«PRUEBAME que TIENES PRUEBAS ?: NARCOMORENOS se FUERON a CANTAR CORRIDOS a EE.UU y le TUMBARON a SHEINBAUM ARGUMENTO LEGALOIDE»…no confiaron en su protección, menos en su justicia.

El discurso legaloide de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el que lleva más de dos semanas negándose a cumplir la petición de extradición del gobierno de Estados Unidos contra 10 políticos de Sinaloa porque según ella “no hay pruebas” sobre la culpabilidad de los funcionarios morenistas, se derrumbó este viernes por completo. Dos de los sinaloenses acusados de asociación con el narcotráfico por el Departamento de Justicia se entregaron al gobierno estadounidense tras ser detenidos, uno en Arizona y otro en Europa.

Fue la administración de Donald Trump la que anunció ayer la entrega-detención del general Gerardo Mérida Sánchez, quien cruzó la frontera con Estados Unidos por la garita de Nogales desde el pasado 11 de mayo y se entregó voluntariamente a las autoridades de aquel país para responder a las acusaciones de vínculos con “Los Chapitos”, por lo que de inmediato fue detenido y enviado al Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, donde este viernes se realizaría su primera audiencia en el juicio por los delitos que le imputa la Corte federal del sur de Nueva York.

El general en retiro del Ejército mexicano, quien fungió como titular de la seguridad estatal con el gobernador Rubén Rocha Moya, es una pieza clave en el entramado de corrupción y protección a la facción de los hijos de Joaquín Guzmán Loera del Cártel de Sinaloa. Su actuación servía para proteger a Ovidio, Ivan Archivaldo y Jeús Alfredo de los operativos y redadas federales del Ejército o la Guardia Nacional. Según la petición de extradición hecha en su contra, Mérida Sánchez recibía 100 mil dólares mensuales para dar aviso de cualquier movimiento u operativo federal en contra de Los Chapitos, a los que llegó a alertar hasta de 10 operativos militares en un año, además de controlar a la Policía Estatal y nombrar directores de seguridad afines a ese grupo del cártel sinaloense.

El segundo en entregarse fue el exsecretario de Finanzas y Administración de Rocha Moya, Enrique Díaz Vega, quien según el portal La Silla Rota había sido detenido en Europa este viernes y también se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses que lo acusan de “conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos”. 

Díaz Vega es considerado un “amigo cercano” del gobernador Rocha y conoce bien los manejos financieros de su gobierno. Durante los tres últimos años que estuvo en el gobierno del morenista su patrimonio creció significativamente y se le documentaron hasta 10 nuevas propiedades en ese lapso y un crecimiento patrimonial en bienes inmuebles de hasta 18 millones de pesos.

La entrega de estos dos funcionarios sinaloenses rompe completamente con el discurso y los argumentos del gobierno mexicano, tanto de la presidenta Sheinbaum como de la Fiscalía General de la República y hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el sentido de que no había pruebas contundentes de las acusaciones que les hace el gobierno de Estados Unidos a ellos y a otros ocho acusados por vinculación con Los Chapitos.

El que los dos exsecretarios de Rocha Moya hayan preferido entregarse a continuar bajo la protección del gobierno de México confirma, primero, que ellos saben que sí hay pruebas e información que los involucra en los delitos mencionados y que no confiaron en la defensa que pretendía hacer de ellos la administración de la presidenta Sheinbaum. Porque al decidir entregarse a la justicia estadounidense, es claro que ambos buscarán algún tipo de beneficio o acuerdo para entregar información de sus superiores, a cambio de obtener algún trato con el Departamento de Justicia.

Y el jefe de ambos era el gobernador Rocha Moya a quien los testimonios del general Mérida y del administrador y financiero de su gobierno Enrique Díaz, terminarán por hundirlo en las imputaciones que le hace el gobierno norteamericano. Es muy probable que tanto el exsecretario de seguridad como el de finanzas desconfiaran del gobierno de Sheinbaum porque intuían que en algún momento, por la presión de Washington, la doctora iba a tener que entregar a algunos de los acusados y lo más probable es que fueran ellos dos, pues el interés político del gobierno es más bien proteger a Rocha Moya.

A diferencia de la presidenta, ninguno de estos dos acusados cuestionó la existencia de pruebas en la acusación estadounidense y con su decisión de entregarse, no sólo ponen en entredicho el discurso y la estrategia de Sheinbaum frente a estas acusaciones, sino que además confirman que confían más en la justicia de Estados Unidos que en la propia justicia de México, algo que también acaba de ocurrir hace unas semanas con el contralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, quien prefirió entregarse al gobierno de Argentina y casi seguramente al de Estados Unidos en fecha próxima, antes que ser juzgado en su propio país.

