“FELICIDADES MI’jo…USTED salio ELEGIDO ?”: “RECTOR de la UAT DETENIDO en 2022 y PRIMO de AMERICO MANDÓ su HIJO a DISNEY con GASTOS PAGADOS por la UNIVERSIDAD”…sin garantizar la transparencia, equidad y legitimidad.

En la imagen, un grupo de jóvenes posa frente al icónico castillo de Disney World en Orlando, Florida. Todos portan camisas blancas con el logotipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), lo que indica su pertenencia institucional, pero uno de los jóvenes está señalado con un círculo naranja, se trata del hijo del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado.

Este contexto cobra relevancia porque recientemente la UAT presumio acuerdos de colaboración con Disney, específicamente mediante el programa “Disney Cultural Exchange”, que permitira a los estudiantes realizar prácticas profesionales en los parques de la empresa en Estados Unidos y estarán en ese lugar capacitándose del 19 de mayo al 7 de agosto de 2025 con todos los gastos pagados por la universidad,felicidades y bien merecido.

Pero,siempre hay peros

Si el acto de incluir al hijo del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en el programa de intercambio con Disney fuera completamente honesto y merecido, el rector debió haber adoptado una serie de medidas para garantizar la transparencia, equidad y legitimidad del proceso, evitando cualquier percepción de favoritismo o conflicto de interés de acuerdo con las mejores prácticas y pasos recomendados en contextos internacionales y universitarios:

Acciones que debió tomar el rector

1. Convocatoria pública y transparente

• El programa de intercambio o movilidad debe anunciarse abiertamente a toda la comunidad estudiantil, detallando los requisitos, criterios de selección, fechas y procedimientos de aplicación, asegurando que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de participar.

2. Criterios claros y verificables

• Los criterios de selección (promedio académico, dominio de idioma, méritos extracurriculares, entrevistas, etc.) deben ser objetivos, públicos y verificables, y aplicarse de manera uniforme a todos los aspirantes, incluidos familiares de funcionarios que también tienen ese derecho.

3. Comité de selección independiente

• La evaluación y selección de los participantes debe estar a cargo de un comité autónomo, integrado por académicos y administrativos sin relación directa con los postulantes, para evitar conflictos de interés y asegurar imparcialidad.

4. Publicación de resultados

• Los resultados del proceso de selección, así como las razones por las que cada estudiante fue elegido, deben publicarse para consulta de la comunidad universitaria, garantizando rendición de cuentas y legitimidad.

5. Declaración de conflicto de interés

• El rector, pero solo en el caso de que fuese uno honesto, debe declarar públicamente cualquier posible conflicto de interés, como la participación de un familiar directo, y abstenerse de intervenír en cualquier etapa del proceso de selección.

6. Supervisión externa

• Se recomienda que instancias externas ajenas a la contraloría universitaria o un órgano de transparencia que no dependa del rector, supervisen el proceso para certificar que se cumplieron todos los lineamientos éticos y legales.

7. Comunicación institucional clara

• Toda comunicación y promoción del programa debe enfatizar los méritos y logros de los seleccionados, explicando detalladamente el proceso y los criterios que llevaron a su elección, para evitar interpretaciones erróneas o suspicacias.

Contexto y buenas prácticas internacionales

Universidades de todo el mundo enfrentan el reto de demostrar que sus programas de movilidad y acuerdos internacionales se gestionan con ética, equidad y transparencia. Las mejores prácticas incluyen la publicación de convocatorias abiertas, la evaluación por comités independientes y la rendición de cuentas ante la comunidad universitaria y la sociedad. Además, se recomienda la inclusión de cláusulas y mecanismos de revisión para evitar cualquier abuso de poder o percepción de nepotismo.

Si la participación del hijo del rector fue legítima y basada en méritos, el rector debió garantizar un proceso abierto, transparente y verificable, absteniéndose de cualquier intervención y permitiendo la supervisión y auditoría externa. Solo así se protege la integridad institucional y se evita el daño reputacional bajo el principio de “no hagas cosas buenas que parezcan malas”.

Antecedentes del Rector Dámaso Anaya Alvarado

Dámaso Anaya Alvarado, actual rector de la UAT, ha estado en el centro de la controversia desde su nombramiento, tanto por su parentesco en grado de primo con el multiacusado gobernador de Morena en Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, como por antecedentes judiciales. 

En junio de 2022, fue detenido por la presunta compra y coacción del voto en Ciudad Victoria, hechos que fueron ampliamente difundidos por medios como Reforma y confirmados por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Tamaulipas. En ese momento, se le encontraron sobres con dinero, listas nominales y propaganda electoral, lo que lo vinculó directamente con delitos electorales que fueron allanados con calculo politico,no legal.

