Las autoridades que parecen decididas en atacar los síntomas pero no las causas de la infección nacional y ahora meditativamente le quieren vender a los ciudadanos la idea de que “ya son honestos”, resulta que descubrieron una red de halconeo que nunca estuvo escondida,porque estaba a la vista, pero no nos dicen que estaban agitando, porque gran cantidad de narcos ya escogieron ese municipio para vivir.
Las 108 cámaras de videovigilanciainutilizadas,estaban instaladas en la vía pública y las desmantelaron con ayuda de la Guardia Nacional en el municipio de García N.L,igual como lo hacen en Culiacán y todo Sinaloa,porque antes no las habian visto, que “causalidad”.
A través de un comunicado farsante, se informó que las cámaras se encontraban colocadas en puntos clave del citado municipio, para monitorear los movimientos de la Policía de García,que nunca vio movimientos para instalarlas.
El Alcalde Manuel Guerra, acompañado del Secretario de Seguridad Pública municipal, Guadalupe Saldaña, destacó que estos dispositivos fueron localizados en varios puntos de las avenidas Lincoln, Heberto Castillo y Sor Juana.
También había cámaras en algunas entradas de colonias y polígonos prioritarios de vigilancia.
Se expuso que una vez identificado el equipo de vigilancia procedieron a su retiro, en coordinación con las fuerzas federales.
“No vamos a permitir que los criminales nos vigilen”, expuso el Alcalde.
“Estas cámaras no eran para seguridad de las familias, sino para que los delincuentes se protegieran entre ellos, estamos recuperando el control de nuestro municipio”.
El Gobierno municipal aclaró que no retirarán cámaras particulares instaladas en hogares o negocios.
Se informó que han dado parte a las autoridades para que inicien las investigaciones.
Madres buscadoras del colectivo Amor por los Desaparecidos localizaron un nuevo campo de exterminio en Reynosa, donde hallaron restos humanos calcinados y evidencia de violencia extrema.
El descubrimiento se realizó ayer lunes en un predio ubicado a cuatro kilómetros de la colonia Colinas del Real, rumbo a la carretera a Monterrey, tras recibir una denuncia anónima que alertaba sobre la posible existencia de cuerpos. Según informó la presidenta del colectivo, Edith González, en el lugar se identificaron al menos 14 puntos con restos humanos incinerados y múltiples objetos personales.
Entre los artículos localizados se encontraron una hebilla de cinturón con la figura de dos pistolas, un rosario, chalecos antibalas, equipo táctico y casquillos percutidos de armas de alto calibre, lo que sugiere un escenario de violencia extrema.
A pesar de la magnitud del hallazgo, González denunció la tardanza de las autoridades para intervenir en el sitio. “El problema es que seguimos encontrando cuerpos, pero la fiscalía no los levanta. Eso retrasa la identificación de las víctimas y aumenta el sufrimiento de las familias”, expresó.
Hasta las 19:00 horas del lunes, las buscadoras continuaban en el lugar esperando la llegada de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) para el levantamiento de los restos. En la zona también estuvieron presentes elementos de la Guardia Nacional, Guardia Estatal y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, quienes brindaron resguardo durante las labores.
Este nuevo hallazgo se suma a los 19 puntos de exterminio localizados por el colectivo en lo que va del año, reforzando la crisis de desapariciones forzadas en la región y la falta de acciones inmediatas por parte de las autoridades para garantizar justicia y respuestas a las familias.
El segundo macabro lugar nacional
Tamaulipas ocupa el segundo lugar en México en la macabra estadística de fosas clandestinas, con 554 sitios documentados entre 2007 y 2023, solo superado por Veracruz (668) y seguido por Guerrero (498). Este ranking refleja una crisis humanitaria arraigada en la colusión entre crimen organizado y autoridades, donde los colectivos de familiares asumen el rol forense que el Estado evade.
