El actual presidente del Tribunal Electoral federal, José Luis Vargas, gastó, en seis años, 36 millones de pesos más que sus ingresos declarados fiscalmente, según denunció la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
OTRO PILLO EN LA FILA DE LOS CONGELADO$:
En una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 21 de febrero pasado, el titular de la UIF, Santiago Nieto, solicita que se ordene el congelamiento de cinco cuentas bancarias que el magistrado Vargas tiene con tres entidades financieras, debido a la sospecha de que ha recibido y usado recursos de procedencia ilícita.
La denuncia documenta en las cuentas de Vargas depósitos en efectivo de empresas privadas y de personas no identificadas y las coteja con otros ingresos derivados de su actividad pública, y concluye que el funcionario ha gastado, entre el 2013 y el 2018, 217.9 por ciento más que sus ingresos declarados.
"Esto, de manera lógica, y natural hace presumir que nos encontramos frente a movimientos de fondos inusuales para el perfil de ingresos que reportó ante la entidad fiscalizadora", dice Nieto en su denuncia, cuya copia tiene Grupo REFORMA, "lo que podría configurar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de hechos de corrupción o enriquecimiento ilícito".
El 28 de octubre del 2019, Grupo REFORMA publicó que la UIF tenía una investigación contra Vargas, quien había cuadruplicado sus ingresos entre el 2013 y el 2017, a la vez que se le habían encontrado depósitos en efectivo.
Asimismo, conforme a la indagación de Grupo REFORMA, Vargas tuvo movimientos inusuales por 14 millones 096 mil 478 pesos en una tarjeta American Express entre el 2016 y el 2018.
Vargas dijo que esos ingresos eran lícitos y obedecían a su actividad profesional.
Sin embargo, cuatro meses después de la revelación de Grupo REFORMA, la UIF presentó la denuncia penal ante la FGR, que amplía los hallazgos periodísticos.
Según la denuncia de la UIF, en sus declaraciones ante el SAT del 2013 al 2018, Vargas comprobó ingresos por 16 millones 744 mil 264 pesos. Sin embargo, sus gastos fueron por 36 millones 487 mil 433. 59 pesos.
La UIF descubrió que el magistrado electoral no declaró seis depósitos en efectivo que recibió en el 2012, el 2016 y el 2018 por un millón 370 mil pesos.
Tres de esos depósitos sumaron un monto de 550 mil pesos y fueron en el 2012, cuando era titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade); otro, por 400 mil, lo recibió en el 2016, cuando era abogado litigante, y dos más que sumaron 420 mil pesos los recibió siendo ya magistrado electoral.
Además, entre el 2013 y el 2018 tuvo 56 depósitos en efectivo de SAIPEM, una empresa del ramo energético, filial de ENI, una firma italiana que según Nieto es investigada en Milán por actos de corrupción cometidos en Argelia.
Los depósitos de SAIPEM fueron por un millón 244 mil pesos, de los que 455 mil 204 son de cuando ya era magistrado electoral.
Respecto a la tarjeta American Express, que según la documentación de Grupo REFORMA hasta el 2017 registraba gastos de 14 millones de pesos, la UIF encontró que entre noviembre del 2013 y septiembre del 2019, con esa tarjeta Vargas gastó 29 millones 727 mil 572 pesos con 76 centavos.
"Resulta caricaturesco pensar que deviene lícito y creíble consumir, sólo con una tarjeta de crédito, 29 millones 727 mil 572 pesos con 76 centavos mientras que se afirmó tener un ingreso real de 16 millones 744 mil 264 pesos", expresa Nieto en su denuncia.
Al no declarar esos recursos, la UIF establece que "provienen de actividades fuera de la licitud y que dicha estrategia se ejecuta a efecto de no enterar a la autoridad fiscal sobre las mismas".
Con ello, dice Nieto, Vargas trata de evitar que la autoridad "ejecute sus funciones de fiscalización y pueda ser visible el verdadero y desconocido origen de los recursos".
Nieto fortalece su denuncia con la documentación de gastos que supone extraordinarios de "Colegiaturas" por 346 mil 477.83 pesos entre el 2016 y el 2019, además del pago adelantado de créditos por 5 millones 533 mil 383 pesos y la adquisición de un bien inmueble por 880 mil pesos en el lapso que recibió los recursos no declarados.
Vargas tiene actualmente a su cargo el caso sobre presunto delito electoral contra Pío López Obrador, hermano del Presidente y gracias a él se ha retrasado el caso.
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