México llegó, al corte de ayer 30 de junio, a 27 mil 769 muertes por Covid-19, con 226 mil 89 casos de contagios confirmados de coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud.
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló que hay 72 mil 41 casos sospechosos, aunque con 283 mil 450 casos negativos acumulados.
El lunes, se confirmaron 220 mil 657 contagios, 27 mil 121 muertes y 23 mil 389 casos activos por coronavirus.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó ayer martes que con base a conjeturas científicas se prevé que la pandemia del Covid-19 pueda durar entre dos y tres años en el mundo.
Además, señaló que ante este panorama es necesario que la población aprenda a vivir en esta situación, ya que no se puede eliminar de manera absoluta el virus, sólo se pueden disminuir los riesgos de contagiarse.
Por otra parte, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza consideró ayer que la pandemia de Covid-19 “desnudó” el deterioro del sistema público de salud en México acumulado por décadas.
Además, la agrupación expuso las fallas estructurales derivadas de la segmentación entre quienes tienen acceso a los servicios de salud de la seguridad social y de quienes no lo tienen.
La organización apuntó en un comunicado que la emergencia sanitaria también mostró la forma en que la acumulación reciente de rezagos y corrupción afectan el abasto de medicamentos, equipamiento de hospitales y el uso de contratos temporales para el personal de salud, entre otros pendientes.
La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza señaló que cuando pase la emergencia “será indispensable enviar el sistema de salud mexicano a 'terapia intensiva' para un proceso largo de recuperación”.
Esto “hasta que se logre la cobertura universal de salud con calidad y equidad, como un derecho de todas las personas, y no como una prestación derivada del trabajo”, como sucede hasta ahora.
Además se deberá “convertir a la salud en la prioridad nacional número uno para garantizarle la inversión que requiere”.
Apoyada por especialistas en salud y población de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y del Instituto Nacional de Salud Pública, la asociación enumeró las deficiencias del Sistema de Salud Mexicano desnudadas por la pandemia.
Destacó el abandono de la prevención y promoción de la salud para detener la obesidad y enfermedades crónicas, la incapacidad de garantizar tratamientos adecuados y oportunos de enfermedades curables y controlables como la diabetes e hipertensión y algunos de los cánceres más comunes, estas las tres principales causas de mortalidad en el país.
Los expertos llamaron a reconocer que la letalidad por la Covid-19 que padece México “está directamente vinculada con la alta prevalencia de enfermedades crónicas, las llamadas "comorbilidades (obesidad, diabetes, hipertensión), que agravan a quienes se contagian del virus”.
También expusieron que estos padecimientos, para los cuales el sistema público de salud “no garantiza prevención, detección oportuna del riesgo, ni tratamiento oportuno en las primeras fases” son las principales causas de mortalidad en general y de muertes evitables, antes del coronavirus.
“La situación se agrava con las innumerables muestras de corrupción y negligencia de las autoridades del sistema público de salud” por ejemplo en compras de insumos y medicinas con sobreprecio, hospitales sin equipamiento y la subcontratación de personal.
El anexo “Buscando el Camino a mi Recuperación”, ubicado en la comunidad Arandas en Irapuato, Guanajuato, fue atacado por un grupo armado y dejó a 28 personas sin vida y 3 más resultaron heridas.
En el lugar se encontraban varios internos, en su mayoría hombres, quienes realizaban juntas espirituales, lo cual se puede observar en diversas fotografías y videos que compartieron en su página oficial de Facebook.
CENTRO DE REHABILITACION BUSCANDO EL CAMINO AMI RECUPERACION PALABRA DE DION
“¡Cristo Vive!“, solían gritar los jóvenes que se encontraban en dicho anexo; además, se les veía realizando oraciones antes de comer.
Cabe mencionar que en el último video compartido en la página del anexo fue el 23 de mayo y se le ven a los internos bailar y brincar.