Este reciente hallazgo en Reynosa solo confirma patrones históricos de violencia sistémica:
Modus operandi criminal: La presencia de restos calcinados, chalecos antibalas y casquillos de alto calibre coincide con tácticas del Cartel del Golfo que en esta zona controlan dos ex-militares.
Negligencia institucional: La demora de la Fiscalía para levantar evidencias, denunciada por Edith González, replica casos como el de Iguala 2014, donde familias excavaron 129 fosas sin apoyo oficial. Esta conducta viola la Ley General en Materia de Desaparición (2017) que obliga acciones inmediatas.
Los 19 “campos de exterminio” localizados en 2025 por el colectivo Amor evidencian la industrialización de la violencia: desde 2011 se reportan fosas con técnicas de desintegración corporal con químicos en Tijuana, hasta hornos crematorios operados por cárteles en Piedras Negras. La cifra oficial de 110,000 desaparecidos nacionales sugiere que estos hallazgos son solo la punta del iceberg.
Pese al discurso oficial de la ahora Presidenta en materia de seguridades gobierno sigue sin plan para priorizar búsquedas en tanto el subregistro persiste: mientras su gobierno reporta 2,863 fosas (2018-2023), organizaciones civiles estiman miles más sin documentar. La paradoja es que 73% de las fosas se descubren por denuncias ciudadanas, no por operativos institucionales.
Este escenario convierte a Tamaulipas en símbolo de la geopolítica del horror, donde fosas clandestinas funcionan como mecanismo de control territorial por cárteles y como archivos forenses alternativos ante un Estado fallido lleno de cuerpos sin nombre y nombres sin cuerpos.
Un operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue liberado por un juez tras exhibirse un montaje de la Guardia Civil de Michoacán, la simulación de pruebas y hasta el robo de un millón de pesos por parte de los agentes.
Jesús Rivera Aguirre alias el “Gordo Chuy y/o la Hamburguesa” fue liberado junto con tres de sus supuestos lugartenientes tras desmoronarse la versión oficial que reportaron las autoridades del Gobierno morenista de Michoacán.
El Juez Rubén García Mateos exhibió por ejemplo, que los agentes informaron falsamente haber sido víctimas de una emboscada para ingresar sin orden de cateo a un inmueble para el que no tenían una orden judicial de allanamiento y donde sometieron y torturaron a un adulto mayor y a una menor de edad.
También se evidenció que hicieron la revisión ilegal de una camioneta Ford, pues no tenían una orden judicial para abrirla, además de que reportaron que estaba en la calle, cuando en realidad la sacaron del interior de un domicilio.
Incluso reportaron un altar a la Santa Muerte en el sitio donde los agentes dijeron haber encontrado 20 cartuchos útiles y metanfetaminas, pero ese altar no estaba en el domicilio indicado, sino en otro diferente que no estaba contemplado en la orden de cateo.
La prueba química de radizonato de sodio, practicada por la FGR, reveló que el presunto operador del CJNGtampoco disparó arma de fuego alguna el día de su detención, como lo afirmaron los agentes, y que incluso su arma no tenía descargada ni una sola bala.
El capo incluso acusó que los agentes robaron un millón de pesos en un domicilio al que no tenían autorizado entrar y en el informe no reportaron ese dinero.
Fue así que el juez consideró que la Guardia Civil de Michoacán incurrió en presuntos actos de tortura, simulación de pruebas y robo de un millón de pesos, durante el operativo de captura.
“La Hamburguesa” y sus supuestos lugartenientes fueron detenidos la madrugada del 25 de febrero en cateos a dos domicilios en Zacapu, Michoacán, aparentemente “relacionados con presencia de personas civiles armadas, extorsión y compra-venta de narcóticos”.
Tanto la Fiscalía General de la República como la Guardia Civil de Michoacánindicaron que en el primer domicilio aseguraron clorhidrato de metanfetamina y armas de uso exclusivo del Ejército; y en el segundo detuvieron a Rivera con un fusil calibre 7.62 x 39 milímetros, un cargador y 20 cartuchos útiles.
