Desde el momento en que los agentes federales estadounidenses arrestaron al exsecretario de Defensa mexicano en el aeropuerto de Los Ángeles el mes pasado, hubo indignación en los niveles más altos del gobierno mexicano por no haber estado al tanto del caso. Lo vieron como una afrenta, una traición, una violación atroz de la confianza entre los aliados.
Esa percepción alcanzó un momento culmen recientemente, cuando Ciudad de México emitió una advertencia sin precedentes a sus contrapartes en Washington: si Estados Unidos no reconsideraba el caso contra Salvador Cienfuegos Zepeda, México consideraría expulsar del país a los agentes antidroga estadounidenses, lo que pondría en riesgo una alianza de décadas que ha servido para llevar a varios narcotraficantes ante la justicia, según tres personas con conocimiento del asunto.
La amenaza pareció dar resultado. El miércoles, a pedido del fiscal general de Estados Unidos, William P. Barr, una jueza federal en Brooklyn desechó formalmente los cargos contra Cienfuegos, un general retirado del ejército.
La marcha atrás del Departamento de Justicia extrañó a los funcionarios del Departamento de Estado y del Congreso, quienes dijeron que la liberación de Cienfuegos sería un cambio abrupto en la agresiva acción del gobierno de Trump contra el crimen organizado y el narcotráfico en México. La liberación, se dijo, enfureció especialmente a los funcionarios de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que supervisa la política con México.
Seth DuCharme, un excolaborador de alto rango de Barr que ahora es fiscal en funciones de Estados Unidos en Brooklyn, dijo que con la liberación de Cienfuegos se buscaba proteger “la relación de Estados Unidos con México”, en particular respecto a asuntos de seguridad conjunta.
Pero la explicación no satisfizo al senador Bob Menendez, demócrata por Nueva Jersey y presidente del Comité de Relaciones Exteriores, quien dijo que tanto Barr como el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, tenían que explicar qué había salido mal.
“No hay explicación para la decisión del fiscal general Barr de retirar abruptamente los cargos de narcotráfico contra el general Cienfuegos”, dijo Menendez en una declaración. “La cooperación con el gobierno de México es esencial para proteger nuestra seguridad nacional y esos lazos bilaterales deben construirse en el respeto mutuo a nuestro Estado de derecho y al debido proceso”.
En el pasado, las autoridades estadounidenses han trabajado con sus contrapartes mexicanas al capturar a sospechosos importantes de narcotráfico. Barr visitó Ciudad de México en dos ocasiones el invierno pasado para discutir con funcionarios mexicanos una cooperación más estrecha en relación con la violencia causada por bandas criminales, el narcotráfico e inmigración.
Pero en este caso el Departamento de Justicia acusó discretamente a Cienfuegos el año pasado y luego esperó a que el general visitara Estados Unidos para aprehenderlo. No está claro qué fue lo que llevó al departamento a evitar la cooperación con México, algo que enfureció a un aliado importante y provocó el vergonzoso revés de abandonar el caso.
La liberación del general retirado, quien regresó a México el miércoles sin garantía de que enfrentará cargos, revela los efectos de la política internacional en la lucha diaria de la guerra contra las drogas. En una carta a la jueza federal de Brooklyn, Carol B. Amon, los fiscales dijeron que habían desistido de los cargos debido a “consideraciones sensibles e importantes de política exterior”.
La jueza Amon, al desestimar la acusación, pareció estar de acuerdo en que había poco que hacer sobre los cargos.
“Aunque estos son cargos muy serios contra una figura realmente significativa y el viejo refrán de ‘pájaro en mano’ viene a la mente”, dijo, “aún no tengo razones para dudar de la sinceridad de la decisión del gobierno”.
Un funcionario familiarizado con la decisión de retirar el caso fue escéptico de las afirmaciones del Departamento de Justicia de que la liberación de Cienfuegos fue el resultado de una política formal entre Estados Unidos y México.
La noticia del retiro de cargos fue recibida como un triunfo del gobierno de México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al gobierno de Estados Unidos por “escuchar nuestro planteamiento y rectificar”.
El embajador de Estados Unidos informó al secretario de Relaciones Exteriores de México del arresto de Cienfuegos poco después de su aprehensión en el aeropuerto de Los Ángeles, lo que encendió un escándalo al interior del gobierno nacionalista de López Obrador.
