El químico Juan Carlos Loera Méndez, reportado como desaparecido el pasado 29 de diciembre, fue encontrado ayer ejecutado al interior de un vehículo en el municipio de Hidalgo de Paral, Chihuahua.
La ficha de desaparición emitida por el Gobierno del Estado menciona que a Loera Méndez, que laboraba en el Hospital de Ginecobstetricia de Parral, se le vio por última vez en su municipio de origen.
Una familiar del científico declaró en redes sociales que había sostenido comunicación con su familia, hasta que el teléfono celular dejó de tener señal y no contestó más mensajes.
Según reportes, el cuerpo del químico de 36 años fue hallado al interior de un automóvil blanco en el Kilómetro 12 de la carretera que conecta los municipios de Parral con Jiménez.
El cuerpo de Juan Carlos Loera fue encontrado con múltiples heridas de bala, lo que señala un asesinato.
De acuerdo con los análisis de ACLEDy el Baker Institute, México enfrenta un preocupante panorama de violencia para 2025, caracterizado por los siguientes factores clave:
Reorganización criminal y expansión territorial
Se prevé una intensificación de la violencia debido a la fragmentación del Cártel de Sinaloa y la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El CJNG probablemente aprovechará la división interna del Cártel de Sinaloa para ampliar su control en zonas conflictivas.
La violencia podría extenderse a nuevas áreas, especialmente en estados con fuerte presencia del Cártel de Sinaloa.
Sofisticación de tácticas criminales
Se ha observado un aumento en el uso de explosivos y tácticas de violencia a distancia por parte de grupos criminales.
El empleo de drones adaptados y minas terrestres improvisadas refleja una escalada preocupante, especialmente en Michoacán, Guerrero y Guanajuato.
Presión internacional y relaciones con Estados Unidos
La reelección de Donald Trump podría resultar en un endurecimiento de la postura hacia México.
Se anticipan políticas más estrictas para frenar el tráfico de drogas y la migración, lo que podría incrementar las tensiones bilaterales.
La presión estadounidense podría obligar a la administración de Sheinbaum a adoptar medidas de seguridad más drásticas.
Militarización y reforma judicial
La creciente militarización de la seguridad en México plantea preocupaciones sobre posibles abusos de derechos humanos.
La reforma judicial, incluyendo la elección popular de jueces prevista para junio de 2025, podría exacerbar los riesgos para los civiles y figuras políticas.
Debilitamiento institucional y erosión democrática
El Baker Institute advierte sobre la erosión de los contrapesos democráticos y la centralización del poder.
Se anticipa que MORENA y su proyecto político de la Cuarta Transformación continuarán dominando y persiguiendo una agenda nacionalista de partido único.
Impacto económico y social
La violencia y la actividad del crimen organizado siguen afectando diversas regiones del país, lo que podría impactar negativamente en la inversión y el desarrollo económico.
México continúa siendo el segundo país más peligroso del mundo para los civiles, con limitados mecanismos para supervisar el uso de la fuerza por parte del Estado.
En resumen, tanto ACLED como el Baker Institute proyectan un 2025 marcado por una escalada de violencia , reorganización criminal, tensiones internacionales y desafíos institucionales para México.
Cuando los narcotraficantes asesinan lo hacen porque la comisión del delito no tendrá castigo. En las fiscalías estatales, cualesquiera de las 32 que existen, y en la federal, estos homicidios no se investigan de manera eficiente, profesional o científica para fincar cargos, solicitar una órden de aprehensión, detener y procesar a los sicarios.
La enorme mayoría de los más de 200 mil homicidios dolosos que sucedieron durante la administración pasada, encabezada por Andrés Manuel López Obrador del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre del 2024, permanecen en la impunidad, tal cual los miles de casos fatales que se han acumulado desde el 1 de octubre cuando la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera mujer en tomar posesión de la presidencia de la República
Este nivel de injusticia da al crimen organizado, sean cárteles, células de narcomenudistas, distribuidores de droga, traficantes de personas, secuestradores, extorsionadores, permiso para matar.
