“Héroe” para el Ejército, asesino y torturador para sus víctimas, el general brigadier retirado Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, de 70 años, fue ejecutado el viernes 20 de abril de 2012 en la populosa colonia Anáhuac de la ciudad de México mientras servía al gobierno de Felipe Calderón bajo la cobertura de consultor de seguridad.
“Estaba trabajando”, investigando varios asuntos por encargo de su amigo el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, quien lo mantenía como operador para asuntos de narcotráfico, grupos subversivos y “casos especiales de seguridad”, dijeron a Proceso fuentes cercanas al militar asesinado.
Se había reincorporado a ese trabajo a finales de 2010 después de que fue objeto de un atentado el 18 de mayo de ese año cuando empezaba a investigar la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, secuestrado poco antes.
Luego de medio año de convalecencia y depresión por lo que consideró un abandono del gobierno de Calderón, el militar se reincorporó a su empresa de seguridad y a sus actividades de “asesoría” al secretario de la Defensa.00:08 / 01:01
Asociado con uno de los hijos del general Jesús Gutiérrez Rebollo –quien fue procesado por su presunta protección al Cártel de Juárez, cargo por el cual el propio Acosta Chaparro también fue encausado judicialmente–, el corpulento general en retiro, originario de Chihuahua, murió la tarde del viernes 20 de abril, cuando era traslado al hospital de la Cruz Roja de Polanco.
Un individuo que se le acercó le disparó en tres ocasiones cuando se encontraba frente a un taller automotriz en el número 194 de la calle Lago Trasimeno esquina con Lago Como, en la colonia Anáhuac, cerca de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, informó que ese dia alrededor de las 18:15 horas Acosta Chaparro llegó al taller Servicio Europeo en compañía de una persona, para recoger un automóvil.
Viajaban en una camioneta Ford Explorer azul marino, placas 275-UKB. “Cuando conversaba con una persona se acercó un sujeto y a corta distancia le disparó. Corrió por la calle Como y se subió a una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice y huyeron”, dijo el procurador.
El Ministerio Público del Distrito Federal integró la averiguación previa FMH/MH-1/T2/140/12-04 por el delito de homicidio. El arma utilizada fue una pistola calibre .9 milímetros.
La Cruz Roja Mexicana, que le dio los primeros auxilios, informó que durante el traslado al Hospital Central de esa institución el general “falleció debido a las heridas que le ocasionaron tres disparos de arma de fuego en la cabeza”.
EL AVISO
El 19 de mayo de 2010 su fortaleza física lo salvó de la muerte tras sufrir un atentado en calles de la colonia Roma. En esa ocasión un hombre armado se le acercó y le disparó en el abdomen. Herido, Acosta Chaparro alcanzó a subirse a su coche para recibir auxilio. Tardó casi medio año en recuperarse y volver a sus actividades.
Acostumbrado a operar en la clandestinidad, el militar se negó a colaborar con la procuraduría del Distrito Federal para ahondar en la investigación de ese atentado. “Estuvo en el Hospital Militar. Primero nos dijeron que estaba delicado. Posteriormente, cuando mejoró su salud y se le buscó, nos dijo que no le interesaba seguir con el caso y no declaró (ante el Ministerio Público). Por eso la averiguación previa se mandó al archivo”, reveló el procurador capitalino.
Fue emblema de la Guerra Sucia en México, como uno de los jefes de la temida Brigada Blanca, la organización paramilitar que operó en los años setenta y ochenta del siglo pasado a fin de erradicar a los grupos guerrilleros. Su compañero en ese cuerpo integrado por miembros de instituciones militares y policiales, Miguel Nazar Haro, falleció en enero pasado, a los 84 años.
Apenas en septiembre pasado asistió a los funerales de Javier García Morales, también muerto en una ejecución en Guadalajara y acusado como él de haber sido protector del jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.
Acosta Chaparro tenía una estrecha relación con García Morales pues fue ayudante de su abuelo, el secretario de la Defensa en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el general Marcelino García Barragán, y asistente de su padre, Javier García Paniagua cuando éste encabezaba la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el organismo de seguridad del régimen priista.
