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miércoles, 16 de septiembre de 2026

LO “NIEGO CATEGÓRICAMENTE”: PANCHO ENCENDIÓ la CÁMARA OTRA VEZ para ESCUPIRLE a AMÉRICO y NEGAR el FANTASMA de CARMONA”… gobernador de Morena confiesa liga criminal en video.


Francisco Javier García Cabeza de Vaca,ex-gobernador panista de Tamaulipas (2016-2022), volvió a encender la cámara desde la comodidad de su guarida para protagonizar otro capítulo de la larga saga tamaulipeca: el político que dice no tener nada que ocultar, aunque por ahora prefiera hacerlo desde territorio estadounidense. En su mensaje, el exgobernador negó cualquier relación personal, política, económica o de “cualquier otra naturaleza” con los hermanos Carmona, mientras repartió acusaciones contra el gobierno estatal de Américo Villarreal Anaya y el federal de Claudia Sheinbaum.

Con tono de víctima perseguida —pero también de fiscal, juez y testigo protegido de sí mismo—, Cabeza de Vaca aseguró que Morena pretende construir una “narrativa” para vincularlo con Sergio y Julio Carmona, empresarios señalados por sus nexos con Americo Villarreal, de quien recibió una lujosa camioneta suburbana Modelo High Country 2021 como cita El Norte , el huachicol fiscal y el financiamiento político. 

Según su versión parcial, no hay fotografías, bitácoras de vuelovehículos regalados, negocios ni pruebas que lo conecten con ellos(como si a Americo Villarreal y compañia).

Aunque la defensa de CDV es tan amplia que prácticamente sólo faltó negar haber compartido oxígeno con los Carmona,pero es fácilmente desmontable.

El exgobernador se lava las manos

El exmandatario sostiene que jamás recibió recursos, financiamiento ni respaldo de los hermanos Carmona. Y, como suele ocurrir en la política tamaulipeca, el argumento central no fue mostrar documentos, contratos, auditorías o rutas financieras, sino señalar que las pruebas —según él— están del otro lado.

Cabeza de Vaca apuntó directamente al gobernador Américo Villarreal, a quien calificó de “narcogobernador”, y afirmó que los Carmona y otras organizaciones criminales habrían financiado su campaña por la gubernatura. También acusó a los gobiernos estatal y federal de querer desacreditarlo mediante presiones, testimonios fabricados y declaraciones con fines políticos.

Es decir: la vieja fórmula del lodazal tamaulipeco. Cuando aparece el apellido Carmona, nadie se mancha; todos descubrieron la trama, todos fueron engañados y todos, curiosamente, tienen un enemigo político convenientemente responsable.

La publicación de nuevo video en el contexto de las acusaciones de Gloria Molina Gamboa, exsecretaria de Salud en el gobierno cabecista, quien ha señalado presuntas presiones e instrucciones relacionadas con contratos otorgados a empresas vinculadas con Sergio Carmona. 

Las empresas PERMART y JOSER,también vinculadas a Hector Joel Villegas,alias El Calabazo, actual Secretario de Gobierno de Americo Villarreal ,según reportaje de Televisa NMAS+, habrían recibido beneficios por alrededor de 344 millones de pesos en 2017 y 2018. Son señalamientos públicos que requieren investigación documental y resolución de las autoridades competentes; no equivalen, por sí solos, a una sentencia. 

Gloria Molina, la pieza incómoda

En el video, Cabeza de Vaca dice entender las “presiones” a las que habría sido sometida Gloria Molina y asegura que ese material fue grabado bajo coacción. No ofrece evidencia verificable de esa presunta presión, pero sí le atribuye a Américo Villarreal la conducción de una estrategia para utilizar el caso en su contra.

También reivindica haber destituido, en agosto de 2019, al entonces subsecretario de Salud Horacio García Rojas, después de conocer una relación directa entre éste y los hermanos Carmona. La intención es clara: presentarse no como parte de una red, sino como el funcionario que la detectó y actuó contra ella.

