En el Poder Judicial ya es un secreto a voces que comentan y confirman varios jueces y hasta magistrados que han recibido la visita o la llamada del personaje que les transmite “consignas” o “recomendaciones” de parte del gobierno federal en casos que guardan importancia especial para el Ejecutivo.
Actúa de manera muy comedida y nunca con malos modos o formas rudas, sino con comentarios que, en forma de “comedida sugerencia”, pretenden hacerle saber a los funcionarios judiciales “lo que quieren en el gobierno” cuando se trata de asuntos que tienen un alto impacto ya sea en términos sociales, económicos o políticos.
El personaje en cuestión, a quien se refieren por su nombre en tribunales y juzgados como “el operador de la 4T” para los casos relevantes, es el consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, quien de acuerdo con el testimonio de jueces y magistrados a esta columna, es cuidadoso de no pedir nada por escrito o dejar constancia de sus “amables sugerencias” cuando pregunta la opinión de los juzgadores sobre asuntos que tienen relevancia política especial. “No hay presiones, ni amenazas, mucho menos exigencia, pero sí hay comunicación verbal sobre lo que él considera que debería hacerse en un determinado caso o que es lo que verían mejor en ciertas oficinas gubernamentales”, comenta un juez federal que pidió el anonimato.
La operación del consejero y sus “visitas” a los juzgados y tribunales se han vuelto más frecuentes en los últimos meses, en lo que va del actual gobierno, y aunque es cuidadoso de las formas, no deja duda del mensaje que quiere transmitir. Su activismo al parecer tiene que ver con que Pérez Daza está próximo a concluir su encargo en el Consejo de la Judicatura al terminar en las próximas semanas el periodo de cinco años para el que fue electo en septiembre de 2014 por mayoría de votos del Senado de la República.
Una versión que se escucha en el propio Poder Judicial asegura que a Alfonso Pérez Daza alguien, desde el gobierno del presidente López Obrador, le dijo que habría interés en impulsar una propuesta con su nombre para presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la terminación del primer periodo del actual presidente, Luis Raúl González Pérez, en noviembre próximo. Y aunque González Pérez tiene derecho a buscar su reelección, cada vez es más clara y abierta la animadversión que no sólo desde el gobierno, sino desde el propio Senado, de la Comisión de Derechos Humanos, han expresado hacia el actual ombudsman federal, con pronunciamientos abiertos en su contra y de su actuación, lo mismo del presidente que de los senadores que han hablado públicamente de “buscar nuevos perfiles para la CNDH”.
Pérez Daza, según la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, tiene entre sus estudios un diplomado sobre “Valores y habilidades del Defensor de Derechos Humanos” en el TEC de Monterrey, además de haber obtenido su doctorado en Derecho “con mención honorífica” en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. Esa sería una explicación del activismo del consejero federal en favor de la 4T: la de hacer “méritos” para la postulación que le ofrecieron para convertirse en el próximo ombudsman nacional de una CNDH que no moleste ni incomode tanto al gobierno ni al presidente con sus “vergonzosas” recomendaciones.
En ese activismo del consejero también podría haber una explicación de porqué a los “casos importantes” para este gobierno, en temas como el combate a la corrupción o algunos otros procedimientos judiciales cada vez les va mejor con los fallos y resoluciones de los jueces, quizás a excepción de los que tienen que ver con juicios de amparo para algunos personajes o en el caso del Aeropuerto de Santa Lucía, con los más de 1,200 juicios de suspensión promovidos por el colectivo #Nomásderroches, en donde figuran varias organizaciones no gubernamentales.
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