Cabe mencionar que la tarde de este miércoles 1 de julio, un comando armado atacó el centro de rehabilitación en el municipio de Irapuato, el cual dejó un saldo de 28 personas fallecidas.
La fotografía de una comida entre elementos de la Guardia Nacional y miembros de la familia Valencia Ávila, señalada por ser parte de una estructura de robo de combustible en el estado de Puebla, se hizo viral: el nuevo cuerpo de seguridad compartiendo la mesa y los aliementos con los protagonistas del “huachicol” contra el que ha peleado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sembró la duda de la honestidad de este grupo puesto en marcha el 30 de junio del 2019.
La reunión de ocho elementos con presuntos huachicoleros en el municipio de Venustiano Carranza, le costó el cargo al Director General de Vigilancia y Supervisión de la Unidad de Asuntos Internos de la corporación y luego el hecho se olvidó.
Así, a un año de su puesta en marcha la simulación, la opacidad y sobretodo los pocos resultados, son el saldo de esta nueva corporación en 12 meses de despliegue por el país, coinciden especialistas en la materia.
Lejos de pacificar al país
Como candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador prometió que, en caso de ganar, regresaría al Ejército a los cuárteles, pero luego de su triunfo, informó que para enfrentar la inseguridad y violencia su gobierno impulsaría la creación la Guardia Nacional, como parte de su Plan Nacional de Paz y Seguridad.
Su propuesta ocasionó polémica y rechazo de organizaciones civiles, defensores de derechos humanos, académicos, especialistas y políticos al considerar que daría continuidad en una estrategia de militarización que no había dado buenos resultados.
En un evento en Campo Marte el 30 de junio de 2019, el presidente a la Guardia López Obrador dio oficialmente el banderazo de salida a la nueva corporación civil que arrancó con más 70,000 elementos, en su mayoría policías navales, militares y federales. En pocos meses, la Guardia logró desplegar a elementos en las 32 entidades del país.
Pero este despliegue, no ha disminuido la violencia en el país. Un año previo a su creación y operación, se registraban en promedio al mes de 2,956 homicidios y esto no ha cambiado. El 2019 cerró como el año más violento desde que se miden los asesinatos con 34,582.
Ni con el confinamiento social a causa de la pandemia del COVID-19, se logró disminuir el número de homicidios. En marzo y abril, se reportaron 6,098 asesinatos, es decir, en promedio 99.9 por día.
El experto en seguridad pública, Jaime López Aranda, considera que es un error creer que para pacificar el país bastaría una corporación con la dimensión de la Guardia Nacional pues, dijo, por sí sola ninguna institución de seguridad puede dar esos resultados, lo cual ni siquiera se ha logrado teniendo poco menos de 500,000 elementos policiales municipales y estatales.
“Un año es muy pronto para decir que fracasó, pero no es muy pronto para decir que va en el camino a fracasar completamente”.
Jaime López Aranda, especialista en seguridad pública.
Tampoco en los estados donde más elementos de la Guardia Nacional se desplegaron ha habido una disminución en el número de homicidios. El Estado de México pasó de 232 asesinatos en junio de 2019 a 250 en mayo de este año y Guanajuato de 248 a 369 en los mismos meses.
Sin embargo, para el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, la violencia está cediendo en el país y así lo demuestra un “baja sostenida” en la incidencia delictiva. En su último informe el pasado 19 de junio, destacó que en homicidios hay “una línea de contención que está muy por debajo de la tendencia histórica”.
La incapacidad de la Guardia Nacional y el Ejército para atajar la violencia también quedó de manifiesto en el operativo que se implementó el 17 de octubre de 2019 para cumplimentar una orden de aprehensión y de extradición en contra de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín el “Chapo” Guzmán.
“Dile a tu gente que pare todo. Ovidio, dile a tu gente”, pidieron elementos de la Guardia Nacional a Guzmán López, luego de que, en Culiacán, Sinaloa se registraran balaceras, bloqueos y quema de vehículos cuando se realizaba la detención del hijo del narcotraficante mexicano, al que finalmente “se le dejó ir” para salvaguardar a la población que estaba siendo amenazada por integrantes del Cártel de Sinaloa.
Aunque en los últimos cinco años el Gobierno de Estados Unidos ha señalado a 27 personas y 46 empresas como ligadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y les ha congelado cuentas, en México muchas de ellas siguen operando y sus dueños están libres.
Los ramos de las empresas van desde inmobiliarias, hoteles, restaurantes, pastelerías, farmacéuticas, centros de belleza y despachos de arquitectos hasta clínicas para cirugías estéticas, plazas comerciales y medios de comunicación.
Entre las personas señaladas están el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, el abogado Víctor Francisco Beltrán García y los empresarios Jesús Pérez Avelar y Miguel Leone Martínez.
También están hermanos, esposas y demás familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del cártel, y de Abigael González Valencia, "El Cuini".
Los señalamientos se han hecho desde la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que al designar a estas empresas automáticamente congela sus cuentas y prohíbe a cualquier entidad en ese país relaciones comerciales con los designados.
Los negocios tienen domicilios en Jalisco y en otras entidades, como Quintana Roo, Estado de México y la Ciudad de México y, pese a los señalamientos en Estados Unidos, siguen operando.
Por ejemplo, el restaurante Mizu Sushi Lounge sigue en operación en Guadalajara y ofrece servicio para llevar en rangos mínimos de precio de entre 200 y 300 pesos.
La Plaza Los Tules, con diversos servicios y comida rápida, también sigue vigente, aunque por la pandemia está cerrada temporalmente.
Las cabañas "Las Flores", en Tapalpa, ofrece hospedajes ecológicos por 5 mil pesos la noche, mientras que el Hotelito Desconocido, en Puerto Vallarta, ofrece alojamiento estilo ecoluxe, en donde todos los bungalows y villas están construidas dentro de un cuerpo de agua.
Algunas de las personas designadas por la OFAC han sido arrestadas, pero la mayoría está libre o al menos no se ha informado públicamente sobre su detención.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, reprochó que la anterior Administración y la actual no peguen a la delincuencia organizada donde más le duele: en el bolsillo.
En marzo, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de seis empresas y cinco personas físicas presuntamente vinculadas con el CJNG, a quienes se les detectaron depósitos por 370 millones de pesos.
Le llamaban “El Señor”. Muy pocos en el grupo lo conocían físicamente, sólo sabían de sus órdenes para cometer robos, extorsiones, secuestros, amenazas con mantas y ataques a sus enemigos. Los que sí lo identificaban eran las autoridades, fueran municipales o hasta federales, porque una de sus tareas era sobornarlas o someterlas al servicio de Guerreros Unidos.
Después del ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo primero que las autoridades conocieron fue sus apodos “El Mochomo” o “El Mochombo”. Después su nombre, José Ángel Casarrubias Salgado.
Al principio pensaban que tenía menos importancia en el liderazgo de Guerreros Unidos. Sus hermanos, en cambio, eran los jefes. El primero en importancia Mario (detenido el 29 de abril de 2014), luego Sidronio (capturado el 17 de octubre de 2014) y finalmente Adán (detenido el 29 de octubre de 2015).
Pero los testimonios se acumularon y las intervenciones telefónicas mostraron que José Ángel Casarrubias Salgado mantenía un perfil menos visible, pero era uno de los operadores principales del grupo. Y la noche de Iguala fue uno de los operadores en la desaparición de los normalistas.
Desde 2014 se giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada y fue hasta la semana pasada que la cumplimentó la Fiscalía General de la República (FGR), utilizando los mismos testimonios y pruebas que entonces.
