El acuerdo para que el Ejército, Fuerza Aérea y Marina lleven a cabo tareas de seguridad pública durante los próximos cinco años fue firmado por Andrés Manuel López Obrador el 11 de mayo, durante la semana en la que se ha registrado el mayor nivel de personas hospitalizadas por COVID-19 en México. Esto provocó críticas sobre un tema de por sí polémico y que se viene discutiendo desde que Vicente Fox era presidente (2000-2006).
La firma de este acuerdo hace efectivo lo que se dio a conocer desde el 26 de marzo del 2019: “Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en el que dicha institución policial desarrolla su estructura…”.
“Lo que me parece observable es el tiempo en el que se hace, estamos en la semana de máximo contagio (de COVID-19), esto se pudo haber hecho en junio”, explicó Javier Oliva Posada, investigador y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El catedrático explicó que la firma del presidente le da certeza jurídica a lo señalado en el artículo quinto transitorio de las Reformas Constitucionales, que dieron vida a la Guardia Nacional.
“Lo que resulta grave es el momento en el que se hace, en el que los controles judiciales están debilitados y la sociedad civil está menos presente”, dijo Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos y colaboradora del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
La también coordinadora del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, explicó que en este tipo de contextos, que implican desastres naturales o epidemias, se pueden tomar decisiones que sacan de balance los controles constitucionales.
“Se le da más poder a alguno de los poderes y se justifica diciendo que se está respondiendo a la emergencia. Me parece que es grave que se esté dando en medio de la pandemia, porque no da pie a una discusión pública donde participe la oposición política, y donde se informe a la ciudadanía sobre los riesgos y beneficios de este acuerdo”, agregó Pérez Correa.
A pesar de que se está ratificando un acuerdo que se conoció hace un año, los expertos entrevistados por Cuestione coincidieron en que es un asunto que aún debe de ser discutido, sobre todo por estos factores:
1.- La sociedad civil debe de evaluar el desempeño de los cuerpos policiales y armados que los protegen.
“Hace falta vigilancia civil externa. Cuando participé en el ejercicio de Parlamento Abierto, lo que dije es que el inspector de la Guardia Nacional tendría que ser elegido por el Congreso”, dijo Raúl Zepeda Gil, miembro del Grupo de Investigación sobre Conflicto, Seguridad y Desarrollo de la Red de Investigación de Violencia Urbana y del Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México.
Zepeda Gil afirma que hasta que no haya un sistema de vigilancia civil robusto, con sanciones reales a los integrantes de fuerzas armadas o policías, toda reforma será inútil.
Agregó que el ejercicio de vigilar a los cuerpos armados que se encargan de la seguridad de todos los ciudadanos debería ser una tarea que adopte la sociedad civil, aplicándola en todos los niveles de gobierno, desde el municipal hasta el federal.
2.- Formalizar la militarización.
El también estudiante de doctorado en el Departamento de Estudios de Defensa en el King´s College de Londres, explicó que otro de los elementos para entender la firma de este acuerdo por López Obrador, es recordar que, desde hace tres sexenios, las Fuerzas Armadas han ido ocupando cada vez más el espacio público.
“Estamos en una fase más de la gradual militarización de la seguridad pública en México. Las Fuerzas Armadas se la han pasado haciendo detenciones sin que el Ministerio Público se los pida. La Marina lo hacía. Ahora, supuestamente, este marco jurídico lo que hace es decirle a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, simultáneamente, que tienen que registrar una detención y llevar a los detenidos al ministerio público”, dijo Zepeda Gil.
- Vicente Fox (2000-2006): Crea la Secretaría de Seguridad Pública, pone bajo su mando a la Policía Federal Preventiva y comienza a integrar a miembros del Ejército en su conformación.
- Felipe Calderón (2006-2012): Transforma a la Policía Federal Preventiva en Policía Federal e integra a más elementos del Ejército, dándole facultades de investigación ante el crimen organizado.
- Enrique Peña Nieto (2012-2018): Propuso la Gendarmería Nacional en 2012, que dependería del Ejército Mexicano; sin embargo, fue creada hasta el 2014 como una de las divisiones de la Policía Federal.
3.- La Guardia Nacional es sólo una etiqueta.
“Parece que la Guardia Nacional fue una especie de etiqueta que se le dio a las Fuerzas Armadas para justificarlas como autoridad civil. Pero da la impresión de que para el Ejército resultó insatisfactorio su papel en la Guardia Nacional y dijeron no, ‘lo que queremos es seguir en las calles como estábamos actuando, siendo Fuerzas Armadas’”, señaló respecto a la firma del acuerdo Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE.
Pérez Correa, quien también participó en el Parlamento Abierto sobre la Guardia Nacional, explica que a las Fuerzas Armadas del país se les otorgaron diversas atribuciones de la Guardia Nacional hasta el 27 de marzo del 2024, sin establecer claramente los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.
“Lo único que dicen es que van a ajustar a los órganos de control interno de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina, es decir, el control será militar y no civil. Lo que genera es un ‘cheque en blanco’ a las fuerzas armadas para hacer tareas de seguridad pública, detención de personas y aseguramiento de bienes, sin ningún tipo de control hasta que concluya este gobierno”, dijo la experta.
4.- Estadísticamente, no son tantas las faltas a los Derechos Humanos
“Cuando discuto el tema de Derechos Humanos y las Fuerzas Armadas, mi tema es ¿cuántas observaciones existen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)?, es decir, en la proporción de actividades en materia de seguridad pública del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional, cuántos recursos han terminado en indicaciones de esta institución?”, señaló Javier Oliva Posada, investigador de la UNAM.
El catedrático explicó que, de acuerdo a estadísticas solicitadas vía transparencia, correspondientes al sexenio de Enrique Peña Nieto, el 99.99% de las acciones de las Fuerzas Armadas observan cuidado a los Derechos Humanos.
“A mi me parece que discutir estos temas nos debe de alejar de las consignas y llevarnos a los números y a las estadísticas. Yo solicité a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), cuántas operaciones hacía el Ejército Mexicano en labores de apoyo a la seguridad pública. Lo hice a finales del sexenio de Peña”, detalló Oliva Posada.
“De acuerdo con el informe, hacen entre 17 y 25 operaciones diarias. Si tú multiplicas este número por semana, por mes y por año, da como resultado que por sexenio, el Ejército ha llevado a cabo 205 mil operaciones de apoyo a la seguridad pública”, dijo el experto, quien aclaró que esta estadística cuenta desde el sexenio de Vicente Fox hasta el final de la administración de Peña Nieto.
Otro de los puntos en los que coincidieron los tres entrevistados, es en que el tema debe de seguirse discutiendo, sobre todo, para informar a la población sobre lo que significa que las Fuerzas Armadas hacen en las calles.
¿Y si aprovechamos esta coyuntura para evaluar, como sociedad, la actuación de todas las policías y cuerpos de seguridad en todos los niveles de gobierno de la República Mexicana?.
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