Hace unos meses, el New York Times publicó un artículo sobre la letalidad de las fuerzas armadas de México. En dicho artículo se describe a los elementos del ejército mexicano como “asesinos excepcionalmente eficientes”.
El ejército mata ocho contrincantes por cada contrincante herido—este cociente es aún más grande entre los enfrentamientos de la Marina (30:1). Según el periódico estadounidense, las cifras sugieren que la letalidad de las fuerzas armadas de México es prácticamente inaudita.
Sin embargo, esta descripción es engañosa. Si bien es cierto que las fuerzas armadas mexicanas han matado desproporcionadamente a más personas durante la guerra contra el narcotráfico, no hay evidencia de que se hayan convertido en asesinos más eficientes.
En primer lugar, la medida de letalidad descrita en la nota de The New York Times—que también ha sido usada en trabajos de investigación—no captura eficiencia en combate. En segundo lugar, un análisis preliminar de los datos disponibles no muestra mayor eficiencia de las fuerzas armadas mexicanas.
¿Por qué es difícil medir la letalidad de un grupo armado?
Medir la letalidad de un grupo armado no es tarea sencilla. El artículo del New York Times cita a Paul Chevigny, cuyos estudios sobre el uso de la fuerza letal por parte de la policía se basan en medir el número de presuntos delincuentes muertos (u “opositores”) por cada presunto delincuente herido. Forné et al. (2012; 2015) siguen un enfoque similar para estudiar el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales en México (Policía Federal, Ejército y Marina). Con base en datos publicados por el gobierno—muertos, heridos y detenidos en enfrentamientos de las fuerzas federales con presuntos miembros de la delincuencia organizada—, Forné et al. (2012; 2015) construyen cocientes de muertos a heridos por institución, que denominan índices de letalidad. Estos estudios están basados en investigaciones que habían sido publicadas previamente en Nexos (2011; 2015).
Aunque algunos estudios sugieren que los índices de letalidad son útiles para detectar o rastrear masacres específicas (Coupland y Meddings, 1999), su uso es más común y eficaz en el análisis de atención médica durante conflictos armados. Los índices de letalidad no son una medida confiable de eficiencia en combates armados o del uso de la fuerza letal. Existen dos problemas principales con esta forma de medir letalidad. El primero es la falta de información sobre el número total de participantes en cada enfrentamiento. En otras palabras, no sabemos cuál es el denominador y por lo tanto es problemático estimar tasas de muertos o heridos por evento, lo que sería ideal para evaluar la eficacia en combate de las fuerzas armadas. En segundo lugar, por definición, los índices de letalidad sólo incluyen información sobre enfrentamientos que condujeron al uso de la fuerza letal, dejando de lado los enfrentamientos en los que no se utilizó ese nivel de violencia.
Para ilustrar estos puntos, analicemos los datos sobre enfrentamientos entre fuerzas federales y presuntos miembros de la delincuencia organizada.
El gráfico muestra como el cociente de muertos a heridos, tanto del ejército como de la policía federal, ha aumentado significativamente desde el 2010.
Tomando en consideración esta información, se podría concluir que las fuerzas armadas de México se han convertido en asesinos más eficientes. Sin embargo, podría haber al menos dos historias diferentes detrás de estos datos. Por un lado, podría ser el caso que ciertamente las fuerzas armadas se han vuelto más eficientes. Alternativamente, es posible que haya cambiado el tamaño y tipo de los enfrentamientos. Esto impondría mayores riesgos y demandaría un mayor uso de la fuerza letal, lo cual no necesariamente implica mayor eficiencia.
Figura 1
Supongamos que antes del 2010 un evento promedio entre las fuerzas armadas mexicanas y miembros de la delincuencia organizada involucraba 10 soldados contra 20 narcotraficantes, y que los soldados eran instruidos a capturar en lugar de matar a los delincuentes, lo cual típicamente resulta en bajos cocientes de muertos por heridos.
Supongamos ahora que después del 2010 el ejército fue instruido para matar indiscriminadamente y que en una lucha del mismo tamaño (10 contra 20), los soldados inicialmente dispararon y mataron a un oponente, lo cual llevó a que la mayoría de los opositores huyera. De acuerdo al recuento de muertos y heridos, este evento tendría un alto puntaje en términos del cociente de letalidad, incluso si los soldados no fueron muy “eficientes” matando combatientes.
Un ejemplo en el sentido opuesto sería el uso de armas que producen un mayor número de heridos, pero menos muertos. El uso indiscriminado de explosivos en los enfrentamientos constituiría un uso desproporcionado de la fuerza. Sin embargo, es probable que estas acciones aumenten el número de heridos en mayor medida que el número de muertos, lo cual llevaría a los analistas a pensar que baja letalidad significa un uso más proporcional de la fuerza y no lo contrario. Esto significa que sin tener al menos alguna aproximación sobre los riesgos implicados en cada encuentro y el número total de participantes, es difícil utilizar el cociente de letalidad como una medida de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Este último punto es particularmente importante si consideramos que los índices de letalidad se comportan de manera muy diferente en el contexto de una guerra donde se utiliza bombardeo aéreo, que en un conflicto criminal de gran escala, como es el caso actual de México.
