Las desapariciones forzadas cometidas por elementos de las fuerzas armadas mexicanas son, por desgracia, un hecho real que sigue dándose sin que estos crímenes encuentren castigo y, sobre todo, bajo un esquema de abuso, y ocultamiento en el que participan todo tipo de autoridades.
Entre enero y junio de 2018, al menos 47 civiles desaparecieron en el norte del país, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el marco de un amplio despliegue militar con el que los secretarios de Defensa y Marina de Enrique Peña Nieto enfrentaron –sin éxito– a los cárteles del narcotráfico que han dominado durante años la actividad criminal en esa región del país.
En el Estado de México, la SEDENA aplicó de manera discrecional la Operación Dragón, diseñada para detener y ejecutar en horas de la madrugada a civiles sospechosos de dedicarse a actividades criminales. La operación fue documentada por organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y se aplicó en la ejecución de al menos 11 o 12 de 22 presuntos delincuentes que se enfrentaron con soldados, se rindieron, fueron sometidos y después fusilados en una bodega sobre la carretera a San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, en junio de 2014.
Tres meses después de la ejecución de Tlatlaya ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en el contexto de la guerra entre bandas criminales y células de cárteles de la droga en interminable lucha por controlar rutas, territorios y enclaves para su actividad.
En este marco de violencia extendida coincidieron las pugnas sangrientas entre cárteles, bandas locales y fuerzas del Estado. El Ejército se hizo cargo de combatir al narco a su manera en las costas de Guerrero y en su zona serrana.
La Marina llevó sus tácticas al norte del país por sus buenas relaciones con sus contrapartes de los Estados Unidos y la ayuda tecnológica que podrían recibir en caso de una emergencia de seguridad fronteriza. El gobierno de Peña Nieto no envió al Ejército, porque no es bien visto por el Pentágono y los niveles de cooperación eran ya bastante limitados. La confianza mutua entre la SEDENA y las agencias de seguridad estadunidenses era ya para entonces todo un tema de desgaste en la agenda binacional.
En cambio, con la SEMAR la cooperación, los apoyos y el despliegue en materia de inteligencia operativa eran óptimos, no sin que antes la embajada norteamericana revisara a fondo, con todo detalle y sin margen de error, a sus interlocutores navales, a los mandos y operadores a los que se le ha dado acceso a información privilegiada.
Parte de esos accesos y controles se cumplieron a cabalidad con personajes como el almirante Marco Antonio Ortega Siu, quien era el comandante responsable del manejo y control de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Marina, el cuerpo de élite de la Armada de México.
Otro personaje a quien el Comando Sur, el Pentágono, la DEA y otras 12 agencias revisaron era el capitán de Fragata Alfredo Reyes Mondragón, responsable de la Base de Operaciones de la Marina en Nuevo Laredo.
Ortega Siu y Reyes Mondragón son señalados por grupos civiles que los responsabilizan de la desaparición de unas 47 personas ocurrida entre enero y junio de 2018, cuando medio batallón de la UNOPES fue desplegado en el noreste del para operar en la erradicación de células y comandos de sicarios del Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, Cártel de los Zetas Vieja Guardia y células del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El objetivo de los operadores de la UNOPES era localizar, detener y acabar con los comandos de sicarios, grupos de escoltas y círculos de protección de los capos y jefes de las organizaciones marcadas como blancos prioritarios.
Vestidos de civil, con pantalones color caqui, usando pasamontañas, gogles y chalecos tácticos, los operadores de las unidades Puma, Roble, Lince y Hurón de la UNOPES trabajaron durante medio año localizando a sus objetivos, fueran o no parte de los grupos de sicarios, para dejarlos fuera de circulación por completo.
Las acusaciones sobre Ortega Siu, Reyes Mondragón y sus UNOPES tienen sustento legal. Fueron hechas por familiares de muchos de los desaparecidos. La Fiscalía General de la República(FGR) investiga las desapariciones forzadas.
Julio César Viramontes Arredondo, de 23 años de edad, es uno de los civiles desaparecidos. Su auto fue embestido por una camioneta de marinos quienes lo detuvieron y llevaron a instalaciones navales y de ahí a un lugar desconocido sin que se haya vuelto a saber algo de él. En torno a su desaparición hay testigos y versiones que avalan los señalamientos contra el personal naval.
La FGR ha indicado que hay 34 carpetas de investigación abiertas en torno a lo ocurrido a 25 civiles a os que no se ha localizado todavía. Otras 19 personas fueron halladas sin vida, casi todas en zonas despobladas de Nuevo Laredo, Nuevo León y Coahuila. Entre los desaparecidos y asesinados hay menores de edad.
A la fecha solo hay un caso judicializado, es decir, un caso cuyas pruebas han hecho que un juez de control considere que hay elementos suficientes para vincular a proceso a una o más personas. Esos elementos probatorios indican que fue personal de la Marina el que se llevó a varios de los civiles desaparecidos deteniéndolos en la calle o sacándolos de sus casas.
La fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero señala que la otra línea de investigación que no se descarta es que los responsables de las desapariciones habrían sido falsos marinos, sicarios vestidos con ropas de elementos de élite de la SEMAR, pero no hay nada concluyente en este sentido.
En cuanto a Ortega Siu y a Reyes Mondragón, vale recordar que en el marco de las primeras indagatorias sobre las desapariciones –estas no son las primeras ni las únicas adjudicadas en el norte del país a los marinos–, el alto mando naval encabezado por el almirante Vidal Francisco Soberón, ordenó que 274 elementos de Infantería de Marina (entre ellos los comandos de la UNOPES) se concentraran en el Cuartel General de la Marina en la Ciudad de México para ser interrogados sobre lo ocurrido.
Investigaciones periodísticas sobre estos hechos derivaron en solicitudes de acceso a la información en las que se pidió a la SEMAR copia en versión pública de las Hojas de Servicio del almirante Marco Antonio Ortega Siu y del capitán Alfredo Reyes Mondragón, para darle seguimiento a sus trayectorias navales.
Sin embargo, la SEMAR se ha negado a hacer públicos estos documentos y los ha reservado por un cómodo periodo de cinco años, muy conveniente para proteger a ambos personajes en el marco de investigaciones de la FGR que podrían vincularlos con las operaciones de eliminación de narcos en el norte y noreste del país.
Esto ocurre en el contexto de las intentonas del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), bajo argumentos absurdos y falaces de inoperancia y sesgo en su labor de transparencia y rendición de cuentas, algo que la SEMAR y sus mandos no están dispuestos a hacer.
Jorge Medellín / @JorgeMedellin95 (imagenes/twitter)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: