidos Primero”.
Y cuando en Washington dicen “revisión”, rara vez significa una cortesía administrativa. Significa que están evaluando si esos consulados siguen siendo funcionales… o si estorban.
El mensaje es claro aunque no lo digan completo: si la presencia consular mexicana no encaja con los intereses políticos de la Casa Blanca, puede convertirse en prescindible. Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, lo dijo con el lenguaje burocrático de siempre: todo se revisa para asegurar alineación con la política exterior del Presidente. Traducido al español llano: si no sirve a “America First”, se ajusta… o se elimina.
El contexto tampoco ayuda. En meses recientes, medios conservadores estadounidenses han alimentado la narrativa —sin pruebas contundentes, pero con suficiente ruido político— de que consulados mexicanos han tenido injerencia en la política interna de Estados Unidos, supuestamente favoreciendo causas demócratas. No importa tanto si es cierto o no; en Washington, basta con que sea útil políticamente.
Y aquí es donde la retórica soberanista mexicana empieza a chocar con la realidad geopolítica. Porque mientras desde México se insiste en marcar distancia y elevar el tono frente a Estados Unidos, del otro lado están evaluando reducir los canales institucionales que, paradójicamente, sostienen la relación cotidiana entre ambos países.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿qué pesa más, el discurso de soberanía o la capacidad real de proteger a los mexicanos en Estados Unidos?
Porque si esta revisión escala a cierres, no será un golpe simbólico, será un golpe operativo. Menos consulados significa menos asistencia legal, menos apoyo comunitario, menos capacidad de respuesta. Y todo en nombre de una lógica política que no se decide en México.
Así que mientras en Palacio se habla de dignidad nacional, en Washington se revisan oficinas, presupuestos y permisos. Dos narrativas que no solo no coinciden, sino que empiezan a estorbarse mutuamente.
La soberanía, al parecer, también se mide en ventanillas consulares… y esas podrían empezar a cerrarse.
Con informacion: ELNORTE/
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