Rosario Robles pidió el pasado miércoles al Ministerio Público beneficios jurídicos a cambio de información sobre la Estafa Maestra, la refinada trama que permitió al Gobierno de Enrique Peña Nieto desviar a campañas políticas miles de millones de pesos de dinero público a través de universidades y empresas fantasma.
La exsecretaria, quien ocupó dos carteras con el PRI, ha sido la más reciente figura de la anterior Administración que ha engrosado una lista de colaboradores de la Fiscalía General para apuntalar la narrativa anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador. La figura de testigo colaborador ha servido de piedra filosofal de la alquimia judicial buscada por la Cuarta Transformación. Con ella pretenden apuntar a dos objetivos: el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y al propio Peña Nieto. El fin del “nuevo PRI” que el expresidente promovió para llegar al poder.
Rosario Robles cumplió en agosto un año en prisión sin sentencia y a la espera de una medida cautelar que le permitiera seguir en libertad el proceso que se le seguía por un delito de omisión. Sus abogados contaron a este periódico la merma que la prisión había causado en su salud. Estaba deprimida, muy delgada y aquejada por la hipertensión. Su defensa aseguró entonces que no tenía “a quién” inculpar por un delito mayor a cambio de un beneficio. A principios de noviembre, la Fiscalía demostró que aún podía aumentar la presión sobre la exfuncionaria, que alguna vez fue una importante figura de la izquierda. Robles fue acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero, delitos graves, por el caso de la Estafa Maestra. La nueva imputación terminó por quebrar a una política desesperada que sentía fue dejada sola por la cúpula política a la que ayudó. 18 días después de que fuera liberada una nueva orden de aprehensión, Robles pidió negociar a la Fiscalía.
“Seguro habrá quien niegue los hechos, pero las pruebas hablarán”, escribió en Twitter desde la prisión la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbanu (Sedatu). Fue llamativo que una alta exfuncionaria, en teoría incomunicada por estar en la cárcel femenil de Santa Martha Acatitla, accediera a las redes sociales para anunciar de propia voz su nuevo papel de colaboradora de la justicia. “Hay una facilitación singular para que alguien privado de su libertad tenga acceso a medios y anticipe por donde va su caso, una acción con nombre y apellido: Luis Videgaray”, considera Luis Pérez De Acha, un abogado constitucional.
Robles debe hacer ahora una denuncia penal y formular una reparación del daño para parte de un esquema de desvíos que supera los 7.600 millones de pesos (más de 400 millones de dólares) a través de secretarías e instituciones públicas como Petróleos Mexicanos, Pemex. Para poder acogerse al criterio de oportunidad, los beneficios judiciales, la exsecretaria debe aportar “información esencial y eficaz” para que la Fiscalía pueda perseguir delitos más graves que los que se le imputan. Otra de las condiciones contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales es que los testigos colaboradores deben comparecer en el juicio de los acusados, en este caso el de Luis Videgaray.
Pérez de Acha, experto en temas anticorrupción, cree que Robles debe tener un “extraordinario” as bajo la manga para hacerse acreedora de los beneficios. “El solo testimonio será insuficiente para armar un expediente sólido. Resulta difícil que este personaje pueda dar información idónea y eficaz sobre este caso”, considera el abogado. Pocos expedientes de corrupción en México han provocado tantas pruebas documentales como la Estafa Maestra. La Auditoría Superior, que depende del Congreso, comenzó a darse cuenta de los desvíos desde 2013. A la fecha existen más de una decena de denuncias ante la Fiscalía por este esquema de desvíos millonarios. ¿Qué puede decir Robles que el fiscal no sepa para imputar a sus superiores por delitos más graves?.
Además de Robles, otro alto exfuncionario de Sedesol y Sedatu intenta esquivar el peso de la justicia mediante un acuerdo fraguado en los últimos meses. Emilio Zebadúa, quien fue el oficial mayor en las dos secretarías que encabezó Rosario Robles, también se ha ofrecido a colaborar con la Fiscalía. Zebadúa era el operador de la llave de los recursos públicos en ambas instituciones. Una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda (UIF) encontró en sus cuentas y en las de su círculo cercano gastos inexplicables. Su hermana Lourdes gastó en casinos 58 millones de pesos (unos 2.8 millones de dólares al tipo de cambio de hoy) entre 2017 y 2019. El funcionario gastó en su tarjeta de crédito American Express 14 millones de pesos (698.000 dólares) en tres años a pesar de haber ganado 9 millones (449.000 dólares) entre 2015 y 2018, de acuerdo a Animal Político. Hoy Zebadúa intenta colaborar con la Fiscalía mientras sostiene un pleito legal en los tribunales para evitar que el Estado se incaute sus propiedades.
El ‘caso Lozoya’
Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, se ha visto en un predicamento similar. La UIF tenía el registro de ingresos de sobornos y gastos en propiedades. Las transferencias sospechosas saltaban también a las cuentas de su madre y su hermana. Ante el acoso judicial, Lozoya ofreció colaborar. Se dijo “intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado” por un “aparato organizado de poder”. Acusado de lavado de dinero, asociación delictiva y cohecho, el exfuncionario llevó a la mesa una denuncia en la que aseguraba que había repartido 120 millones de pesos en sobornos a senadores del PAN para aprobar la reforma energética de Peña Nieto. “Ese criterio de oportunidad tiene tintes más mediáticos y políticos que constitucionales”, añade Pérez de Acha.
Al ruedo también se ha sumado Froylán Gracia, la mano derecha de Lozoya en Pemex, quien testificó ante la Fiscalía en septiembre sobre el pago recibido por algunos legisladores del partido conservador. Gracia, un exdiplomático, describió una airada escena, supuestamente ocurrida en marzo de 2014, en la que Francisco Domínguez (hoy gobernador de Querétaro) reclamó el impago de sobornos al senador del PRI David Penchyna durante un evento de la industria energética celebrado en Houston (Texas). Rafael Caraveo, un exfuncionario del PAN en el Senado, fue capturado en un video recibiendo fajos de billetes de presuntos sobornos. Ante el ministerio público, el exfuncionario dijo que había recibido 15 maletas con dinero en siete ocasiones como parte del acuerdo tras la aprobación de la reforma energética.
Los arrepentidos, exfuncionarios de la Administración del PRI, son las piedras angulares en la construcción de los grandes casos de corrupción del fiscal Alejandro Gertz. El uso de testigos colaboradores no garantiza justicia. Durante el Gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) muchos delincuentes y narcotraficantes, muchos de ellos con asesinatos a cuestas, signaron acuerdos para convertirse en testigos protegidos. Estos testimonios fueron utilizados para abonar a las obsesiones de aquella Administración del PAN, la guerra contra el narcotráfico. Alcaldes, mandos policiales y militares fueron acusados de forma anónima por estos testigos en casos de rimbombante nombre como la Operación Limpieza. Pero estos dichos fueron cayendo por improbables o por la escasa reputación de los acusadores. Ahora serán otro tipo de cómplices quienes deben aportar hechos que den verdad al país.
Fuente.-Diario Español/Luis Pablo Beauregard/
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