La pregunta ahora es qué va a decir la presidenta después de estas entregas y cuánta información más podría obtener el gobierno de Trump a partir de lo que declaren y ofrezcan informar el general Mérida y el exsecretario de Finanzas de Sinaloa. Difícilmente podrá justificar la retención de los otros ocho acusados y la negativa de entregarlos en extradición. Ayer la propia doctora informó que sostuvo otra llamada telefónica con el presidente Trump, la número 18, y es muy probable que el tema abordado en este diálogo haya sido justo el tema de los extraditables sinaloenses.

¿Cuánto tiempo más aguantará la presidenta sin entregar a Rocha Moya, al senador Inzunza y a los otros seis funcionarios solicitados en extradición? Porque si ella no se decide a entregarlos por motivos políticos y de protección a su partido y a su mentor López Obrador, el peligro, como ya se había advertido, es que los propios acusados decidan aceptar la colaboración con Estados Unidos y también se entreguen en busca de beneficios y a cambio de dar más información sobre la narcopolítica morenista. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué espera Sheinbaum para sentarse cara a cara con Trump y negociar lo que tenga que negociar para salvar al país de la intervención abierta de Estados Unidos?

Fuente.-SALVADOR GARCIA SOTO/ELUNIVERSAL+/

«GOLPE ?…a la INTELIGENCIA del LECTOR: LA FGR y MILITARES GLORIFICAN FRACASO contra el CDG en REYNOSA con REVENTON de TALLER de BLINDADOS SIN DETENIDOS»…puro fierro y ninguna estructura de fieros.

Ningún detenido. Ese es el dato incómodo que todos los comunicados y titulares intentan sepultar bajo la alfombra de los “15 vehículos blindados asegurados” y la épica del “golpe en Reynosa”.=

El cateo perfecto… para que nadie esté

Según el propio comunicado, la FGR llega con orden de cateo a una bodega en la colonia Campestre de Reynosa, derivado de un Informe Policial Homologado donde ya se sabía que ahí se resguardaban vehículos blindados. Entra todo el Gabinete de Seguridad: SEDENA, Guardia Nacional, SSPC, Guardia Estatal, Policía Federal Ministerial y peritos de la AIC, como si fueran a capturar a medio cártel. Y con todo ese despliegue, con la fiesta montada y la dirección exacta… no hay una sola persona detenida, una sola.

Es decir: sabían qué inmueble, sabían qué había dentro, tenían juez, orden, coordinación interinstitucional y tiempo para mover media flotilla federal… pero, mágicamente, nadie estaba en el lugar donde tanto esfuerzo se invirtió para “sorprenderlos”. Golpe, sí, pero a la inteligencia del lector.

El botín inerte: fierros, no estructuras de fieros

El parte oficial presume 15 camionetas en pedazos con blindaje de agencia, un camión, cinco vehículos sin blindaje, cartuchos útiles y la bodega asegurada. 

A simple vista, el sueño húmedo de cualquier vocero: fotos que intentan verse espectaculares y notas recicladas en medios y video para redes sociales.

Pero todo el “éxito” es chatarra con esteroides: no hay jefes, no hay choferes, no hay halcones, no hay siquiera un velador borracho que dé pie a una imputación mínima. Es el operativo modelo para producir imágenes, no para desarticular estructuras; para destruir activos de hoy y dejar intactos a los operadores que mañana conseguirán otros 15 vehículos.

Del cateo a la nota: cómo glorificar un fracaso

Los titulares se alinean sin pudor: “Golpe en Reynosa”, “FGR asegura 15 vehículos blindados”, “aseguran bodega con camionetas tácticas”. La palabra que no aparece en ese bombo y platillo es justamente la que define el operativo: detenidos. No la hay, no se menciona, no se explica por qué una bodega así, localizada con anticipación, estaba vacía en el momento exacto del cateo.

La narrativa está construida para que el lector se quede con la foto panorámica de las camionetas, no con la pregunta obvia:¿quién las manejaba, quién las guardaba, quién las autorizaba, quién las perdió?. Y, sobre todo, ¿cómo es que un “golpe” tan preciso a la infraestructura no tocó ni un pelo a la cadena de mando del grupo del Cartel del Golfo que lo operaba?.

