“Mira, te metes a este grupo Wassap y compras lo que quieras”. Es abril de 2021 en un rancho de la zona aguacatera de Michoacán. El hombre con el quien converso —lo llamaremos Franco— es líder de un grupo de Autodefensas desde 2013 y productor de aguacate. Durante los últimos nueve años, su vida cotidiana ha oscilado entre el comercio del fruto verde, la vigilancia de sus huertas y de las de sus compañeros, y el combate a los contras, como llama a sus enemigos.
Lo que une las actividades de Franco son las armas de fuego. En febrero de 2013 el alzamiento de las autodefensas de Michoacán para derrocar al Cártel de los Caballeros Templarios provocó compras masivas para reemplazar las viejas escopetas y los cuernos de chivo (Ak-47) que se tenían guardados. A medida que se crearon nuevos grupos de civiles, entraron miles de armas de mediano y alto calibre a Michoacán. En 2015, después de veinticuatro meses de conflicto e intervención federal, los Templarios se desarticularon, aparecieron nuevos nombres de cárteles y las autodefensas se fueron desvaneciendo o transformando en grupos pequeños, esparcidos por la región.
POLICIAS Y MILITARES GANONES:
Pasaron los años pero las armas y la inseguridad se quedaron. De 2015 a 2021, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Michoacán fue el octavo estado con mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 000 habitantes; los datos del Secretariado en el mismo período sitúan a Michoacán en cuarto lugar nacional en agresiones de alto impacto con armas de fuego (homicidio y lesiones dolosas).1De acuerdo a las estadísticas de armas aseguradas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) —obtenidas por medio de la solicitud de información pública con folio 0000700239621— entre el año 2000 y el 30 de junio de 2021, Michoacán se encuentra en segundo lugar, sólo detrás de Tamaulipas. Si ponemos estas cifras en perspectiva de las fotos y videos difundidos por los diferentes grupos que operan en la región para exhibir su armamento, no cabe duda de que Michoacán tiene un problema grave violencia, y de armas.
Sigo revisando grupos de WhatsApp con Franco. Funcionan como Amazon o Segunda Mano: un supermercado a punta de dedo. Varias veces por día aparecen fotos de armas con sus respectivos precios. Hay de todo: el rifle de asalto de moda AR-15, pistolas de marca Glock o Colt, y hasta fusiles ingleses del siglo 19. Los precios fluctúan según las rutas, el traficante, los periodos del año, los operativos militares o policiacos, el mercado y “muchas razones que quién sabe”, me dice Franco. Según otro interlocutor consultado en Michoacán, hace un mes los precios de armas nuevas estaban así: “El R (AR-15) es el más barato, está entre 60 a 80 000 pesos, el cuerno está en 80 a 100, el 50 (Barrett M82) de 700 a un millón”. Las armas usadas están mucho más baratas, indica: casi mitad de precio en muchos casos. “Si te gusta algo, le das clic, empiezas a hablar con el vato en privado y arreglas los detalles”, me cuenta Franco. Dice que las armas nuevas bajan de Estados Unidos y se tardan entre algunos días o varias semanas en llegar, según el pedido.
También se vende material “táctico”, término que designa artefactos de corte militar, apreciados tanto por los grupos criminales como por las autodefensas, los empleados de seguridad privada del país y las policías municipales que no cuentan con apoyo de sus instituciones para equiparse en su trabajo diario: chalecos antibalas, gorras, rodilleras, botas y pantalones, entre otros.
¿Cuántas armas entran ilegalmente a México cada año? No sabemos con precisión. La medición de mercados ilícitos, por definición, es una tarea compleja. A escala nacional, las cifras usadas más comúnmente son las de la organización Small Arms Survey: en 2017 estimaba en más de 13 millones la cantidad de armas ilícitas en circulación en México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por su lado, estima en medio millón el número de armas ilícitas traficadas cada año al país, lo cual nos dejaría, para 2022, en una cifra cercana a los 16 millones de armas en circulación.2 ¿Cuántas armas ilícitas hay en Sonora, Zacatecas o Tamaulipas? Si la escala nacional es un desafío, contar con datos desagregados por entidad federativa o municipio es una quimera.3
Regresemos a Michoacán. En los últimos veinte años, se ha dado una carrera armamentista entre los grupos violentos que mimetizan el equipamiento de las fuerzas públicas, alimentada por la facilidad de compra en Estados Unidos y la instalación de redes de tráfico. La misma reflexión podría aplicarse a gran parte del México rural, teatro simultáneo de la guerra contra las drogas desde los años cincuenta y del desarrollo de grupos criminales militarizados y económicamente cada vez más poderosos. La creación de las autodefensas representó un momento clave en este proceso. Primero, por la movilización de más de 10 000 civiles armados durante más de dos años: en términos cualitativos y cuantitativos, no hay comparación de amplitud de las autodefensas en la historia reciente de México. Además, el acostumbramiento a las armas ha cambiado radicalmente. Entre mis primeras estancias de campo en 2013 y la “desmovilización” en 2015, las escopetas habían sido reemplazadas por rifles de asalto visibles en los retenes y en las patrullas, así como en las tiendas, las fondas y las fiestas. Los hombres, jóvenes o no, se habían acostumbrado a llevar armas de alto calibre a plena luz del día, en bandolera, además de las “tradicionales” pistolas a la cintura. Finalmente, mis interlocutores contaban que las fuerzas públicas, en su colaboración para tumbar a los Templarios, proporcionaban o vendían armas de guerra a las autodefensas. “En Aguililla, cuando creamos la autodefensa, la forma más fácil de comprar armas era ir con el comandante de la Federal. Ibas con él, o se te acercaba, y tratabas ahí. Te vendían armas que habían decomisado a los Templarios, o de quién sabe dónde”, explicaba uno de los comandantes en la zona.4
Estas armas siguen en Michoacán, sumadas a las que trae el conflicto ininterrumpido en la región. La pacificación no llega y deja una sociedad armada hasta los dientes. En este aspecto, Michoacán no es un caso aislado. Los relatos de Guerrero, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Durango, o los enfrentamientos actuales en el Bajío, ilustran el peso de las armas en los homicidios del país: en 1997 la proporción de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego era del 15 %; en 2021 fue del 70 % (cifras del SESNSP).
En el pasado, el contrabando requería de redes de confianza, además de la osadía de comunicarse con un traficante. La tecnología rompió esas barreras. Si el acceso al mercado negro pasa por WhatsApp y se piden armas con la misma facilidad que se encarga comida por Rappi, estamos frente a un desafío que va mucho más allá de los grupos criminales: cualquiera puede comprar, y no hay razón para que no lo estén haciendo.
A escala internacional y multilateral, la demanda interpuesta por el gobierno mexicano en contra de fabricantes de armas en Estados Unidos es un paso decisivo hacia una mayor regulación del tráfico, pero no puede ocultar la tarea pendiente dentro de las fronteras nacionales: México es un país armado. Nos toca atenderlo ya, con trabajo de campo y una nueva encuesta de posesión de armas como primeros pasos.
Fuente.-Romain Le Cour Grandmaison
Coordinador del Programa de Seguridad y Reducción de la Violencia en México Evalúa
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