Además, su gestión en la UAT ha sido señalada por presuntos actos de corrupción, nepotismo, abusos sexuales,empleados armados, cateos por drogas a domicilios de otros,contratismo familiar, y hasta el nombramiento de funcionarios sin los requisitos legales para el cargo. 

La universidad ha sido objeto de investigaciones por desvío de recursos y malversación de fondos públicos, tanto en su administración como en la anterior, alcanzando montos de hasta 500 millones de pesos. 

La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas ha vinculado a proceso a exfuncionarios por uso ilícito de atribuciones y facultades, y la Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado irregularidades financieras graves que no han sido castigadas, vaya usted a sabré por que.

Presuntos Delitos Relacionados con el Uso de Recursos Universitarios

El uso de recursos públicos de la universidad para financiar viajes o actividades personales podría configurar varios delitos, entre ellos:

• Uso ilícito de atribuciones y facultades: Si se demuestra que recursos de la UAT fueron utilizados para costear viajes del hijo del rector sin justificación académica real, se estaría ante este delito, tipificado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal.
• Desvío de recursos públicos: Si los fondos destinados a programas académicos o de movilidad se emplean para fines personales al beneficiar truculentamente a la familia desplazando otros perfiles, se configura el delito de peculado, sancionado tanto en la legislación estatal como federal.
• Tráfico de influencias y nepotismo: El beneficio directo a familiares en programas institucionales, especialmente si se otorgan privilegios o se alteran procesos de selección, puede ser constitutivo de tráfico de influencias, abuso de autoridad y nepotismo.

El hijo del rector,señalado en la imagen,tambien aparece en el viaje a Nueva York del rector humanista nuevo rico en diciembre de 2024.

Contexto Político y Social

La gestión de Dámaso Anaya Alvarado ha sido duramente criticada por la falta de transparencia, el uso político de la universidad y el contraste entre el discurso de austeridad y la ostentación de viajes y lujos por parte de funcionarios y sus familias. La UAT ha sido señalada como una “fábrica de corruptos” y caja chica de intereses políticos, con prácticas sistemáticas de saqueo y simulación que llevan a la Universidad a sus peores tiempos ,aunque con periodismo de “prepago” se propala lo contrario, un nuevo rostro que esta dejando mucho rastro.

Conclusión

La presencia del hijo del rector Dámaso Anaya Alvarado en un viaje institucional a Disney, en el marco de recientes acuerdos de la UAT con la empresa, y considerando los antecedentes judiciales y de corrupción del propio rector, refuerza las sospechas de uso indebido de recursos públicos, nepotismo y tráfico de influencias. 

Estos hechos, de comprobarse, podrían configurar delitos como uso ilícito de atribuciones, peculado y abuso de autoridad, sumándose a la larga lista de irregularidades que han marcado la administración universitaria en Tamaulipas,ahora en manos de Damaso Anaya,conduciendola con la misma pulcritud con que fue detenido un dia de las elecciones de 2022 y mañana se encamina a hacer lo mismo.

Con informacion: Redes/medios/

"QUE YA CASI,YA MERO y YA por POCO ?”: “973 DIAS y 9 HORAS LLEVA AMERICO y su BANDON de EX-RECLUSO FEDERAL HABLANDO de CARPETAS y ENCARPETADOS con NINGUNO en el TAMBO del CDV”…que el haya enchiquerado.

La percepción generalizada, de que las declaraciones de las autoridades bajo el gobierno de Morena y Americo Villarreal,con respecto al combate a la corrupción en Tamaulipas son repetitivas y reflejan un claro fracaso institucional está respaldada por datos y análisis periodísticos recientes. 

Desde octubre de 2022, con el cambio de administración estatal, el Gobierno “humanista y trasformador” en voz de diferentes actores y “actrices” han prometido resultados con acciones contundentes, pero los indicadores muestran una realidad distinta y ya transcurrieron desde el 1 de octubre de 2022 a la fecha , 973 días, 09 horas y 02 minutos en que la administración anuncio la detección de daños al erario y la presentación de múltiples denuncias , los resultados concretos son desoladores, pero abundantes en saliva, mucha saliva.

Declaraciones escurren fracaso

En síntesis, las promesas y declaraciones oficiales desde octubre de 2022 “escurren y chorrean fracaso” porque, a pesar de los anuncios de mas anuncios, los resultados reales en materia de judicialización y sanción de casos de corrupción siguen siendo mínimos y poco satisfactorios para la sociedad tamaulipeca,mientras el gobierno de AMÉRICO VILLARREAL se dirige al ocaso.