El Estado bodeguero: custodios gratuitos del crimen

Formalmente, la FGR integrará la carpeta de investigación, procesará indicios y asumirá la custodia de los bienes asegurados. En la práctica, el Estado se vuelve bodeguero: recibe vehículos, cartuchos e inmuebles del crimen, los almacena, los presenta en comunicados y presume control sin haber controlado a nadie.

Sin detenidos, el mensaje hacia el grupo criminal es claro: “te pego al inventario, no al organigrama”. El costo para la organización es económico y temporal; el costo para el Estado es político, pero maquillado con fotos de vitrinas militares para que el ciudadano crea que la violencia se combate a base de estacionamientos asegurados.

La fe en la carpeta que todo lo resuelve

El comunicado remata con el clásico estribillo: el Ministerio Público continuará con la integración de los indicios recabados en la carpeta de investigación correspondiente. Traducción en cristiano: hoy no hay responsables, mañana ya veremos si el expediente da para algo que no sea estadística administrativa.

Sin un solo detenido que vincular a proceso, esos “indicios” se parecen más a la evidencia de que alguien les avisó a tiempo que a la base de un caso sólido contra una célula específica. Lo único firme, por ahora, son las fotos y las notas que hablan de “golpe” donde lo que hubo fue una visita guiada a una bodega vacía con 15 trofeos inmóviles.

Con informacion: HoyTamaulipas/

SE «ENROÑA NOROÑA: TRADUJIMOS al NORROÑES SOLICITUD de SENADOR de VIGILAR y RESGUARDAR NARCOMORENOS IMPUTADOS para EVITAR se ENTREGUEN a EE.UU»…son una organizacion criminal y politicamente desorganizada.

“Miren, compañeras, compañeros, compañeres y demás plebe:desde que unos gringos malosos soltaron información ‘falsa’ —según yo—, el Gabinete de Seguridad, que muy digno pide pruebas y papeles membretados, debió haber puesto en corral, con correa corta y GPS en el zapato, a mis compañeros y compañeras señalados por el gobierno de Estados Unidos.”

“Y no es que yo, a toro pasado, quiera salir muy brillante, ¡porque brillante ya nací!, pero si tenemos encima la bota yanqui, la derecha con sus muñecos de ventrílocuo y los medios vendidos en modo bocina diciendo que todo nuestro movimiento es narco, ¡pues mínimo cuiden a los narco… digo, a los compañeros, carajo!”

“Como dicen los abogados de TikTok: suponiendo sin conceder que hubiera alguien por ahí metido en esas conductas, eso no nos hace narcos a todos, faltaba más. No hace narcos ni al Pueblo de México, que es la base pura y santa de nuestro movimiento, ni a nosotros, las luminarias con tareas destacadas, que jamás romperíamos un plato… a menos que sea para el rating.”

“Entonces yo pregunto, indignadísimo: ¿cómo es posible que haya pasado esto?, ¿cómo es que hasta saben la hora en que se fue, el lugar por donde cruzó, el color de calcetines y ahora falta que nos informen hasta en qué vuelo llegó el exsecretario de Finanzas a Nueva York y si volaba en clase premier como yo ?”

“¿Cómo es posible, insisto, que no le den la dimensión de la gravedad al tema? Una cosa es que yo me pare aquí muy digno a gritar ‘verdad, justicia y soberanía nacional’, y otra cosa es que ustedes, bola de despistados, actúen con esa ligereza para dejar que los señalados se les escurra por la frontera como jabón en regadera.”

“De verdad, no puede ser. ¿En qué están pensando? ¿En gobernar bien? ¡Pues dejen de hacer eso y pónganse a cuidar a la gente que nos puede embarrar! ¡Prioridades, compañeres!”