Las autoridades aprehensoras también reportaron que hubo una “emboscada coordinada” por diferentes civiles en contra de elementos policíacos, militares y de la Guardia Nacional, en la que un pequeño número de agentes resultó con lesiones de bala y el grupo de personas agresoras huyó, tras la respuesta de policías y militares.
Pero en la audiencia del pasado 5 de marzo, el juez federal desestimó la versión oficial, pues además de ingresar a un tercer domicilio al que no estaban autorizados, testigos y ocupantes de los domicilios cateados denunciaron en la diligencia judicial haber sufrido agresiones y posibles actos de tortura, por parte de policías y fiscales que ingresaron al lugar.
En el interior del inmueble había dos personas, una de ellas un adulto mayor que fue extraído por los agentes y, mientras se realizaba el cateo, llegaron e ingresaron a la vivienda dos personas más, un adulto y una de menor edad, quienes sufrieron sometimiento físico.
En la inspección ocular y dictamen en criminalística de campo, practicada afuera del domicilio marcado con el número 11, tampoco se encontraron cartuchos para armas de fuego calibre 7.62 x 39 milímetros, lo que también desestimó la supuesta emboscada.
En la diligencia judicial también se reveló que los agentes estatales destruyeron cuando menos dos cámaras de videograbación, cada una cercana a las viviendas cateadas.
Para el juez, los agentes transgredieron el derecho a la inviolabilidad del domicilio, al desmentirse la supuesta flagrancia derivada de los disparos en contra de agentes estatales, por parte de un presunto narcotraficante.
También estimó que fueron violados los principios de presunción de inocencia y debido proceso, y que se presentaron falsos testimonios, simulación de pruebas, robo y posibles actos de tortura y contra la dignidad de las personas, entre ellas una menor edad.
Tal y como lo han venido haciendo de manera repetitiva y “sin descanso”, desde que inauguraron la guerra al narco el 11 de diciembre de 2006,fecha en que le abrieron la puerta al ensangrentadero nacional convirtiendo de un difícil problema de seguridad publica ,en otro aun mas grave de seguridad nacional, otros 450 militares del Ejército y la Guardia Nacional arribaron ayer a la 21 Zona Militar, en Morelia, Michoacán, para reforzar las labores de seguridad en el estado.
Se trata de 300 elementos del 103 Batallón de Infantería y 150 agentes de la Guardia Nacional, que serán distribuidos para fortalecer las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI), así como las tareas de prevención y disuasión del delito, en conjunto con los efectivos de la Guardia Civil, informó la SSP local.
Pero Esta estrategia de despliegue militar en Michoacán —y su relación con la doctrina de Sun Tzu—,un general, estratega militar y filósofo de la antigua Chinaf,autor del arte de la guerra, revela contradicciones estructurales que merecen un análisis crítico desde tres ángulos: principios estratégicos clásicos, evidencia histórica en México y efectividad operativa real.
1. Violación de los principios de Sun Tzu
La narrativa oficial justifica el despliegue de 450 efectivos como “disuasión” y “refuerzo territorial”, pero esto contradice los postulados clave de El arte de la guerra:
Concentración vs. dispersión: Sun Tzu advierte que “dividir tus fuerzas en todas partes es estar débil en todas partes” ([Capítulo 3]. Distribuir 300 soldados y 150 guardias nacionales en múltiples Bases de Operaciones Interinstitucionales diluye su capacidad de acción decisiva.
Inteligencia sobre espectáculo: El acto protocolario en el Cuartel “José María Morelos y Pavón” —con fotos para la prensa— refleja prioridad mediática, no preparación táctica. Sun Tzu enfatiza que “la victoria se construye en silencio, no en alardes” ([Capítulo 1]).
Ignorar las causas profundas: La estrategia se centra en despliegues reactivos, no en atacar raíces como corrupción local, economías ilegales o desintegración social. Esto viola el principio de “subyugar al enemigo sin combatir” mediante soluciones integrales ([Capítulo 3]).