El problema de esa narrativa es elemental: haber destituido a un subordinado no cancela, por decreto videográfico, las preguntas sobre contratos, autorizaciones, controles internos, responsabilidades administrativas y la posible cadena de mando. Menos aún cuando la acusación pública gira precisamente alrededor de instrucciones para favorecer empresas asociadas al grupo Carmona.

En otras palabras: “yo lo corrí” puede ser una línea de defensa, pero no es un expediente judicial ni una auditoría forense.

La guerra de videos

Cabeza de Vaca usa el mismo libreto que critica: responde a un video con otro video, refuta una acusación con una acusación y promete que “la verdad” terminará imponiéndose. El detalle menor —casi burocrático— es que esa verdad sigue sin llegar acompañada de contratos completos, expedientes judiciales, dictámenes, estados de cuenta, investigaciones ministeriales o sentencias.

En su mensaje, el exgobernador afirma que agencias de Estados Unidos observan e investigan a quienes habrían presionado a Gloria Molina, y anticipa que “muy pronto” rendirán cuentas ante la “verdadera justicia”. Es una afirmación grave que, hasta ahora, el propio mensaje no acompaña con número de caso, autoridad investigadora, documento judicial o evidencia pública que permita corroborarla.

El recado, sin embargo, cumple su función política: Cabeza de Vaca no sólo se deslinda, sino que busca devolver el golpe. Si él es acusado por presuntos vínculos con los Carmona, entonces Américo Villarreal —y por extensión Morena— también debe explicar los propios señalamientos sobre cercanía política, financiamiento electoral y operadores ligados a Sergio Carmona.

En Valor Tamaulipeco hemos planteado justamente que Carmona funciona como el incómodo denominador común de la disputa entre los grupos políticos del PAN y Morena en Tamaulipas: uno acusa al otro de estar hasta el cuello, mientras los documentos, contratos, flujos de dinero y responsabilidades siguen siendo la parte menos televisada de la historia. 

Mucho discurso, pocos papeles

El video de Cabeza de Vaca es contundente en la retórica: dice que no se doblará, no se venderá y no permitirá que una mentira se convierta en verdad. Pero una defensa sólida no se construye sólo con adjetivos, insultos y promesas de litigio desde la comodidad del extranjero.

En Tamaulipas ya hay demasiados videos de absolución instantánea: unos se graban desde Palacio, otros desde la oposición y otros desde Estados Unidos. Lo que falta no es otro monólogo con música de persecución política, sino expedientes abiertos, contratos transparentados, rutas financieras verificables y responsables sentados ante un juez.

Cabeza de Vaca exige pruebas para acusarlo. Bien. El estándar debe aplicar parejo: para él, para Américo Villarreal, para los funcionarios de Salud, para los operadores políticos y para cualquiera que haya convertido el huachicol, los contratos públicos o las campañas electorales en negocio.

Un recado para los dos

Que no se hayan exhibido públicamente muchas pruebas no equivale a que esos elementos no existan, ni mucho menos extingue la obligación de investigarlos. En derecho, la ausencia de una prueba incorporada a la conversación mediática no constituye prueba de la inexistencia del hecho; apenas revela que esa prueba no ha sido presentada, localizada, desahogada o valorada en el expediente que corresponde.

Dicho sin el rodeo solemne que tanto gusta en los videítos de inocencia de Americo y CDV: la falta de pruebas exhibidas no prueba que no haya pruebas. Y repetir “no hay evidencia” no convierte la frase en una resolución judicial, menos cuando se pronuncia desde una cámara y no frente a un tribunal.

Quien asegura no tener nada que ocultar no debería limitarse a desafiar a que le prueben algo; debería facilitar que se le investigue y entregarse. La presunción de inocencia es un derecho irrenunciable, sí; pero no es un salvoconducto para decretarse inocente mediante transmisión remota.

En suma: no basta con decir que no hay fotos. A veces las redes no se revelan en una selfie, sino en una factura, una llamada, una adjudicación, una cuenta bancaria o el oportuno olvido de quien debía vigilar.

La política tamaulipeca no necesita más videítos de inocencia prefabricada. Necesita que alguien apague la cámara, abra los archivos y siga el dinero.

