Ya no hay día en que el estado de Guanajuato no sea escenario de un hecho de violencia. La vida cotidiana en diversas regiones de la entidad se alteró con el miedo como el denominador común y las bandas criminales, sobradamente el Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez, El Marro, tienen de cabeza a toda suerte de corporaciones de seguridad. Pero, con todo, el gobernador panista Diego Sinuhe Rodríguez Vallejo se ufana de que el reciente operativo “Golpe de Timón” logró la “recuperación del territorio y el estado de derecho”…
El jueves 7, cuando presentó el informe de sus primeros cinco meses en el suntuoso Teatro del Bicentenario de León, el gobernador Diego Sinuhe Rodríguez Vallejo se lució. Aprovechando que tres días antes el gobierno federal puso en marcha el operativo “Golpe de Timón” en Santa Rosa de Lima para combatir el robo de combustible de los ductos de Pemex, el mandatario sentenció: “Se logró el objetivo de la recuperación del territorio y del estado de derecho”.
Rodríguez Vallejo arrancó los aplausos de miles de funcionarios estatales, alcaldes, gobernadores e invitados que acudieron a escuchar su mensaje en el teatro que ese jueves permaneció cercado por vallas y estuvo custodiado por policías estatales y municipales.
Los días previos al evento, en Guanajuato hubo filtraciones de fotos y videos sobre el modus operandi de los huachicoleros, así como informaciones de funcionarios estatales a los medios. Y el panista Rodríguez Vallejo supo capitalizar todo eso.
En la entidad, autoridades y partidos locales se acusan mutuamente de incompetentes para frenar la violencia, que el martes 12, por ejemplo, tuvo como saldo 12 homicidios, y al día siguiente otra decena.
De manera simultánea, en San Francisco del Rincón aparecieron mantas atribuidas al Cártel del Golfo en las que esa organización criminal, que en poco tiempo logró asentarse en el estado, hablaba de una supuesta “limpia”.
En la actualidad, el centro de Salamanca se convierte en tierra de nadie por las noches, sostienen pobladores de esa localidad, mientras que Irapuato se ubica en el sexto lugar de la lista de las ciudades más violentas del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP).
El operativo federal se inició inmediatamente después de que la Procuraduría de Justicia Estatal se transformó en Fiscalía, pero mantuvo al frente a Carlos Zamarripa Aguirre, quien lleva ya 10 años en el cargo y permanecerá en él otros nueve.
Este hecho contradice el discurso del gobernador, quien en septiembre pasado, al tomar posesión, aseguró que en el rubro de seguridad no habría plazos de espera para ningún funcionario ni garantía de permanencia en los cargos ante la crítica situación que le heredó su correligionario Miguel Márquez Márquez. Sin embargo, ratificó a Zamarripa como procurador y ahora como fiscal.
Además, Rodríguez Vallejo tuvo que admitir que durante años sus antecesores ocultaron el robo de combustible en los ductos de Pemex que atraviesan el territorio guanajuatense, si bien aclaró que le compete a la federación “combatir este delito”.
Una embestida conjunta
Los primeros minutos del lunes 4, por iniciativa de Rodríguez Vallejo, más de mil elementos de la Marina, Gendarmería, Fuerzas del Estado, agentes de investigación criminal de la Fiscalía Estatal y grupos tácticos locales literalmente tomaron el pueblo de la comunidad villagranense de Santa Rosa de Lima (más cercana a la ciudad de Celaya que a la cabecera de ese municipio).
Llaman la atención los resultados poco exitosos, sobre todo si se considera que desde hace casi una década las autoridades de los tres niveles conocen las propiedades, movimientos, colaboradores, familiares y hasta números telefónicos de las cabezas del grupo delincuencial que lidera José Antonio Yépez, El Marro. En 2016 Proceso incluso publicó el primer reportaje sobre el tema y continuó abordándolo en sus ediciones 2198, 2200, 2204 y 2205.
Tras decenas de cateos a casas, aseguramiento de vehículos en Santa Rosa y otras comunidades de municipios vecinos, las autoridades capturaron a siete personas, pero tuvieron que liberar a dos de ellas –la presunta operadora financiera de la organización y su pareja, un agente de la Policía Federal–, lo que provocó diferencias entre las instancias participantes.