Los dichos de Norroña son moralmente torcidos

1. Noroña no se indigna porque funcionarios señalados por narcopolítica existan, sino porque el Estado no los tuvo “bajo resguardo” y “con limitaciones de movilidad” para evitar que se entregaran a Estados Unidos. Es decir, la preocupación central no es la corrupción, sino que se les vaya el testigo clave que puede hablar de la red de complicidades.
2. Al reclamar que “no se le da la dimensión de la gravedad al tema” por no vigilarlos, equipara la gravedad con la conveniencia política de controlar a los señalados, no con el impacto del posible crimen ni con el derecho de la justicia a actuar sin tutela partidista.
3. Cuando dice que, “suponiendo sin conceder” hubiera alguien metido en conductas de narco, “eso no nos hace narcos” a todo el movimiento, intenta blindar la marca política por encima de la responsabilidad individual y colectiva de haber impulsado, protegido o normalizado a esas personas en puestos clave.
4. Su discurso convierte a los funcionarios acusados en “compañeros, compañeras” que deben ser cuidados, resguardados y casi escoltados para que no colaboren con otra autoridad, en vez de ser tratados como posibles delincuentes que deben rendir cuentas allí donde haya jurisdicción y pruebas.
5. Moralmente, su lógica atropella cualquier noción de honestidad pública: el mensaje implícito es “si van a caer, que caigan aquí y bajo nuestro control, para que no salpiquen de más”, en lugar de apostar por que se conozca toda la verdad, caiga quien caiga. Eso no es defensa de la soberanía: es defensa corporativa del grupo en el poder, barnizada de “Patria” para tapar el miedo a que sus propios aliados hablen.

Con informacion: @Redes/

«DEPARTAMENTO de JUSTICIA de EE.UU ORDENA a 93 FISCALIAS TRIPLICAR ACUSACIONES a FUNCIONARIOS MEXICANOS por NARCOTERRORISTAS»: NYTIMES…Mexico no solo tiene un problema de narcotrafico,tiene problemas de narcogobierno.

Estados Unidos decidió que ya se cansó de “sugerir” y ahora quiere que sus fiscales se lancen de lleno contra la narcopolítica mexicana usando nada menos que leyes antiterroristas, según reveló The New York Times.

Qué ordenó EU (traducido al cristiano)

El vicefiscal general adjunto de Estados Unidos, Aakash Singh, instruyó a los fiscales federales a triplicar las acusaciones contra funcionarios mexicanos corruptos que usan su poder para proteger a cárteles, a los que ya califican como “terroristas y monstruos que trafican con miseria y veneno”. La idea no es sólo acusarlos por narcotráfico, sino colgarles cargos de terrorismo y “apoyo material al terrorismo”, como si hubieran decidido exportar el narcoestado en paquete premium.

Singh, según se filtró, básicamente dijo que si al gobierno mexicano le molesta, es su problema, y que si además quedan humillados en el proceso, “es la cereza del pastel” para Washington, porque la diplomacia fina ya no combina con las cifras de muertos por fentanilo.

Trump recarga: del narco al terrorismo

Este giro no salió de la nada: Donald Trump firmó una orden ejecutiva para clasificar a varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, abriendo la puerta a usar todo el arsenal legal del antiterrorismo contra narcos y sus políticos favoritos. Traducido: si eres funcionario mexicano y le haces favores a un cártel, ya no eres sólo corrupto; para EU eres parte de la misma maquinaria que mata estadounidenses con pastillas de colores.

Con esa etiqueta de “terrorismo”, la Casa Blanca puede justificar juicios más duros, sanciones financieras más agresivas y hasta operaciones extraterritoriales con el argumento de seguridad nacional, mientras en México siguen discutiendo si son suficientes las pruebas o quieren mas.

El contexto mexicano: la narcopolítica en vitrina

La nueva instrucción llega días después de que fiscales en Nueva York acusaron al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios mexicanos, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. 

A eso se suma que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, ya cayó en manos de autoridades estadounidenses tras cruzar la frontera por Arizona, como si confiara más en una corte de EU que en la justicia mexicana.

Para rematar el cuadro, las acusaciones vienen aderezadas con el antecedente de agentes de inteligencia estadounidenses muertos en territorio mexicano y una narrativa oficial mexicana llena de opacidad y cambios de versión, que hacen ver más serio un boletín de WhatsApp de barrio.

Sheinbaum, “soberanía” y la fiesta que no controla

Todo esto revienta en plena administración de Claudia Sheinbaum, que hereda una estructura política y gubernamental comprometida, mientras desde Washington le anuncian que ahora sus aliados incómodos en estados y municipios pueden terminar siendo tratados como socios del terrorismo internacional. 

La nota del NYT advierte que esta jugada de Trump va a tensar aún más la relación con el gobierno de Sheinbaum, pero en la práctica también le sirve a EU para decir: “si ustedes no limpian su casa, nosotros vamos a barrer pero con nuestras reglas”.

La burocracia mexicana responderá con comunicado indignado sobre “intervencionismo” y “respeto a la soberanía”, mientras sigue frenando investigaciones, archivando carpetas y posando para la foto con gobernadores que ahora tienen un pie en la Fiscalía gringa.