Con esa garantía debido a la ineficacia, ineptitud o corrupción de las fiscalías, los criminales amenazan con matar, cobran piso, ejecutan privaciones de la libertad y causan terror en la población. Finalmente la ventaja la tienen ellos frente a ciudadanos indefensos, desprotegidos y vulnerados por las autoridades que con su voto y sus impuestos mantienen.
Y por si este catastrófico contexto en México no fuese suficiente para ser el país que tiene las ciudades más violentas, sin atravesar por una guerra, está la confabulación insana de corporaciones policiacas, policias, agentes investigadores, ministeriales, mlitares, guardias nacionales o elementos municiales, entre muchos otros, con estos grupos delincuenciales.
La realidad es que ninguna estructura criminal, ni de narcotraficantes ni de extorisionadores ni de secuestradores o narcomenudistas, podría subsistir, desarrollarse, crecer, conquistar “plazas”, dominar calles, si no fuera por la complicidad del Estado, en cualquiera de sus órdenes o corporaciones de seguridad, investigación y justicia.
En ese contexto, en Baja California, además de una extensión de la narcoguerra que se sostiene en Sinaloa desde la aprehensión en los Estados Unidos de Ismael Zambada García, el Mayo, las mafias libran otras batallas en donde sea, a cualquier hora y a la vista de todos, vulnerando a la sociedad. Hay, vaya, enfrentamientos entre mayos y chapos en la península bajacaliforniana en sus linderos con el estado de Sonora que se resumen en una pelea sangrienta en esta frontera entre el cártel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y el de los Arellano Félix que a pesar de haberlos declarado extintos ahí siguen en la violenta lucha por controlar no solo la venta y la distribución de enervantes, también las rutas de trasiego de México hacia el norte. Es particularmente notoria, una pugna interna en el CAF (cártel Arellano Félix) que no fue desmantelado a pesar de la aprehensión de su mala afamada prole. Se trata de dos células criminales que pretenden continuar con el legado de esta familia de narcotraficantes.
En la última edición impresa del semanario ZETA, aunque se ha venido documentando desde hace años, se publicó un reportaje que reveló tres escalofriantes escenarios:
Primero, la negociación entre una célula del CAF, encabezada por Pablo Huerta Nuño, apodado el Flaquito, con presuntos emisarios de los mayos en Sinaloa, representados criminalmente en BC por los hermanos Arzate, para unir armas y enfrentar a los adversarios de los hijos del depuesto cofundador del cártel de Sinaloa.
Segundo, la huída del criminal conocido como el Flaquito, de una reunión que sostuvo en el casino principal del ex priísta, ex candidato al gobierno de Baja California y ex reo del penal de mediana seguridad de El Hongo, Jorge Hank Rhon, cuando logró evadir un operativo establecido por la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, al sobornar a los oficiales con 300 mil dólares. Ahí lo dejaron ir, como expuso el encabezado de ZETA en la edición del 20 de diciembre de 2024.
Y tercero, que, el enfrentamiento entre dos células del CAF, de nuevo la del Flaquito, y otra encabezada por un hombre de raíces mexicanas nacido en los Estados Unidos, llamado Brayan Corona y apodado el Apache, que ha dejado ya varios muertos, personas de bien secuestradas, extorsionadas con cobros de piso y mucha inseguridad en Baja California, sobre todo en Tijuana.
El domingo 29 de diciembre, dos días después de la puesta en circulación de la edición de ZETA, conteniendo la información referida, personas no identificadas ni detenidas colgaron una manta en una zona cercana a la línea fronteriza entre Tijuana y San Diego, en la cual hicieron referencia al semanario ZETA.
El mensaje, muy confuso, sin orden en la redacción, con expresiones crípticas y faltas de ortografia, es adjudicado a “las flechas”. Los investigadores asumen que es la célula del Apache, porque con esa denominación se conoce a la etnia indígena que dominó territorios en las llanuras de los Estados de la Unión Americana como Arizona y Texas, o Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, en territorio mexicano. Su arma predilecta eran flechas.
