El Senador Plurinominal de Morena ,Gerardo Fernandez Noroña quiso montar otro de sus actos de congruencia de utilería: amenazó con romper la visa estadounidense, como quien renuncia con estrépito al club al que ya no lo dejaron entrar. Pero el performance se le cayó en vivo.
En vez del documento migratorio, el senador sacó una flamante tarjeta dorada. Visa, sí… pero de débito o crédito; de esas que no dan acceso a Estados Unidos, aunque quizá sí a una promoción de meses sin intereses en Liverpool.
El revolucionario de micrófono encendido y retórica inflamada, tanto como su moral, terminó ofreciendo una escena digna de comedia política: el hombre que iba a desafiar al imperio acabó peleándose con el plástico equivocado. No rompió la visa; apenas amenazó el saldo disponible.
Y sí: es válido llamarlo payaso, no como insulto gratuito, sino por la naturaleza del espectáculo. Un representante público que convierte la tribuna, la indignación y hasta su supuesto gesto de congruencia en una rutina mal ensayada acepta, por voluntad propia, que se le mida por su acto.
Noroña no hizo política exterior ni defendió una postura: hizo un numerito. Y, como todo payaso de carpa, necesitó un accesorio dorado para que el público no notara que el chiste se le rompió en las manos.
Una reproducción casi literal de un boletín de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Morena y Americo Villareral en Tamaulipas, publicado el pasado 14 de agosto, presenta cifras producto de la «cosecha» del gobierno estatal, que debían presentarse como datos plenamente comprobados.
Una verificación de El Sabuesode Grupo Animal, publicada en mayo encontró discrepancias relevantes entre el discurso estatal y los datos entonces publicados por la propia Secretaría de Finanzas: al 31 de marzo de 2026 reportaba deuda pública superior a 16,080 millones, no alrededor de 14,800 o 14,900 millones.
También señaló que las cifras estatales y las de la SHCP no coincidían en alcance y que, al cierre de 2025, la deuda total considerada por Hacienda —incluyendo otros entes y municipios— ascendía a 16,457 millones.
Qué sí está sustentado
La operación de refinanciamiento reportada sí tiene algunos elementos específicos y coherentes:
Se refinanciaron (2,386) millones de pesos y la sobretasa habría bajado de 0.43 a 0.34 puntos porcentuales.
El gobierno estima ahorros de 77 millones de pesos en lo que resta de la administración y 439 millones en los 20 años de vida de los créditos.
Participaron BBVA, Banorte, Banamex, Santander y Banobras, según la Secretaría de Finanzas.
Además, conviene distinguir dos cosas que la nota mezcla bajo una misma narrativa:refinanciar no reduce automáticamente el capital adeudado; cambia las condiciones financieras de créditos existentes. La reducción del saldo requiere amortizaciones, pagos u otros movimientos contables separados. La propia cobertura de La Jornada hace esa precisión.
Dónde está el sesgo
El sesgo es claramente institucional y favorable al gobierno de Américo Villarreal:
La fuente central es la Secretaría de Finanzas; no incorpora documentos primarios enlazados, auditorías, registros de la SHCP ni postura de especialistas o contraparte política.
Adopta sin contraste expresiones valorativas: “mejor refinanciamiento del país”, “finanzas públicas sanas”, “señal de confianza” y “liberación de recursos para infraestructura”.
Presenta el saldo de 14,983 millones como prueba de una baja de más de 1,000 millones, pero no explica el universo contable: si incluye sólo deuda directa estatal, organismos públicos, municipios, deuda garantizada u otras obligaciones.
“El mejor del país” es una afirmación demasiado amplia. Lo que el boletín realmente demuestra, en el mejor de los casos, es que la sobretasa de 0.34% fue menor que cinco operaciones seleccionadas de otras entidades realizadas en los últimos dos años; no prueba que sea la menor sobretasa de todos los refinanciamientos nacionales ni que sea la mejor operación bajo todos los criterios.
En resumen; El Gobierno de Tamaulipas informó que refinanció 2,386 millones de pesos y redujo la sobretasa de 0.43% a 0.34%, con ahorros estimados por 439 millones de pesos a 20 años. Sin embargo, la afirmación de que logró “el mejor refinanciamiento del país” es promocional: la comparación difundida sólo contrasta esa sobretasa con cinco operaciones estatales recientes.
