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sábado, 26 de septiembre de 2026

«SRE PRESUME en la ONU ESTRATEGIA de AHORRO de FORMOL en MEDIO de una MONTAÑA de YA MÁS de 46 MIL CADÁVERES»… la muerte pasa tarjeta cada 22 minutos y medio.


El Gobierno de México llevó a la ONU una diapositiva de ahorro, como si hablara de eficiencia administrativa y no de una contabilidad de muertos. Mientras el canciller Roberto Velasco presume una reducción del 51% en los homicidios dolosos durante 22 meses, el corte de TResearch citado registra 45,920 asesinatos acumulados en el sexenio. Y si ese corte corresponde al 22 de septiembre, la cuenta actual ya sería mayor: la muerte no dejó de pasar lista porque el Gobierno salió a presumir la gráfica

De tal suerte que presumir la baja de homicidios mientras se apilan mas 45 mil 920 cadáveres es como celebrar que en un naufragio ya se usan menos chalecos salvavidas: una obscenidad administrativa disfrazada de logro.

En Nueva York, ante la Asamblea General de la ONU, el canciller Roberto Velasco vendió la estadística como si fuera diploma:según su versión, los homicidios dolosos cayeron alrededor de 51% durante los primeros 22 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. La paz, dijo, se construye. Lo que omitió es que en México también se construye una montaña: 45,920 homicidios dolosos acumulados en el sexenio, según el corte más reciente de TResearch. 

A este ritmo acumulado —aproximadamente 64 homicidios diarios, de acuerdo con TResearch— la muerte pasa tarjeta cada 22 minutos y medio. Una persona asesinada antes de que termine un episodio de una serie; dos mientras un funcionario termina una conferencia; casi tres por cada hora que el Gobierno dedica a explicar que su estrategia funciona. 

Si se toma ese promedio de 64 asesinatos diarios y se extrapola al periodo completo de seis años, el sexenio cerraría con alrededor de 140 mil homicidios dolosos que superaría los poco mas de 120 mil cometidos durante el sexenio de Felipe Calderon. 

La proyección no es un pronóstico científico ni una sentencia inamovible —las cifras diarias son volátiles y la tendencia puede cambiar—, pero sí una radiografía brutal de lo que significa presumir “ahorros” cuando la caja sigue registrando cadáveres: 45,920 hasta ahora; una posible factura de seis dígitos al final.

La presunción es el equivalente burocrático a felicitarse porque el incendio ya no devora diez pisos por hora, sino cinco, mientras adentro siguen gritando personas y los bomberos presumen que redujeron el consumo de agua. Menos formol, quizá; demasiados cadáveres, todavía.

El problema de adjudicarse la curva

El Gobierno quiere apropiarse de cualquier descenso como si los cárteles recibieran órdenes desde Palacio Nacional y ajustaran su calendario de ejecuciones a la presentación mensual del gabinete de seguridad. Pero la violencia homicida no responde únicamente —ni de forma lineal— a la eficacia gubernamental. También se mueve por las treguas, fracturas, venganzas, reacomodos territoriales, capturas, liberaciones, traiciones y disputas internas de las organizaciones criminales.

Dicho sin eufemismos: cuando una facción deja de disparar temporalmente porque negocia, se repliega o gana una plaza, el Gobierno no necesariamente ganó la batalla; a veces sólo recibió una pausa en la guerra ajena. Confundir un descenso estadístico con una victoria estatal es como atribuirse que dejó de llover porque se inauguró un paraguas.

Sinaloa ilustra el límite de la propaganda. Allí, los reclamos públicos para replantear la estrategia y la persistencia de la violencia exhiben que la presencia militar y los anuncios de inteligencia no bastan para desactivar una confrontación criminal. La cifra nacional puede mejorar en una lámina, mientras una entidad entera vive bajo el calendario de las venganzas entre grupos armados. El termómetro nacional baja algunas décimas, pero en ciertas regiones el paciente sigue en terapia intensiva.

El Gobierno tiene derecho a informar una disminución si sus registros la muestran, aunque los oculte dolosamente; lo que no tiene es derecho a convertir cada descenso en absolución. 

Un país que pierde a una persona asesinada cada 22 minutos y medio no está para presumir que ahorró formol: está para explicar por qué sigue convirtiendo la muerte en una rutina con corte estadístico. 