A la letra, el mensaje escrito en una manta con tinta negra, dice así: “Esto va para todos los lacras CDS traicioneros y periódicos las flechas no tienen que ver con los hermanos ni tregua ni nada, esta guerra es entre cabrones no contra mujeres y niños como lo hicieron en SD y en TJ. No an podido ni podrán X (dos flechas entrecurazadas) 19 100% FLECHAS los comerciantes que han matado es por el cobro de piso de los mismos CDS. Quieren calentar a las flechas periódico ZETA dónde quedó tu reputación ahora tus notas son sin fundamento Tijuana para los tijuanenses. Atte: La FEA”.
Por FEA, los investigadores refieren se identifican “las Fuerzas Armadas del Apache”, y evidentemente el criminal, por cierto y de acuerdo a la fiscalía general de Baja California, sin orden de aprehensión, pretende con suma audacia, deslindarse de varios de los hechos investigados y revelados en la edición de ZETA.
Del caso, se supone que se han abierto carpetas de investigación en las fiscalías estatal y de la República con sede en Baja California, pero no ha habido ni detenidos ni avances para determinar quiénes realmente guindaron la manta que vulnera a quienes trabajan en el semanario fundado por don Jesús Blancornelas, quien en 1997 sobrevivió a un atentado orquestado por el CAF.
Pero es precisamente esa impunidad que el gobierno en sus tres niveles provee a los cárteles de las drogas, y a las células que los conforman, lo que les da todo el margen para matar, amenazar, pretender una campaña de terror contra la sociedad o contra quienes ejercen el periodismo, por cierto una profesión de riesgo en un México donde no hay justicia, la muerte a manos del crimen se normaliza y la colusión de las autoridades con los criminales ya es, francamente, un descaro.
Siete heridos y dos fallecidos, fue el nuevo saldo de un ataque armado perpetrado al interior de una marisquería de la colonia Purísima Concepción en San Francisco del Rincón,Guanjuato.
El hecho se registró minutos después de las 4:00 de la tarde de ayer 1 de enero, sobre el bulevar Emiliano Zapata, entre las calles Abril y Marzo, de la colonia antes dicha. Justo a una cuadra del edificio de Seguridad Pública del municipio.
Presuntamente un grupo de hombres y mujeres, se encontraban reunidos en un local de mariscos cuando llegaron hombres en, al menos, dos motocicletas, mismas de las que bajaron, después ingresaron al local y detonaron sus armas en varias ocasiones.
Tras cometer la agresión, los presuntos responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido y a toda velocidad.
Entre las personas fallecidas fueron identificadas un menor de 14 años y un adulto de nombre Juan, de 38 años. Entre los heridos están Juan, de 27 años; Mayela, de 26; Cristian, de 25; César, de 32; Alexis, de 19; además de un menor de 16 años y un adolescente de 17 años.
Vecinos del lugar llamaron al Sistema de Emergencias 911 y al lugar acudieron elementos de Seguridad Ciudadana, quienes confirmaron el hecho y pidieron apoyo de paramédicos.
Se mencionó que varios de los lesionados decidieron no esperar la ayuda de socorristas y decidieron llevarlos a recibir atención médica en vehículos particulares. También se dijo que algunos más fueron trasladados en ambulancias..
Se confirmó que dos de los lesionados perdieron la vida mientras recibían atención médica en el hospital, mientras que otras siete personas permanecían siendo atendidas.
Debido al hecho, la zona del ataque permaneció acordonada; sin embargo, en calles a la redonda varios vecinos continuaban con sus festejos y convivios por el inicio de año.
Los Gobernadores morenistas respaldaron ayer este miércoles la estrategia de migración implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, tras considerar que esta sólo se resuelve con colaboración y atención a las causas que la originan, como la pobreza.
