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domingo, 27 de septiembre de 2026

«EJECUTAN a MINISTERIAL con TODO y ESPOSA: la BAJA de HOMICIDIOS CONTRASTA las GRÁFICAS con los HOMICIDAS en la CALLE»… Ya va siendo hora de contar asesinos detenidos, no asesinados.


El Gobierno de la cuarta transformación puede presumir una cuestiónada baja en los homicidios con maquillaje en la cifras. Lo que no puede hacer es convertir esa curva en certificado de paz. La madrugada de ayer sábado, en Cunduacán, Tabasco, fueron asesinados a balazos el policía ministerial Eusebio Vicente García y su esposa, Laura García Oliva. La estadística podrá ir hacia abajo; para esta familia, la violencia llegó hasta el final.

Vicente García estaba adscrito a la Agencia de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado (FGE). Tras un reporte ciudadano, elementos de seguridad encontraron su cuerpo junto a la carretera Comalcalco–Cunduacán, a la altura de la ranchería Pechucalco Primera Sección. Presentaba un disparo en la cabeza.

Metros más adelante, dentro de un predio, localizaron un Volkswagen rojo abandonado. En el asiento del acompañante estaba el cuerpo de Laura García Oliva, con heridas de bala en la espalda. La FGE lamentó públicamente la muerte de su colaborador y de su esposa y expresó condolencias a sus familiares.

De acuerdo con fuentes locales, cámaras del domicilio del agente habrían captado a la pareja saliendo acompañada por Miguel “N”, alias “El Chino”, quien presuntamente les pidió ayuda para trasladarse porque su vehículo había fallado. Eso no lo convierte, por sí solo, en sospechoso: hasta el momento, las autoridades no han aclarado si lo investigan por el crimen o si pudo ser otra víctima.

Peritos y personal forense levantaron indicios y trasladaron los cuerpos. También se desplegó un operativo de búsqueda en Cunduacán, sin detenidos reportados hasta el momento.

Mientras tanto, en la ONU, el canciller Roberto Velasco presumió una reducción de alrededor del 51% en los homicidios dolosos durante los primeros 22 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Una caída estadística puede o no ser real y, aun así, no alcanzar para contar toda la historia. En Cunduacán, la pregunta no cabe en una diapositiva: quién mató a Eusebio y a Laura, y por qué sigue libre. 

Con información: ELNORTE/

«ESTAMOS RODEADOS por el NARCO y… NO solo en SINALOA»: PERIODISTA se PREGUNTA en VOZ ALTA por qué CRIMINALES y ARSENAL DECOMISADO VIVÍAN a ESPALDAS de ROCHA MOYA».. 84 palabras resuelven por causalidad el acertijo.


En Sinaloa, la seguridad puede venderse por metro cuadrado: caseta, pluma, vigilancia y una barda lo bastante alta para no ver al vecino. El problema es que la barda tampoco obliga a preguntar quién vive del otro lado.

El periodista Ismael Bojorquez,navegante de un barquito de papel llamado «Ríodoce» nos cuenta que, tras el aseguramiento de dos casas, vehículos y armas en el residencial Banús 360, en Culiacán, se supo que una de esas viviendas colinda por la parte trasera con la casa del gobernador Rubén Rocha Moya. 

Las separa una barda y la cercanía disparó preguntas: ¿quienes operaban allí lo protegían o pretendían atacarlo? No hay elementos en el texto para afirmar ninguna de las dos cosas. Lo comprobable —y suficientemente inquietante— es la vecindad descrita por el semanario. 

Pero la historia no cabe en una privada. Según la crónica, en comunidades del Valle de San Lorenzo son hombres del narco quienes vigilan, revisan vehículos y patrullan. Ríodoce señala situaciones semejantes en Elota, Cosalá y Navolato. Es una imagen brutal por lo que invierte: el ciudadano encuentra controles armados, pero no necesariamente a la autoridad que debería responder por ellos. 

Tampoco basta mudarse a un fraccionamiento exclusivo. El texto describe cómo el narco fue ocupando espacios residenciales de Culiacán mientras crecían las privadas que ofrecían, precisamente, «seguridad». La pluma controla la entrada; no certifica la procedencia del dinero ni la conducta de los propietarios. La supuesta «solvencia moral» queda reducida a eslogan inmobiliario si nadie puede sostenerla con hechos. 