Con información: REFORMA/ TRESEARCH/

¿QUIÉN PUSO el CUATRO en la FGR de GODOY?: MAGENTA DISECCIONA AUTOGOL de 59 MILLONES de LITROS que RESULTÓ de CHOCOLATE»…es humano errar; echarles la culpa a los demás, más humano aún.


La mesa de Círculo Magenta, con Ramón Alberto Garza, Rodrigo Carvajal y Alejandro Fuentes, retrata el supuesto megadecomiso de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, como una pifia monumental: una operación anunciada con fanfarrias de combate al huachicol que habría terminado exhibiendo desorden, opacidad y guerra interna en la Fiscalía General de la República. 

Según los analistas, no se trataba de una instalación clandestina improvisada, sino de una terminal visible, con infraestructura de gran escala y una empresa que afirma operar como distribuidora con contratos de Pemex. La pregunta central, por tanto, no es sólo si faltaban papeles o trazabilidad del combustible: es quién autorizó presentar el caso como el decomiso histórico antes de verificar algo tan elemental como la naturaleza legal —o ilegal— de la operación. 

El “cuatro” y la trampa

Garza, Carvajal y Fuentes sostienen que el expediente tiene la pinta de un “cuatro”: alguien habría empujado a autoridades federales —incluido el secretario Omar García Harfuch— a presumir una acción espectacular que hoy amenaza con convertirse en un boomerang político y judicial. Si la mercancía estaba respaldada por contratos y documentación válida, el anuncio no fue una victoria contra el huachicol, sino una demostración de negligencia institucional. 

La mesa cuestiona que, después del golpe mediático, la carga parezca invertirse: en lugar de que la FGR pruebe un delito, se pretendería que la empresa demuestre su inocencia. Es decir, primero se monta el show; luego se busca el expediente que lo justifique. Una fórmula bastante cómoda para la propaganda, pero peligrosamente miserable para el debido proceso. 

Fiscalía: “que explique la Fiscalía”

El blanco principal de la crítica es la FGR bajo Ernestina Godoy. Los periodistas cuestionan la respuesta recurrente desde Presidencia: “que explique la Fiscalía”. Porque, si la Fiscalía se equivoca, enreda las versiones o simplemente no explica nada, nadie parece tener la obligación real de rendir cuentas. 

La conversación vincula este caso con otros expedientes polémicos —como La Barredora, Raúl Rocha Cantú, los hermanos Farías Laguna y la salida de Ulises Lara— para sostener que no se trata de un resbalón aislado, sino de un patrón: filtraciones selectivas, versiones contradictorias, pocos detenidos y mucha escenografía. 

Balas de salva para unos

La tesis final de la mesa es lapidaria: la Fiscalía dispara con estruendo contra blancos políticamente convenientes, pero evita meterse de lleno con las redes realmente poderosas del huachicol fiscal. Mientras se infla el caso de casas y terrenos de valor relativamente menor, dicen, se dejan intocados patrimonios mucho más abultados y posibles tramas de corrupción de mayor calado. 

Para los panelistas, el asunto de los 59 millones de litros no fortalece la narrativa oficial de combate al huachicol: la descompone. Si no se aclara con pruebas verificables quién ordenó el aseguramiento, qué documentos faltaban, qué delitos se investigan y por qué se anunció como golpe histórico, el operativo quedará como lo que la mesa sugiere que fue: una enorme pifia con uniforme de gran victoria. 

Con información: CODIGO MAGENTA/

«¿REPLANTEAR la ESTRATEGIA?»: RECLAMOS en VOZ ALTA EXHIBEN el FRACASO de HARFUCH y el EJÉRCITO en SINALOA»… ningún plan que no pase por reducir la violencia puede llamarse plan.


Omar García Harfuch, el estratega federal, podrá publicar mensajes en X para repetir boletines, y el Ejército podrá anunciar despliegues de refuerzos que refuerzan lo ya reforzado. Lo que ninguno de los dos puede maquillar es el saldo. A dos años del estallido de la guerra entre bandos de una misma banda en Sinaloa, Harfuch carga con un balance que desmiente cualquier relato de «contención»: miles de homicidios, personas privadas de la libertad, vehículos robados y una violencia que ya no se limita a las periferias ni respeta horarios, negocios o ciudades.