2. Lecciones del fracaso histórico de la militarización
Los resultados de dos décadas de militarización en México —documentados en múltiples estudios— muestran un patrón recurrente:
Ciclo de violencia: Desde 2006, homicidios aumentaron un 200% pese a tener 150,000 efectivos militares desplegados ([WOLA, 2022]. Michoacán mismo registró 1,923 asesinatos en 2024, 18% más que en 2023 ([SSPC]).
Corrupción castrense: El Ejército controla el 30% del presupuesto para infraestructura, con casos como el Aeropuerto Felipe Ángeles (sobrecostos de USD 4,500 millones) y desvíos en la Guardia Nacional ([Baker Institute, 2023]). Sun Tzu alertaría sobre “líderes cuyos juicios se nublan por el poder” ([Capítulo 3]).
Derechos humanos: 486 quejas por ejecuciones extrajudiciales contra militares en 2024 (CNDH), patrón que la Corte Interamericana ya condenó en 2018 ([CSIS, 2023]).
3. La paradoja operativa: ¿Fuerza o fragilidad?
El anuncio de reforzar BOI (Bases de Operaciones Interinstitucionales) en Michoacán es sintomático de un modelo fallido:
Descoordinación institucional: 68% de los municipios con presencia militar carecen de fiscalías capacitadas para procesar detenidos ([Wilson Center, 2025]). Esto convierte operativos en acciones simbólicas.
Focalización errónea: El 80% de la violencia en Michoacán proviene de 3 cárteles (CJNG, Caballeros Templarios, Viagras), pero el despliegue se dispersa en 14 municipios ([SSP Michoacán]). Sun Tzu recomendaría “atacar donde el enemigo no está preparado”, no ocupar territorio ([Capítulo 5]).
Coste de oportunidad: El presupuesto para estos operativos suele ser mayor que el beneficio tangible,si tendemos que los reforzamientos suelen reforzar otro reforzamiento previamente reforzado,
Conclusión: Estrategia mediática vs. transformación estructural
El despliegue en Michoacán encaja en un patrón documentado: militarización como teatro de seguridad que ignora la advertencia de Sun Tzu: “Las peores tácticas son imitar las del enemigo”. Al replicar la lógica territorial de los cárteles —sin inteligencia sofisticada, sin atacar finanzas ilícitas, sin reconstruir tejido social—, el Estado perpetúa el ciclo de violencia.
Los datos muestran que, tras 20 años, este modelo solo logra control mediático temporal, no seguridad sostenible. La solución yace en aplicar el verdadero espíritu de El arte de la guerra: vencer sin combatir mediante instituciones civiles fuertes, inteligencia estratégica y justicia efectiva.
El gobernador Rubén Rocha Moya, en una autocrítica cínica de su gobierno, admitió que ha faltado capacidad para resolver la inseguridad en Sinaloa, que el pasado 9 de marzo cumplió seis meses de violencia por el choque de las facciones de los Chapitos y los Mayos a cuyos intereses el ha estado arrendado y ha sido solapado por el calculo politico de la Presidenta Sheinbaum y el disimulo del ejercito.
En su conferencia semanera, el ejecutivo estatal multiseñalado de narco por la sospecha, pero mas por la evidencia, señaló que el gobierno que él encabeza no tiene todavía la capacidad de resolverlo, y si bien dio a conocer cifras de aseguramientos y detenciones, por la magnitud del problema, esto no termina todavía.
“Qué podría decir yo, pues que la magnitud del problema, imagínense ustedes con los decomisos que se hicieron, simplemente los decomisos… pero como no termina todavía, quiero decirlo, que lo escuche México, tenemos problemas de inseguridad todavía”.
Estos crímenes se elevaron tras el presunto secuestro Ismael “Mayo” Zambada García a manos de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, el 25 de julio del año pasado, aunque no fue sino hasta el 9 de septiembre en que facciones del cartel de Sinaloa comenzaron abiertamente su batalla, sobre todo en Culiacán.