Mediante un comunicado conjunto tal y como lo hacían con Lopez Obrador y firmado por los 23 gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresaron sin condiciones su apoyo a la defensa de la soberanía nacional y su solidaridad con los mexicanos en el extranjero.
“Expresamos nuestro reconocimiento a las enormes aportaciones al desarrollo económico, la vida social y el enriquecimiento cultural que generan en el extranjero nuestros paisanos, muy particularmente en los Estados Unidos”, apuntan en el desplegado.
El comunicado de los gobernadores morenistas respaldando la estrategia migratoria de la presidenta Claudia Sheinbaum presenta varios indicios de hipocresía que contrastan con la realidad de las acciones del gobierno:
Con anterioridad, Sheinbaum Pardo ha indicado que su estrategia se basa en tender puentes entre gobiernos y ciudadanos, pero con respeto a la soberanía del País, iniciativa que los Mandatarios resaltaron.
“La atención a la migración sólo puede darse a través de la colaboración para el desarrollo, el invariable respeto a la soberanía de nuestros países y, por supuesto, la defensa de los derechos humanos de todas y todos los mexicanos que residen en el extranjero”, subrayan.
Asimismo, rechazaron que la dureza sea la respuesta a la migración, sino que esta se encuentra en la creación conjunta de condiciones que impacten en el bienestar de las naciones del continente y sus comunidades más necesitadas.
La realidad versus discurso
El comunicado de los gobernadores morenistas respaldando la estrategia migratoria de la presidenta Claudia Sheinbaum presenta varios indicios de hipocresía que contrastan con la realidad de las acciones del gobierno:
Retórica vs. Acciones
Colaboración y atención a las causas: Mientras el comunicado enfatiza la necesidad de colaboración y atención a las causas de la migración, como la pobreza, la realidad muestra que el gobierno mexicano ha implementado medidas más duras y restrictivas en la frontera sur.
Defensa de la soberanía nacional: Aunque expresan apoyo a la defensa de la soberanía, el gobierno mexicano ha cedido en varias ocasiones a las presiones de Estados Unidos en materia migratoria, como la implementación del programa “Quédate en México”.
Solidaridad vs. Políticas restrictivas
Solidaridad con mexicanos en el extranjero: Contrastan su expresión de solidaridad con la falta de acciones concretas para proteger a los migrantes mexicanos ante las amenazas de deportaciones masivas de Trump.
Reconocimiento a las aportaciones de migrantes: Mientras elogian las contribuciones de los migrantes, el gobierno ha implementado políticas que dificultan el tránsito de migrantes centroamericanos por México.
Discurso humanitario vs. Realidad operativa
Respeto a los derechos humanos: A pesar de enfatizar la defensa de los derechos humanos, México ha sido criticado por organizaciones internacionales por violaciones a los derechos de migrantes en tránsito.
Rechazo a la dureza: Aunque rechazan que la dureza sea la respuesta, el gobierno mexicano ha utilizado a la Guardia Nacional e incluso la violencia del ejercito mexicano para contener flujos migratorios en la frontera sur.
Cooperación internacional vs. Acciones unilaterales
Creación conjunta de condiciones: El comunicado habla de colaboración para el desarrollo, pero en la práctica, México ha actuado unilateralmente en muchas ocasiones, cediendo a presiones externas sin una verdadera negociación bilateral.
Atención a causas profundas: Mientras se menciona la atención a la pobreza y la creación de oportunidades, las acciones concretas para abordar estas causas en los países de origen de la migración han sido limitadas.
Esta retórica contrasta fuertemente con las acciones reales del gobierno mexicano en materia migratoria, revelando una significativa brecha entre el discurso oficial y la implementación de políticas efectivas para abordar el complejo fenómeno de la migración.
El fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, confirmó que están activas seis solicitudes de extradición en contra del exfiscal Edgar Veytia, quien será liberado en Estados Unidos el próximo 10 de marzo de 2025, según la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).