De socios comerciales a cómplices incómodos

El Departamento de Justicia instruyó a sus 93 fiscalías federales a elevar el número de casos contra funcionarios mexicanos relacionados con cárteles, lo que convierte a cualquier alcalde, diputado o gobernador “amigo del narco” en candidato a terminar en una corte de EU antes que en un juzgado mexicano. 

Para EU, el mensaje es simple: México ya no tiene sólo un problema de narcotráfico; tiene un problema de narco-gobiernoque impacta directamente la seguridad estadounidense.

Mientras tanto, la narrativa oficial mexicana seguirá afirmando que hay “plena cooperación binacional”, aunque esa “cooperación” cada vez se parezca más a que EU hace las investigaciones serias y México se entera por el periódico al día siguiente.

La cereza: humillar al gobierno mexicano

El tono del Vicefiscal Singh no es el de un aliado preocupado, sino el de un acreedor harto: “Si eso es algo desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y se ofenden porque lo hacemos, no se me ocurre nada que me importe menos”, dijo. “Si en el proceso los avergonzamos y los ponemos en evidencia, para nosotros es la cereza del pastel”.

Es el equivalente diplomático de decir: “sí, somos vecinos, pero tú ya eres el vecino que deja la basura en el pasillo y ahora la administración del edificio va a intervenir”.

En vez de negar lo obvio, el gobierno mexicano tendría que explicar cómo es que cada sexenio aparece una nueva camada de políticos “sorprendidos” por acusaciones en Estados Unidos, mientras aquí jamás pasó nada, ni un cateo, ni una carpeta, ni un citatorio decente.

Con informacion: THE NEW YORK TIMES/ Ernesto LondoñoAlan Feuer y Jack Nicas

EL «PRIMER DESERTOR de la 4T-MILITARIZADA: GENERAL se CONVIERTE en TESTIGO de EE.UU y se DECLARA DISPUESTO a NEGOCIAR su FUTURO en INGLES JURÍDICO»…deja a Sheinbaum con el mantra de las “pruebas” y Mexico en manos de Trump.

Mérida ya no es “el general de Rocha”: es el primer desertor oficial de la 4T militarizada que cruza la frontera con uniforme, expediente y memoria, directo a cantar en Manhattan para el Tío Sam,segun publica El Universal y deja a Mexico en las manos de Donald Trump,cita el diario español,El Pais.

El general que cruzó con todo y secretos

El 4 de septiembre de 2023 lo juramentaron en Culiacán como “garante de la seguridad”, con mangas largas, corbata roja y cara de pocos amigos; el 11 de mayo de 2026 ya estaba fichado en Arizona, en calidad de detenido federal de Estados Unidos.

La minuta de la Corte del Distrito de Arizona consigna que Gerardo Mérida Sánchez fue arrestado el 11 de mayo, presentado el 12 ante el juez Eric J. Markovich, con intérprete en español, abogado de oficio y estatus claro: bajo custodia, sin fianza y con orden de traslado al Distrito Sur de Nueva York.

Ahí mismo firmó la renuncia a la audiencia de traslado (waiver of removal hearing): reconoce el asunto, acepta que lo remitan a Nueva York y deja constancia de que el caso real es el del gran jurado que lo acusa junto a Rocha, Inzunza y el resto del elenco sinaloense.

El propio registro de la causa 1:23-cr-00180-KPF en Manhattan muestra que el 11 de mayo ingresa el arresto y que el 12 se anotan la comparecencia inicial y el compromiso “a otro distrito”, es decir: de Arizona al sur de Nueva York, donde lo espera la acusación de narcotráfico y armas con mínimo de 40 años de prisión.

“Los 10 de Sinaloa”: la narcopolítica ya tiene expediente

El Departamento de Justicia no se anduvo con rodeos: en abril destapó un pliego donde el gobernador Rubén Rocha Moya, su entonces secretario general de Gobierno y hoy senador Enrique Inzunza, el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega y otros funcionarios son descritos como parte de una red que habría usado al Estado de Sinaloa como servicio al cliente de los Chapitos.

La acusación habla de una “gobernanza criminal” que permitía el tráfico masivo de fentanilo, cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo electoral, protección institucional y el clásico plus: impunidad garantizada a los jefes del cártel.

En ese reparto, Mérida aparece como el secretario de Seguridad que habría cobrado sobornos mensuales de al menos 100 mil dólares de la facción de los Chapitos, a cambio de información sobre operativos, rivales y filtraciones de investigaciones, todo mientras presumía “pacificación” y regañaba a la prensa por “amarillista”.