La caricatura publicada por OBI para El Norte, no necesita expediente: basta el timbre del teléfono para revelar quién parece tener línea directa con el poder. La presidenta atiende, pero desde Washington le responden —con la cortesía de quien ya eligió interlocutor— que “prefieren hablar con Harfuch”.
El cartón de OBI hace una travesura brutal: convierte la soberanía en una operadora telefónica que contesta educadamente mientras la DEA marca al “favorito” a quien en Argentina llenó de aplausos, como lo hicieron con Genaro García Luna.
La frase “perdón, preferimos hablar con Harfuch” encapsula una sospecha política fundada: que Washington no está llamando a la presidencia para coordinarse entre gobiernos, sino para asegurar que el operador de su confianza siga al otro lado de la línea. La presidenta queda en blanco —literalmente—, reducida a una silueta sin voz, autoridad ni control de la conversación, sabedores que opera en sentido contrario.
La caricatura también ridiculiza el entusiasmo oficial ante el elogio extranjero. En seguridad, que la DEA te declare “socio confiable” puede venderse como triunfo diplomático; pero el antecedente de García Luna impide recibir el reconocimiento sin hacer preguntas. No es prueba de delito; tampoco es certificado de pureza dado por adelantado, mucho menos cheque en blanco.
En otras palabras: México ya aprendió que cuando la DEA entrega una estrella dorada, conviene revisar si viene con garantía, manual de uso… o citatorio diferido. La evidencia histórica no condena a Harfuch, pero sí vuelve irresponsable tratar el elogio como absolución anticipada.
Porque la DEA ya repartió laureles a Genaro García Luna: en 2011, Michelle Leonhart lo presentó como “uno de los mejores policías del mundo”. Años después, García Luna fue condenado en Estados Unidos por delitos ligados al narcotráfico.
La ley aplicable es la Ley 1 de Robert Greene: “Nunca eclipses al maestro”. Pero el cartón sugiere algo todavía más pícaro: Harfuch no necesariamente quiso opacar a la jefa; le bastó con que la DEA llamara preguntando por él para que la sombra apareciera sola.
Ley 1: no le robes el reflector
La regla de Greene es simple, aunque tiene la elegancia moral de un manual para sobrevivir en una corte llena de egos: haz que quien está arriba se sienta cómodamente superior. Puedes ser eficiente, brillante y hasta indispensable, pero jamás tan visible que parezca que el trono tiene suplente.
Traducido al idioma del cartón:
“Presidencia de la República, buenos días.”
“Sí, gracias, pero comuníqueme con quien realmente nos interesa.”
Y listo: no hubo golpe de Estado, no hubo ruptura del orden constitucional, ni siquiera una conferencia de prensa. Sólo una llamada. Pero una llamada puede ser más cruel que mil columnas de opinión: convierte a la jefa en recepcionista de su propio gobierno y al secretario en el contacto VIP de la potencia vecina.
El teléfono como golpe bajo
La presidenta aparece contestando; aqui Harfuch ni siquiera necesita salir en escena,aunque le encanta. Eso es lo demoledor. En el lenguaje visual del monero, el ausente manda más que quien sostiene el auricular.
La DEA, con su teléfono rojo, parece decir: “Con todo respeto a la investidura, venimos a hablar con el gerente que sí conoce el expediente”. Y la presidencia queda convertida en sala de espera institucional: atiende, toma nota y, si es tan amable, transfiere la llamada.
Según Greene, el subordinado hábil debe permitir que el superior reciba el crédito, conserve la centralidad y parezca más capaz de lo que es. Aquí ocurre la inversión completa: el elogio externo hace que el secretario parezca el puente imprescindible con Washington, mientras la mandataria queda en modo “¿le marco a su extensión?”.
El error de ser el favorito
El “favorito” es una categoría peligrosa: parece premio, pero a menudo es una sentencia con moño. El poder puede tolerar que alguien sea útil; lo que rara vez tolera con alegría es que se vuelva más necesario, más aplaudido o más consultado que quien firma los decretos.
Greene advierte que incluso sin intención se puede eclipsar al superior: basta con exhibir demasiada competencia, carisma o atención ajena. Y también advierte que el afecto o los privilegios no vuelven invulnerable a nadie; la posición del favorito dura mientras el superior se sienta seguro de seguir por encima.
