Entre fanfarrias, edificio inconcluso y narrativa de “modernización”, el Gobierno de Nuevo León de Samuel García investigado por la FGR, decidió quemar —literalmente— cerca de 5 millones de dólares (unos 86.2 millones de pesos) en un segundo helicóptero Black Hawk. Sí, otro más. Porque claramente lo que le faltaba a la estrategia de seguridad no era inteligencia, coordinación o resultados sostenibles… sino más fierro caro volando que al no disponer de artillería se le quita lo fiero.
El gobernador Samuel García lo presentó como si se tratara de un salto cualitativo en la lucha contra el crimen, aunque el contexto huele más a exhibición de músculo presupuestal que a una política pública con lógica costo-beneficio. El aparato —un UH-60L Black Hawk— puede transportar hasta 11 policías y alcanzar casi 300 km/h, lo cual suena impresionante hasta que uno revisa para qué se está usando realmente.
Porque aquí viene el primer dato incómodo: el primer Black Hawk, adquirido en 2023, ha realizado apenas 78 misiones. Traducido al idioma de la eficiencia pública: un vuelo cada 12 días. Para una herramienta supuestamente “estratégica” en un estado con crisis de seguridad, eso no es capacidad operativa… es subutilización de lujo.
Y el nuevo juguete llega todavía más verde: sin armamento instalado y, para rematar, con matrícula estadounidense (N371AT). Un detalle nada menor, considerando que la Ley de Aviación Civil limita el uso de aeronaves extranjeras en funciones estatales. Es decir, el helicóptero estrella podría estar, en los hechos, restringido a operaciones muy específicas mientras se resuelve su situación legal. Pero eso sí, la foto ya se tomó.
El Secretario de Seguridad presume números globales: 3,500 vuelos, 87 detenciones, 187 arsenales asegurados y 129 vehículos blindados neutralizados. Suena contundente hasta que se hace la división incómoda: esos resultados no corresponden exclusivamente a los Black Hawk, sino a toda la flota aérea. Es decir, el argumento diluye el impacto real del aparato más caro del catálogo.
Aquí es donde la narrativa oficial empieza a hacer agua. Si el helicóptero estrella vuela una vez cada casi dos semanas, ¿realmente justifica una inversión de decenas de millones? ¿O estamos frente a una política de seguridad basada en aparatos vistosos pero con baja rentabilidad operativa?
Porque el problema no es tener helicópteros. El problema es convertirlos en símbolo de estrategia, cuando los datos sugieren que son más bien accesorios caros en un esquema que no ha demostrado proporcionalidad entre gasto y resultados.
En términos simples: esto no es necesariamente una inversión en seguridad. Es, más bien, un despliegue de recursos que luce bien en conferencia, pero que —hasta ahora— no ha probado ser determinante en tierra.
Con informacion: ELNORTE/
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