Con información: @FGCabezadeVaca/

UN “CAPO MADE in CALIFORNIA: ACTA de NACIMIENTO del GRINGO de 25 MILLONES de DOLARES que COMANDA al C.J.N.G. OCULTÓ el NOMBRE del PADRE»…y cumplió 42 primaveras el pasado sábado.


En las casillas reservadas para los datos del padre aparece la abreviatura “N/A”, de No aplica. Con ese pequeño gesto burocrático —una sigla, dos letras y un vacío— quedó borrado del documento el nombre de Armando Valencia Cornelio, uno de los fundadores del Cartel del Milenio. El recién nacido inscrito en aquella acta de nacimiento emitida por el Gobierno de California era Juan Carlos Valencia González, también conocido como R3. 

Cuatro décadas más tarde se convertiría en el primer jefe de una organización mexicana dedicada al tráfico de drogas —el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— nacido en territorio estadounidense.

La michoacana Rosalinda González Valencia, de 21 años entonces, registró a su primer hijo como madre soltera. Así consta en una copia del acta de nacimiento del capo obtenida por el diario español EL PAÍS: Juan Carlos Gonzalez, sin tilde, como si al registro civil californiano también se le hubiera extraviado un acento. Con los años, ese nombre se sumaría al catálogo de alias que le atribuyen las autoridades: R3, El Pelón, El JP, 03, Tricky Tres y Pelacas.

El registro civil de California, además, dejó su propia huella en la identidad de Rosalinda. “Valencia” fue asentado como segundo nombre y “González” como apellido paterno, un enredo burocrático que dificultaría rastrearla en los archivos. Ella dejó el registro tal como había quedado: un apellido desplazado, otro reacomodado y una identidad administrativamente torcida.

Nacer entre casillas vacías

El primogénito de Rosalinda e hijastro de El Mencho nació a las 00:15 horas del miércoles 12 de septiembre de 1984 en el Mercy General Hospital, un centro médico privado de Santa Ana, un suburbio situado a unos 50 kilómetros al sur de Los Ángeles. Ese año nacieron allí 1.215 bebés.

El hospital, ubicado en la calle Bristol y hoy rebautizado como South Coast Global Medical Center, atendía tanto a pacientes que podían pagar sus cuentas como a familias de bajos ingresos dependientes de programas de asistencia pública. El condado de Orange atravesaba entonces una etapa de maternidades saturadas por el aumento de la natalidad, un fenómeno que atribuían a la llegada de mexicanos y otros inmigrantes latinoamericanos. Aquella migración modificaría la demografía de Santa Ana. En Sacramento gobernaba el republicano George Deukmejian; en Washington, Ronald Reagan ocupaba la Casa Blanca.

La infancia que se pierde

El acta de nacimiento de Juan Carlos González Valencia sería el último registro público suyo localizado en los archivos del condado de Orange. Después, el rastro se diluye.

A partir de 1986, Rosalinda dio a luz en San Francisco, al norte de California, a los tres hijos que tuvo con Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador del CJNG. Es posible que R3 haya pasado sus primeros años con su madre, su padrastro y sus hermanastros en el área de la Bahía. Pero, de esa etapa, queda poco más que silencio documental.

Mientras El Mencho comenzaba su carrera criminal como vendedor de heroína en San Francisco y cumplía dos condenas de prisión por ese delito —tras ser detenido en 1986 y 1989, antes de ser deportado—, Rosalinda sobrevivía con los trabajos disponibles. “Mis trabajos fueron en el campo, en empacadoras, limpiando casas, cuidando niños y en restaurantes. Todo con el fin de salir adelante”, escribió en una carta enviada a un tribunal de Washington, D.C. En ese documento relató que emigró a Estados Unidos a los 14 años.

Décadas después, cuando El Mencho ya reinaba sobre una de las estructuras criminales más poderosas de México, la familia y sus cómplices habían levantado una extensa red empresarial: hoteles, restaurantes, tequileras, gasolineras y hasta un negocio de zapatos infantiles. La DEA calculaba que la fortuna del capo superaba los 1.000 millones de dólares y lo colocaba entre los delincuentes más ricos del mundo.

