En lo que va del sexenio, al menos seis fugas de reos han ocurrido en penales estatales; un centenar de delincuentes han huido. Además, se ha registrado el asesinato de 36 custodios e internos, en distintos hechos de violencia en las cárceles.
El registro de hechos violentos en diferentes penales del País incluye 26 motines con incendio de mobiliario, instalaciones y enfrentamientos sangrientos entre bandas antagónicas del crimen organizado.
Con las evasiones y hechos violentos ha quedado al descubierto la ingobernabilidad de las autoridades penitenciarias, la complicidad de estas con la delincuencia, el consentimiento de internos con celdas VIP, el uso de telefonía celular y la sobrepoblación.
En lo que va del sexenio, 30 gobiernos estatales han solicitado al Gobierno federal el traslado de miles de reos peligrosos, de penales estatales a centros federales, con el fin de evitar conflictos en cárceles más pequeñas y menos vigiladas.
De 2019 a la fecha, 8 mil 740 reos fueron llevadas a cárceles federales en atención a las peticiones de gobernadores.
Las únicas dos entidades que no han hecho solicitudes de traslado son Durango y Yucatán, de acuerdo con un informe oficial presentado en la conferencia mañanera.
Apenas el 1 de enero en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, 10 custodios fueron ejecutados por reos armados que planearon una fuga con el uso de un grupo distractor que atacó a balazos la entrada principal de la penitenciaría.
En la refriega, otros siete internos fueron asesinados por el grupo que organizó la evasión, ligado a la banda de "Los Mexicles".
Las autoridades federales hallaron dentro de ese penal siete armas largas utilizadas para asesinar al personal de seguridad, además de drogas, más de un millón de pesos en efectivo, 80 celulares y celdas acondicionadas con mobiliarios especial y televisores.
El Secretario de la Defensa, General Luis Cresencio Sandoval, reprochó que no existió ninguna solicitud previa por parte de la entidad o el penal para el traslado de internos peligrosos, aunque la Administración estatal panista argumentó que sí existió la petición, aunque de manera informal.
"No fue solicitado el traslado (de 'El Neto') a otro penal con mayor seguridad, el estado tiene que realizar ese trámite para sacar reos que son peligrosos o para que no haya sobrepoblación; en este caso no se tuvo (el trámite)", señaló Sandoval.
Los penales bajo control estatal también reportan personal que no ha sido debidamente capacitado y cuyo número resulta insuficiente en tareas de guardia y custodia.
"Esto ha influido en una creciente autogobernabilidad, impunidad y corrupción al interior de esos centros (estatales)", citó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.
"Si se suma al contexto geográfico, socioeconómico o por índice delictivo o de inseguridad, los hace en centros donde los fines de la reinserción social sólo son utópicos en tanto las autoridades penitenciarias continúen siendo permisibles o aquiescentes ante tales conductas".
La primer fuga de reos en la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador se reportó en el marco del llamado "Culiacanazo", un operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán, hijo del capo del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán.
El 17 de octubre de 2019, en Culiacán, 51 reos lograron evadirse en medio del caos ocurrido tras la captura y posterior liberación de Ovidio. Los internos despojaron de sus armas a cinco custodios y salieron por la puerta principal.
El 29 enero de 2020, tres integrantes del Cártel de Sinaloa lograron burlar la seguridad del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, y salieron en un vehículo oficial que tenía hasta chofer.
Los evadidos fueron Víctor Manuel Félix Beltrán, "El Vic", presunto operador del Cártel de Sinaloa, así como Luis Fernando Meza González y Yael Osuna Navarro, ambos con órdenes de extradición a Estados Unidos.
Para mayo de ese año otros dos reclusos se fugaron del penal de Cieneguillas, en Zacatecas, a través de un túnel y en septiembre de 2021 tres internos huyeron de la cárcel de Solidaridad, Quintana Roo, con el apoyo de autoridades.
Un comando armado liberó en diciembre de 2021 a nueve internos del penal de Tula, en Hidalgo, para lo cual recurrieron al uso de una camioneta con blindaje artesanal que les permitió derribar la puerta del Cereso.
En octubre 2022, el penal de Cieneguillas reportó la fuga de siete presos. Se presume que escaparon mediante hoyos realizados en los muros.
Aunado a ello, entre octubre y noviembre de 2019 se reportaron tres motines en el interior del penal de Atlacholoaya, en Morelos, con saldo de siete reos muertos.
Informes oficiales reportan que la pelea fue protagonizada por integrantes de la organización Los Rojos contra criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Uno de los objetivos era liquidar a Raymundo Isidro "N", apodado "El Ray". Este delincuente había sido capturado en Puebla y era considerado cabecilla del CJNG.
"El Ray", quien figura en una fotografía con el Gobernador morenista Cuauhtémoc Blanco, murió incinerado en medio de la refriega.
En septiembre de ese año se sumó Tabasco, luego de que una gresca dejara dos muertos y cuatro lesionados en el Centro de Reinserción Social de Villahermosa.
Según reportes, la pelea entre internos ocurrió en el patio del reclusorio. En la riña presuntamente participaron dos grupos que buscan el control del penal.
Para mayo de 2020 una agresión entre reos, que incluyó balazos, dejó ocho muertos y nueve heridos en el reclusorio de sentenciados, en Puente Grande, Jalisco.
Los homicidios ocurrieron en venganza por una agresión previa.
En el penal de Cieneguillas, Zacatecas, el 15 de enero de 2021 se registró un motín que dejó un reo muerto y seis heridos, en tanto que en julio de ese año se reportó un interno muerto, además de tres heridos, entre ellos custodios, derivado de un motín en el penal San Francisco Kobén, Campeche, en protesta por alimentos.
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