Ahí está el filo de la impunidad sinaloense: no solo en la capacidad de los grupos criminales para circular armados, sino en la facilidad con que su presencia se vuelve paisaje. 

Ríodoce plantea que sectores de la política, los negocios, la Iglesia e incluso la universidad han convivido con ella o se han beneficiado de ella. Son señalamientos bien informados del autor que exigen escrutinio porque ignorarlos sería regalarle otra capa de silencio al problema. 

Javier Valdez,periodista asesinado por el Cartel de Sinaloa en 2017, por el mismo que acusa de sobornos a Omar García Harfuch, decía «estamos rodeados» para nombrar lo abrumador. Hoy la frase suena menos a hipérbole que a pregunta para las autoridades: si el narco vigila caminos, ocupa residenciales y se mueve a plena vista, ¿quién investiga esas redes y quién rinde cuentas por haberlas dejado crecer? Una barda podrá separar dos casas. No separa a Sinaloa de lo que ocurre a ambos lados. 

Con información: RIO DOCE/ISMAEL BOJORQUEZ/

«12 AÑOS y NO se RINDEN: FAMILIARES de los 43 DESAPARECIDOS de AYOTZINAPA VAN a PERSISTIR, INSISTIR, RESISTIR y NO VAN a DESISTIR»… a 8 madres y padres ya se les acabó la vida buscándolos.


Doce años que atraviesan por tres sexenios. Ocho madres y padres murieron sin saber dónde están sus hijos. Y los 43 normalistas de Ayotzinapa siguen sin aparecer. Para las familias, el tiempo no es una efeméride: es la vida que se les acaba buscándolos. 

En cada sexenio cambian los discursos y se acomoda la versión oficial. Lo que no cambia es la exigencia de las familias: verdad, justicia y acceso a los archivos militares que, sostienen, aún faltan por entregar.

También piden que regresen los expertos internacionales a la investigación. No están pidiendo que el gobierno les fabrique una verdad a su gusto y modo; están pidiendo que abra lo que falta y responda por lo que sabe. 

«Aquí estaremos hasta que Dios nos preste vida», dijo una de las madres. Ocho madres y padres ya no pudieron seguir esperando. Esa es la medida más brutal de la impunidad: mientras el poder administra explicaciones, las familias entierran a quienes buscaban respuestas.

Con información: ELUNIVERSAL/

«VAN 109 MUJERES ASESINADAS en 2026: la MATANZA EXHIBE la FORMIDABLE CAPACIDAD para MOVILIZAR MILITARES y la MISERABLE INCAPACIDAD para CONTENER las MUERTES»…ya son 22 en septiembre.


A Enedina, de 56 años, la asesinaron de un balazo en la cabeza dentro de una vivienda habilitada como tienda de abarrotes en Escuinapa. Los militares y la Policía Estatal llegaron después, a acordonar el lugar. Fue la séptima mujer asesinada en ese municipio en 26 días de septiembre; en todo Sinaloa,Noroeste contabilizaba 22 mujeres asesinadas en el mes y 109 desde enero. Cada cifra tiene un nombre. Esta, Enedina.

Y mientras las autoridades exhiben el tamaño del operativo, la pregunta elemental sigue sin respuesta: ¿cómo impiden el siguiente asesinato? A mediados de septiembre, el estado de fuerza reportado en Sinaloa era de 17 mil 175 elementos y después se anunciaron más refuerzos federales. 

No todo el despliegue esta concentrado en Escuinapa. Pero la precisión no salva a la estrategia de su obligación de explicar por qué tanta presencia armada no se traduce en protección para las mujeres, ni para ningun ciudadano sin distingo de sexo o edad.

Sinaloa ya ocupaba el primer lugar nacional en víctimas de feminicidio registradas entre enero y julio de 2026: 54, el doble que el Estado de México, que sumaba 27. Eso no significa que todos los asesinatos de mujeres hayan sido clasificados legalmente como feminicidios; significa que la entidad encabeza ese indicador mientras siguen apareciendo nuevas víctimas.