La ruta de una hermanastra

La trayectoria académica de Jessica Johanna Oseguera González, hermanastra de R3 e hija de El Mencho, ofrece algunas pistas sobre los lugares por los que pudo transitar el futuro jefe criminal durante parte de su adolescencia.

Según diplomas académicos incorporados a su expediente judicial, Jessica concluyó la primaria en el verano de 1998 en la escuela Amalia Solórzano de Cárdenas, en Apatzingán, Michoacán. Juan Carlos González Valencia tenía entonces 13 años. En 1999 fue inscrita en la secundaria Castle Park, en Chula Vista, California. Para 2000 estudiaba en la secundaria Colegio Inglés de Tijuana, México, donde terminó ese nivel educativo y siguió a la preparatoria.

En 2001 regresó al sureste mexicano: fue inscrita en la preparatoria Instituto Ausubel, en Morelia, Michoacán, donde cursó hasta el cuarto semestre. Para el ciclo escolar de 2004 estudiaba en la preparatoria Jefferson, también en Morelia. El recorrido de la hermanastra no prueba por sí mismo dónde estuvo R3, pero sí dibuja el mapa familiar entre California, Baja California y Michoacán.

Un capo “Made in California”

Después de su acta de nacimiento, el siguiente rastro documental público de Juan Carlos González Valencia en el sur de California aparece hasta marzo de 2011. Tenía 26 años cuando compró, por 250.000 dólares, un rancho de 19.468 metros cuadrados en Hemet, una propiedad cuyo valor actual asciende a 695.000 dólares.

En el registro del condado de Riverside revisado por EL PAÍS, el nombre aparece exactamente como en su acta de nacimiento: únicamente con el apellido materno. El vacío paterno del registro original, por tanto, siguió proyectándose décadas después sobre los documentos de propiedad.

A finales de julio, el Gobierno de Trump inició el proceso para decomisar la finca, dentro de las sanciones que meses antes le había impuesto la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Pero el Departamento de Justicia busca más que ese rancho: la acusación presentada ante una corte del Distrito de Columbia le imputa un cargo de conspiración para producir y distribuir cocaína y metanfetamina, así como otro por uso de armas de fuego. El Gobierno estadounidense también advierte que intentará decomisar todos los bienes que R3 haya adquirido con ganancias provenientes del tráfico de drogas.

Al nuevo patrón del CJNG le sobran familiares en el sur de California. Tiene tíos, primos y sobrinos que viven o han vivido en Santa Ana, Anaheim, Orange, Garden Grove, Lake Forest, Laguna Niguel, San Jacinto, Hemet y Riverside. Algunos llevan años bajo la lupa de la DEA.

R3 dejó prácticamente abandonada su finca de Hemet, bajo el cuidado de su tío materno José María González Valencia, para dedicarse de lleno al crimen organizado en México. Primero encabezó un comando de sicarios llamado Grupo Élite. Desde febrero pasado tomó el control del CJNG, tras la muerte de su padrastro, El Mencho, durante un operativo militar en Tapalpa.

“Él es el que más resalta de los líderes regionales del Cartel Jalisco”, declaró el secretario de Seguridad Pública de México, Omar García Harfuch, en una conferencia del pasado 4 de septiembre.

Sobre este delincuente Made in California, hoy al frente del CJNG, pesa una recompensa de 25 millones de dólares: una de las más altas ofrecidas por un narcotraficante de cualquier nacionalidad. Para la DEA, R3 es actualmente su principal objetivo de captura.

Con información: ISAIAS ALVARADO/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/

martes, 15 de septiembre de 2026

«¿VAN a CITAR a la DOCTORA?: EMPRESARIO ACUSA de EXTORSIÓN AGRAVADA a ESPOSA de AMÉRICO, su HIJO “AMERIQUITO” y al ESPOSO de TANIA CONTRERAS… además de intimidación, amenazas y uso ilícito de atribuciones.»