Información recabada por ejecentral confirma que la FGR no difundió la información, porque estaba esperando a que este miércoles, que se vencía el plazo, el juez definiera si le citaba auto de formal prisión o no. La duda existía porque durante este año y medio de las “nuevas investigaciones” de la fiscalía no habían aportado nada nuevo ni habían tramitado otra orden de captura en su contra.
Esto a pesar de que desde hace unos meses Gildardo López Astudillo, conocido como “El Gil”, se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía. Se trata de uno de los operadores más importantes de Guerreros Unidos, de acuerdo con las pruebas del expediente, y uno de los subalternos de “El Mochomo”.
Tampoco al ser detenido las autoridades de la Fiscalía lo interrogaron, ni siquiera lo sometieron a un peritaje de voz, ya que en el expediente existen audios que confirmarían su liderazgo en Guerreros Unidos y con ello su participación en la noche de Iguala.
Durante las últimas 72 horas, El Mochomo permaneció en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, Estado de México. Y en los primeros minutos del miércoles, el juez ordenó su libertad por falta de elementos suficientes para someterlo a juicio.
Como se conoció la noticia antes del término legal, el fiscal Alejandro Gertz Manero difundió un video en el que daba la noticia de la captura de José Ángel Casarrubias; confirmaba que existía una orden de captura contra el exjefe de la Agencia Federal de Investigaciones, Tomás “Z”, y contra cuarenta funcionarios municipales de la zona de Mezcala, Iguala y Carrizalillo; así como nueva evidencia enviada a los laboratorios de Innsbruck. Y con ello declaraba: “la verdad histórica ha muerto”.
Salió libre al que sus cercanos llamaban El Mochomo y de inmediato fue llevado a la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, ahora sí para ser interrogado. Al cierre de esta edición permanecía en las instalaciones de la Fiscalía, en donde tendrán que definir su situación jurídica en las próximas horas.
En lucha. Vidulfo Rosales (con micrófono), abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos confía que la detención de El Mocho revelé la ubicación de los estudiantes. Foto: Cuartoscuro
De acuerdo al expediente, las órdenes que anunció Gertz Manero, al menos la mitad, se trata de los mismos nombres que obtuvieron su libertad en los últimos meses por lo que se consideró deficiencias en la investigación. La otra parte serían nuevos personajes que se integraron en la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); así como de los testimonios de los normalistas sobrevivientes al ataque, que por primera vez están cooperando; los datos aportados por El Gil, intercepciones telefónicas y denuncias anónimas han permitido ubicar.
La Fiscalía en su nueva investigación está utilizando gran parte de la información que ya contenía el expediente, pero además señala a los mismos responsables: el Cártel de Guerreros Unidos que utilizaron a funcionarios locales, organizaciones sociales y sus familias para generar confusión durante el ataque a los normalistas y después para distraer la atención.
En el expediente nunca se asentó que todos los normalistas hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula, quien lo declaró fue el entonces procurador Jesús Murillo Karam, contra quien no existiría aún orden de aprehensión en su contra.
En los documentos que conforman el legajo, al igual que la Recomendación de la CNDH, es que un grupo numerosos de los estudiantes si pudo ser incinerado en Cocula y otros grupos más en Mezcala o la zona de Carrizalillo. Es decir, las pruebas recabadas e hipótesis planteadas desde el ataque a los normalistas prevalecen en la nueva investigación de la FGR.
Y el papel de José Ángel Casarrubias Salgado en la noche de Iguala fue esencial, como lo reveló ejecentral el año pasado a partir de la intercepción de mensajes por parte de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en donde aparecía con el identificador de: pin 24e68b65
Conmemoración. El próximo 26 de septiembre se cumplirán seis años desde que los jóvenes desaparecieron en Iguala, Guerrero. Foto: Cuartoscuro
Todas las diligencias realizadas durante este nuevo periodo de investigación han permitido establecer la cronología de lo sucedido, así como la participación de quienes cometieron esos delitos.”Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR.