Qué formidable destreza para movilizar contingentes y qué miserable incapacidad para mostrar una respuesta que llegue antes que el asesino. Una estrategia que sabe contar efectivos, pero no logra evitar que una mujer sea ejecutada en su lugar de trabajo, no puede pedir aplausos por el despliegue. Debe rendir cuentas por lo que está haciendo —o dejando de hacer— para protegerlas.

Con información: NOROESTE/

sábado, 26 de septiembre de 2026

«PERIKINA GANÓ y su DUEÑO NO APARECIÓ: LUCRATIVO NEGOCIO de CABALLOS de CARRERA en CALIFORNIA es de TÍO de CAPO GRINGO del C.J.N.G.»… también corriendo.


Perikina salió como si la persiguiera el diablo. En el hipódromo Los Alamitos, a 37 kilómetros al sur de Los Ángeles, la yegua alazana de dos años —de pelaje café oscuro y crin negra— se abrió paso ante otros siete caballos Cuarto de Milla. El narrador de la transmisión en vivo anunció que había «asumido el liderazgo con ímpetu». Quince segundos más tarde llegó el grito: ¡Perikina ganó! Era el 28 de junio. Sus cuidadores y el jockey sonrieron ante la cámara con un premio de 8.500 dólares. La yegua se llevó los aplausos; su propietario, fiel a su estilo, no apareció en la foto.

Se llama José María González Valencia. Es un ranchero originario de Michoacán que vive entre propiedades del sur de California y caballos que, según los registros de competencias, han ganado más de 1,6 millones de dólares. Mantiene un perfil tan bajo que una revisión no encontró fotografías suyas en internet. Su apellido, en cambio, no pasa inadvertido: es hermano de varios integrantes del clan Los Cuinis, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y tío de Juan Carlos Valencia González, El 03, El R3 o El Pelón.

El Mencho, fundador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió en febrero durante un operativo de fuerzas mexicanas que contó con información compartida por Estados Unidos, según el reportaje. Tras su muerte, la jefatura del cartel pasó a su hijastro Juan Carlos Valencia González, nacido en California. El Gobierno de Donald Trump había designado al CJNG como organización terrorista en enero de 2025. Conviene dejar clara la diferencia entre parentesco y delito: José María González Valencia no enfrenta acusaciones penales. La DEA sí lo tiene identificado desde hace años, de acuerdo con documentos judiciales y fuentes federales estadounidenses citadas por EL PAÍS.

Un apellido que atrae visitas

Varios hermanos del criador han sido señalados como piezas de la estructura económica del CJNG. Abigael, Gerardo y José encabezaron Los Cuinis, considerados el brazo financiero de la organización. Arnulfo, Elvis, Édgar Edén, Marisa Ivette y Noemí González Valencia también fueron incluidos en listas de sanciones estadounidenses. Rosalinda, viuda de El Mencho, recibió en México una sentencia de cinco años de cárcel por lavado de dinero. Su hija Jessica Johanna Oseguera González cumplió dos años y medio de prisión en Estados Unidos por administrar seis empresas señaladas de utilizar recursos de procedencia ilícita. El árbol familiar explica el interés de las autoridades; no reemplaza pruebas contra cada una de sus ramas.

El 8 de abril de 2015, un agente de la DEA y otro del Servicio de Rentas Internas (IRS) buscaron a José María en su condominio de Santa Ana y hablaron con su esposa. Pasaron luego por Los Alamitos, donde conversaron con empleados suyos, y terminaron abordándolo en un rancho de Hemet cuya ubicación exacta no consta en el expediente. Le entregaron información sobre las sanciones que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) acababa de imponer a El Mencho, el CJNG y Los Cuinis. También le advirtieron de las consecuencias penales de hacer negocios o transacciones prohibidas con personas y entidades sancionadas.

González Valencia respondió que sabía que lo buscaban y que quería a su abogado presente antes de hablar, según el documento judicial. El agente dejó sus datos para que el letrado se pusiera en contacto. Meses después, la OFAC amplió su lista para incluir una red de empresas señaladas de blanquear dinero para el cartel: restaurantes, una marca de tequila, un hotel boutique y cabañas en Tapalpa, Jalisco, donde cayó El Mencho durante el operativo de febrero, según la versión oficial. Los negocios de José María, en cambio, nunca han aparecido en el registro de sanciones del Tesoro de Estados Unidos.

