Con la voz aún temblorosa, María Teresa Montaño Delgado relata el suceso que cambió el curso de su vida en una tarde, a priori como cualquier otra, en agosto de 2021. La periodista, residente en Toluca, capital del Estado de México (Edomex), salió de una cita médica y se dispuso a parar a un taxi con la intención de que la llevara de vuelta a casa. Una vez dentro del vehículo, fue asaltada por tres hombres armados que le vendaron los ojos y la maniataron. La apuntaron con una pistola bajo amenaza, diciéndole “ya sabes de qué va esto”. Inmediatamente después, el coche puso rumbo su domicilio, cuya dirección los asaltantes ya conocían.
“No paraban de preguntarme: ‘¿Eres periodista? ¿Para qué medio trabajas?’” Pero a pesar del miedo, ella lo negó rotundamente en cada ocasión: “Si admitía que era periodista, estaba convencida de que me matarían”.
Cuando llegaron a su domicilio, los secuestradores le prohibieron a Montaño entrar a su propia casa. Mientras esperaba en el coche, la periodista cuenta que se llevaron todo su material de trabajo —ordenador, grabadora de voz, cámara de fotos, tabletas, cuadernos, documentos que archivaba desde hacía varios años—, así como su coche. Tras un suplicio que se prolongó durante varias horas, la periodista fue milagrosamente liberada: “Fue horrible, creía que iban a dispararme. En mi mente le dije adiós a la vida, adiós a mis hijos”, recuerda, aún hoy conmocionada.
Unos meses antes del secuestro, Teresa Montaño —fundadora y redactora jefa del sitio web mexicano de investigación The Observer— había comenzado una investigación sobre los contratos públicos del Estado de México (Edomex), pulmón económico del país. Se dio cuenta de que varios de los contratistas tenían su sede a cientos de kilómetros del Edomex, y de que los contratos presentaban algunas irregularidades. No fue hasta tres meses después de ser secuestrada que, sospechando que se trataba de empresas fachada, creadas para malversar dinero público mediante contratos ficticios, la periodista empezó a viajar por todo el país para verificar su existencia y la naturaleza de las actividades de estas empresas.
Pero tras su secuestro, la periodista tuvo que poner en pausa su trabajo y ahora vive escoltada. Para proteger su investigación, se puso en contacto con Forbidden Stories, cuya Safebox permite que los periodistas amenazados mantengan a salvo la información sensible en su poder.
Junto a ella, se constituyó un consorcio con The Guardian, la OCCRP y Forbidden Stories para ayudarla a terminar su trabajo, a pesar de las amenazas. Tras varios meses de investigación, nuestros documentos, entrevistas y viajes han revelado que, entre 2018 y 2022, el Estado de México contrató al menos 15 empresas fachada, a través de 40 contratos y por valor de más de 5.000 millones de pesos —en torno a 280 millones de euros—. Algunos de estos contratos implican a altos representantes del PRI, el partido político que gobierna el Edomex desde hace casi un siglo, así como a nombres ya vinculados a otros grandes casos de corrupción.
Una periodista en un mar de tiburones
Con su mirada dulce y su voz temblorosa, es difícil imaginar que Teresa Montaño sea una de las periodistas más temidas por la clase política de su ciudad, Toluca, y de todo el Estado de México.
Situado en el centro del país —cerca de la capital, Ciudad de México— la entidad, de 17 millones de habitantes, es la segunda economía mexicana en términos de participación del PIB. Se trata también de uno de los últimos bastiones PRI, que lo gobierna desde 1929 y que recibió el calificativo de “dictadura perfecta” según el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.
El 4 de junio de 2023, el Estado de México celebra unas elecciones locales de carácter decisivo, pudiendo poner fin al reinado del PRI. Un escrutinio crucial, ya que también podría influir fuertemente en el resultado de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en 2024. “El Estado de México tiene un fuerte valor simbólico y político para el PRI y para la oposición”, afirma Rogelio Hernández, politólogo del Colegio de México.