En versión nacional: no basta con atrapar capos, viajar a cumbres y recibir elogios de agencias extranjeras. Hay que cuidar que la foto, el aplauso y —sobre todo— la llamada sigan pareciendo parte del libreto presidencial. Porque si el público empieza a preguntar quién manda realmente, el favorito deja de ser activo político y se vuelve un problema de decoración: demasiado grande para caber debajo del retrato oficial.
La ironía final
El cartón no demuestra que Harfuch esté desobedeciendo ni que Sheinbaum haya perdido el mando. Su sátira señala una apariencia de jerarquía invertida: la DEA busca al secretario y la presidenta atiende el conmutador.
Y ahí está la trampa de la Ley 1: en política no basta con tener poder; hay que administrar la percepción de quién lo posee. Quien recibe las llamadas importantes puede terminar pareciendo dueño de la línea. Y cuando eso ocurre, el “favorito” empieza a competir con la jefa sin siquiera haberse postulado.
La justicia tamaulipeca —la de procuración, bajo la responsabilidad de Jesús Eduardo Govea, exinterno de un penal de alta seguridad; y la de administración, en manos de Tania Contreras, cuya trayectoria también ha caminado de lado del crimen y a las pruebas me remito—, bajo el gobierno de Américo Villarreal, señalado por convertir a los indíos del crimen organizado en sus compadres, volvió a demostrar que corre con admirable velocidad… siempre y cuando alguien la empuje desde las redes sociales.
Aqui justicia tamaulipeca no llega tarde por accidente: parece haber sido diseñada para cojear entre expedientes, excusas y silencios. Acelera cuando las redes la exhiben, se detiene cuando debe proteger a las víctimas y, cuando por fin voltea, casi siempre es demasiado tarde.
Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, acusado del delito de violación contra su hija Dafne Zapata Quintos cuando tenía seis años, fue separado de su función como director de una primaria en El Mante, luego de que el caso se reactivara y se viralizara en redes sociales.
Ya han pasado años. Para ser precisos, desde agosto de 2019, una menor de 6 años creció bajo el peso de una denuncia gravísima, mientras el expediente avanzaba a ese ritmo burocrático que convierte la urgencia en trámite.
Pero hizo falta que el caso se reactivara públicamente para que, de pronto, se descubriera lo evidente: un hombre vinculado a proceso por violación equiparada no debía estar al frente de una escuela primaria.
La discusión institucional no parece haber sido cómo garantizar protección absoluta a niñas y niños, sino si podía continuar, con discreción administrativa, dentro de la estructura educativa.
La respuesta oficial llegó tarde y con el entusiasmo de quien llena un formato y mientras “las autoridades competentes” determinan qué sigue.
Qué alivio. El sistema ya reaccionó: no lo despidió, no transparentó con claridad su estatus laboral, no explicó por qué una persona procesada por un delito sexual contra una menor seguía vinculada a la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Lo separó. Una fórmula elegante para decir que el problema fue apartado de la vista, no necesariamente resuelto.
El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdéz, dice que espera la indicación para un eventual cese definitivo. Es decir: la SET parece descubrir apenas ahora que dirigir una escuela no es un premio a la resistencia burocrática ni un derecho adquirido por encima de la seguridad de cien estudiantes. Según el Sistema Integral de Información Educativa, ese plantel atiende a unos 100 alumnos. Cien familias confiando en una institución que, por lo visto, necesita que una tragedia se viralice para revisar a quién mantiene en sus aulas.
Y ahí está el saldo imposible de maquillar: Dafne Zapata murió el 16 de julio, cuatro días después de ingresar a una academia militarizada en Ciudad Madero. Fue hasta ahora que el secretario de Educación federal, Mario Delgado, afirmó que este tipo de preparatorias militarizadas son ilegales. Otra vez: qué cómodo.
La muerte de Dafne abrió de nuevo un expediente que llevaba demasiado tiempo sin una respuesta definitiva. Mientras tanto, su padre —acusado formalmente, procesado y sujeto a prisión preventiva durante dos años— habría seguido con una relación laboral dentro del sistema educativo.
No se trata de anticipar una sentencia ni de reemplazar a un juez con indignación pública. La presunción de inocencia es un principio irrenunciable. Pero tampoco puede utilizarse como coartada para la parálisis administrativa cuando hay una acusación tan grave, una víctima menor de edad y una responsabilidad estatal reforzada de proteger a la infancia.