El rancho de la «V»

En Hemet, a 137 kilómetros al este de Los Ángeles, un gallo canta en un camino de tierra y un pavo silvestre esquiva automóviles. El valle, rodeado de cerros pedregosos, reúne ranchos de caballos, vacas, chivos y burros; algunas casas parecen haber tomado la salida equivocada rumbo a Beverly Hills. Allí está la finca de González Valencia. Su vivienda, amplia y de un nivel, tiene arquitectura de estilo español y techo de tejas. Una «V» —la inicial de su apellido materno— preside la reja principal. Otra valla de diseño similar abre el paso a los caballos.

Detrás de la casa hay alberca, patio con césped, bodega, caballerizas, ruedo y remolques para transportar Cuarto de Milla. La propiedad abarca 1,7 hectáreas y tenía un valor estimado de 835.000 dólares en 2025, según los registros del condado de Riverside. Un empleado que removía tierra con un soplete, con la cara cubierta por una balaclava, dijo que el dueño visita poco el lugar. Frente a la finca pastaban caballos; el ruido de los aspersores y de algún vehículo interrumpía la calma.

Los documentos públicos disponibles se remontan a 2020, pero no precisan desde cuándo González Valencia era propietario. Figuró como dueño hasta mediados de 2025 y, durante ese período, el impuesto anual de la finca aumentó de 6.700 a 9.500 dólares. En septiembre de 2025 transfirió la propiedad al fideicomiso JMM Revocable Trust DTD. El rancho también sirve como domicilio de su empresa Balgo Racing Team Inc. Su licencia californiana de criador de Cuarto de Milla permanece vigente hasta julio de 2028.

Millones al galope

Los ejemplares de González Valencia compiten profesionalmente desde 2009 y han obtenido más de 1,6 millones de dólares en premios, según Equibase. Durante los primeros nueve años corrieron exclusivamente en Los Alamitos; desde 2018 también han participado en hipódromos de Wyoming, Nuevo México, Arizona y Minnesota. Sus triunfos aparecen en registros de carreras, videos y notas especializadas. Entre sus caballos figuran Mollys Cartel y Janes Cartel. La Jaconde y West Coast Hawk generaron casi 500.000 dólares cada uno en dos temporadas. En 2015, el criador dijo tener unos 40 caballos bajo su cuidado.

Matabari, una yegua pinta cuyos triunfos acabaron plasmados incluso en un retrato, ganó en febrero de 2015 el campeonato de invierno de Los Alamitos y casi 170.000 dólares, informó Daily Racing Form. Artículos y reportes especializados identificaron como copropietaria, junto con José María, a su sobrina Marlyn González Lara. Ella es hija de Abigael González Valencia, exjefe de Los Cuinis, detenido en México en febrero de 2015 y enviado a Estados Unidos en agosto de 2025 junto con otros narcotraficantes. La entrega ocurrió en medio de tensiones diplomáticas y amenazas arancelarias entre el Gobierno mexicano y la Administración Trump. El director de la DEA, Terry Cole, recibió a Abigael; según el reportaje, este se preparaba para declararse culpable de cargos de narcotráfico y crimen organizado.

Gerardo y José, hermanos de Abigael, ya se habían declarado culpables y estaban dispuestos a testificar contra su sobrino Rubén Oseguera González, El Menchito, pero no fueron requeridos. El antiguo segundo al mando del CJNG recibió cadena perpetua. Marlyn y su tío José María también criaron a Elcapo —el nombre no necesitaba subtítulos—, un caballo que debutó en 2011, ganó dos de 16 carreras y reunió más de 25.000 dólares en premios. Compartieron asimismo Nefertity y Hot Hitter, que produjo más de 182.000 dólares, según Equibase. En abril de 2013, la Junta de Carreras de Caballos de California suspendió durante unos días a Marlyn y a su tía Berenisse González Valencia por no comparecer a declarar en un asunto cuyo contenido no se hizo público.