Un tercer problema con el uso de cocientes de muertos a heridos como una medida del uso de la fuerza letal, es que grupos armados no estatales tienen diferencias en el acceso a formación en primeros auxilios y asistencia médica. Esto ha mostrado ser un importante determinante de la mortalidad en el combate (Fazal, 2014). En el contexto mexicano, es muy probable que exista un sesgo en la provisión de primeros auxilios y atención médica a favor de los miembros de las fuerzas federales.
¿Por qué se han incrementado los cocientes de letalidad en México?
Con respecto al caso de México, se ha sugerido—el artículo del New York Times señala esto—que el aumento en la relación muertos-heridos se debe a las diferencias en entrenamiento y habilidades de disparo. Se podría argumentar que las organizaciones criminales en México tienen acceso a armas de alto calibre (Dube et l. 2013), pero no tienen la capacidad de entrenar a sus miembros en el uso de este armamento.
Comprar armas de asalto en el mercado negro puede ser fácil, pero el entrenamiento es costoso. La disponibilidad de armas combinada con la falta de entrenamiento podría llevar a generar una brecha entre el riesgo percibido por los miembros de las fuerzas armadas al enfrentar delincuentes y el riesgo real de recibir un disparo de un delincuente poco entrenado usando un rifle de asalto. Esta brecha entre riesgo real y percibido podría influenciar el número de opositores que se matan por cada herido.
Para explorar esta posibilidad, utilizamos datos públicamente disponibles para analizar los determinantes de los opositores muertos (es decir, presuntos delincuentes) por evento de la guerra contra las drogas en México. La información proviene de la base de datos publicada por el Programa de Política de Drogas del CIDE (los datos se pueden consultar aquí). Estimamos una serie de modelos usando el número de muertos en todos los enfrentamientos entre las fuerzas federales, estatales y locales de seguridad y los presuntos miembros de la delincuencia organizada (información complementaria aquí).
Los resultados que obtuvimos deben ser tomados con cautela. Los datos indican una correlación positiva entre la presencia de armas de asalto en el evento y el número de opositores muertos.
También encontramos que el ejército mata a más opositores cuando estos están uniformados—algunos cárteles dependen de grupos de hombres armados organizados como paramilitares. Esto podría ser el resultado de que las fuerzas de seguridad reaccionan más violentamente cuando perciben mayores riesgos debido al calibre del armamento o el despliegue de mayores capacidades organizacionales de los opositores. También podría ser el caso que los opositores usando uniformes y armas de asalto tienden a formar parte de grupos más grandes.
Debemos enfatizar que las deficiencias de utilizar cocientes de muertos a heridos no deberían de llevar a nadie a creer que las fuerzas armadas mexicanas no usan de forma excesiva la fuerza, o que no están implicadas en la violación sistemática de los derechos humanos. Al contrario, existe amplia evidencia de que sus miembros participan regularmente en violaciones de derechos humanos.
En resumen, los datos sobre víctimas producidas por las fuerzas armadas en la guerra contra las drogas en México forman parte de la información relevante para entender la gravedad de la violencia y la política del gobierno. Sin embargo, investigadores y periodistas deben mirar más allá de estas estadísticas antes de ofrecer recomendaciones o juicios de políticas. En particular, información más detallada de las circunstancias de los encuentros entre las fuerzas armadas y los presuntos delincuentes sería muy útil para entender y evaluar cómo y cuándo el uso de la fuerza es legítimo.
En la escasa literatura sobre el uso de la fuerza por las instituciones policiales, no hay consenso sobre cuáles son las mejores medidas para rastrear y explicar abusos en el uso de la fuerza (Brodeur, 2003). Trabajos recientes han hecho evidente la importancia de considerar todas las instancias de contacto entre la policía y los ciudadanos en un periodo o área dada al evaluar el uso de la fuerza. Asimismo, han destacado el uso de la fuerza policial como un continuo que va desde un mínimo contacto físico, hasta escalar a violencia mortal (Legwie, 2016; Fryer, 2016). Hasta ahora el tipo de datos usados en la más reciente literatura no están disponibles para México. Esperamos, tanto por razones académicas como de política, que los investigadores encuentren o creen nuevas bases de datos que ayuden a mejorar nuestra comprensión de las terribles consecuencias de la guerra contra las drogas.
Fuente.-Omar García-Ponce
Profesor asistente en la Universidad de California, Davis.
Andrés Lajous
Estudiante de doctorado en la Universidad de Princeton.
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