El Río Bravo separa dos países, pero los disparos no necesitan pasaporte. El paso 26 de septiembre, una tripulación de la Guardia Costera estadounidense recibió fuego desde el lado mexicano, cerca de Garceño, Texas, mientras participaba en operaciones conjuntas de interdicción.
Los agentes respondieron; no se reportaron heridos ni daños a su equipo. La agresión está confirmada; la identidad de los tiradores continúa bajo investigación, aunque los reportes periodísticos apuntan a presuntos integrantes del crimen organizado que en esta zona controla la facción de Los Metros del Cartel del Golfo que aun dirige Cesar Morfin Morfin,alias «Primito» y su hermano el «R8».
La escena tiene otro antecedente incómodo: el 28 de enero de 2025, el mismo Cartel del Golfo sostuvo otro episodio de disparos contra la Patrulla Fronteriza y la agresión fue perpetrada por gatilleros ligados al “Primito” y al “R8”, del Cártel del Golfo que controlan el trasiego de migrantes y de drogas en esa zona.
De un lado, fuerzas estadounidenses contestando una agresión; del otro, hombres armados capaces de abrir fuego hacia el país vecino. El río sirve de frontera para los gobiernos, pero no de freno para las balas. Y cuando los ataques vuelven a aparecer en esa franja, el discurso de control territorial queda con más agujeros que una coladera.
La respuesta estadounidense tampoco quedó únicamente en el intercambio de disparos: NewsNation reportó el despliegue de aproximadamente 500 militares al Valle del Río Grande después del ataque contra la Guardia Costera.
Mientras Washington refuerza su presencia, del lado tamaulipeco la pregunta política resulta inevitable: ¿quién impide que los agresores conviertan la ribera mexicana en plataforma de tiro del lado de Tamaulipas que presume estaciones seguras en carreteras ?
Para el gobierno morenista de Américo Villarreal, la exigencia debería ser concreta: identificar a los responsables, detenerlos y explicar cómo consiguieron operar en esa zona. No basta con administrar el vocabulario de la seguridad mientras otros administran los fusiles. La soberanía no se defiende solamente con discursos cuando desde el propio territorio salen disparos contra el vecino.
Los hechos advierte una brecha entre el control territorial que debe ejercer el Estado que administra pero no gobierna Americo Villarreal y la capacidad de agresión que exhiben los gatilleros. La investigación sigue abierta; la obligación de rendir cuentas también.
Con información: BREITBART/ NEWS NATION/ ALI BRADLEY/
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