El gobierno con sus acciones nos dejó claro su mensaje: ante la ley todos somos iguales, pero ante quienes deberían procurar e impartir justicia hay vidas de primera, de segunda, de tercera e incluso de cuarta, pero también de relleno.
Tras la localización con vida de Nicole Pardo Molina, personalidad de redes sociales conocida como “La Nicholette“, cuyo caso movilizó a autoridades estatales y federales, familiares de personas desaparecidas alzaron la voz para exigir que todas las víctimas reciban la misma atención por parte del Estado.
A través de una carta pública dirigida al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Alejandra Martínez Carrizales criticó que su hermano Ismael Alejandro tiene cinco años desaparecido en Mazatlán, sin que a la fecha haya una búsqueda real de parte de las autoridades que mantienen un registro creciente de victimas que ya acumula 7,000,de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas.
Un Estado que selecciona a quién buscar
Cuando quieren, pueden: bastaron horas para que todo el aparato estatal, federal y militar se moviera por Nicole “La Nicholette”, y la encontraran con vida. Esa misma velocidad, esa misma coordinación, esa misma urgencia desaparecen cuando no hay likes, cámaras ni influencia de por medio. Ahí el Estado se vuelve sordo, lento, burocrático y amnésico.
Mientras una búsqueda se volvió prioridad nacional, otras llevan años archivadas en la gaveta del “luego vemos”, como si el tiempo no fuera también una forma de violencia. El mensaje implícito es brutal: tu vida vale lo que valen tus contactos, tu alcance y tu utilidad política.
“Ismael no es influencer”: la frase que lo resume todo
La hermana de Ismael lo dijo sin metáforas: “Ismael no es influencer, ni mediático, ni tiene dinero o influencias. Pero su vida vale exactamente lo mismo”. Esa oración debería estar colgada en grande en las fiscalías, en los cuarteles, en las oficinas del gobernador, para que al menos les dé tanta vergüenza como cinismo tienen.
Cinco años desaparecido en Mazatlán sin una búsqueda real, mientras a la familia le reparten silencio, omisiones y promesas incumplidas. No es que no sepan buscar, es que no quieren buscar cuando la víctima no les sirve para tomarse la foto.
El gobierno que presume palabra… pero no cumple
La carta recuerda que hace cuatro años, entre lágrimas, le pidieron personalmente al gobernador que interviniera en el caso de Ismael, y “todo sigue igual”. El mismo gobernador que repite que su palabra vale, permite que el caso se pudra en la inacción.
Ahí está la grieta: en el discurso, todas las familias cuentan; en la práctica, el gobierno aplica una justicia por catálogo, donde la prioridad se mide en alcance, no en dolor. No es falta de capacidad, es falta de voluntad y de vergüenza.
La igualdad ante la ley que no existe en la práctica
La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pero la realidad en Sinaloa lo desmiente todos los días. No es lo mismo desaparecer siendo influencer que desaparecer siendo obrero, estudiante, jornalero o simplemente “nadie” para el algoritmo del poder.
Las familias buscan bajo el sol, en el monte, en las brechas, mientras el Estado escoge a quién voltear a ver y a quién dejar pudriéndose en expedientes empolvados. La justicia se vuelve un privilegio, no un derecho; una concesión política, no una obligación institucional.
Debería darles vergüenza
En un país y un estado con miles de personas desaparecidas, celebrar que una fue encontrada con vida no puede implicar olvidar a las demás. Si demostraron que cuando quieren pueden, entonces ya no tienen coartada: cada familia que sigue sin respuesta es responsabilidad directa de ese mismo aparato que decidió no moverse.
Ojalá todos los desaparecidos valieran lo mismo para ellos, como dice la carta; pero mientras el gobierno siga tratando a las víctimas “como te ve, te trata”, tocará seguirles recordando, una y otra vez, que no están haciendo un favor: están incumpliendo la ley y traicionando, en cada omisión, la mínima idea de justicia.
Con informacion: REVISTA ESPEJO/