Hombre del sistema, se le recuerda como uno de los principales represores de la guerrilla en los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo. Su actividad continuó en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando fue integrado a la Coordinación de Seguridad Nacional a cargo de Arsenio Farell Cubillas, ya fallecido. En la administración de Ernesto Zedillo se le vinculó con la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, el 28 de junio de 1995.
VALOR DE LA AMISTAD
El brigadier fue reivindicado por su compañero de generación (1959-1962) en el Heroico Colegio Militar, el general Galván Galván, con quien negoció su regreso a las operaciones clandestinas al amparo gubernamental y el pago por los haberes que le fueron retenidos durante los casi siete años que permaneció en la prisión castrense acusado de narcotráfico. “Fue una suma sustanciosa”, dijeron a Proceso personas que conocieron detalles de esa negociación.
Al poco tiempo de la designación del general Galván como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Acosta Chaparro fue exonerado del cargo de narcotráfico del que estaba acusado por supuestamente haber servido a Amado Carrillo. El 30 de agosto de 2000, al final del gobierno de Ernesto Zedillo, el militar había sido detenido junto con el general Francisco Quirós Hermosillo y enjuiciado por un Consejo de Guerra.
Ambos fueron sentenciados a 30 años de prisión y tras una apelación se les redujo la pena a 15 años. Quirós murió en noviembre de 2006 sin que terminara su proceso penal, por lo que técnicamente no quedó firme la acusación en su contra.
Acosta Chaparro salió de la cárcel en junio de 2007 luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría de Justicia Militar “no pudieron acreditar” su nexos con Carrillo Fuentes, oficialmente fallecido en 1997 durante una cirugía plástica.
Cuando abandonó la prisión del Campo Militar Número 1 vestía su uniforme de general brigadier con todo y condecoraciones.
Años atrás, durante el gobierno de Vicente Fox, libró las acusaciones que le hacían por la desaparición forzada de 143 personas en Guerrero durante la Guerra Sucia de los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo (Proceso 1282 y 1356).
Además del delito de tortura, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado lo acusó de haber participado en los “vuelos de la muerte”, que consistían en arrojar al mar desde aeronaves a campesinos acusados de formar parte de la guerrilla.
Exonerado de los cargos de graves violaciones a los derechos humanos y de narcotráfico, el 23 de abril de 2008 Galván encabezó una ceremonia para darle trato de héroe.
En el Campo Militar Número 1, donde estuvo preso, la Sedena organizó una ceremonia privada para enaltecer “la labor de 23 militares y condecorarlos por su condición de retiro”. Trece de ellos fueron generales que sirvieron más de 45 años en el Ejército. Entre ellos estaba Mario Arturo Acosta Chaparro.
La Sedena dio a conocer en un en un comunicado que se trató de “un selecto grupo de generales que son fiel testimonio de una vida de patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”.
Identificado con el régimen autoritario del PRI, el controvertido militar también sirvió al gobierno de Felipe Calderón como contacto con jefes de distintos cárteles del narcotráfico a fin de negociar la entrega de supuestos delincuentes (Proceso 1768) o para que aminoraran la violencia desatada desde el inicio del actual gobierno (Proceso 1779).
Una de sus primeras acciones clandestinas durante el gobierno calderonista fueron los contactos con La Familia Michoacana para negociar la entrega de tres personas acusadas de los granadazos en Morelia el 15 de septiembre de 2008.
La misma noche del atentado –el primero cometido por la delincuencia organizada en México contra la población civil, que dejó un saldo de ocho muertos y más de 100 heridos– el militar retirado viajó a Michoacán en su condición de asesor del general Galván y con la anuencia del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, muerto dos meses después en un accidente aéreo.
Según supo este semanario, Acosta Chaparro acudió a Morelia en compañía de un sujeto de apellido Estrella, excomandante de la DFS, para encontrarse con los líderes de La Familia Michoacana, con quienes pactó la entrega de tres personas acusadas de ser integrantes de Los Zetas.