Rocha, por su parte, carga un señalamiento todavía más venenoso: que su elección de 2021 fue apuntalada por Los Chapitos mediante robo de urnas, intimidación y amenazas a rivales políticos, lo que convierte su triunfo en algo más cercano a un acta notariada por el narco que a la voluntad popular.

Sheinbaum, el mantra de las “pruebas” y el portazo en la cara

Mientras todo esto avanzaba en cortes gringas con número de causa, firmas de fiscales y sellos de la jueza Katherine Polk Failla, en Palacio Nacional la estrategia fue digna de coaching motivacional: repetir “pruebas, pruebas” como si las acusaciones fueran un meme malicioso y no un indictment de varias decenas de páginas.

Durante dos semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum se aferró al discurso de la soberanía ofendida y exigió a Washington que “mostrara evidencias” contra Rocha e Inzunza, al tiempo que la violencia en Sinaloa seguía exhibiendo que el Estado local no controlaba ni la calle de enfrente.

La caída política de Rocha, al pedir licencia junto con el alcalde de Culiacán, se vendió como una respuesta “responsable” pero en la práctica dejó a sus leales dentro del gobierno, mientras en Morena hasta consideraban que algunos de los imputados podían competir en 2027, porque la congruencia es para los comunicados, no para las candidaturas.

El problema para Sheinbaum es que la realidad no espera boletines: el primero de “los 10 de Sinaloa” ya está en manos de la justicia estadounidense, con registro carcelario y cronología procesal, y se llama Gerardo Mérida Sánchez; el argumento de que “no hay pruebas” se derrumba cuando el testigo las lleva puestas en uniforme verde olivo.

Trump, la línea dura y el general cantor

Del otro lado de la frontera, Donald Trump lleva meses usando la narrativa de los políticos mexicanos coludidos con carteles como munición de campaña y de gobierno, exigiendo extradiciones, etiquetando a los carteles como organizaciones terroristas y vendiendo mano dura a su base electoral.

Ya había tenido una “muy productiva” llamada con Sheinbaum para hablar de seguridad, frontera y drogas, en la que ambos salieron a declarar que todo iba “cordial” y “constructivo”, mientras en paralelo se cocinaba el expediente contra Rocha y compañía en el Distrito Sur de Nueva York.

Ahora el presidente de Estados Unidos puede presumir que su estrategia funciona: no solo consiguió la acusación contra un gobernador en activo y su círculo, algo sin precedentes, sino que ya tiene sentado al exsecretario de Seguridad de ese mismo gobierno, dispuesto a negociar su futuro en inglés jurídico.

En este tablero, cada palabra que suelte Mérida —sobre órdenes de arriba, flujos de dinero, arreglos electorales y protección militar— es más valiosa para Trump que cualquier comunicado diplomático de la Cancillería mexicana, porque construye el relato perfecto de un vecino capturado por el narco y administrado por políticos débiles.

El golpe al Ejército y el costo del silencio

Que el primer detenido de la red sea un general retirado exhibe el corazón del modelo obradorista: se militarizó la seguridad, se entregaron obras, concesiones y poder político a la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora uno de esos cuadros termina diciendo “prefiero que me juzgue el gringo”.

La hoja de servicio de Mérida incluye haber sido jefe de inteligencia (Sección Segunda) de la Sedena en 2014, lo que convierte cualquier colaboración suya con fiscales estadounidenses en un misil directo al relato de que “el Ejército es el pilar moral de la transformación”.

Si declara que actuó por cuenta propia, la cúpula militar queda, al menos, como inepta; si sostiene que obedecía líneas políticas, la presidencia de López Obrador entra formalmente a escena, y con ella los años en que se juraba que “a un presidente no se le escapa algo así”.

En cualquier escenario, la Fiscalía General de la República —esa institución “autónoma” que solo reacciona cuando le gritan desde el norte— llega tarde y mal: apenas reabrió investigaciones sobre narco en elecciones de Sinaloa mientras sus protagonistas ya negocian penas, beneficios y delaciones del otro lado.

Mérida ya entregó algo más que su pasaporte: entregó la coartada de Sheinbaum y la ficción de que el Ejército podía ser árbitro neutral en un Estado infiltrado hasta la médula; lo único que falta saber es si la presidenta va a seguir repitiendo “pruebas, pruebas” o si al fin se atreverá a mirar el expediente que se armó sin ella, para juzgar a los suyos afuera, mientras adentro todo sigue oliendo a impunidad.

Con informacion: SALVADOR CAMARENA/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ELUNIVERSAL