El propio José María tuvo un problema con la Junta. Pink Berreta ganó la tercera carrera de Los Alamitos el 12 de julio de 2015; la bolsa mínima era de 10.750 dólares. La victoria se agrió a finales de ese mes, cuando la yegua dio positivo por boldenona, un esteroide anabólico prohibido en las competencias equinas que se usa para aumentar la masa muscular y estimular el apetito. González Valencia fue multado con 10.000 dólares y suspendido durante seis meses.

El criador dijo que había vendido a Pink Berreta por 20.000 dólares a un ranchero interesado en llevarla a una carrera de desafío, o match race, en México, y que después la recuperó porque el comprador no pagó. Añadió que no tenía documentos sobre el cuidado y los tratamientos de la yegua. A los comisarios les pareció «sumamente inusual» que alguien que admitía tener unos 40 caballos no llevara registros financieros de los gastos operativos. Ni una libreta para tantos animales: esa fue la explicación que quedó ante la Junta.

Los vecinos y los fideicomisos

El Inland Empire, en el sur de California, también alberga a otros familiares de dirigentes del CJNG. Marín Oseguera Cervantes, hermano mayor de El Mencho, vive en San Jacinto y ha sido dueño de la taquería El Toro, en una calle principal de Hemet. Laisha Michelle Oseguera, hija menor del capo, es propietaria de una cafetería en Perris. Vivió además en Riverside con Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, El Guacho, señalado como narco de alto perfil del CJNG y entonces fugitivo de la DEA. Compartían una casa de 1,2 millones de dólares en la calle Pamplona, decomisada por el Departamento de Justicia. Sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de los Lebarón en Bavispe, Sonora, reclaman la propiedad en un litigio contra el Gobierno estadounidense que llegó a una corte de apelaciones.

A pocos kilómetros del rancho de José María, también en Hemet, hay un lote vacío que él ha gestionado. Su valor estimado alcanza los 695.000 dólares, pero el propietario es su sobrino Juan Carlos Valencia González, actual jefe del CJNG, quien lo compró en marzo de 2011. Un hombre que arrendaba el terreno contó a EL PAÍS que pagaba 1.500 dólares al mes al pariente de El Mencho por mantener allí sus caballos. Según el reportaje, el Gobierno había iniciado semanas antes un proceso para incautar el predio. La gestión de ese lote documenta un vínculo patrimonial; por sí sola, no demuestra un delito.

José María tiene también una casa en Aliso Viejo, en el costoso condado de Orange, a unos 40 kilómetros al sur de Disneyland. La vivienda de dos niveles cuenta con cuatro habitaciones, dos baños y una superficie de 683 metros cuadrados. Una puerta metálica de doble hoja, de unos tres metros de altura y con vidrio texturizado, impide mirar hacia dentro. Está estructurada mediante un fideicomiso: meses atrás figuraba a nombre suyo y de su esposa, Marcela Becerra, mientras un documento inmobiliario mencionaba a «fideicomisarios» no identificados y a «sus sucesores» como beneficiarios. Su valor, según los registros del condado, asciende a 1,7 millones de dólares. Sumado al rancho de Hemet, el valor de ambas propiedades supera los 2,5 millones.

De Marlyn González Lara quedan pocos rastros públicos fuera de las pistas. Los registros disponibles indican que vivió en apartamentos de Anaheim y Laguna Niguel, y que en 2018 compró un condominio en Lake Forest, también en Orange. Según Realtor.com, una vivienda de características similares en esa comunidad se ofrece actualmente por unos 600.000 dólares; no es necesariamente el precio de la suya. En abril de 2015, después de las sanciones de la OFAC contra su padre y otros familiares, agentes de la DEA y el IRS le entregaron una copia de la medida del Tesoro y le explicaron cómo evitar problemas. Su respuesta quedó en el expediente: una persona no identificada le había indicado que no contestara ninguna pregunta.

José María González Valencia tampoco respondió a las solicitudes de entrevista que EL PAÍS hizo llegar por medio de un empleado de su finca y mediante una carta depositada en el buzón de Aliso Viejo, donde se explicaba el enfoque del reportaje. Perikina necesitó quince segundos para hacerse notar. Su dueño lleva años intentando exactamente lo contrario.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ISAIAS ALVARADO/

«SHEINBAUM VUELVE a INFLAR el PECHO ante un TITIPUCHAL de ACARREADOS para FUSTIGAR la DOBLE NACIONALIDAD»… movilizados a su penúltimo informe estatal.