La ecuación se torna peor: lentitud y corrupción, dos caras de la misma moneda

La crisis en la procuración de justicia en Tamaulipas no solo se agrava por la opacidad y los intereses políticos, ademas de la complicidad manifiesta,tambien por la preocupante lentitud institucional que, lejos de ser solo un defecto administrativo, se convierte en una forma de corrupción.

Es una estrategia que perpetúa la impunidad y protege a quienes temen rendir cuentas. Cuando el aparato de justicia se mueve a paso de tortuga, cuando los procesos se alargan y los expedientes duermen el sueño de los justos, no estamos ante simples fallas administrativas: estamos frente a una corrupción institucionalizada que se disfraza de burocracia.

La designación Jesús Govea Orozco

Pero la ecuación se torna peor cuando quien nuevamente nos habla de “ya casi o ya mero”, es un ex-recluso del penal federal de La Palma por delincuencia organizada que es impulsado por los mismos actores políticos que han hecho de la justicia un botín: Américo Villarreal y Tania Contreras.

La sociedad tamaulipeca merece algo más que promesas y simulaciones. La justicia retrasada es justicia negada. Y en Tamaulipas, la lentitud en el combate a la corrupción es, en sí misma, una forma de corrupción. Porque proteger a los corruptos de los “Vientos de cambio” con demoras, omisiones y dilaciones es tan grave como encubrirlos abiertamente.

No basta con señalar nombres o dar cifras,ni con esperar a que los procesos se destraben por sí solos. Hay que denunciar que la lentitud también es corrupción, pero ademas que los que estan al frente de la anticorrupción no pueden ser ex-acusados de corruptos, deben estar libres de sospecha, qu representen un verdadero cambio, no una continuidad de las mismas prácticas que han hundido a Tamaulipas en la desconfianza y la impunidad.

La lentitud institucional se convierte en el mejor aliado de la corrupción. No hay peor justicia que la que nunca llega.

La sociedad exige respuestas y resultados, no más excusas ni maniobras dilatorias. Porque la corrupción no solo se perpetúa por la acción de unos cuantos, sino por la inacción y la lentitud de quienes deberían combatirla.

Con informacion: HoyTamaulipas/

“10 DIAS para CONTABILIZAR el FRAUDE DEMOCRATICO ?”: “ENVIA ORGANO ELECTORAL MENSAJES NEGATIVOS de la ELECCION JUDICIAL del DOMINGO”…falta de capacidad,preparacion y opacidad tramposa.

El anuncio del Instituto Nacional Electoral (INE) de que el escrutinio y conteo de votos para la inédita elección judicial tomará hasta 10 días envía, más allá de la justificación oficial, varios mensajes negativos y preocupantes sobre el proceso, su diseño y sus posibles consecuencias.

Mensaje negativo entre líneas del escrutinio de 10 días en la elección judicial

1. Desconfianza en la capacidad operativa y transparencia

Aunque el INE insiste en que el proceso será íntegro y transparente, el hecho de que el conteo tome 10 días, cuando en elecciones federales ordinarias los resultados preliminares se conocen la misma noche y los oficiales en pocos días, puede interpretarse como una señal de falta de preparación, eficiencia o incluso de opacidad. 

La ausencia de resultados preliminares y la demora en los definitivos alimentan la percepción de que algo se oculta o que el proceso podría ser manipulado durante ese extenso lapso.

2. Complejidad excesiva y riesgo de errores

El propio INE reconoce que la elección es compleja por la cantidad de boletas, cargos y candidatos. Esta complejidad, sumada al inédito método de escrutinio en consejos distritales y no en casillas, incrementa el riesgo de errores humanos, confusiones y votos nulos, lo que puede provocar frustración, desconfianza y hasta desmovilización ciudadana. Además, la falta de experiencia en este tipo de procesos puede derivar en inconsistencias que tarden aún más en resolverse.

3. Alejamiento del escrutinio ciudadano

El conteo de votos ya no lo harán los ciudadanos insaculados como funcionarios de casilla, sino en los consejos distritales por personal designado, lo que se percibe como un retroceso democrático y una reducción del control social directo sobre el proceso. Esto puede interpretarse como una medida que resta legitimidad y abre la puerta a suspicacias sobre la manipulación de los resultados.

