Antes de la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador ya se habían manifestado diversas voces de la sociedad civil advirtiendo acerca de los riesgos a mediano y largo pazo de sacar a los militares a las calles para hacer labores de seguridad, labores policiacas para las que no estaban ni interesados en participar.
En diciembre de 2016 el entonces secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), el polémico general Salvador Cienfuegos Zepeda, advertía ante los medios y la opinión pública el descontento de los militares por ser enviados, primero, a combatir al narco, y luego por ser usado para realizar actividades de policía.
“Quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”. En sentido, también agregó que ellos no pidieron estar ahí, “no nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando”.
Un año más tarde, en el marco de las argumentaciones en favor y en contra de la Ley de Seguridad Nacional (LSN) y unos días después de que la Marina matara a Francisco Patrón Sánchez, el “H2”, líder de una organización delictiva del estado de Nayarit, el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, hacía eco a lo dicho por Cienfuegos y agregaba que ni él ni el secretario de la Defensa buscaban leyes a modo para convertir a sus tropas en policías.
Inconformes y deliberativos desde aquellos años, los altos mandos militar y naval vivieron durante varios días un rol como personajes políticos, expresando su sentir como cabezas de dos de las principales instituciones del país, en el centro de la atención mediática, más allá de los límites establecidos para su papel y funciones.
El enojo de los militares por la actuación de jueces y de agentes del ministerio público que en contextos especiales suelen echar por tierra las puestas a disposición de delincuentes hechas por personal castrense o naval vuelve a estar bajo los reflectores.
De manera sutil pero efectiva, el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la SEDENA, ya había manifestado este descontento, pero fue el almirante secretario Rafael Ojeda quien lo retomó y le agregó nombre y apellido: Poder Judicial.
Las críticas y consecuencias de esto no se han hecho esperar. El almirante ha sido duramente señalado por el exceso discursivo que, si bien tiene fundamentos sólidos, igualmente fue un error, un manotazo en la mesa fuera de lugar, una rabieta avalada por el presidente y una amenaza velada por constituir una intromisión contra un poder constitucional legalmente establecido.
Ojeda Durán deberá acudir al congreso de la unión para explicar con detalle su exabrupto. Lo hará, pero también documentará ante legisladores federales la cadena de corruptelas, omisiones, excesos y traiciones de varios jueces y agentes del ministerio público a quienes las fuerzas armadas ya tienen ubicados por mandar a la basura el resultado de complicados y en ocasiones violentos operativos para detener a personajes del crimen organizado.
En respuesta, el almirante recibirá llamadas de atención de legisladores de oposición y tal vez alguna invectiva, señalándolo por su exceso, pero sobre todo por su insistencia en reclamar y no reconocer las severas limitaciones que como policías tienen los soldados, pilotos y marinos enviados por su comandante supremo a combatir a la delincuencia en el ámbito de sus extensas atribuciones.
Los legisladores esperan que el almirante –y de paso el general Sandoval– entiendan y acepten que el camino de aprendizaje de las fuerzas armadas como policías es largo y será tortuoso porque, como lo había dicho Cienfuegos, no están capacitadas para ser policías, no les gusta ser policías y en esa dinámica cometen toda clase de errores de procedimiento y abusos durante las detenciones.
Las omisiones y los errores quedan plasmados en las puestas a disposición, pese a que cada operativo militar lleva a uno o dos agentes del ministerio público como parte del personal desplegado.
No solo se trató de un exabrupto del almirante secretario; fue, además, una demostración del empoderamiento castrense, de su ascenso como actores políticos que, a querer o no, se dará en la medida en que las obras asignadas por AMLO los hagan interactuar como empresarios, como administradores, como encargados de un desarrollo al que deberán hacer productivo para obtener ganancias y recursos para operar, al mismo tiempo, como fuerzas armadas.
Mientras los mandos no entiendan y acepten esto, seguirán quejándose de no recibir ayudas del Poder Judicial para consolidar capturas, cateos, detenciones, intervenciones, aseguramientos.
¿En qué consiste la no ayuda reprochada?
¿En pasar por alto los errores?
¿En no atender las omisiones?
¿En validar las irregularidades?
Si este tipo de ayuda se diera, ¿no habría entonces queja alguna de la Marina y la Sedena en torno al extraño enemigo llamado poder Judicial?
SE LES HUNDIO EL BARCO:
Fuente.-Jorge Medellín /
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