En el Estado de México, “gran parte de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y el dinero público se malversa a través de empresas fachada o contratos irregulares [...] Es una mafia”, comenta Teresa Montaño. Durante muchos años, la periodista ha trabajado duro para sacar a la luz esta corrupción a través de sus investigaciones. Esto le ha acarreado incontables problemas; entre ellos, haber sido despedida en el pasado a causa de su trabajo “molesto”.
María Teresa Montaño Delgado cuenta haber sido despedida a causa de su trabajo “molesto”.
En 2021, la periodista sospechaba la existencia de una vasta red de corrupción, formada para financiar la actual campaña política. Para demostrarlo, descargó y analizó más de 200 contratos firmados por el Estado de México entre 2018 y 2022, accesibles desde la plataforma IPOMEX, creada inicialmente con fines de transparencia.
La suspicacia de la periodista es sencilla y se basa en un patrón ya revelado por investigaciones en otros estados mexicanos. Estaba convencida de que algunas de estas empresas se trataba de empresas fachada, que “existen” sobre el papel pero carecen de actividad real o de empleados. Para demostrarlo, decidió viajar por todo el país y visitar las direcciones indicadas en los contratos para comprobar si estas empresas realmente existían. “Me parecía extraño que el Estado de México, el más industrializado a nivel nacional, recurriera a empresas situadas en la otra punta del país [...] Descubrí que muchas de estas empresas tenían sedes ficticias”, explica.
22.000 parrillas eléctricas para tratamientos faciales
Entre 2021 y 2022, la empresa de limpieza Sevacom se adjudicó doce contratos públicos por un importe total de más de cuatro millones de euros (75.841.846 pesos), bajo el encargo de organizar talleres de “maquillaje”, “tratamientos faciales”, “costura” y “decoración con globos” en el Estado de México. Según estos contratos, esta empresa tiene su sede en Guadalupe, en el estado de Nuevo León, a 900 kilómetros del Estado de México.
“Es muy extraño recurrir a una empresa con una sede tan lejana, ya que este tipo de productos se pueden encontrar fácilmente aquí”, comenta Montaño. Guiada por la sospecha, la periodista acudió en persona para ver de primera mano cómo eran las oficinas de la empresa.
Cuando llegó a la dirección indicada en los contratos, se encontró con una modesta tienda de fachada azul que vendía productos de limpieza básicos a granel, hecho que contrastaba con los millones de euros que estaban en juego en los contratos. Según la página web de Sevacom, que fue creada un mes después de la firma de los contratos, la entidad se describe a sí misma como una empresa “activa a nivel nacional” y que ofrece más de 8.000 productos de limpieza.
El modesto escaparate en Guadalupe de la empresa de limpieza Sevacom, supuestamente presente en el mercado nacional, en el Estado de México.
A las preguntas de la periodista, la propietaria de la tienda negó haber firmado contrato alguno con el Estado de México. En respuesta a las solicitudes de información de Forbidden Stories, el Estado de México ha entregado numerosos dossiers con supuestas pruebas de existencia de estas empresas, comprendiendo imágenes y certificados, ninguno de los cuales aporta prueba sólida de los servicios prestados.
Otro elemento sospechoso es que la razón social de la empresa Sevacom, especializada en la “venta de productos de limpieza”, no se corresponde en absoluto con los términos del contrato, en el cual sus servicios se registran bajo la expresión genérica de “ayuda y cooperación”. En el contrato también se mencionan pedidos absurdos, como 22.000 “parrillas eléctricas” para un taller de cuidado facial. Forbidden Stories y sus socios no han localizado ninguna prueba en línea que demuestren la existencia de estos supuestos talleres mencionados en los contratos, y Sevacom no ha respondido a los correos electrónicos, llamadas ni a los mensajes de WhatsApp que le han sido enviados.
Y eso no es todo. Nuestra investigación ha revelado también que en estos contratos están involucradas personas clave del partido en el gobierno del Estado de México: el PRI. De hecho, dos de los doce contratos fueron otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, organismo público cuya misión es combatir la pobreza y reducir la desigualdad.