El balance que acusa

Del 9 de septiembre de 2024 al 23 de septiembre de 2026, el parte de guerra citado por NOROESTE registra:

IndicadorSaldoPromedio reportado
Homicidios dolosos3,8925.2 diarios
Personas privadas de la libertad4,4245.9 diarios
Vehículos robados12,57016.9 diarios
Personas detenidas3,9885.4 diarios
Personas abatidas211—

La primera conclusión es brutalmente simple: en el periodo hay más personas privadas de la libertad que homicidios, y casi tantos detenidos como asesinatos. Si la detención fuera sinónimo de desarticulación criminal, el estado tendría que estar respirando alivio. No lo está. El saldo muestra que la violencia conserva capacidad para matar, desaparecer, robar, reclutar, intimidar y volver a operar.

Y hay un dato que exhibe la precariedad de la supuesta estrategia: se reportan 3,988 detenidos frente a 3,892 homicidios dolosos. No es una equivalencia judicial —cada expediente tiene su propia complejidad—, pero sí una proporción políticamente devastadora. El aparato presume capturas mientras el homicidio sigue funcionando casi como rutina administrativa: 5.2 asesinatos diarios.

El fracaso tiene nombre

El responsable político de la estrategia federal de seguridad no es una abstracción ni una nube de siglas: es Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y rostro operativo de la respuesta del Gobierno federal.

A Harfuch le toca responder no sólo por lo que se anuncia, sino por lo que ocurre cuando se apagan las cámaras: una entidad donde el despliegue federal no ha conseguido restablecer condiciones mínimas de seguridad pública. La presencia de fuerzas federales puede llenar avenidas, aeropuertos y conferencias; no necesariamente protege restaurantes, carreteras, familias ni patrimonio.

El Consejo Sinaloense de Empresarios llegó a una conclusión que el discurso oficial intenta esquivar: hay que replantear la estrategia. Su presidente, Luis Osuna Vidaurri, advirtió que, pese al arribo de efectivos a Culiacán y Mazatlán, la escalada violenta no se detiene. Después de un ataque en un restaurante de Culiacán que dejó una persona muerta y siete heridas, el empresario resumió el retroceso con una frase que debería retumbar en la oficina de Harfuch: “retrocedimos muchísimo de lo poco que habíamos avanzado”. 

No es una crítica de oposición buscando micrófono. Es el sector productivo diciendo que el territorio sigue secuestrado por la incertidumbre.

Por qué es un fracaso

1. Porque despliegue no es control

El Gobierno federal puede contar patrullas, soldados, armas decomisadas, cateos y detenidos. Pero la evaluación seria se hace con una pregunta más incómoda: ¿la gente puede salir, trabajar, circular y abrir un negocio sin quedar atrapada en la guerra?

La respuesta, a la luz del saldo, es no. El CSE ha señalado que hay presencia de fuerza pública, pero los hechos violentos continúan tanto en Culiacán como en Mazatlán. Cuando el despliegue aumenta y el control territorial no aparece, no hay éxito: hay una estrategia que no está produciendo el resultado esencial. 

2. Porque la violencia mantiene iniciativa

Una estrategia funcional le arrebata al crimen la capacidad de imponer la agenda: reduce ataques, anticipa movimientos, protege blancos vulnerables y devuelve previsibilidad a la vida cotidiana.

Aquí ocurre lo contrario. Los grupos criminales siguen imponiendo el ritmo mediante homicidios, privaciones de la libertad y robos de vehículos. No se trata únicamente de estadísticas: cada vehículo robado puede ser movilidad para el sicariato, desplazamiento forzado, despojo patrimonial o una nueva herramienta para prolongar la confrontación. Las 12,570 unidades robadas no son un daño colateral menor; son infraestructura criminal circulando sobre ruedas.

3. Porque detener no basta si no se desmantela

Las 3,988 detenciones sirven de poco como argumento triunfalista si no se traducen en reducción sostenida de la violencia, judicialización eficaz, inteligencia financiera, captura de mandos, desarticulación de redes logísticas y recuperación real del territorio.

Arrestar es el primer verbo; investigar, procesar, sentenciar y desarmar las estructuras es el trabajo completo. Si después de miles de detenciones persisten los asesinatos diarios, las desapariciones y el robo sistemático de vehículos, la estrategia parece atrapar operadores reemplazables sin tocar suficientemente la maquinaria que los repone.