Guerreros Unidos, los responsables
Las agencias de inteligencia ubican que el antecedente de la conformación de Guerreros Unidos al año 2011, cuando Cleotilde Rentería, alias “El Tilde”, un excolaborador de Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, señalado de haber fundado al llamado cártel La Barredora, y que, en busca de disputar las plazas de Guerrero y Morelos, bajo la denominación de Guerreros Unidos, se enemista contra otros grupos, particularmente la organización conocida como Los Rojos.
La detención en 2012 de El Tilde, permitió que Mario Casarrubias Salgado, alias “El Sapo Guapo”, asumiera el liderazgo de la organización, y con ello expandió las operaciones del cártel a otras entidades, principalmente hacia la Ciudad y el Estado de México, así como hacia el mercado de drogas en Estados Unidos, lo que implicó que en 2013, apenas un año de que los hermanos Casarrubias Salgado quedaran al mando, la DEA los identificó como uno de los cárteles más peligrosos responsable del trasiego de droga y de introducir heroína y fentanilo a territorio estadounidense.
En abril de 2014, la extinta Comisión Nacional de Seguridad, a cargo entonces de Monte Alejandro Rubido, informó que, en Toluca, estado de México fue detenido Mario Casarrubias Salgado, identificado como líder de Guerreros Unidos Guerrero y el estado de México, y señalado como el principal distribuidor de droga hacia Chicago a través del uso de autobuses de pasajeros, y cargamentos de tráileres.
Su detención supuso que Sidronio Casarrubias Salgado “El Chino” tomaría el mando, pero fue detenido a los pocos días que fue detenido su hermano, Mario.
De acuerdo con declaraciones ministeriales del expediente integrado por la extinta PGR, cuando los hechos se suscitaron en Iguala, quien fue reconocido como el segundo al mando de la organización fue José Ángel Casarrubias Salgado, que asumió el mando absoluto tras la detención de sus hermanos.
Era el encargado de coordinar a Gildardo López Astudillo “El Gil” o “El Cabo Gil”, quien entonces se desempeñaba como jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala, quien era considerado por la PGR como el autor material de la desaparición de los estudiantes, pero que, en septiembre de 2019, un juez absolvió y liberó, al haber desestimado los elementos probatorios con los que la dependencia intentó inculparlo. Ahora es testigo protegido de la FGR.
El dato. El 3 de diciembre de 2018, el presidente López Obrador firmó el decreto presidencial con el que creó la Comisión de la Verdad para esclarecer la desaparición de los normalistas.
La clave
José Ángel Casarrubias Salgado, “El Mochomo” o “El Mochombo”, no sólo era uno de los principales jefe al mando aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, sino que de acuerdo a los documentos oficiales que ejecentral ha revisado en los últimos años, este personaje tomó decisiones y rindió informes a sus hermanos de lo que, según las intervenciones a las comunicaciones de él y otra decena de miembros de la organización develaron como una confusión al creer que junto a los jóvenes normalistas estaban sus enemigos, integrantes del grupo de Los Rojos.
“Senos metiron los contraas kon los ayiosinpas y hubo un vergaseraaa (sic)”, respondió José Ángel Casarrubias, cuando su hermano Adán Zenén Casarrubias, alias “El Tomatito” –también líder dentro de la estructura criminal–, le preguntó, al día siguiente de los hechos, el 27 de septiembre lo que había ocurrido, de acuerdo con una de las transcripciones que la DEA.
La agencia antinarcóticos tenía ya varios meses interceptando 11 teléfonos de Guerreros Unidos, un cártel que es prioritario en su agenda, porque heredó gran parte del poder de los hermanos Beltrán Leyva y se constituyeron como uno de los principales proveedores de drogas sintéticas a Estados Unidos (especialmente fentanilo).