Estas solicitudes corresponden a delitos graves, incluidos secuestro agravado, extorsión, abuso de autoridad, tráfico de influencias y tortura.
Díaz Ponce dijo que “el trámite ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar la extradición está completo”.
Extorsión, tortura y secuestro, cargos contra Veytia
Entre las carpetas de investigación destaca la causa 19/2019, relacionada con secuestro agravado, delito que calificó como imprescriptible.
“La orden de aprehensión fue girada el 24 de octubre de 2019, y la extradición se solicitó el 7 de mayo de 2021“, detalló.
Además, mencionó otras investigaciones, como la causa 1461/2019 por tortura y abuso de autoridad, y la 1882/2019, que involucra extorsión y tráfico de influencias, informó.
El fiscal señaló que hay tres causas más en trámite, para obtener nueve órdenes de aprehensión en total, y actualizar la solicitud, pero indicó que los ofendidos no han completado los requisitos necesarios para avanzar en las investigaciones.
Estas denuncias, dijo, “están debidamente actualizadas con la documentación que exige el proceso” y afirmó que la última actualización fue el 20 de diciembre pasado.
Nosotros seguimos trabajando en conjunto con las víctimas, pero en algunos casos hay quienes no han querido continuar con el proceso.
Por otro lado, reconoció que hay denuncias en contra de colaboradores cercanos a Veytia, incluidos comandantes y otros exfuncionarios, sobre quienes pesan órdenes de captura.
“Estamos en colaboración con otras fiscalías para localizar y procesar a estas personas”, afirmó.
En cuanto a los casos de desaparición forzada, en las que presuntamente participó el ex fiscal Veytia, Díaz Ponce resaltó que “estas denuncias nunca prescriben” y señaló que ya se ha detenido a más de 30 personas relacionadas con estos delitos, pero no precisó si el exfiscal está involucrado en estas investigaciones.
“Trabajamos de cerca con colectivos de desaparecidos para mantener actualizada la información y continuar las investigaciones”, aseguró.
Díaz Ponce confirmó que las autoridades seguirán impulsando las solicitudes de extradición y recopilando pruebas en las carpetas pendientes.
“Nuestro objetivo es garantizar justicia para las víctimas y procesar todos los delitos atribuidos a esta persona”, concluyó.
Exigencias de justicia
La reciente reducción de la condena de Veytia y su próxima liberación generó preocupación entre las víctimas de sus presuntos crímenes en Nayarit, y esperan que la FGR atienda lo correspondiente a las desapariciones forzadas y otros delitos que él confesó durante las audiencias en las que participo como testigo protegido en Estados Unidos.
El vocero de la Promotora de la Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios, en entrevista para Aristegui en Vivo señaló que hay señalamientos por tráfico de órganos y otras irregularidades cometidas durante la gestión de Veytia, que deben continuar en investigación.
La alcaldesa emecista de Coalcomán, Anavel Ávila Castrejón, ha negado cualquier clase de vínculo con el crimen organizado. Sin embargo, un video que se encuentra ya en poder de la Fiscalía General de la República muestra el momento en que una mampara con palabras de agradecimiento, dirigidas al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue sacada de las oficinas del Ayuntamiento y colocada en la plaza cívica donde desde un micrófono, y en medio de la gritería infantil, se agradeció al Mencho, a sus hijos y “al comandante Delta 1”, la entrega de regalos navideños a los niños del municipio.
Tras largas y dramáticas horas de silencio por parte de las dirigencias nacional y estatal, Ávila Castrejón finalmente fue abandonada a su suerte por Movimiento Ciudadano, el partido que, a pesar del cúmulo de evidencias que señalaban sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco, la impulsó como candidata.
En las elecciones de junio pasado resultó ganador en Coalcomán el exsíndico municipal Rafael Saucedo Santana, al que había postulado el PRD. La emecista Anavel Ávila alegó fraude, compra de votos e irregularidades en la designación de los funcionarios de casilla: encabezó marchas y toma de instalaciones municipales.