La autocrítica del gobernador Rubén Rocha Moya sobre la incapacidad gubernamental para contener la violencia en Sinaloa revela un escenario de fracaso institucional multidimensional, donde las cifras oficiales exponen una crisis humanitaria sin precedentes.
Desgaste institucional y narrativas oficiales
El reconocimiento de Rocha Moya –”no tenemos capacidad para resolverlo”– funciona como un espejo de la debilidad estatal frente a cárteles que operan con mas eficiencia y sobrada impunidad. Aunque menciona 1,262 armas aseguradas (75% de EU) y 842 cámaras clandestinas desmanteladas, estos logros palidecen ante los 958 homicidios dolosos y 1,200 desapariciones registradas entre septiembre 2023 y marzo 2024.
La paradoja: cuantificar operativos sin reducir violencia evidencia estrategias fallidas.
La crisis humanitaria
800 personas siguen desaparecidas (65% del total reportado)
Solo el 10% de desaparecidos fueron hallados sin vida, cifra que sugiere subregistro ante patrones de ocultamiento de cadáveres
El recrudecimiento desde julio 2023, con el secuestro de Ismael Zambada García, muestra cómo disputas internas del crimen convierten territorios en campo de batalla donde el gobierno y el ejercito batallan sin exito sustantivo y venden las minucias como grandes logros.
Fallas estructurales
La sincronización con factores externos agrava la crítica:
El incremento de laboratorios de drogas sintéticas (200 clausurados desde febrero 2024) coincide con amenazas arancelarias de Trump a México, revelando reactividad política en lugar de planes preventivos
El flujo de armas desde EU evidencia corredores ilegales activos pese a acuerdos binacionales
La autocrítica gubernamental, lejos de ser un ejercicio de transparencia, funciona como reconocimiento tácito de que las tácticas actuales solo documentan la tragedia sin contenerla. Los números presentados son termómetro de una guerra no declarada donde instituciones aparecen como espectadoras, no como árbitros.
Mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum insistía el pasado domingo en subirle 25% a los mitines en el zocalo de la CDMX ,como respuesta al persistente amago de 25% de aranceles que sigue posponiendo el abusado y abusivo Presidente de los EE.UU,el mismo dia se convertía en el peor dia de la violencia con 84 asesinatos en diversas entidades, desplazando al 3 enero como el día más violento del año, según informe de seguridad, citados por ELNORTE.
De los casos reportados ayer, 16 casos ocurrieron en Guanajuato, 9 en Baja California, 8 en Chihuahua y 6 en Jalisco.
Entre enero, febrero y lo que va de marzo se venía promediando 65 homicidios dolosos al día, de acuerdo con el informe.
Ayer en Celaya, Guanajuato, fueron acribillados dos jóvenes, un hombre fue atacado a balazos en Silao dentro de una carpintería, y otro más fue encontrado muerto en un paraje de la carretera Dolores-Guanajuato.
Guanajuato es azotado por una espiral de violencia por la pugna entre células del Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima, entre otras cosas por el control de la venta del huachicol y de las tomas clandestinas para la ordeña de combustible de ductos de Pemex.
Sólo ayer en Celaya, elementos de Seguridad Física de Pemex,Guardia Nacionaly el Ejército detectaron una casa de seguridad donde se expedía gasolina robada.
El operativo se reportó en la localidad de Roque, donde en un domicilio se almacenaban hasta 4 mil litros de gasolina.
Guanajuato cerró 2024 con un repunte del 1.5 por ciento en víctimas de homicidio doloso con respecto a 2023, al pasar de 3 mil 104 a 3 mil 151 casos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
En cuanto a tasas por cada 100 mil habitantes, la entidad ocupa el quinto sitio en ese delito por debajo de Colima, Morelos, Baja California y Chihuahua, estados que también presentan un repunte de violencia derivado de la pelea entre células criminales para la comisión de narcomenudeo, tráfico de personas, drogas, armas y cobro de piso.