En el expediente existen más de una decena de testimonios que ubican a José Ángel Casarrubias Salgado como uno de los herederos del clan. Y lo señalan como el responsable de haber dado la orden de asesinar a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Por su importancia, la entonces Procuraduría General de la República lo identificó como personaje clave y desde octubre de 2015, ofreció una recompensa de hasta dos millones y medio de pesos por información que llevara a su captura, así como de otros cuatro señalados como probables responsables de la desaparición de los normalistas, incluyendo al exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez.
Con base en las intercepciones de la DEA y a las que este semanario tuvo acceso, las conversaciones que sostuvieron los hermanos Casarrubias, en las que destaca Adán Zenén, como el más activo en las comunicaciones, es a Gildardo López, a quien le encargaron cerrar los accesos a Iguala.
Identificado con el pin “24e68b65” y “Soldado del amor”, José Ángel Casarrubias, según revelan los datos en las transcripciones de las intervenciones, se encontraba enfermo y esto de alguna forma facilito la confusión entre quienes protagonizan el conflicto. Pero él es quien da las órdenes respecto al manejo de la crisis que provocaron esa noche en Iguala.
“Yaestan hasiendo esoo van atapar todooo las entradas”, respoindió El Mochomo a su hermano, Adán Zenén (detenido en octubre de 2015, prácticamente un año después de los hechos).
Había que generar caos, para eso atendiendo la plática con su hermano El Mochomo, ordenó Adán Zenén Casarrubias –quien figura en las transcripciones bajo el alias de “Silver”–, que se convocaran a integrantes de la organización para simular manifestaciones:
“Ira que agan una demanda colectiva al gobierno del estado y una marcha con todos los de transportes”.
El testimonio que José Ángel Casarrubias rinda sobre la desaparición de los normalistas podría llevar a su paradero.
Todavía, después de casi tres años, la DEA no entrega completa la información sobre las intercepciones telefónicas que realizó. Se trata de las horas criticas en las que operaron los hermanos Casarrubias Salgado la desaparición de los estudiantes, entre la 10 noche del 26 de septiembre y las 4 de la madrugada del día siguiente, y que resulta pieza fundamental para esclarecer qué ocurrió con los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Tras un enfrentamiento contra soldados del Decimosexto Regimiento de Caballería, 13 hombres armados fueron abatidos por los militares a las 03:00 horas de este viernes.
Elementos del Ejército Mexicano patrullaban la carretera a Monterrey, y decidieron ingresar a las colonias del sector de la periferia sur, donde andaba un grupo de pistoleros que se autodenominaba "Tropa del Infierno", del Cártel del Noreste.
En la Colonia Los Fresnos, un grupo armado que vestía uniformes similares a los que usan agentes de la Marina Armada, trató de emboscar el convoy militar, pero los soldados repelieron la agresión.
Tras un largo enfrentamiento los militares tomaron el control de la situación y finalmente algunos sujetos armados se retiraron del lugar.
Los soldados aseguraron una camioneta pick up de cuatro puertas y color plata, en cuya caja estaban dos pistoleros abatidos y cuatro más en el interior.
Los otros seis abatidos estaban en el pavimento y la maleza del terreno baldío aledaño. Fueron decomisadas ocho armas tipo AR-15, una AK47 y dos fusiles Barret calibre 50, así como una gran cantidad de cartuchos y cargadores.
Al terminar las diligencias ministeriales del enfrentamiento de esta madrugada, las autoridades contabilizaron trece muertos, al sumar un cuerpo alejado al escenario de la batalla, informó el Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Tamaulipas.
El lugar fue acordonado y los soldados montaron guardia para esperar los elementos investigadores y peritos forenses de la Fiscalía General de la República.