Al cabo, el candidato perredista no se presentó a recibir la constancia que acreditaba su triunfo. Según fuentes de seguridad, había recibido amenazas de muerte.
El camino quedó despejado para Ávila Castrejón. El candidato perdedor se hizo a un lado, a pesar de que también eran públicos sus nexos con el Cártel Jalisco: según EL UNIVERSAL, en enero de 2024, cuando un operativo del Ejército se desplegó en Coalcomán para detener a un operador del CJNG apodado El Guache, Saucedo Santana y la entonces alcaldesa perredista María Obdulia Esquivel impidieron el avance de elementos de la 43ª Zona Militar: una multitud integrada por mujeres y niños obligó a la Sedena a retirarse.
Al mismo tiempo, otra investigación señaló que las extorsiones exigidas por el cártel eran pagadas en la propia casa del síndico.
Coalcomán entró en estado en guerra a mediados de 2021, cuando el Cártel Jalisco abandonó las inmediaciones de Tepalcatepec e instaló ahí su principal centro de operaciones en tierras michoacanas.
La guerra contra el grupo rival, Cárteles Unidos, dejó en las comunidades rurales un infierno de casas saqueadas, animales muertos o perdidos y sembradíos arruinados. Cientos de familias tuvieron que desplazarse. Comunidades como Las Nueces, Las Parotas, Los Laureles y Maruata quedaron prácticamente vacías.
En la región arreciaron los secuestros, los asesinatos y las desapariciones. La extorsión cayó sobre las autoridades municipales. El crimen organizado controló abiertamente la obra pública, la seguridad y las finanzas.
Desde ese tiempo, en que Ávila Castrejón fungía como directora de Desarrollo Social del municipio y estaba a cargo de diversos programas sociales, se le relacionó con el Cártel Jalisco.
En 2014, el padre y un hermano de la alcaldesa fueron acusados del asesinato del comandante de la Fuerza Rural Felipe Díaz Ávila.La investigación indicó que el comandante había intensificado los operativos de vigilancia, entorpeciendo las “presuntas actividades” ilícitas de los familiares de la hoy alcaldesa. Pagaron 200 mil pesos a un sicario para que emboscara a Díaz Ávila. Se les detuvo en noviembre de ese año.
Una nueva relación sospechosa afloró en octubre pasado, cuando la Guardia Nacional capturó en Jalisco a Armando Gómez Núñez, el Delta 1: uno de los altos mandos del Cártel Jalisco, jefe del brazo armado de esta organización criminal y uno de los mencionados en la controvertida mampara que desató el escándalo en Coalcomán.
Una denuncia anónima hizo que efectivos militares rastrearan el vehículo en el que él viajaba. Llevaba a bordo droga y armas e iba acompañado por su pareja sentimental, Mónica del Carmen “N”… la prima hermana de la actual alcaldesa de Coalcomán.
Investigaciones periodísticas dadas a conocer en años anteriores señalaron que, como funcionaria encargada de recaudar el dinero de las extorsiones, Anavel Ávila le rendía cuentas directamente al Delta 1.
La alcaldesa ha dicho que “bajo ninguna circunstancia participaría en alguna situación de apología del delito”. Sin embargo, en un video tomado durante la ceremonia que conmemoró los 193 años de la elevación de Coalcomán como municipio se le ve al lado de otros funcionarios, mientras todo es amenizado con un corrido dedicado al Mencho.
Y en el video entregado a la FGR por autoridades estatales se aprecia, pues, el momento en el que la mampara de agradecimiento es sacada de las oficinas del Ayuntamiento y colocada en la plaza cívica.
Hace unos meses, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, celebraba como un logro de su gobierno que en Coalcomán el homicidio había descendido 72%. Claro: en ese municipio no se mueve ni una hoja sin la venia de los jefes del CJNG, cuyo apoyo acaban de agradecer los funcionarios municipales.
Con informacion.-@hdemauleon/HECTOR DE MAULEON/ELUNIVERSAL
