Margarita Teresa Torres, de 23 años, fue la última víctima cuyo cuerpo fue encontrado. Salió de su casa junto a su compadre, Javier Alfaro Ortega, el 19 de abril de 2018. Querían comprar leche materna, pero nunca llegaron al Oxxo, ubicado a siete cuadras de la vivienda en la que se encontraban. Más de un mes después, el 23 de mayo, sus restos fueron hallados en una brecha por Ericka Castro, quien busca a su esposo José Luis Bautista Carrillo, a quien los marinos capturaron días antes en un yonke —deshuesadero de vehículos— en el que se celebraba un acto de recaudación de fondos.
“Ellos encontraron los cuerpos encima de la tierra, a simple vista, cuando yo estuve buscando en ese mismo lugar”, explica Ana Esperanza Torres, hermana de la víctima. Cuenta que el día siguiente de la desaparición comenzó a investigar. Y dio con dos pistas: por un lado, el vehículo en el que viajaba su hermana, donde halló una sandalia y restos de sangre. Por otro, testimonios de vecinos que aseguraban que los marinos se los llevaron. “Todos me confirmaron que eran trocas de la marina y unas trocas blancas. Uno ya sabía lo que ocurría, porque en esos meses anduvieron haciendo mucho levantamiento de personas. Sabíamos que aparecían muertos al día siguiente”, explica.
El caso de Torres está plagado de irregularidades. El vehículo en el que capturaron a la joven fue encontrado por su hermana, pero según le dijeron los investigadores, nunca estuvo en ese lugar. Tampoco nadie explica cómo los dos cuerpos fueron hallados en un lugar que la familia ya había peinado durante semanas.
Desde entonces no hubo un solo avance. Y Torres comienza a cansarse.
Desesperación en las familias
“Hay mucha desesperación en las familias por el curso de los juicios. No participan, no tienen información de primera mano. No confían en el sistema de justicia mexicano”, explica Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), la organización que acompaña a las víctimas.
En 2021, hubo dos hitos que dieron esperanza a las familias: la detención de 30 marinos a principios de abril acusados de cuatro desapariciones y el acto de disculpa pública celebrado en el municipio fronterizo.
En relación a las detenciones, seis marinos fueron señalados y enviados a prisión por la causa 155/2020, que investiga el caso de Julio César Viramontes Arredondo, desaparecido en febrero de 2018. Otros 11 fueron encarcelados por la causa 307/2020, la relacionada con Bautista Carrillo. Existe un tercer expediente, el 308/2020, relacionado a la desaparición de otros dos jóvenes ocurrida el 17 de febrero: Noé Ignacio Alférez Hernández, de 22 años, y Jonathan Ballesteros Loza, de 17. En este caso hubo 13 marinos vinculados a proceso, pero 12 de ellos ya están libres después de que un juez admitiera el amparo presentado por sus defensas.
Animal Político tuvo acceso a las audiencias celebradas contra los 30 elementos de la Armada de México. En los dos primeros casos, los investigadores disponen de pruebas sólidas contra los elementos de Armada de México: los celulares de las víctimas emitieron señal hasta dos días después de la desaparición y los ubican junto al cuartel El Laguito, también conocido como Nuevo Laredo Sur, uno de los destacamentos empleados por la Marina hasta junio de 2018.
Además, la FGR tiene videos, fotografías y testimonios que apuntan a los oficiales como responsables de las desapariciones. En el tercero de los casos, un juez no dio por válidos los testimonios de dos personas que aseguraron ver marinos en el momento de los hechos, pero no pudieron señalar que ellos se habían llevado a las víctimas.
Interrogatorios que nunca se hicieron
“FGR está dilatando las investigaciones para que no lleguen a los altos mandos. Esto fue un operativo de Estado, no fue un operativo común”, dice Raymundo Ramos, del CDHNL. Las investigaciones llegaron únicamente hasta el capitán Alfredo Reyes Mondragón, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes) en Nuevo Laredo.
Aunque su nombre aparece mencionado en las tres desapariciones llevadas a juicio, solo fue vinculado a proceso por las de Alférez Hernández y Ballesteros Loza. Por eso es uno de los marinos que recuperaron la libertad en noviembre, después de que un juez federal no viese indicios para mantenerlos en prisión. Los testimonios aparecidos en las audiencias prueban, sin embargo, que él estaba al tanto del resto de episodios, ya que muchos de los partes venían firmados de su puño y letra.
Animal Político quiso conocer la versión de la FGR y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
La cadena de mando es algo que tampoco se analizó en las audiencias. Según la recomendación 36VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), esta apuntaría hasta el entonces jefe de la Unopes, Marco Antonio Ortega Siu. Sin embargo, este almirante no fue nunca interrogado por los fiscales. En 2019, dejó su puesto de mando para pasar a una plaza de oficinas y fue descartado por Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública. “Debe ser citado a entrevista no solo Ortega Siu, sino el entonces secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz”, asegura Ramos.
No se trata solo de saber quién iba en la patrulla que, presuntamente, desapareció a una persona. Las familias también quieren saber quién dio la orden y quién diseñó el plan que desembocó en 47 desapariciones forzosas amparadas por la lucha contra la delincuencia organizada.
Casi un año después del acto de petición de disculpa pública, la compensación también está paralizada. Ni han pagado indemnizaciones ni se ha continuado con las búsquedas. “Una disculpa es un acto moral. La Marina reconoce su responsabilidad pero no ha querido colaborar con FGR. Y la FGR no quiere incomodar a la Marina. El resultado es que llevamos tres años del actual gobierno y el compromiso no se está cumpliendo. Mientras las víctimas entran en desesperación, enferman o en algunos casos no quieren continuar demandando justicia”, denuncia Ramos.