En esa ocasión el militar estuvo acompañado del titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Ricardo Cabrera Gutiérrez.
Fiel a su estilo clandestino, Acosta Chaparro realizó esa operación en un viejo avión de transporte sin asientos y con una ruta que cambió de última hora.
Las investigaciones ministeriales confirman que cuando fueron por los supuestos responsables, los pilotos del avión de la PGR identificaron que además del piloto y el copiloto, en el aparato iban Cabrera Gutiérrez y otra persona a la que no conocían, pero que no trataron de identificar por tratarse de “información reservada por ser de seguridad nacional”.
Con los supuestos responsables detenidos, Acosta Chaparro reportó a Mouriño: “Señor, objetivo cumplido”. Días después la SIEDO informó que la captura de “los responsables” se debió a “una llamada anónima”.
JUEGO DE TRAICIONES
Este no fue el único servicio de Acosta Chaparro para hacer contactos informales del gobierno de Calderón con jefes del narcotráfico. “El general construyó puentes entre el gobierno y varias organizaciones delictivas, incluidos Los Zetas y el Cártel de Sinaloa.
Fuentes cercanas al militar dijeron a Proceso que después de ese primer contacto, el experto en operaciones encubiertas se reunió entre 2008 y 2009 con los jefes de La Familia Michoacana, de Los Zetas, de la organización de los hermanos Beltrán Leyva y de los cárteles de Juárez y de Sinaloa.
De todos esos encuentros tuvo conocimiento el secretario de la Defensa Nacional. Después de la entrega de los supuestos responsables del atentado en Morelia, el general Galván le preguntó a Acosta Chaparro sobre la recompensa de 10 millones de pesos que había ofrecido la PGR. “No me dieron ni las gracias”, le contestó el militar retirado,
Poco después, a principios de octubre de 2008, Acosta Chaparro fue a buscar a Los Zetas cuando este grupo aún formaba parte del Cártel del Golfo.
Acosta Chaparro se encontró en Matamoros con Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, y Miguel Ángel Treviño, Z-40, con quienes habló sobre una eventual tregua con el gobierno federal. “Te viene a ver un general del Ejército. No puede venir de parte de nadie más que del presidente”, refieren los informantes que dijo el general.
La aceptación se condicionó a que el gobierno de Calderón no actuara contra los familiares de los miembros de esa organización delictiva. El militar se volvió a reunir con los jefes de Los Zetas a principios de 2009. Para entonces esa organización junto con el Cártel del Golfo controlaba 22 estados.
Según la información que conoció Proceso, fue el propio Lazca quien puso a Acosta Chaparro en contacto con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. El encuentro tuvo lugar en un lugar ubicado entre Cuernavaca y Acapulco. Entre los asistentes estuvo Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.
La petición del enviado fue la misma: que bajaran la intensidad de los hechos violentos en su área de influencia, sobre todo en Morelos y Guerrero. En diciembre de 2009 infantes de Marina ejecutaron a El Barbas, en Cuernavaca.
El siguiente encuentro del general retirado fue con Vicente Carrillo, jefe del Cártel de Juárez, organización delictiva a la que se le vinculó en 2000.
La información proporcionada a Proceso indica que la última gestión de Acosta Chaparro fue ante Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa. Galván le propuso que se pusiera un GPS, un chip localizador. “No, Memo, yo soy negociador, no traidor”, le dijo el general retirado. Con ese dispositivo el Ejército pretendía localizar a El Chapo, dijeron las fuentes.
En el encuentro con Guzmán Loera, según reseñó la periodista Anabel Hernández en su libro Los señores del narco (Proceso 1778), El Chapo le contó al brigadier cómo recibió ayuda para fugarse del penal de Puente Grande y cómo “el propio Mouriño y su entonces coordinador de asesores en la Segob, el actual senador Ulises Ramírez Núñez, le vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10 millones de dólares”, a pesar de que la entidad ya estaba comprometida con el Cártel de Sinaloa.
Con informacion de:REVISTA PROCESO/
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