El presidente Andrés Manuel López Obrador firmo la mañana de este jueves una iniciativa de Ley que propone regular la subcontratación conocida como 'Outsorcing", a cuyas empresas critica y califica de “coyotes”,de traficantes de influencias, pero en su Gobierno "decente" ha asignado contratos por al menos 5 mil millones de pesos a una docena de compañías dedicadas a ese esquema de subcontratación.
De hecho, el Banco del Bienestar, uno de los proyectos emblema del Gobierno de López Obrador, es la dependencia federal que más dinero ha gastado en contratar empresas de outsourcing.
En 2019 el Banco del Bienestar pagó 408 millones de pesos a cuatro empresas de este tipo y en lo que va de 2020 el monto se elevó a 463 millones.
En los contratos revisados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Gobierno federal defendió el esquema de outsourcing, en contradicción con la postura pública que ayer asumió el Presidente en su conferencia de prensa mañanera.
“Se considera plenamente justificada la necesidad de llevar a cabo la contratación de los servicios técnicos y administrativos por outsourcing, ya que al no contar con dichos servicios, el impacto negativo en lo social, económico y financiero sería muy alto, aunado a que podría traer como consecuencia la falta de credibilidad en el actual gobierno, ya que uno de sus principales ejes rectores es la entrega de recursos de programas sociales”, se menciona en un anexo del contrato asignado por el Banco de Bienestar a la empresa KOM Business SA de CV.
En contraste, López Obrador se pronunció ayer por analizar la posible desaparición del esquema de outsourcing o subcontratación porque elude el pago de prestaciones a los trabajadores.
“Se supone que, en apego estricto a la ley del trabajo, quien contrata a un trabajador tiene que cumplir con ciertas obligaciones: el pago de un salario justo, la inscripción en el Seguro Social, que eso a veces no se realiza por estas empresas intermediarias o manifiestan que los trabajadores ganan menos para no pagar las cuotas destinadas a la seguridad social (…) Estas oficinas que operan esas nóminas ganan muchísimo dinero, se fueron creando estos grupos de intermediarios, de coyotes”.
Por lo anterior, dijo que buscarán la manera de modificar ese esquema para que ya no haya abusos.
En todas las áreas
MCCI localizó más de 50 contratos que entre 2019 y 2020 ha asignado el Gobierno federal a empresas de outsourcing, por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos.
Los contratos se han dado en prácticamente todas las áreas del Gobierno federal: en las secretarías de Bienestar, Economía, Relaciones Exteriores, la Marina, la Sedena, Cultura y Educación, así como en Bancomext, Nacional Financiera, Banobras, el INEA y en centros de investigación.
En 2019 los contratos superaron los 3 mil millones de pesos, aunque la mayoría tenían cobertura por más de un año. Hasta inicios de octubre de 2020 se habían sumado casi 2 mil millones de pesos más en asignaciones a empresas de outsourcing.
Después del Banco de Bienestar, la segunda dependencia federal que más recurre al outsourcing es la Secretaría de Hacienda, la cual tan sólo en un contrato con vigencia de agosto de 2019 a diciembre de 2020 pagará 670 millones de pesos para la subcontratación de casi mil empleados en todo el país que atienden el financiamiento agrícola.
Los servicios de educación en línea y la administración de becas también fueron delegados a empresas de outsourcing.
El pasado 2 de septiembre de 2020, la Secretaría de Educación Pública asignó un contrato por 268 millones de pesos al Corporativo Ejecutivo MZT para que realice la administración del personal y el pago de nómina al personal que ofrece sus servicios en la llamada “Prepa en línea”.
En 2019, ese contrato había sido asignado a la empresa Visión y Estrategia de Negocios, por un monto de 159 millones de pesos.
Además, una parte del personal administrativo que maneja el programa de becas de la SEP está a cargo desde el año pasado a un consorcio formado por cuatro empresas de outsourcing.
En redes sociales, un grupo de trabajadores del sistema de prepa en línea de la SEP ha protestado por esta práctica de la subcontratación.
“Después de más de ocho meses sin pago, los facilitadores y tutores de prepa en línea SEP, nuevamente vuelven a padecer la falta de compromiso por parte de las autoridades educativas. Esto al contratar a la empresa outsourcing Corporativo Ejecutivo MZT para la dispersión de los pagos”, expusieron en un escrito difundido a inicios de octubre.
“Los pagos no se hicieron en una sola emisión, sino que se están haciendo de manera parcial, aun cuando desde el inicio se está violentando la ley federal del trabajo”.
Los empleados acusaron a la empresa de outsourcing de darles un trato déspota y de no cumplir con sus prestaciones.
Subcontratan a 28 mil
Tan sólo en 8 de las mayores asignaciones a empresas de outsourcing, el Gobierno federal subcontrató para este año a 28 mil 800 empleados que ofrecen sus servicios para programas sociales de la Secretaría de Educación, Segalmex (antes Diconsa), Banco del Bienestar, financiamiento rural, vivienda y cultura.
La mayor subcontratación se dio a través de la empresa MZT Corporativo Ejecutivo SA de CV, que en septiembre de 2020 obtuvo una asignación por hasta 310 millones de pesos para emplear un máximo de 21 mil 107 agentes de aprendizaje del programa Prepa en Línea.
De ese total, 18 mil 508 puestos fueron para asesores virtuales de los alumnos, 3 mil 136 para tutores y el resto para especialistas que desarrollan la plataforma y enriquecen los contenidos del programa de educación a distancia.
Seguridad Alimentaria Mexicana, dependencia que agrupa a Liconsa y a Diconsa, tiene bajo subcontrato a 3,600 empleados, mientras que la Secretaría de Cultura cedió a empresas de outsourcing la nómina de 1,600 de sus trabajadores, la mayoría de los programas Semilleros creativos y Misiones por la diversidad cultural, enfocados en atender comunidades rurales de todo el país.
La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, dependiente de la Secretaría de Hacienda, también recurrió al modelo de outsourcing y tiene vigente un contrato por 670 millones de pesos con la empresa WeKeep on Moving, que se hace cargo de la nómina de 928 empleados que promueven los programas crediticios del Gobierno federal.
Este contrato incluye pagos a directivos de la financiera rural, con sueldos de hasta 106 mil pesos mensuales.
La misma empresa WeKeep Moving obtuvo dos contratos para reclutar a 351 empleados que promueven los programas de la Comisión Nacional de Vivienda.
Los empleados del Gobierno, reclutados bajo el régimen de subcontratación, no tienen garantizado empleo más allá del tiempo en que dure el acuerdo con la empresa de outsourcing. Son, de alguna forma, empleados temporales. Por ejemplo, a los trabajadores de cultura se les contrató sólo por ocho meses.
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