Lo que falló y sigue fallando
La lentitud judicial: un proceso iniciado en 2019 sigue sin una definición pública y concluyente años después, pese a la gravedad de la acusación.
La omisión institucional: la Secretaría de Educación no ha aclarado por qué Zapata Enríquez permanecía dentro de su estructura laboral ni cuál era exactamente su condición después de haber sido vinculado a proceso.
La falta de prevención: separar a un directivo después de la viralización no acredita que existiera un mecanismo oportuno para evitar riesgos en espacios escolares.
La opacidad: las autoridades hablan de “seguir el curso legal”, pero no dan información suficiente sobre las decisiones administrativas tomadas desde 2019.
La reacción por presión pública: el Estado no debería necesitar una campaña digital, una tragedia o una indignación nacional para activar protocolos básicos de protección infantil.
La justicia, en Tamaulipas, parece tener un método peculiar: primero deja que los años hagan su trabajo, luego espera que las redes sociales se indignen y finalmente anuncia que el caso “sigue su curso”. Un curso largo, sinuoso y cuidadosamente lento; tan lento que, cuando intenta alcanzar al presunto responsable, la víctima ya no está para ver si alguna vez llega.
Peor aún: tiene prioridades; defender de la sospecha y la evidencia,al crimen organizado.
Mientras el “Señor de los Buques” ,se dice,cambio los muelles por el flamenco español, su hermano Rigoberto Brown Cantú decidió entregarse en Texas para enfrentar cargos federales por lavado de dinero y delitos relacionados con la Ley Hobbs. Salió de prisión con una fianza de un millón de dólares: en pesos mexicanos, una cantidad que no cabe en la bolsa ni de un saco, ni de un gobierno con vocación por el “no pasa nada”.
Rigoberto Brown Cantú, hermano de Roberto Brown Cantú —conocido en el folclor del huachicol fiscal como “El Señor de los Buques”—, se entregó a autoridades federales. No llegó en lancha ni en buque tanque: llegó para responder por acusaciones de lavado de dinero y otros delitos.
La escena ocurrió el pasado 10 de agosto; un día después compareció ante un juez federal del Distrito Sur de Texas. Tras pasar por la cárcel, recuperó la libertad mediante una fianza de un millón de dólares. Sí: un millón. Al tipo de cambio de alrededor de 18.5 pesos por dólar, hablamos de unos 18.5 millones de pesos.
Para ponerle peso bruto al asunto: si esa fianza se pagara en billetes de 20 dólares, serían 50 mil billetes. Cada billete estadounidense pesa aproximadamente un gramo, así que la libertad provisional de Rigoberto pesaría unos 50 kilos: el equivalente a cargar un costal de cemento… pero con la ventaja de que éste abre puertas de prisión.
Mientras tanto, su hermano Roberto sigue prófugo de la justicia mexicana por el presunto esquema de huachicol fiscal:importación de combustible sin cubrir los impuestos correspondientes. El expediente creció tras el decomiso, en marzo de 2025, de una embarcación con 10 millones de litros de diésel irregular en el puerto de Altamira.
Los Brown, originarios de Matamoros y con nacionalidad estadounidense, aparecen vinculados a investigaciones que no describen una operación menor ni un negocio de gasolina de garrafón.
La acusación contra Rigoberto se remonta a noviembre de 2022, cuando se formularon seis cargos penales relacionados con lavado de dinero y con presuntas prácticas que afectaban el comercio interestatal o internacional, bajo la Ley Hobbs.
La ironía queda servida: uno enfrenta el proceso con una montaña de billetes suficiente para pesar 50 kilos; el otro, según el reporte citado, habría cambiado la incertidumbre judicial por el paisaje español. En México, donde un buque con millones de litros de diésel irregular puede destapar una trama monumental, la justicia sigue intentando averiguar si persigue barcos, dinero o sombras que ya tomaron vuelo.
La FGR finalmente movió una ficha del tablero: detuvo a Fausto Corrales, personaje clave en la historia del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y señalado también por el presunto encubrimiento del asesinato de Héctor Cuén. El detalle incómodo es el calendario: los hechos ocurrieron el 25 de julio de 2024 y la autoridad apenas parece haber encontrado el camino hacia una captura.
La FGR parece trabajar con un método infalible: dejar que pase el tiempo, que se enfríe el expediente y, cuando el escándalo ya acumuló polvo suficiente, anunciar una detención como si acabara de descubrir América.