La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo sentirse «protegida» por el pueblo frente a los señalamientos de Donald Trump contra México. En Sonora, ante miles de asistentes movilizados para su penúltimo informe estatal, aseguró que «no hay divorcio entre pueblo y Gobierno». La frase sonó redonda; la puesta en escena, también. Una multitud organizada no es, por sí sola, prueba de un matrimonio feliz con todo el país.

El acto se celebró en el Centro de Usos Múltiples. Como en otras entidades, dependencias federales, el Gobierno estatal y el partido se coordinaron para llevar personas de distintos municipios. 

Entre los asistentes hubo quienes dijeron haber recibido una gratificación, quienes hablaron de despensas y quienes vincularon su presencia con compromisos asociados a programas sociales. 

Sheinbaum reservó su mayor entusiasmo para la reforma sobre la doble nacionalidad de quien aspire a la Presidencia. «Ningún Presidente puede tener dos banderas o dos pueblos», afirmó, antes de rematar que México «solamente tiene un amo, el pueblo de México». Hubo porras y gritos de «Presidenta». 

La fórmula sirve para inflar el pecho, pero esquiva la pregunta incómoda: ¿desde cuándo tener un solo pasaporte garantiza honestidad, capacidad o lealtad a los ciudadanos? Se puede tener una sola nacionalidad y ser un malísimo presidente o una malísima presidenta. La calidad de un gobierno se juzga por lo que hace con el poder, no por la cantidad de banderas que caben en una consigna.

La Presidenta confió en que la reforma avance pronto en el Senado y después obtenga el aval de los congresos estatales. También enumeró obras realizadas en Sonora y contó que el gobernador Alfonso Durazo le pidió una carretera y la rehabilitación de un hospital del ISSSTE.

Durazo, por su parte, la llamó estadista y elogió su serenidad frente a la estridencia. Está en su derecho de admirarla. Lo que no corresponde es pedirle al público que confunda el elogio de un aliado con una evaluación independiente, ni la emoción de un auditorio con un veredicto sobre el Gobierno.

Con información: ELNORTE/

LE "SUPLANTARON la IDENTIDAD: ADELA se ENTERÓ el DÍA que le CERRÓ el PASO la PERJUDICIAL que DEBÍA 16 MILLONES al FISCO»… la acusaron de ser socia de una empresa fantasma.


Adela Vázquez se dedicaba al trabajo doméstico. Un día se enteró de que, según los papeles, también era socia y representante legal de una empresa textilera que le debía al fisco 16 millones de pesos por presunto contrabando. No lo supo al recibir utilidades ni al revisar una cuenta bancaria: lo supo cuando policías ministeriales le cerraron el paso y le mostraron una orden de aprehensión. Ella sostiene que jamás firmó los documentos que la metieron en esa empresa. 

Qué sistema tan eficaz: una mujer puede aparecer en una sociedad mercantil sin saberlo, pero la autoridad sí sabe dónde encontrarla cuando llega la hora de cobrar y acusar. Según la investigación de EL UNIVERSAL, su nombre fue incorporado a la empresa en 2012 mediante documentos cuya firma ella desconoce. La textilera desapareció; el problema, en cambio, se quedó a nombre de Adela. 

Y mientras ella tuvo que pedir dinero para pagar una defensa que describe como deficiente, el aparato encargado de protegerla mostró otra de sus especialidades: el vacío legal con trámite de ventanilla. 

La suplantación de identidad aún no está tipificada como delito específico en el Código Penal Federal; hay iniciativas para hacerlo, pero siguen sin aprobarse. La autoridad de protección de datos dijo no contar con estadísticas sobre denuncias vinculadas con la constitución de empresas fraudulentas mediante el uso de datos ajenos. 

Adela dice que le avisaron por teléfono que el caso se había enviado al archivo, pero no le entregaron un documento que lo confirme. Ni siquiera esa incertidumbre ha podido quitarse de encima. El sistema no impidió que su nombre terminara en los papeles de una empresa que ella niega conocer. Pero cuando blandió la espada de la justicia, apuntó a la mujer que debía proteger, no a quienes pudieron haber usado su identidad. 

Con información : ELUNIVERSAL/