La informacion trascendida a las redes,esas que "desbaratan otras redes",vuelve aportar la mas reciente imagen ahora con barba,de Cesar Morfin Morfin alias "EL PRIMITO",el Capo del Cartel del Golfo que sirve al Cartel de Jalisco en Tamaulipas,el responsable material, intelectual y financiero de la "GUERRA entre BANDOS de la MISMA BANDA en la FRONTERA de la ENTIDAD que "dice" gobernar el "delincuente que llego a gobernador" Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca que "NO lo ENCUENTRA,PORQUE NO lo BUSCA",mientras este se sigue empoderando con complicidad policial estatal por toda la frontera chica desde Miguel Aleman hasta Reynosa.
La imagen, que ahora muestra al Capo con "barba y bigote",vuelve a dejar en ridiculo a las AUTORIDADES de TAMAULIPAS que lo "BUSCAN y DAN RECOMPENSA" bajo otra identidad,identificandolo bajo el nombre de BARTOLO RODARTE CASTILLO.
Y es que ya se sabia,que el "Primito" quien habría llegado a Reynosa entre 2008 y 2009 en los inicios del antagonismo entre Zetas y Cartel el Golfo,era de aproximadamente 36 años de edad y recurrentemente usaba en su apariencia barba y bigote.
Ademas del "Primito",fueron exhibidas otras imagenes donde tambien se identifican a otros miembros de su parentela de delincuentes organizados,entre ellos la actualización de identidad de Remigio Morfin Morfin,de 28 años cuyo alias EL R8",ampliamente citado en el organigrama jerárquico criminal y comparte amplio poder con su hermano.
De conformidad con la información de otros trascendidos,"EL PRIMITO" seria originario del "Rancho Las Naranjas" del municipio de Pihuamo en la region sureste de Jalisco,aunque se especula tambien, podria ser oriundo del vecino estado de Colima.
A partir de la llegada de los actuales encargados de la seguridad pública y de la Fiscalía General de Guanajuato, los homicidios comenzaron a crecer en la entidad, revelan las estadísticas oficiales.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay un repunte de ese delito a partir del primer semestre de 2009, coincidente con la llegada de Carlos Zamarripa al frente de la entonces Procuraduría de Guanajuato.
El 23 de enero de ese año, en el Gobierno de Juan Manuel Oliva, Zamarripa asumió como encargado de despacho, y el 12 de marzo fue ratificado oficialmente como Procurador.
Ahora como Fiscal General, cargo al que llegó con el respaldo del actual Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, permanecerá en el puesto hasta 2028.
El siguiente repunte de homicidios en Guanajuato se dio hacia finales de 2012, una vez que Álvar Cabeza de Vaca se convirtió en Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Miguel Márquez.
Desde 1998 y hasta antes de esas fechas, en el Estado no se registraban más de 31 homicidios mensuales, pero desde 2009 comenzaron a reportarse hasta 60 asesinatos.
De 2012 a 2018, los homicidios rondaban los 100 casos mensuales.
En los últimos dos años, ya con el Fiscal Zamarripa y el Secretario de Seguridad Cabeza de Vaca afianzados en sus cargos, el repunte se disparó por arriba 150 homicidios mensuales, hasta los 308 casos en enero pasado.
A pesar de diversos señalamientos de ineficiencia y llamados para destituir a los funcionarios, el Gobernador Rodríguez Vallejo los ratificó en sus puestos.
En lo que va de este año, ya van más de 2 mil 400 homicidios dolosos en el estado. Ayer, cinco policías murieron en una emboscada en la carretera Apaseo el Alto-Jerécuaro, con lo que suman 56 uniformados asesinados sólo este año en la entidad.
A 2 años de completarse el triunfo electoral de Andres Manuel Lopez Obrador,hay cuenta de los logros puntuales y los fracasos estructurales,cuyo escrutinio puntual deja entrever que la gestión del Presidente esta "FALLANDO ESTREPITOSAMENTE" en todos los pilares de su administración, por lo que "NO ES NINGUN DESPERDICIO ESCUCHAR a LORET de MOLA",mas alla de la filia y mas alla de la fobia o los intereses de diversa Indole,hablan las evidencias.