4. Falta de certeza y posible judicialización

El INE ha advertido que los resultados que se publiquen serán definitivos, pero no indicarán de inmediato qué candidaturas ganaron, ya que primero se revisará el cumplimiento de requisitos de elegibilidad (paridad, “8 de 8 contra la violencia”, derechos políticos, etc.). Esto anticipa un escenario de incertidumbre y posibles impugnaciones masivas, pues los ajustes de última hora pueden ser vistos como decisiones discrecionales o arbitrarias que vulneran la voluntad popular.

5. Exclusión y desigualdad

El proceso deja fuera a sectores históricamente marginados, como personas privadas de la libertad sin sentencia y mexicanos en el extranjero, quienes en elecciones ordinarias sí pueden votar. Además, la delimitación de los distritos judiciales no es proporcional al padrón electoral, lo que genera desigualdad en el peso del voto según la región.

6. Simulación de legitimidad democrática

Aunque se presume que la elección acerca el Poder Judicial al pueblo, la falta de información sobre los candidatos, la complejidad del proceso y la exclusión de sectores clave (como personas sin sentencia) sugieren que la legitimidad buscada es más simbólica que real. El pueblo, en este contexto, se convierte en una “creación imaginaria”, mientras las decisiones de fondo siguen en manos de élites políticas y administrativas[4][7].

---

¿Qué provoca este mensaje negativo?

• Desconfianza en la imparcialidad y transparencia del proceso.
• Mayor riesgo de impugnaciones, judicialización y polarización política.
• Desmovilización o apatía ciudadana ante la percepción de que el proceso es complejo, poco claro y potencialmente manipulado.
• Sensación de que la reforma judicial es más un ejercicio de simulación democrática que una verdadera apertura al control ciudadano.

En suma, el escrutinio extendido a 10 días, lejos de fortalecer la confianza, deja entrever problemas estructurales, improvisación y riesgos que pueden minar la legitimidad del proceso y del propio Poder Judicial que surja de él.

La elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación en México ha sido calificada como un fraude democrático por diversos actores políticos, analistas y organizaciones civiles, quienes argumentan que el proceso está viciado de origen y que su diseño favorece intereses políticos sobre los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia.

Razones por las que se considera un fraude democrático

1. Falta de consenso y origen partidista
La reforma que permitió esta elección fue aprobada sin diálogo democrático ni consenso con la oposición. Fue impulsada y avalada únicamente por el partido en el poder, utilizando el aparato estatal para bloquear a la oposición e incluso corromper a legisladores para asegurar la mayoría necesaria.

2. Selección opaca y parcial de candidatos
El proceso de selección de aspirantes estuvo plagado de irregularidades: nombres duplicados, datos incompletos, candidatos que no cumplían requisitos legales y otros que, a pesar de cumplirlos, fueron excluidos sin criterios claros. La mayoría de los seleccionados son afines al partido oficialista, Morena, incluyendo exfuncionarios y personas cercanas al gobierno.

3. Riesgo de infiltración del crimen organizado
Se han documentado denuncias sobre aspirantes con presuntos vínculos con el crimen organizado, a quienes el INE no puede excluir por limitaciones legales. Esto pone en riesgo la independencia judicial y abre la puerta a la corrupción y la captura de las instituciones por intereses ilícitos.

4. Manipulación y coacción del voto
Se han reportado prácticas como la entrega de “acordeones” para inducir el voto a favor de candidatos del oficialismo, uso de recursos públicos y movilización de servidores de la nación para promover el voto dirigido, violando los principios de equidad y transparencia electoral.

5. Inequidad y simulación democrática
La distribución de casillas es menor a la de elecciones ordinarias y el valor del voto no es igual en todas las regiones. Además, sectores como personas privadas de la libertad sin sentencia y mexicanos en el extranjero fueron excluidos, lo que limita la representatividad y la legitimidad del proceso.

6. Falta de transparencia y certeza
El conteo de votos se realizará en consejos distritales, no en casillas, y los resultados definitivos se conocerán hasta 10 días después, sin resultados preliminares. Esto genera sospechas de manipulación y falta de vigilancia ciudadana directa, debilitando la confianza pública en el proceso.

7. Simulación de participación ciudadana
Aunque se promueve como una elección ciudadana, en realidad el control del proceso y la selección de candidatos estuvo en manos de comités afines al gobierno, por lo que la ciudadanía no tiene una verdadera capacidad de decisión sobre quiénes integrarán el Poder Judicial.

Conclusión

Por todas estas razones, diversos sectores han calificado la elección judicial como una simulación democrática y un fraude, pues lejos de fortalecer la independencia del Poder Judicial, lo somete a los intereses del gobierno y pone en riesgo la imparcialidad, la legalidad y la confianza en las instituciones de justicia.

Con informacion: ELNORTE/