En lugar de morir tras quedar en un fuego cruzado, primero version dolosa del gobierno, las autoridades ahora indagan al ejercito como responsable del asesinato cruel y a mansalva de las niñas Leidy y Alexa, de 7 y 11 años, virtualmente ejecutadas en un ataque directo por parte de militares a una familia en Badiraguato, Sinaloa, el pasado 6 de mayo.
En la entidad, donde se ha desatado una cruenta guerra al interior del Cártel de Sinaloa, el Gobernador morenista Rubén Rocha Moya admitió ayer que las muertes de las menores no fue por fuego cruzado entre sicarios y militares, pero no dijo más (…ellos tampoco dicen mas de el).
“No fue que haya sido derivado de un fuego cruzado, y finalmente estuvieron en el lugar equivocado. Tendrá (la FGR) que averiguar muy bien las circunstancias”.
La declaración se da después de que familiares de las víctimas señalaron que, en realidad, el 6 de mayo los militares dispararon a quemarropa en contra de la camioneta en el que iban las niñas, junto a su hermano y sus padres, quienes resultaron heridos.
“Para esto no hay palabras, estamos devastados. Se repite la historia y eso no se vale, venimos con eso a exigirle al Gobernador que ponga manos a la obra, porque fueron militares, las niñas eran civiles que venían a la escuela nada más”, dijo Leticia, tía de las niñas.
Omisiones graves de la Policía de Investigación en el caso Badiraguato
La actuación de la Policía de Investigación en Sinaloa tras el ataque en el que murieron Leidy y Alexa, presuntamente a manos del Ejército, estuvo marcada por graves omisiones que abultan la impunidad militar y transgreden la ley.
¿Qué debió haber hecho la Policía de Investigación?
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y los protocolos de investigación vigentes, la policía tiene obligaciones claras y específicas ante hechos de esta naturaleza, especialmente cuando involucran a fuerzas armadas y posibles violaciones graves a derechos humanos:
- Aseguramiento de armas y bienes:
La policía debió, bajo el mando del Ministerio Público, asegurar todas las armas de los soldados involucrados en el incidente, así como cualquier otro bien relacionado con la investigación del delito, para preservar la cadena de custodia y evitar la alteración de pruebas. - Preservación del lugar de los hechos:
Era indispensable preservar la escena, garantizar la integridad de los indicios y evitar cualquier contaminación. Esto incluye impedir que los involucrados (en este caso, militares) manipulen la escena antes de la llegada de peritos y del Ministerio Público. - Recolección y resguardo de objetos:
Todos los objetos relacionados con la investigación, incluidas las armas de los soldados y los vehículos involucrados, debieron ser recolectados y resguardados conforme a los protocolos legales. - Inspección y actos de investigación:
La policía tenía la obligación de practicar inspecciones exhaustivas y reportar sus resultados al Ministerio Público, solicitando autorización judicial cuando fuera necesario. - Atención a víctimas y testigos:
Debieron prestar protección, auxilio inmediato y garantizar atención médica y psicológica a las víctimas y sobrevivientes, además de informarles sobre sus derechos y el avance de la investigación. - Colaboración interinstitucional:
Según el Protocolo de Investigación, la policía debe colaborar activamente con otras instituciones, pero siempre bajo el principio de primacía civil en la investigación de delitos cometidos por militares contra civiles.
Fundamento legal de estas obligaciones
El artículo 132 del CNPP establece con claridad las obligaciones de la policía en la investigación de delitos:
“El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución…
V. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos;
VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios…”CNPP.
El Protocolo de Investigación nacional refuerza que todas las acciones deben cumplir con la Constitución, tratados internacionales y la legislación aplicable, y que la policía debe garantizar la integridad de los indicios, recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación, y preservar la escena del crimen.
Consecuencias de no cumplir
La omisión de estos protocolos -en particular, el no aseguramiento de las armas de los soldados y la falta de preservación de la escena- favorece la impunidad militar y viola el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia. Además, contraviene la reforma al Código de Justicia Militar y los criterios de la Suprema Corte, que establecen que los delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por militares contra civiles deben ser investigados por autoridades civiles, no militares.
Como ha señalado la ONU-DH, “una vez inhibido el fuero de guerra para conocer de delitos cometidos por personal militar en contra de civiles, ha llegado la hora de que las autoridades civiles pongan fin a la impunidad que ha protegido y auspiciado estas conductas”.
Impunidad y transgresión de la ley
Al no cumplir con estos protocolos, la Policía de Investigación no sólo incumplió sus obligaciones legales, sino que contribuyó a la perpetuación de la impunidad militar, permitiendo que los responsables potenciales -en este caso, elementos del Ejército- no sean investigados con rigor ni sancionados conforme a derecho.
Este patrón ha sido ampliamente documentado y criticado por organismos nacionales e internacionales, que insisten en la urgencia de fortalecer la jurisdicción civil en estos casos.
En resumen:
La Policía de Investigación debió asegurar las armas de los soldados, preservar la escena, recolectar y resguardar todos los indicios, y actuar bajo el mando del Ministerio Público, conforme al artículo 132 del CNPP y los protocolos nacionales. Su omisión abulta la impunidad militar y transgrede la ley, en detrimento de los derechos de las víctimas y de la sociedad.
Con informacion: ELNORTE/