En el momento de la firma de los contratos, esta institución estaba encabezada por Eric Sevilla Montes de Oca —actual presidente del partido en Edomex—. Tras él, asumió el liderazgo de la Secretaría Alejandra del Moral, que hoy se presenta como candidata del PRI para las elecciones locales de junio de 2023 y que acumula también el cargo de expresidenta del PRI en el Estado de México. Contactados por Forbidden Stories, ninguno de los dos ha respondido a las cuestiones solicitadas.
Alejandra del Moral, candidata del PRI a las elecciones locales del Estado de México, durante un mitin de campaña.
La existencia de contratos inflados
Mientras el modus operandi de algunas empresas fachada consiste en adjudicarse multitud de pequeños contratos que, en total, terminan constituyendo una gran suma; otras, identificadas por Teresa Montaño, llegaron a obtener contratos con cifras asombrosas.
Es el caso de la empresa Instituto C&A Intelligent, S.C., que entre 2018 y 2019, junto con su socia Fixs Business S.A. de C.V., ganó cinco contratos que ascendían a casi 2.000 millones de pesos —más de 110 millones de euros—. A estas dos empresas, supuestamente especializadas en la gestión de recursos humanos, se les encargó llevar a cabo la selección, contratación y administración de personal, así como realizar auditorías de seguridad digital.
Contrato entre Instituto C&A Intelligent, S.C. y la Secretaría de Desarrollo Social para “servicios profesionales y técnicos” que se eleva a más de 12 millones de euros.
“Aquí es donde supuestamente se encuentran las oficinas del Instituto C&A Intelligent, S.C., tal y como se indica en los contratos”, denunciaba Teresa Montaño en un vídeo que data de abril de 2022. La periodista acudió al municipio costero de Coatzacoalcos, en el sureste del país, para verificar la existencia de esta entidad.
Una vez allí, se encontró con un destartalado escaparate de color naranja, cerrado por verjas oxidadas que parecían no haberse abierto en mucho tiempo. Al preguntarle a una residente del segundo piso de este mismo edificio, respondió que la última empresa que ocupó el local se había marchado hace al menos dos años. El resto del barrio presentaba una apariencia similar a la de esta fachada: desierto y abandonado. La dirección de correo electrónico de esta supuesta empresa tampoco parece existir; Forbidden Stories ha intentado ponerse en contacto con ella, sin éxito.
A petición de Forbidden Stories, el Estado de México facilitó fotos de una supuesta sede distinta (de esta misma empresa) con el logotipo de la empresa y una dirección en Toluca, Estado de México, donde acudieron periodistas del consorcio. Según los vecinos, una furgoneta pasó a mediados de mayo para volver a colocar un cartel con el logotipo en la fachada (que hasta entonces se encontraba vacía). El testimonio de un vecino aseguraba que “nunca se ve entrar ni salir a nadie”. Las últimas oficinas se habrían vaciado “antes de la pandemia”.
Sin embargo, la existencia de Fixs Business, socio del Instituto C&A Intelligent, S.C., parece bien real. Sus oficinas se encuentran en la ciudad de Puebla, que también visitó la periodista. “Este escenario es bastante común en casos de corrupción y malversación: los servicios los presta una empresa legal, y el dinero se malversa a través otra”, dice Muna Dora Buchahin Abulhosn, exdirectora general de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la agencia antifraude fiscal de México.
El funcionamiento es, pues, bastante simple: Fixs Business, una empresa real, habría servido como aval de Instituto C&A Intelligent, S.C., empresa que no existía, para desviar una parte o la totalidad de la exorbitante suma en juego. Ninguna de las sociedades ha respondido a las preguntas que Forbidden Stories les envió por correo electrónico.