4. Porque las instituciones locales siguen rebasadas

El reclamo empresarial no pide más propaganda: pide policías municipales y estatales suficientes, una Fiscalía fortalecida y un presupuesto de seguridad que incluso podría duplicarse o triplicarse. Osuna Vidaurri sostuvo que las corporaciones locales carecen de efectivos y que la Fiscalía General del Estado está “totalmente rebasada”, sin margen operativo.

Ese diagnóstico desnuda otra falla federal: pretender que la seguridad de Sinaloa se resuelva con operativos temporales y músculo centralizado, mientras las instituciones encargadas de investigar, patrullar y sostener el orden cotidiano siguen debilitadas. La Federación puede entrar; no puede sustituir indefinidamente al Estado sin construir capacidades que se queden.

5. Porque la ciudadanía fue relegada

El Consejo Estatal de Seguridad Pública sólo sesionó una vez en 2025 y no sesionó durante 2024, pese a que la crisis comenzó en septiembre de ese año, según lo planteado en el reporte. El propio sector empresarial reclama reactivar ese espacio ciudadano. 

Una estrategia que no escucha, no rinde cuentas y no contrasta sus resultados con quienes viven la violencia termina pareciéndose a un cuarto cerrado con muchas pantallas y poca realidad. La seguridad no puede administrarse como una narrativa de Palacio: debe medirse en calles transitables, comercios abiertos, familias que regresan a casa y fiscalías que investigan.

La coartada agotada

Harfuch no inventó la violencia criminal en Sinaloa ni es el único responsable de una estructura construida durante décadas. Pero esa no es la vara con la que debe evaluarse a quien aceptó dirigir la estrategia federal y de quien, según la presidenta Sheinbaum, se esperaba que permaneciera en la entidad hasta resolver la crisis. Se le juzga por su capacidad para modificar la tendencia, contener el daño y devolver la gobernabilidad.

Y el corte presentado hace imposible vender triunfalismo sin insultar a las víctimas. Desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 23 de septiembre de 2026, Sinaloa acumuló 3,892 homicidios dolosos, 4,424 personas privadas de la libertad y 12,570 vehículos robados. Eso no describe una pacificación. Describe una emergencia prolongada, con operativos visibles y resultados insuficientes.

La frase correcta ya no es que la estrategia “enfrenta retos”. Esa es la jerga burocrática para esconder cadáveres, desaparecidos y miedo. La frase correcta es ésta: la estrategia de Omar García Harfuch ha fracasado en su objetivo elemental de proteger a Sinaloa incluso por encima de privilegiar capturas. No porque falten comunicados, sino porque sobran víctimas, muchas inocentes.

Con información: NOROESTE/ NOROESTE/

viernes, 25 de septiembre de 2026

LOS «140 MINUTOS de HORROR: DIARIO ESPAÑOL RECONSTRUYÓ la MASACRE de CAMILO SÉPTIMO en ATIZAPÁN»… la policía tardó 70 minutos en llegar después de la primera llamada de auxilio.


En el camino de vuelta, Jonathan Meléndez empezó a sentirse nervioso. Llamaba a su casa y nadie le contestaba. Inquieto, marcó a la caseta de seguridad del fraccionamiento y pidió que llamasen al departamento por el interfón, a ver si alguien daba señales de vida. En su teléfono, abrió la app que daba acceso a “su Alexa”, un dispositivo domótico que le permitía ver lo que recogía la cámara, hablar por el celular y que se escuchara en el altavoz del artefacto… Pero nada. Pasaba de las siete de la tarde. El amigo que iba con Meléndez en el carro dice que ya entonces se preocupó. Algo pasó en los minutos siguientes, algo que vio en las imágenes de su Alexa, o quizá que, finalmente, alguien le contestó al teléfono, porque a las 19.20, marcó alarmado al supervisor de seguridad y le pidió que llamara a la policía: “Me dijo que su socio estaba armado”.

Su socio, Diego Sebastián, había llegado a la casa familiar a las 17.23. La casa es un ático de dos alturas en un edificio de un complejo residencial, en Atizapán, al norte de Ciudad de México. Los vigilantes de la entrada conocían al socio, porque había visitado a Meléndez y su familia en varias ocasiones. Aun así, la vigilante de turno tomó sus datos y llamó a la casa para informar de la visita. Ella dice que “la residente de nombre Ana Paula” permitió la entrada de Sebastián. Sin embargo, Ana Paula González, la esposa de Meléndez, no estaba. Llegaría al complejo 19 minutos después, con sus dos hijos. Quien sí estaba era Aleyda Romero, la joven que les ayudaba con las tareas del hogar. Fuera como fuera, el socio entró.

