Parece que el Gobierno federal encontró por fin su estrategia maestra frente a la crisis de desapariciones: negarlo todo, descalificar a quien lo señala y luego envolverse en la bandera de la “soberanía nacional” como si el artículo 89 fracción X le diera inmunidad moral.
Mientras tanto, la ONU levanta la ceja, las familias cuentan los días (y los años), y los restos humanos siguen acumulándose en refrigeradores forenses donde la “esperanza” ya ni cabría.
Según organizaciones como Fundar, Cepad, Data Cívica y la Ibero, el truco de “no necesitamos ayuda fuera” es tan cínico como decir que el país no está en crisis, solo ligeramente en colapso funcional.
Porque sí: México presume reformas y marcos normativos, pero debajo del papel timbrado hay más de 83 mil cuerpos sin identificar —un cementerio burocrático que huele a Estado fallido— y un 99 % de impunidad que ni el más optimista podría maquillar.
Y cuando la ONU o el Comité contra la Desaparición Forzada señalan que el país no avanza, el discurso oficial responde: “no entienden nuestro contexto” —como si la impunidad fuera una forma cultural.
Pero lo cierto es que llamar ‘ataques a la soberanía’ a las observaciones internacionales es un recurso de manual autoritario: el viejo truco de culpar al mensajero para esquivar el mensaje.
Los colectivos, en cambio, lo entienden con dolor quirúrgico: el Estado no solo falla por omisión, sino por aquiescencia. Sabe, ve, calla, y a veces protege al que desaparece.
La prueba está en cada archivo no investigado, en cada carpeta que duerme en la fiscalía, en cada cuerpo no nombrado que hunde a México en su propio fracaso forense.
Mientras las familias exigen ayuda técnica y cooperación internacional, el Gobierno se aferra a su discurso patriótico como si “aceptar ayuda” fuera rendir la patria y no buscar a los suyos.
El resultado: un país que presume leyes sobre desaparición mientras desaparece la verdad entre comunicados y conferencias.
En conclusión: la soberanía, cuando se usa para tapar una fosa, deja de ser defensa nacional y se convierte en coartada institucional.
Con informacion: ELNORTE/
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