El ex presidente fue detenido. No fue el sistema judicial, no fue el gobierno de Donald Trump. Su arresto se dio por una orden de la Corte Penal Internacional por su sangrienta lucha contra el narcotráfico, que dejó entre seis mil y 20 mil muertos. Fueron crímenes de lesa humanidad.
Pero no echen las campanas al vuelo. El detenido del pasado lunes en el aeropuerto de Manila es el ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien fue capturado gracias a las revelaciones de un testigo protegido, Edgar Matobato, un miembro de su Escuadrón de la Muerte que operaba para asesinar a quienes le estorbaban, a quien fue primero alcalde de la ciudad filipina de Dávao y, más tarde, presidente de Filipinas. Un Rodrigo Duterte, quien por su excesivo poder alcanzó el apodo de “Superman”.
Este es el segundo caso de un ex presidente que es sometido a juicio por sus vinculaciones con el narcotráfico en su país. El primero fue el ex mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, sentenciado ya a 45 años de prisión en Estados Unidos, acusado de conspiración por apoyar el tráfico de cocaína y por corrupción a gran escala con los cárteles hondureños. Y ahora está el caso del filipino Rodrigo Duterte, quien será sometido a juicio por sus nexos con el narcotráfico, en una fratricida guerra contra las drogas que desató en su país entre 2016 y 2022.
La sorpresiva detención del ex presidente filipino sólo viene a dirigir los reflectores hacia México, en donde se libra el debate -dentro y fuera del país- sobre la permisividad del gobierno del ex presidente ndrés Manuel López Obrador hacia las ahora calificadas “organizaciones terroristas” más peligrosas del planeta: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Su estrategia de “Abrazos, No Balazos” no sólo fue un enorme fiasco. Acabó por ser un pacto de complicidades que cedió a los cárteles el 40 por ciento del territorio mexicano.
Y aunque siempre negó cualquier vinculación con el crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue no sólo tolerante, sino cómplice, especialmente con el Cártel de Sinaloa. Sus deferencias hacia “el señor Guzmán Loera”, sus múltiples visitas solitarias, sin acompañantes, a la sierra de Badiraguato -la capital mundial del narcotráfico-, su saludo personal, en su tierra, a la madre del capo más buscado y su orden para liberar al hijo de “El Chapo”, a Ovidio Guzmán López tras su captura, son testimonio abrumador de su presunta complicidad. Por eso se ganó, en las redes sociales, el apelativo de #NarcoPresidente.
En el caso de Mexico y la Corte Penal Internacional tampoco escapan las denuncias hechas durante el sexenio de otro ex presidente, Felipe Calderón, quien inició la guerra contra el narcotráfico y que, de la mano de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna -hoy detenido y bajo juicio en Estados Unidos-, le limpiaron el territorio al Cártel de Sinaloa y a su líder Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Y si la Corte Penal Internacional ordenó a la Interpol detener al ex presidente filipino Rodrigo Duterte por su guerra al narcotráfico, que costo entre seis mil y 20 mil homicidios, ¿qué podría esperarle al ex presidente Andrés Manuel López Obrador que dejó una herencia de 200 mil homicidios en su sexenio?
Ni qué decir de los 121 mil homicidios registrados en el sexenio del panista Felipe Calderón y que provocaron que se presentaran las primeras denuncias de delitos de lesa humanidad contra un gobierno mexicano en la Corte Penal Internacional.
Dirán que en México no operaban “escuadrones de la muerte” como en Filipinas. Quizás no tenían título formal, pero ¿quién ordenó -por ejemplo- la ejecución de Sergio Carmona, “El Rey del Huachicol”, que fue abatido en una barbería de San Pedro Garza García, al más puro estilo de una ejecución mafiosa? ¿Tenían que callarlo porque sabía demasiado de los dineros ilegales que sostenían el ascenso electoral de Morena?
Dirán que no existen en la Corte Penal Internacional denuncias contra el gobierno de la Cuarta Transformación y contra el ahora exiliado en Palenque. Falso. Las investigaciones de este organismo internacional incluyen pesquisas de homicidios, desaparecidos y torturados desde el sexenio del panista Calderón, el del priista Peña Nieto y el morenista López Obrador. Algunas de esas denuncias pasan por las investigaciones hechas por los periodistas Daniel Moreno, Jacobo Dayán y París Martínez e integradas en su libro “Permiso para Matar”, y cuyos resultados habrían enriquecido un expediente de investigación en la Corte Penal Internacional, lo mismo que algunas pesquisas recabadas por el Centro de Investigaciones de Crímenes Atroces.
Lo único cierto es que, la detención del ex presidente filipino Rodrigo Duterte, abre todo un expediente no sólo para evaluar en México la lucha o la complicidad con el crimen organizado, sino el rol que jugaron los mandatarios que hicieron de esta “guerra” todo un delito de lesa humanidad. Las agitadas aguas filipinas y sus efectos colaterales podrían acabar generando un tsunami político en México. Y si a ello se le suman las denuncias de los Estados Unidos, sus efectos serían de una hecatombe. ¿Habrá entre los testigos mexicanos uno como el filipino Edgar Matobato, que coloque a algún ex presidente contra la pared?
Con informacion: CODIGO MAGENTA/
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