La denuncia presenta una secuencia de reuniones, mensajes y advertencias que, de acuerdo con el empresario Israel Alejandro Valdéz Sánchez, buscaban que desistiera de un juicio administrativo y renunciara a una indemnización reconocida en sentencia. El escrito atribuye esas actuaciones a cuatro personas y pide investigar posibles extorsión agravada, intimidación, amenazas y uso ilícito de atribuciones; son hechos denunciados, no responsabilidades judicialmente acreditadas. 

Narración de la denuncia

Israel Alejandro Valdéz Sánchez, propietario y representante legal de Grupo Empresarial Dalka, S.A. de C.V., llevó su denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas el 7 de septiembre de 2026. 

El escrito parte de un conflicto administrativo: su empresa celebró con la Secretaría de Administración estatal el contrato SEBIEN/CONT/CGJ/001/2023, cuya rescisión, emitida el 25 de abril de 2023, fue impugnada mediante el juicio de nulidad 047/2023/I-A.

La Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas dictó sentencia definitiva el 27 de enero de 2025. Según la denuncia, la resolución declaró procedente el juicio, tuvo por acreditada la acción de la empresa, anuló la rescisión del contrato y reconoció el derecho subjetivo de la parte actora a ser indemnizada por daños y perjuicios. Esa sentencia, sostiene Valdéz Sánchez, fue el punto de partida de una cadena posterior de acercamientos que él interpreta como presión para abandonar su reclamación patrimonial. 

El primer episodio que narra ocurrió alrededor de las 16:00 horas del 27 de marzo de 2025, en el consultorio dental del denunciante, ubicado en la calle Olivia Ramírez número 1443, en la colonia Las Palmas de Ciudad Victoria. Su asistente, Laura Molina Charles, le informó que una persona lo esperaba en la recepción. Al terminar de atender a un paciente, Valdéz Sánchez se acercó a la visitante.

En el diálogo que reproduce, la mujer le preguntó si él era “Grupo Dalka”; él se identificó como doctor Alejandro Valdéz y dueño de la empresa. Ella se presentó como la doctora María de la Luz Santiago de Villarreal y le dijo que había perdido una demanda contra él, “la demanda de las despensas”, para luego preguntar cómo la iban a arreglar.

El denunciante relata que llevó a Santiago Diez de Bonilla a su oficina, en la planta alta del inmueble. Allí, según el escrito, ella le habló de que eran vecinos, le pidió su versión del litigio y preguntó por qué estaba involucrado su hijo, Américo Villarreal Santiago. 

Después, Valdéz Sánchez afirma que la visitante le formuló esta propuesta: “Yo ando de metiche, a mí nadie me mandó, pero yo te ofrezco contratos en el DIF para que tú retires la demanda. Te arreglas conmigo directo, con nadie más vas a arreglar, porque nunca me buscaste a mí”.

El empresario asegura que rechazó el planteamiento. Dice que Santiago Diez de Bonilla insistió: “Piénsalo, Alejandro, te ofrezco los contratos, dime cómo nos arreglamos”, le entregó un número celular y se despidió anunciando que formularía una oferta y que esperara su llamada. La denuncia subraya que el encuentro habría durado aproximadamente dos horas y que la visita quedó registrada por el sistema de videograbación del inmueble; el denunciante ofrece una impresión y dice que entregaría los videos a la carpeta de investigación. 

El ofrecimiento en el DIF

Meses después, el 18 de noviembre de 2025, el denunciante recibió una llamada desde las oficinas del Sistema DIF Tamaulipas. Le informaron que María de la Luz Santiago Diez de Bonilla lo esperaba a las 12:30 horas del 20 de noviembre. Valdéz Sánchez afirma que acudió a las oficinas centrales del DIF, sobre la calzada General Luis Caballero, en Ciudad Victoria.

La reunión, según su versión, duró aproximadamente media hora. Ahí, dice, la denunciada reiteró el ofrecimiento de contratos públicos del DIF a cambio de que él desistiera del juicio de nulidad referido previamente. Además, sostiene que ella le dijo que hablaría con el gobernador para hacerle una propuesta. El escrito agrega un detalle: mientras ambos dialogaban, había otra mujer en la oficina que tecleaba en una computadora todo lo que se decía. 