En los días posteriores a su arresto, altos funcionarios se reunieron en una serie de juntas en las que expresaron su indignación por haber sido tomados por sorpresa por su aliado más cercano y formularon estrategias para responder, según dos personas con conocimiento del asunto. La sensación en las reuniones no era que Cienfuegos debía ser liberado de las acusaciones, sino que las fuerzas del orden estadounidense habían traicionado su confianza al no informar a México sobre una investigación de un personaje de tan alto perfil, dijeron.
El ejército, una de las instituciones más poderosas del país y un aliado cercano del presidente, estaba especialmente furioso ante lo que percibía como una violación a la soberanía de México. Los iracundos funcionarios militares presionaron al gobierno para tomar medidas.
La frustración rápidamente empezó a propagarse a la esfera pública.
Cuando le preguntaron cómo interpretar la falta de comunicación por parte de los funcionarios estadounidenses, López Obrador no anduvo con rodeos. “Lo que no se vale es de que ellos participen en México, incluso se vinculen a instituciones de México, sacan información y resuelven, sin dar a conocer al gobierno de México qué es lo que están investigando”.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, insinuó que la captura de Cienfuegos ponía en riesgo la extensa cooperación del país con Estados Unidos en materia de seguridad. “Se está haciendo una revisión” de la colaboración de México con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), dijo Ebrard en entrevista con el semanario Proceso.
“Cooperación habrá, pero tendrá que ser sobre otras bases”, agregó. “Todo deberá ser diferente”.
Cienfuegos, quien fue secretario de Defensa de México de 2012 a 2018, fue acusado en octubre en Brooklyn de lavado de dinero y tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana desde fines de 2015 hasta principios de 2017 para el cártel H-2, una rama de un grupo criminal más grande y antiguo, la organización de los Beltrán Leyva.
Los cargos fueron el resultado de una investigación de varios años llamada por los investigadores Operación Padrino, en referencia a lo que aseguran era el sobrenombre de Cienfuegos en el mundo criminal. La investigación, iniciada a fines de 2013, fue impulsada, dicen los documentos del juzgado, por una extensa escucha de comunicaciones telefónicas que captó subrepticiamente miles de mensajes de BlackBerry que, se dice, implicaban a Cienfuegos al conversar y orquestar reuniones con líderes de los cárteles.
Los funcionarios dicen que Cienfuegos ayudó al cártel H-2 —que cometió terribles actos de violencia como parte de su negocio de contrabando— con sus envíos marítimos. A cambio de pagos muy lucrativos, dicen los funcionarios, Cienfuegos también desvió operaciones militares dirigidas al cártel hacia sus rivales.
Durante la audiencia del miércoles, DuCharme dijo que su despacho seguía confiado de la solidez de su investigación y que “respalda el caso”. Pero al ser interrogado por la jueza Amon, admitió que la decisión de retirar los cargos contra Cienfuegos había sido realizada “al más alto nivel del Departamento de Justicia”, identificando por nombre a Barr.
Una de las personas con conocimiento del asunto dijo que los fiscales que habían construido el caso contra Cienfuegos estaban “devastados” de que sus superiores hubieran desistido de ir contra Cienfuegos en las cortes federales estadounidenses. A pesar de que Barr insinuó en un boletín de prensa el martes que Cienfuegos sería “investigado y, si procede, acusado” en México, no quedó claro qué sucedería después.
Edward Sapone, el abogado de Cienfuegos, dijo que él y sus socios creyeron desde el inicio del caso que el arresto de su cliente había sido injusto, pues violaba un tratado bajo el cual el gobierno de Estados Unidos había acordado notificar al gobierno mexicano con anticipación en caso del arresto de cualquier sospechoso de alto perfil.
Sapone agregó que había estado preparado para impugnar la detención de Cienfuegos —en peticiones o durante el juicio, de ser necesario— pero que a finales de la semana pasada, fiscales federales se le habían acercado para informarle que estaban considerando acercarse a la jueza Amon con un pedido de desestimar las acusaciones.
“Aplaudo a la oficina del procurador de Estados Unidos por hacer que el litigio fuera innecesario”, dijo.
fuente.-/Alan Feuer reporteó desde Nueva York y Natalie Kitroeff, desde Ciudad de México. Oscar Lopez colaboró con informes desde Ciudad de México y Katie Benner y Lara Jakes, desde Washington.
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