Teóricamente es correcto lo que dijo el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, de que las Fuerzas Armadas no anhelan el poder. Cierto, porque ya lo tienen.
El tamaño de los problemas del país, que no imaginó ni calculó el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo obligó a dar un giro de 180 grados, y de querer desaparecerlas, las volvió pilar de su régimen.
El Presidente vive hoy en una jaula de oro protegido por los militares que le han resuelto todo. Pero como nada es gratis, el pago han sido dinero, concesiones, privilegios, encubrimientos y cumplirles una exigencia: defender, a costa incluso de incomodar a su némesis Donald Trump, al general Salvador Cienfuegos, a quien por presiones mexicanas liberaron en Estados Unidos pese a un expediente de “miles de documentos” que probaban, decían, sus nexos con el narcotráfico.
Entonces, tiene razón el general Sandoval. Si el Presidente quería mantener un cuerpo homogéneo para que le diera cobertura y permitiera hacer todo lo que desea, violentando normas y ajustando o ignorando leyes, tenía que hacerles caso. Con los militares mexicanos no se juega. No es que tengan un espíritu golpista, por lo que cada vez que se habla del tema, como el propio López Obrador lo ha llegado a decir públicamente, se recuerda que el Ejército es el más institucional de América Latina. Igual se decía del Ejército chileno hasta que el general Augusto Pinochet le dio golpe de Estado al presidente Salvador Allende en 1973 –un evento que tiene fijo el inquilino de Palacio Nacional. El inhibidor aquí son los tres mil 200 kilómetros de frontera con Estados Unidos y las represalias políticas y económicas que habría con una toma de poder de facto.
Ese escenario no existe, porque López Obrador se los dio. Las Fuerzas Armadas desvanecieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El Ejército absorbió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dejándole sólo la responsabilidad de prisiones y Protección Civil. Se desistió de pasar legalmente la Guardia Nacional al Ejército cuando se revelaron sus intenciones y generó protestas, pero en los hechos, le pertenece. Tanto es su poder sobre el Presidente, que pasaron sin escándalo ni remociones la violaciones a los derechos humanos que cometió la Guardia Nacional al reprimir la protesta social en Chihuahua, tragándose el régimen décadas de denuncias contra ese tipo de acciones que llamaban autoritarias.
El general Sandoval se siente con autoridad plena y profesa lealtad. La tiene, en efecto, con el Presidente, porque López Obrador le permite todo. Incluso temas de índole personal. Como botón de muestra: el general quería que su hijo estudiara un posgrado que da la Secretaría de la Defensa a civiles, donde no se permiten militares. Para resolverlo, el general retirado, su protector e impulsor, Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, lo inscribió como miembro del aparato de inteligencia civil. Por supuesto, nadie les reclamó.
Tampoco ha habido objeciones para que, en la marca de la casa, ordenara el espionaje de un periodista crítico a las políticas de la militarización policial, que se discutió dentro de las reuniones de gabinete, donde por cierto, no son inusuales las referencias de molestia contra quienes cuestionan las políticas de gobierno. Es decir, el uso del aparato de inteligencia militar, que está para la defensa de la seguridad nacional, para saciar el coraje del secretario.
Las Fuerzas Armadas lo tienen todo, en particular el Ejército, cuyos mandos cambiaron en meses su ánimo de molestia con el Presidente, en los tiempos que quería desaparecer las Fuerzas Armadas con el argumento de que no había ninguna amenaza externa, a apoyarse plenamente en ellas. Un ejemplo importante es el Tren Maya, donde se descubrió que en uno de los tramos de la ruta que atraviesa por la selva, había campamentos de entrenamientos de Los Zetas que manejaban ex-Kaibiles, los soldados de élite de Guatemala.
El Presidente anunció en octubre que los tramos 6 y 7 del Tren Maya iban a ser construidos por ingenieros militares. Lo que no dijo es que además de ello –era innecesario mencionar los narcocampamentos–, el tramo se lo iba a concesionar a la Secretaría de la Defensa. Es decir, no sólo participarán en la planeación y la construcción, sino que además les permitirá manejar el tramo como un negocio, igual que con las constructoras privadas que participan en otra parte de la ruta, para que tengan ingresos. Negocio paralelo a los militares, pero hay que señalarlo, tan legal como ilegítimo.
López Obrador ha hecho cierta la frase de que el amor de un gobierno se ve en el presupuesto. Para el próximo año, sus recursos se incrementarán 15.7 por ciento del presupuesto de este año de 94 mil millones de pesos. La Marina tendrá un aumento de 2.1 por ciento en su presupuesto, que actualmente es de 33 mil millones. En septiembre se autorizó un incremento salarial para todas las Fuerzas Armadas, retroactivo a enero de este año, y un incremento significativo de plazas, cuando en el resto de la administración sólo hay austeridad. Adicionalmente, como reportó Mexicanos Contra la Corrupción, los fideicomisos del Ejército tuvieron un incremento de mil 48 por ciento, mientras López Obrador ordenaba que se cancelaran todos porque eran vehículos de corrupción.
¿Por qué anhelarían las Fuerzas Armadas el poder? Lo tienen ampliamente sin necesidad de desgastarse, sin que les llamen golpistas, sin que les recuerden 1968, ni Tlataya, ni que para los marinos en la lucha contra la delincuencia organizada nunca existieron los prisioneros, ni que se violen los derechos humanos y se permitan acciones de espionaje contra civiles. El único lunar negro que tienen con el gobierno es Ayotzinapa, pero ya se verá cómo se desvanecen las acusaciones contra un militar, o se le sacrifica, para que no digan que el general Sandoval quiere todo.
fuente.-Raymundo Rivapalacio/
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