La denuncia no presenta esa reunión como un trámite administrativo ni como una simple invitación a negociar. La coloca dentro de una misma secuencia: ofertas de contratos públicos a cambio de abandonar el litigio y renunciar a la consecuencia económica de una sentencia favorable. El denunciante afirma que no aceptó ese intercambio.

Las visitas de Beas Gámez

El 25 de abril de 2025, de acuerdo con el escrito, Valdéz Sánchez recibió un mensaje de WhatsApp desde el número 834 111 46 67, que atribuye a Jorge Luis Beas Gámez. Tras una llamada, acordaron verse el 30 de abril en el domicilio del denunciante, en la calle Olivia Ramírez 1443.

Beas Gámez llegó alrededor de las 11:40 horas del 30 de abril, acompañado por escoltas armados, según refiere la denuncia. El empresario sostiene que el visitante se presentó con estas palabras: “Vengo como representante del Gobernador. Los abogados quieren hacer negocio contigo, no le hagas caso a tus abogados, vamos a arreglar este tema. ¿Cuánto quieres para que te desistas?”

Valdéz Sánchez respondió que escucharía cualquier ofrecimiento y le informó que días antes había recibido la visita de María de la Luz Santiago Diez de Bonilla. Según su relato, la mención provocó una sorpresa evidente en Beas Gámez. A partir de ese momento, el tono cambió: el denunciante afirma que Beas endureció su actitud y le dijo: “Te lo voy a decir así: amigo no eres nada contra el gobierno. Si yo quiero, te aplasto como un zancudo. Todo el poder del aparato gubernamental va a estar en tu contra. Piénsalo”.

El denunciante señala que rechazó la intimidación y pidió, en todo caso, una oferta formal. Beas Gámez habría dicho que llevaría el mensaje y que tendrían una reunión posterior. Esa visita también quedó, según el escrito, registrada por el sistema de videograbación de la vivienda. 

Al día siguiente, 1 de mayo de 2025, Beas Gámez volvió a buscarlo por WhatsApp. Llegó aproximadamente a las 12:58 horas en un Audi negro, acompañado por un escolta armado. Esta vez, siempre conforme a la denuncia, lo invitó a caminar fuera del inmueble y le transmitió una nueva propuesta: “El gobernador dice que lo que gastaste y un poquito más, y me lo tienes que comprobar con facturas. Piénsalo por favor, no te perjudiques”.

Valdéz Sánchez dice que rechazó de nuevo el planteamiento. Luego, el 5 de mayo, Beas Gámez regresó al domicilio en una Suburban negra conducida por otra persona. No ingresó al inmueble; hablaron en la vía pública, sobre la calle Olivia Ramírez. Ahí, el denunciante le atribuye esta advertencia: “Alejandro, la propuesta es la misma, tus abogados quieren hacer negocio contigo, tu situación jurídica va a cambiar considerablemente cuando mi esposa llegue a la presidencia del Poder Judicial del Estado”.

El escrito dice que, ante la respuesta del empresario de que aquello no podría prosperar, Beas Gámez replicó: “No, pero te va a doler la cabeza”. Después habría dicho que dejaría “la línea de comunicación abierta”, aunque insistió en que Valdéz Sánchez estaba “cometiendo un error” y debía atenerse a las consecuencias. El denunciante asegura que también esta visita fue captada por su sistema de videograbación. 

La audiencia y Palacio

La denuncia sitúa un cuarto episodio el 3 de junio de 2025, durante un receso de una audiencia intermedia en una causa penal seguida contra Valdéz Sánchez. Según relata, Francisco de Jesús Justiniani Ibarra se dirigió a su defensor particular, Víctor Hugo García Huerta, para pedirle que le transmitiera un mensaje.