Los 140 minutos siguientes acabarían por contener uno de los mayores horrores que ha vivido México en los últimos tiempos, la masacre de la familia Meléndez González, con la única excepción del hijo mayor, de cinco años. En algún momento de la tarde de aquel 1 de septiembre, el socio, Diego Sebastián N, ya detenido y procesado, mató de un balazo en la cabeza a Ana Paula, a su hija pequeña, de tres años, a Romero, de 21, al mismo Meléndez y a uno de los perros. No se sabe con exactitud cómo fue, en qué orden, por qué a las mujeres y la niña, preguntas todas ellas que alimentan el tormento familiar. Se desprende, por declaraciones de testigos, familiares y conocidos, información que integra la investigación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que todo empezó por un intento de robo de Diego Sebastián a Meléndez,un intento por hacerse con su cartera de criptomonedas.

Hay un aspecto más que probable: el ataque comenzó pasadas las 18.25. A esa hora, Aleyda Romero bajó con dos de los perritos de la familia a pasear. El paseo duró 38 minutos. A las 19.03, la mujer, de 21 años, que trabajaba allí de martes a viernes, volvió con los animales a la casa. No hay constancia en el expediente judicial de que Aleyda fuera consciente que algo andaba mal. No le dijo nada a la vigilante de la puerta, ni llamó a su padre o su madre por teléfono, a juzgar por las declaraciones que estos últimos darían después a las autoridades. La joven volvió con los perros, tomó el elevador del edificio, subió los cuatro pisos, llegó a la puerta color café, abrió, entró…

Un caso de “alteración del orden”

Era un aviso de rutina, algo aparentemente poco grave, un caso de “alteración del orden” en una urbanización cerrada. El agente de la policía de Atizapán escuchó la llamada por radio y fue para allá. Estaba cerca, solo tenía que cruzar la autopista La Venta-Lechería y llegaba. A esa hora, las 20.20, no le costaría más de 15 minutos. Cuando llegó, el supervisor de seguridad le dejó pasar. Ambos fueron al departamento en cuestión, el ático del edificio cuatro. El agente llamó a la puerta color café varias veces, pero nadie abrió. Ni un ruido, ni siquiera los ladridos de los perros, detalle que el supervisor recordaría después, cuando fue a declarar a la fiscalía. “Se tenía conocimiento de que dentro de dicho penthouse tenían perros, e incluso son ruidosos”, diría.

Pero no salía ruido alguno del departamento, porque dentro estaban todos muertos. Todos, menos un niño de cinco años que ignoraba las llamadas, un niño que en ese momento convivía con los cadáveres de su hermana, su niñera, su padre, su madre y una de las perritas. Ignoraba las llamadas, o no las oía: dos días después, su abuela le diría a un agente de la Fiscalía que el niño estaba en shock y que lo único que decía es que había sido “el malo del Sebas”. Y si dos días después el niño estaba en shock, es razonable pensar que aquella tarde también lo estaba. Por eso no abría la puerta –o por temor a que fuera “el malo de Sebas”– y el agente, que ignoraba su presencia, pensó que mejor se retiraba de allí.

El agente no tenía mayor información de lo sucedido en el departamento, a juzgar por el informe que rendiría horas más tarde a la Fiscalía, documento que consta en la investigación del caso. Quien sí podía tener algún tipo de idea era el supervisor de vigilancia del edificio, que al menos una hora y diez minutos antes, a las 19.20, había recibido una llamada de una de las futuras víctimas, un alarmado Jonathan Meléndez, pidiéndole que llamara a la policía municipal, porque en su casa estaba su socio, armado. A esa hora, las 19.20, Meléndez, músico popular en la escena indie nacional, tecladista de la banda Camilo Séptimo, estaba camino de vuelta a la casa con su amigo, después de jugar una partida de pádel. Pero el supervisor no le dijo nada al agente y, si lo hizo, el agente no se dio por enterado.