Otra empresa, Zumby Servicios Profesionales, cuya actividad es difícil de probar firmó al menos cuatro contratos por un valor total de más de 2.000 millones de pesos (más de 120 millones de euros) con el Estado de México. Como muchos de los otros contratos sospechosos analizados por el consorcio, tres de los contratos de esta empresa se firmaron a finales del año natural, el 30 o 31 de diciembre —un periodo de festividades y vacaciones durante el cual las instituciones públicas están prácticamente paralizadas—. En respuesta a las preguntas de Forbidden Stories, la Secretaría de Finanzas, órgano responsable de los contratos públicos, explicó que la administración no cuenta con períodos “bloqueados” con el fin de “atender las necesidades de la población de forma permanente”.
Para probar la existencia y actividad de Zumby, el Estado de México aportó fotos de una oficina instalada en un espacio de coworking —pero la oficina en cuestión no ha podido ser localizada—. Las fotos del domicilio fiscal de la empresa, también facilitadas por el Estado de México, no se corresponden con las oficinas visitadas por un miembro del consorcio en esa misma dirección.
Presuntamente, la empresa prestó, por valor de más de 120 millones de euros (2.274.147.208 pesos) “servicios profesionales y de asistencia técnica” al Estado de México, otro indicio de potencial malversación de fondos. La prestación de servicios “como recursos humanos, bienes intangibles, software, etc.” se trata, de hecho, de “una de las formas más fáciles de disimular [los contratos ilícitos]”, explica Muna Dora Buchahin Abulhosn.
Una “estafa maestra” persistente
En 2017, el medio independiente mexicano Animal Político publicó una sonada investigación que exponía una vasta red de corrupción que habría permitido al gobierno federal mexicano malversar cientos de millones de dólares a través de un centenar de empresas fachada. Esta investigación se conoce ahora como la Estafa Maestra.
“Se trataba de una red de poder estructurada y compuesta por altos funcionarios (...) que simulaban servicios por los que recibían pagos”, declara Muna Dora Buchahin Abulhosn, cuya agencia estuvo detrás de las revelaciones.
A pesar del escándalo, la exdirectora de la ASF explica que este modus operandi permanece impune hasta el día de hoy. La investigación del caso de Montaño es la prueba. “El procurador general de la República no ha hecho su trabajo y nadie ha sido encarcelado por estas irregularidades (...) Se sigue contratando a muchas empresas a través de las universidades, de los estados”, añade. Igualmente, denuncia que ha habido muy pocas auditorías al Estado de México.
Por su parte, el Gobierno del Estado de México, órgano fiscalizador de todas las administraciones públicas, asegura que todos los contratos que le presentamos como prueba fueron adjudicados conforme a la legalidad. Por su parte, la Secretaría de Finanzas —único órgano encargado de las compras de equipo y servicios para las administraciones públicas— asegura que estos contratos se han realizado de manera transparente a través de licitaciones y cumpliendo con las leyes vigentes. También explicó que las licitaciones en cuestión se realizaron a escala nacional, lo que supuestamente explicaría la ubicación (lejana al Estado de México) de las empresas.
Tras esta investigación, que se ha prolongado durante más de dos años y ha afectado gravemente a su vida personal y profesional, Montaño tiene sentimientos encontrados: “Hubiera podido denunciar muchas más cosas, muchas más empresas ficticias, si no me hubieran robado todo mi material de trabajo”, lamenta. “Me parece muy injusto que se roben recursos que se supone que deberían ayudar a toda la sociedad. Denunciarlo es mi forma de hacer del mundo un lugar mejor”, añade.
A día de hoy, la investigación sobre su secuestro está paralizada y, aunque ha presionado a las autoridades, sigue sin tener noticias sobre la evolución de su caso. Como en los casos de corrupción ya denunciados en el país, reina la impunidad. “Todo el mundo lo sabe y nadie hace nada al respecto. El Estado de México es el más corrupto del país, es aquí de donde se llevan el dinero para repartírselo a los otros”, concluye Muna Buchahin.
***María Teresa Montaño Delgado (The Observer), Lilia Saúl Rodriguez (OCCRP), Nina Lakhani (Guardian US), Paloma Dupont de Dinechin, Sofía Álvarez Jurado y Karine Pfenniger han contribuido a la realización de este artículo.