La frase que el denunciante atribuye a Justiniani Ibarra fue: “Dile al doctor que se deje de tonterías. Le van a hablar por teléfono de la oficina de gobierno; que conteste la llamada y que, por su seguridad y el bien de todos, de él y de su familia, acepte el trato que le van a dar”.

Valdéz Sánchez sostiene que su defensor le transmitió el mensaje visiblemente alarmado. En el propio acto judicial, afirma, informó al juez sobre lo ocurrido y sobre la referencia expresa a su seguridad y la de su familia. También señaló que había sido amenazado por Justiniani y manifestó su intención de revocar la designación de su abogado. El documento solicita que la Fiscalía recabe la videograbación oficial de aquella audiencia ante el órgano jurisdiccional. 

Durante ese mismo receso, continúa la narración, el empresario recibió una llamada del número 834 130 35 55. La persona se identificó como Marco Antonio García Barrientos y lo citó en su oficina del Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria. Valdéz Sánchez afirma que su trayecto y llegada quedaron registrados por las cámaras de vigilancia de esas instalaciones.

Ya en la oficina, el denunciante dice que García Barrientos se ostentó como titular de la Consejería Jurídica del gobernador de Tamaulipas. Ahí le habría formulado una oferta: “Tenemos una oferta: queremos que te desistas de la demanda administrativa y nosotros nos desistimos de la demanda penal”.

Al preguntarle cómo operaría el acuerdo, según el escrito, García Barrientos explicó que la audiencia penal había sido colocada al día siguiente a las dos de la tarde para que, por la mañana, Valdéz Sánchez desistiera “temprano” de la vía administrativa y, cuando llegara la hora de la audiencia, ellos ya se habrían desistido de la penal.

El denunciante destaca que esa afirmación implicaría, desde su perspectiva, una intervención en la programación de una audiencia judicial para hacerla coincidir con su desistimiento de un derecho patrimonial. Valdéz Sánchez afirma que expresó la cifra que consideraba adeudada por el Estado, derivada de la indemnización reconocida en la sentencia administrativa. García Barrientos dio por terminada la reunión; el empresario se retiró sin aceptar propuesta alguna y, a su salida, afirma haberse encontrado con el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González. 

El escrito añade que el 10 de junio de 2025 García Barrientos ofreció una rueda de prensa en Palacio de Gobierno. Según el denunciante, el funcionario habló públicamente de su caso, aunque omitió explicar el motivo de la visita de Valdéz Sánchez al recinto gubernamental días antes. 

Lo que pide investigar

La denuncia presenta los encuentros como una conducta coordinada y sostenida, ocurrida entre marzo y junio de 2025, con un objetivo común atribuido por el promovente: que desistiera del juicio de nulidad y renunciara a la indemnización reconocida en sentencia firme. En su propio encuadre legal, el denunciante sostiene que los hechos podrían constituir extorsión agravada, intimidación, amenazas y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Para sostener su narración, solicita a la Fiscalía obtener, entre otros elementos:

  • Copia certificada de la sentencia del 27 de enero de 2025 dentro del expediente 047/2023/I-A.
  • Copia del contrato SEBIEN/CONT/CGJ/001/2023 y de la resolución de rescisión de 25 de abril de 2023.
  • Bitácoras de visitantes y agenda de audiencias del Sistema DIF Tamaulipas.
  • Registros de acceso y videograbaciones de Palacio de Gobierno.
  • Nombramientos y constancias de adscripción de los denunciados que tengan carácter de servidores públicos.
  • Videograbaciones del sistema C5 de las fechas 27 de marzo, 30 de abril, 1 de mayo y 5 de mayo de 2025.
  • La videograbación oficial de la audiencia en que, afirma, se transmitió la advertencia relacionada con su seguridad y la de su familia. 

El promovente solicita ser reconocido como víctima u ofendido, que se le designe asesor victimal, que se dicten medidas urgentes de protección para él y su familia y que se prohíba a las personas denunciadas acercarse o comunicarse con ellos. 

También pide que se abra la carpeta de investigación, se practiquen las diligencias ofrecidas y, en su momento, se ejerza la acción penal contra quienes resulten responsables. 

Con información: @Redes/