Ayer miércoles fue arrestado Fausto Corrales en Ciudad de México. No se trata de un personaje periférico: era quien manejaba la camioneta que llevó a Héctor Cuén al encuentro donde también estaban Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, el 25 de julio de 2024. Es decir, una pieza central de una trama que mezcla secuestro, asesinato, poder universitario y crimen organizado.
La FGR lo acusa de presunta participación en el secuestro de Zambada, encubrimiento del homicidio de Cuén y falso testimonio. Pero la pregunta no es sólo qué hizo Corrales, sino qué hizo —o dejó de hacer— la Fiscalía durante más de dos años mientras uno de los testigos más relevantes del caso seguía fuera de prisión.
En México, la justicia no siempre llega tarde: a veces se toma su tiempo, da varias vueltas, pide permiso, revisa el retrovisor y aparece cuando ya nadie espera que lo haga.
La detención de Corrales puede ser un avance, sí, pero también exhibe la parsimonia de una Fiscalía que reacciona cuando el caso ya se convirtió en símbolo de impunidad y no cuando las pruebas y los protagonistas estaban a la vista.
El hambre de Rocha Moya y su familia narrado por el muerto antes de morir:
Con información : DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/BEATRIZ GUILLEN/MARCOS VIZCARRA/
Doce detenidos, carreteras bloqueadas, vehículos incendiados y un despliegue de fuerzas federales para confirmar que el objetivo principal volvió a escurrirse. El “éxito” oficial en Michoacán tiene esa incómoda forma: Tío Lako no murió, no fue detenido y, otra vez, salió del operativo sin esposas.
El objetivo se les volvió a pelar
El comunicado presume precisión; la realidad exhibe otra cosa. Fuerzas Especiales, Guardia Nacional, Marina, FGR, inteligencia militar, helicópteros y todo el aparato de seguridad del Estado fueron movilizados en Tanhuato y Ecuandureo para ir por Heraclio Guerrero Martínez, alias Tío Lako, jefe regional del CJNG. El resultado central: Tío Lako no cayó.
En cambio, quedaron doce detenidos —incluidas mujeres identificadas como su hija y su pareja—, dos inmuebles asegurados, 64 vehículos, armas largas, una ametralladora calibre .50, explosivos, droga, motocicletas, un dron y equipo táctico. Un inventario voluminoso, sí. Pero no equivale a capturar al hombre que motivó el operativo.
La propia narrativa oficial lo señala como responsable de ordenar las agresiones contra 25 elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero, después de la operación en la que fue abatido El Mencho.
Sin embargo, al presunto responsable directo no lo presentaron ante un juez: presentaron a su entorno, mientras el jefe regional permanece fuera del alcance de la fuerza pública. El balance es difícil de maquillar: se decomisó mucho fierro, pero no se detuvo al fiero.
Y el costo del “golpe” tampoco cabe en una fotografía de armas aseguradas. Michoacán amaneció con bloqueos carreteros, vehículos incendiados y comunidades atrapadas en la parálisis que sigue a cada operación fallida o incompleta.
La autoridad podrá contar 12 detenidos y decenas de vehículos confiscados; la población cuenta horas sin tránsito, miedo, negocios detenidos y 24 rutas convertidas en narcobloqueos.
El periodista Pablo Ferri del diario español,EL PAIS, lo resumió desde sus redes con precisión: “Ni muerto, ni detenido”. Y no sería la primera vez que Tío Lako logra escapar.
La diferencia es que esta vez el Estado tiene cómo vender el saldo material del operativo como victoria, aunque la pregunta esencial siga intacta: si el objetivo era detener al jefe regional del CJNG, ¿cómo puede llamarse éxito una operación de tal tamaño cuando él sigue libre? Las autoridades confirmaron inicialmente nueve arrestos que terminaron en 12 vinculados a su célula, pero también confirmaron, por omisión decisiva, que el objetivo prioritario no estaba entre ellos.
No fue una captura del capo. Fue una operación costosa, ruidosa y con daños colaterales visibles que produjo detenciones periféricas, decomisos y una nueva demostración de capacidad criminal para alterar la vida pública. El balance político puede redactarse como triunfo; el balance operativo, por ahora, dice otra cosa: Tío Lako se les volvió a pelar.