El exprocurador de Justicia Juan Miguel Alcántara Soria comentó: “Me parece grave que la autoridad de Guanajuato no haya sido capaz de ligar a estas personas con los homicidios. Si ella es quien paga a los sicarios para que ejecuten a personas, un buen fiscal la hubiera ligado por homicidio en la modalidad de instigadora; y si el policía federal es quien da información, es coautor de otros delitos”.
Según el exfuncionario, las fallas son atribuibles a ambas instancias: la Fiscalía federal y la estatal, por una falta de coordinación, aunque centra sus críticas en esta última porque, dice, aun cuando admitió no tener competencia para intervenir en delitos federales, esta vez sí lo hizo porque el caso era explotable mediáticamente. Sí intervino, sostiene Alcántara Soria, y consumió plazos legales (para acreditar las acusaciones contra los dos detenidos). “Eso demuestra incongruencia entre lo que se dice y lo que hace”.
El viernes 15, el Poder Judicial estatal reportó que Mariela “N”, La Chola, estaba en “prisión preventiva” por “intento de homicidio” y “sedición”; Angélica y Javier “N” –quienes enfrentan sus procesos en libertad– fueron consignados por presunta posesión de drogas, y hay dos órdenes de aprehensión pendientes.
Operativo publicitario
El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, fue testigo directo de la quema de vehículos en una de las carreteras cercanas a Santa Rosa –lo que se atribuyó a la reacción de civiles orquestada por el cártel del Marro ante el impresionante despliegue a raíz del operativo del domingo 10.
Al término de su homilía, el prelado comentó a los reporteros: “Fue una semana particularmente violenta… Se siente uno indefenso, impotente. Cuando te dicen ‘agarramos 4 o 5’, uno se queda pensando, viendo arder los camiones y todo: ¿esos no son delitos?, ¿esos no merecen detenerse?, ¿qué, la seguridad del país no vale? Entonces como que fueron muchos delitos en torno a un movimiento y sale afectada mucha gente.
“Me tocó estar ahí, viendo quemarse el camión y esperando ver a qué hora nos dejaban pasar; son consecuencias de un mundo que se ha olvidado de los valores. Pedimos a las autoridades que hagan su parte.
“Parece que ya soltaron a dos que habían tomado por errores de procedimiento. Y dice uno: al ciudadano común con cualquier delito ya está allá, preso. Se queda uno pensando en tantas cosas que nos falta para llegar a verdadera justicia, a un amor a la verdad y a un respeto grande a la comunidad y a la vida.”
Díaz Díaz también habló de los buenos términos en los que el gobernador Rodríguez Vallejo y el presidente Andrés Manuel López Obrador se expresaron el viernes 8 –cuatro días después del operativo y uno después del informe del panista–, cuando el tabasqueño visitó León. En ese encuentro los abucheos fueron convenientemente neutralizados.
“Es momento –dice– de que se pongan de acuerdo, porque se echan la bolita unos a otros. La visita del presidente pareció más armoniosa; ¡qué bueno que puedan trabajar juntos! Pero que se vea reflejado en los hechos, porque seguimos en este ambiente triste de violencia, no solamente las autoridades; lo estuvimos palpando en estos días, en estas comunidades. Pénjamo, que recuerdo con tanto cariño como una ciudad muy pacífica… y ahora vemos el dolor, el luto en muchas familias.”
Los días posteriores al operativo se difundieron evidencias de las presuntas complicidades entre políticos y delincuentes al amparo del erario, así como del dinero ilícito producto del huachicol. El martes 12 se difundió en Facebook una conversación del exalcalde del PRD en Cortázar, Hugo Estefanía Monroy, con un operador del Cártel de Santa Rosa de Lima apodado El Puma.
Estefanía tiene un abultado expediente de “incidentes” similares desde hace varios años. Dos de sus hermanos fueron capturados y se les acusó de robo de vehículos. Se difundieron conversaciones en las que, siendo alcalde, presuntamente intentó cooptar a una regidora del PAN para que votara a favor de un caso de transporte –ramo en el que el perredista es empresario– y en vísperas del 1 de julio pasado las autoridades aseguraron propaganda y material electoral en un operativo efectuado en un inmueble de Estefanía, justo cuando intentaba reelegirse.
El PRD se deslindó de Estefanía, quien fue su dirigente y hasta hace unos días era parte del órgano directivo estatal. El coordinador de la bancada perredista, Isidoro Bazaldúa Lugo –quien llegó a la curul gracias a los votos del PAN en la coalición con la que su partido respaldó la candidatura del gobernador Rodríguez Vallejo–, fue el primero en señalar que Estefanía debía separarse de la dirigencia colectiva y ser investigado.
Y llegaron los marinos
En Guanajuato todos los días se reportan homicidios, sobre todo en la región sur, entre Irapuato, Celaya y Valle de Santiago, pero también en León, Silao y, más recientemente, en la propia capital.
Ciudades como Salamanca viven efectos devastadores, como el de la masacre en un centro nocturno la noche del viernes 8, en la que murieron 15 personas. En los últimos cinco meses ha habido 237 homicidios en esta ciudad, donde se ubican instalaciones estratégicas como la refinería “Ing. Antonio M. Amor” y una planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad.
La alcaldesa de ese municipio, la expanista Beatriz Hernández Cruz –quien gobierna tras haber ganado la elección con Morena–, se quejó de la inoperancia del Mando Único policiaco que hace poco más de un año se instaló y está bajo el cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
En diciembre, Hernández Cruz señaló a su antecesor, el panista Antonio Arredondo Muñoz, de presuntos desvíos de recursos y equipamiento en el rubro de seguridad. Hoy, Arredondo es subsecretario de Planeación en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y fue nombrado por el gobernador Rodríguez Vallejo.
Tras la matanza del viernes 8, la alcaldesa, acompañada por legisladores federales y locales de Morena, pidió al gobernador visitar Salamanca y constatar las condiciones en que se encuentran las instalaciones del Centro de Comando (C4) y se quejó de la falta de coordinación del Mando Único con la autoridad municipal.
En entrevista con Proceso, Hernández Cruz insiste: “Necesitamos el respaldo del gobernador. Le hemos pedido que venga para mostrarle lo que recibimos de infraestructura para policía. Citó también el convenio de Mando Único asumido desde el 1 de enero de 2018 entre el entonces alcalde Arredondo y el gobernador Miguel Márquez Márquez, mediante el cual la función de seguridad pública la asumió el estado.
El convenio venció el 31 de diciembre pasado y hasta el viernes 15 no se había renovado. La alcaldesa pidió al gobernador armar un Mando Mixto y asignar policías para que el ayuntamiento asuma tareas de vigilancia. Rodríguez Vallejo dijo que eso no es posible. También comentó que los mandos que tiene el municipio para realizar esas funciones no han presentado las pruebas de control y confianza. Peor aún, le “sugirió” a la alcaldesa pedir ayuda a la federación para que le manden marinos.
Hernández Cruz reitera: “¿A quién le tengo que pedir resultados?, ¿a dónde tengo que voltear? El Mando Único es el primer respondiente y depende del estado. Entonces, a quien tengo que pedirle que venga y revise el servicio que están dando es a la autoridad estatal. Le estoy pidiendo al gobernador todos los días que venga a Salamanca; le mostré lo que recibí: patrullas dañadas, instalaciones del C4 sin terminar, equipo arrumbado. No estoy inventando ni me lavo las manos. La seguridad aquí le compete al estado”.
Por medio de personal de las fuerzas de seguridad del estado adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública, el Mando Único opera también en otros 13 municipios que están inmersos en la violencia, entre ellos Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Cortazar y Pénjamo.
El jueves 14, acompañada por integrantes del ayuntamiento, la alcaldesa de Salamanca anunció el arribo de 120 elementos de la Marina. Aclaró que ella y varias legisladoras de Morena hicieron la gestión directamente ante el gobierno federal.
A su vez, los padres de familia de la ciudad pidieron a las autoridades educativas cancelar la participación de estudiantes en el desfile del aniversario de la expropiación petrolera del lunes 18 de marzo.
fuente.-