Se hace raro pensar en esa pareja, en todo lo que supuestamente no hablaron. Porque para entonces, Diego Sebastián ya se había ido de allí. En la garita de seguridad, la vigilante, subordinada del supervisor, los había visto salir. De hecho, Diego Sebastián había amagado a la mujer con su pistola, apurándole para que subiera la pluma, la barrera de salida. “¡Cámara, hija de tu puta madre, abre la pluma que ya me tengo que ir!”, dijo ella que le gritó el presunto asesino. Es más, según las declaraciones a las que El PAÍS tuvo acceso, junto a ella estaba, en ese momento, el amigo del pádel de Meléndez. El presunto asesino, que lo conocía, también tuvo palabras para él: “¡Tú, pinche negrito bimbo, donde se te ocurra decir que me viste, te voy a matar como a tus pinches amigos!”, de acuerdo al expediente al que EL PAÍS tuvo acceso. Y es raro que la vigilante no le dijera todo esto a su supervisor y que el supervisor, que una hora antes había recibido la llamada de Meléndez pidiéndole que llamara a la policía, no le dijera al agente.

El amigo

Aquel 1 de septiembre, “estuvimos en la calle la mayor parte del día”, dice el amigo del pádel. Fue al ático por la mañana, salió con Meléndez a desayunar, volvieron, fueron a una junta en el barrio de Polanco, en la capital… “En todo momento noté a Jonathan desconcertado, como que andaba distraído”, añade. Conocidos desde hacía cuatro años, el amigo y Jonathan –Honas para los cercanos– pasaban mucho tiempo juntos. Habían entrado en contacto en un concierto de Camilo Séptimo. Honas le había pedido que trabajasen mano a mano. El amigo empezó entonces a ayudarle con algunas canciones. Luego conoció a su esposa, a sus hijos… Muchas veces, dijo en su declaración, se quedaba a dormir para aprovechar más el tiempo cuando trabajaban.

Los dos comieron juntos aquel día en la casa. Por la tarde, emprendieron el camino al pádel. Si Honas sentía algún tipo de preocupación por sus negocios con Diego Sebastián, no lo dijo. O al menos, el amigo no les dijo nada a las autoridades. Un familiar sí les diría después que, desde hacía un mes, Meléndez estaba teniendo problemas con Diego Sebastián, argentino de nacimiento, naturalizado mexicano. “Diego Sebastián le pidió un préstamo de 300,000 pesos, pero él no se los quiso prestar. Es desde esa temporalidad que comenzaron los problemas con esta persona”, dice. Este familiar añade que ambos se habían conocido hacía seis meses y que tenían un negocio juntos. Diego Sebastián rentaba casas de lujo, Honas le hacía la publicidad y él a cambio le hacía descuentos en algunas rentas.

El familiar dice también que Meléndez “le platicó” a su socio de una inversión en criptomonedas que había hecho años atrás, aunque no da más detalles. No se sabe cuánto sabía Diego Sebastián sobre las criptomonedas, si sabía dónde guardaba Honas las claves de sus cuentas, o cuánto dinero tenía. El familiar declaró que la inversión inicial de Honas había sido de tres millones de pesos, según le dijo él, pero que ignoraba cuánto tenía en la actualidad. También dijo que la víctima guardaba sus claves en una memoria USB negra. Y añadió que, cuando él y otros parientes entraron a la casa después de los asesinatos, para agarrar las identificaciones de las víctimas y llevarlas a la Fiscalía, la memoria USB no estaba por ningún lado.

Mientras estaban en el pádel, el amigo recibió un mensaje de la esposa de Meléndez. Eran las 17.54. Le dijo que Diego Sebastián estaba en la casa, que ya llevaba rato esperándolo, y que le escribía a él porque a su esposo no le entraban los mensajes. El amigo le dijo a Honas y este llamó acto seguido a su socio. Le dijo que estaba jugando a pádel, pero Diego Sebastián le dijo que lo esperaba. Es poco probable que Meléndez sintiera una inquietud demasiado intensa por aquel intercambio. De lo contrario, habría vuelto de inmediato a la casa. O quizá sí la sintió, pero se la guardó, para no sentirse paranoico. O quizá el correteo en la pista liberó un torrente de endorfinas que mantuvo a raya por un rato toda preocupación. Fuera como fuera, el juego aún duró una hora más y los dos amigos no emprendieron el camino de vuelta hasta las 19.00.

Pero en el camino de vuelta, todo el bienestar del juego se desvaneció con rapidez. A las 19.28, la camioneta con los dos amigos entraba al fraccionamiento. Condujeron hasta el estacionamiento del edificio y Meléndez salió disparado hacia el elevador. El amigo le siguió, quería subir con él: al fin y al cabo, Honas ya sabía, de alguna manera, que su socio estaba armado, como le había dicho al supervisor. Pero le retuvo. “Me dijo, ‘espérame aquí abajo, si no contesto, pide ayuda”, explica. “Al mandarle mensaje y no contestarme, es que decido pedir ayuda en la caseta de vigilancia”, añade. Según la vigilante, el amigo llegó a la caseta hacia las 19.38. Este le dijo lo que había ocurrido. La vigilante llamó al supervisor y a la administradora del predio. En esas andaban, cuando el vehículo de Diego Sebastián llegó a la garita y este sacó su cuerpo por la ventanilla, gritando, con una pistola en las manos.

El ariete

El carro apareció en el cruce de las calles Bosque de los Cipreses sin número, esquina con Avenida Bosques del Estado de México, en el municipio de Tecámac, al otro lado del área metropolitana de la capital, poco antes de las 8.00 del 2 de septiembre. Muy cerca de ahí vivía el mismo Gerardo N, cosa que constató un investigador de la Fiscalía, cuando preguntó a unos vecinos. “Es chofer de Uber o Didi”, le dijeron. Diego Sebastián cayó poco después, en una zona boscosa, conocida como La Marquesa. Al separarse de Gerardo N, había ido a buscar un BMW X1 color blanco, propiedad al parecer de su hermana. Con el carro, se fue hacia el bosque. Allá terminó su periplo.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ PABLO FERRI

«¿VACACIONES o FUGA?: REPORTAN a ESPOSA de AMÉRICO AUSENTE del ENTORNO FAMILIAR, POLÍTICO y JUDICIAL en TAMAULIPAS TRAS FALLO FEDERAL en su CONTRA»…versiones ocupan el lugar que deberían ocupar los hechos.


En Tamaulipas, la ausencia pública de María de la Luz Santiago Diez de Bonilla, esposa del gobernador de MORENA , Américo Villarreal Anaya y presidenta del Patronato del DIF estatal, alimenta un trascendido que merece preguntas mas que sentencias. Si se ha apartado del entorno político —y, como se afirma en redes, también del familiar e incluso del judicial—, el gobierno puede aclarar dónde está y quién atiende sus responsabilidades. 

El periodista Néstor Troncoso atribuye esa ausencia a un supuesto fallo de la justicia federal relacionado con la disputa familiar entre Brenda García Martínez y el hijo del junior Américo Villarreal Santiago. 

La disputa no nació ayer: Sandra Romandía documentó en 2025 los señalamientos de Brenda y el prolongado litigio por sus hijos sin que se conozca con certeza la resolución federal específica que menciona el trascendido, ni afirmar que se ordenó una restitución inmediata, que la esposa del mandatario desobedeció a un juez o que viajó a Canadá. 

Hay, además, otro frente que exige respuestas. El empresario Israel Alejandro Valdéz Sánchez presentó el 7 de septiembre de 2026 una denuncia en su contra, ademas de su hijo «Ameriquito» ,ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas,acusando a la doctora de extorsión agravada.

De acuerdo con el escrito con sello de recibido, acusa a Maria Santiago de Villarreal de haberle ofrecido contratos del DIF a cambio de desistir de un litigio administrativo. 

Y aquí viene la parte menos cómoda para Palacio: también ha señalado a la esposa del gobernador como una figura de influencia política detrás de decisiones oficiales. 

Esa descripción tóxica es un señalamiento periodístico que se repite una y otra vez como el poder fáctico detras del poder institucional otorgado en las urnas a Américo Villarreal Anaya.

Precisamente por eso importan las respuestas verificables:agenda pública, continuidad de funciones en el DIF y una explicación institucional sobre los hechos denunciados. Si todo está en orden, clarificar los motivos es más fácil que administrar el silencio. 

La ironía se escribe sola: cuando el poder presume cercanía con las familias, una disputa familiar bajo escrutinio público y una denuncia que menciona al DIF no pueden despacharse como chismes de sobremesa. 

Pero tampoco se combate la opacidad con otra opacidad. La pregunta no es si hubo vacaciones o fuga, porque ninguna de las dos está acreditada. La pregunta es qué puede demostrar el gobierno, qué resolverán las autoridades competentes y por qué las versiones ocupan el lugar que deberían ocupar los hechos.

Con información: NESTOR TRONCOSO/ MEDIOS/ REDES