La compra despertó suspicacias porque permitiría la aprobación de proyectos sin la necesidad de tener mayoría de forma presencial en el Pleno, lo cual convendría especialmente a Morena.
Contrario a lo que marca la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, no hubo ningún procedimiento que validara el gasto. Ni una licitación pública, ni un concurso por invitación, ni la selección entre tres cotizaciones.
Ni siquiera una adjudicación directa que justificara la compra de estos teléfonos, que implicó un gasto total de 2 millones 906 mil 513 pesos.
Según respondió la misma Cámara baja –vía transparencia–, la compra se realizó el 25 de agosto y no hay ningún contrato que avale esta decisión, ni que muestre en qué condiciones se eligió a Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel) como la mejor empresa para adquirir estos teléfonos.
“La adquisición de los celulares se llevó a cabo mediante la simple presentación del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), por lo que no estamos en posibilidad de proporcionar la información requerida”, señaló la Cámara, como respuesta a la solicitud explícita de la copia del contrato sobre esta adquisición.
Estos teléfonos se entregaron a los legisladores el 31 de agosto, tras la decisión tomada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que era dirigida en ese entonces por Mario Delgado Carrillo, quien está a punto de dejar completamente la Cámara para tomar protesta como el nuevo presidente de Morena.
Por medio de un acuerdo, que la Jucopo no ha hecho público, se estableció –de forma unánime– la orden de adquirir los equipos al considerar “prioritario que cada legislador y legisladora cuente con un teléfono celular sólo para asistencia y votación a distancia, para evitar que dichas acciones sean interrumpidas por llamadas telefónicas o mensajes de texto”.
Sin embargo, en la respuesta a la solicitud de información, el organismo omitió informar sobre el uso específico que deberán darle las y los diputados a los teléfonos que se les otorgaron, si se les dio aviso por escrito, si la entrega se trata de un préstamo o de una venta y si estos teléfonos deberán ser regresados a la Cámara al término del periodo legislativo.
LA CÁMARA, ¿INTERMEDIARIA?
Los 510 teléfonos tuvieron un costo unitario de 5 mil 171 pesos sin IVA y fueron modelos Samsung Galaxy A21s. Se les entregaron en el vestíbulo del Edificio A de San Lázaro, donde se instalaron mesas con personal del área de Servicios Parlamentarios y del área de tecnologías, quienes les explicaron a grandes rasgos el funcionamiento de la aplicación que les permitirá emitir el voto y pasar lista, por medio de la identificación de su huella digital.
Con el teléfono y la aplicación los diputados podrán votar a distancia. Fotos: Moisés Pablo / Cuartoscuro.com.
Diputados consultados de diversas bancadas dijeron a esta revista digital que la entrega de estos teléfonos se dio tras un breve comunicado interno en el que se les pidió pasar a las mesas que se colocarían entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, para hacerles la entrega de los aparatos y el registro de su huella.
Sin embargo, no se les informó que el monto de los teléfonos les sería descontado de su dieta mensual entre septiembre y octubre de este año –con una reducción mensual de mil 424 pesos– como hizo público el área de Comunicación Social de San Lázaro el 1 de septiembre, tras hacerse pública esta entrega.
Asimismo, el único documento oficial que acredita que los teléfonos serán pagados los legisladores es el boletín de prensa de la Cámara, no está estipulado en ningún otro documento oficial que se haya hecho público hasta el momento y, aunque se pidió la información vía transparencia, la Cámara no respondió.
La medida se implementó como alternativa para continuar con el trabajo legislativo a través de sesiones semipresenciales, es decir, que un grupo de legisladores mantuviera el quórum mínimo en el Pleno, mientras el resto asiste y vota de forma virtual, por medio del teléfono celular.
Respuesta de la Cámara de Diputados en la que se explica que no hay contrato.
LA APLICACIÓN DE LA DISCORDIA
Según respondió el organismo, la Aplicación Portátil de Registro de Asistencia y Votación (APRAV) fue la única que se instaló en los teléfonos que se les entregaron a los legisladores. Se desarrolló al interior de la dependencia, a través del área de tecnología, sin que se haya contratado a nadie externo para su creación, ni invertido recursos públicos en su desarrollo.
Sin embargo, días después de la entrega, diputados del PRI denunciaron que esta aplicación no era la única que estaba operando en el teléfono Samsung, sino que además estaba instalado el software Kaspersky Endpoint Secu, por lo que sospechaban que esta medida serviría para espiar a la oposición, considerando que el desarrollo fue interno y propuesto y avalado por la bancada de Morena.
Este software fue prohibido en el gobierno de Estados Unidos en 2017, porque se sospechaba que era utilizado para espionaje, según reportó el periodista Horacio Jiménez.
Tras las quejas de la oposición, el 13 de septiembre los legisladores recibieron un correo dando aviso sobre la actualización de la aplicación APRAV, así como recomendándoles que utilicen el celular sólo para el uso de la aplicación, “a fin de evitar posibles bloqueos o interrupciones al momento de registrar asistencia o votación, así como para generar suspicacias innecesarias”.
Al mismo tiempo, les señaló que Kaspersky fungía exclusivamente como un antivirus oficial para proteger los equipos, “derivado de que ganó la licitación correspondiente más reciente, cumpliendo con todos los requisitos técnicos”. Además, les dijo que tenían la opción de desinstalar este antivirus e instalar el de su preferencia bajo la advertencia de que la responsabilidad de cualquier “infección informática virulenta” quedaría en sus manos.
PROYECTO DE DECRETO PARA LEGISLAR EN MEDIO DE UNA PANDEMIA
El mismo 1 de septiembre se informó desde la Cámara que serías las y los diputados quienes supuestamente pagarían por los teléfonos celulares: se expidió el Reglamento para la Contingencia Sanitaria, que la Cámara de Diputados aplicará en las sesiones ordinarias y extraordinarias, durante el tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.
En ese proyecto de decreto se determinó que había que apoyarse en el uso de las tecnologías de la información y electrónicas disponibles para la realización de sus tareas, sin la necesidad de que los legisladores salgan de sus hogares y se expongan a los riesgos de contagio de Covid.
Este decreto estableció la creación de una plataforma digital, mediante la cual se podrá registrar asistencia a las sesiones del Pleno, comisiones y comités, así como emitir un voto a través de una validación biométrica. Según esta normativa, la Secretaría General instalaría una mesa de ayuda para solucionar y atender los requerimientos relativos al uso y acceso de la plataforma.
Sin embargo, el decreto entró en vigor el 2 de septiembre y el único legislador que pidió una reserva fue el Diputado del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, quien solicitó que quedara establecido que este reglamento sólo sería vigente al término del Primer Período Ordinario de Sesiones del tercer año legislativo, salvo que la Cámara determine la continuidad de su vigencia.
Algunos legisladores consultados, que pidieron el anonimato, comentan que, más allá de las fallas en el proceso de compra de los teléfonos celulares, preocupa que Morena aproveche esta dinámica para sacar adelante sus proyectos, sin la necesidad de tener mayoría de forma presencial en el Pleno. Por eso les resultaba tan relevante que la reserva del panista Lixa Abimerhi procediera.
Pese a la reserva presentada por el panista, en el decreto quedó establecido que sería responsabilidad de la Mesa Directiva de la Junta de Coordinación Política los plazos suspendidos a causa de la contingencia que deberán realizarse.
Fuente.-@AleCrail/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: