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domingo, 26 de agosto de 2018

Del EJERCITO del "CAPO ESCOBAR" al HOLDING CRIMINAL en COLOMBIA...ahora un cuerpo colegiado que congrega las 10 mayores bandas.

En la cúspide de su poder, en los ochenta, el jefe del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, no se asumía como un criminal sino como el presidente de una boyante empresa multinacional cuyo principal ingreso era la venta de cocaína al mercado estadunidense. 

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En sus jornadas cotidianas de trabajo, Escobar se refería al negocio como La Oficina, dice a Proceso un abogado que trabajó en la defensa del capo en esa época y que pidió omitir su nombre.
Cuenta que Escobar le decía todos los días a su esposa María Victoria Henao y a su hijo mayor, Juan Pablo, “voy a la oficina”. Lo hacía antes de salir con su caravana de escoltas a las diferentes casas del municipio de Envigado, en el área metropolitana de Medellín, donde manejaba el negocio.
“La oficina no era un lugar especial, sino varias casas en las que él recibía gente, hacía sus negocios y atendía sus asuntos. Podía estar en Envigado, en Medellín, en su finca Nápoles, y para él todo eso era su oficina, su negocio. Él, a su organización, no la llamaba Cártel de Medellín, sino ‘mi oficina’”, cuenta el abogado. 
Así fue tomando forma en el mundo criminal de Medellín La Oficina de Envigado, que no sólo llegó a ser la firma criminal que administraba las operaciones del cártel, sino que con el paso del tiempo se transformó en una confederación de las bandas y pandillas de la ciudad y sus alrededores y en el ejército privado de Escobar.
La mañana del 19 de junio de 1991, día en que Escobar se sometió a la justicia, le comentó a sus allegados: “Hoy me voy entregar por razones de seguridad y porque en La Catedral (la cárcel que hizo construir especialmente para él y sus hombres, en las inmediaciones de Envigado, y de la que se escaparían el 21 de julio de 1992) voy a reorganizar mi oficina”.
La Oficina de Envigado –municipio ubicado en el área metropolitana de Medellín y en el que vivió muchos años el capo del narcotráfico– aglutinó a sus jefes de sicarios. Ellos, a su vez, comandaban los combos de las comunas de Medellín, de donde salían los pistoleros que ejecutaban las órdenes de Escobar, quien era conocido también como El Patrón o El Doctor.
Para el experto en seguridad y profesor de la Universidad EAFIT de Medellín, Gustavo Duncan, La Oficina hoy “es un cuerpo colegiado, como dicen ellos, que congrega a las 10 mayores bandas que controlan la ciudad y su zona metropolitana, pero sin duda fue Escobar el que creó esa estructura”.
Medellín, indica el doctor en ciencias políticas, estaba lleno de estructuras criminales a mediados de los ochenta y Escobar les dio armas, las financió y las hizo partícipes de los negocios ilegales en la ciudad. “Pasaron de hampones de barrio a bandidos de mejor nivel”, señala.
Juan Diego Restrepo, autor del libro Las vueltas de la Oficina de Envigado, dice a este semanario que ese organismo fue creado como un mecanismo de regulación del narcotráfico a través del cual el Cártel de Medellín coordinaba el envío de cargamentos de cocaína, establecía las rutas, resolvía disputas entre capos de la droga y actuaba como “agencia de cobro”.
Señala que al estallar la guerra entre Escobar y el Estado colombiano, a fines de los ochenta, La Oficina de Envigado –que hoy es conocida como La Oficina porque sus actividades abarcan toda la zona metropolitana de Medellín y no solo Envigado– adquirió mayor relevancia militar. Fue, indica Restrepo, la ejecutora de magnicidios, asesinatos selectivos y atentados que buscaban derogar la extradición de capos a Estados Unidos.
En esa época, que precedió la entrega de Escobar a la justicia, se consolidó como el brazo armado del Cártel de Medellín y el centro de reclutamiento y capacitación de los sicarios de confianza del jefe de la organización criminal. 
La caída del cártel
En la cárcel La Catedral, Escobar, en efecto, logró “reorganizar la oficina”, es decir, su negocio de narcotráfico. Pero los excesos que cometió con sus socios y los frentes de guerra que abrió contra el Estado y contra el poderoso Cártel de Cali sellaron su caída. 
A principios de julio de 1992, Escobar y sus hombres asesinaron en La Catedral, durante una visita, a los hermanos Fernando y Mario Galeano y Gerardo y William Moncada, quienes eran socios del capo y a los cuales responsabilizó de robarle dinero.
De esa matanza se salvó Diego Fernando Murillo, Don Berna, jefe de seguridad de Fernando Galeano y quien no llegó a tiempo a la cita en La Catedral.
Escobar y sus escoltas se escaparon días después de la cárcel, cuando el gobierno ordenó un operativo del Ejército para trasladarlo a una prisión militar.
La Oficina de Envigado se partió en dos. De un lado quedó un puñado de sicarios leales al jefe del Cártel de Medellín y, de otro, un grupo de pistoleros que reclutó Don Berna, con financiamiento del Cártel de Cali, para cazar a Escobar. 
En septiembre de 1992, Gilberto y Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, jefes del Cártel de Cali, crearon Los Pepes (acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar), junto con Don Berna y los hermanos Fidel y Carlos Castaño, en ese entonces los principales jefes paramilitares de Colombia. 
Escobar murió baleado el 2 de diciembre de 1993 durante un operativo en Medellín en el que participaron policías, militares, agentes de la DEA e integrantes de Los Pepes.
Aunque la historia oficial indica que fue el policía Hugo Aguilar quien abatió al capo de un disparo, Don Berna sostiene que fue su hermano, Rodolfo Murillo, alias Semilla, quien mató a Escobar de un disparo de M­16 calibre 5.56 en la cabeza.
El exabogado de Escobar consultado en Medellín asegura que tras la caída del jefe del Cártel de Medellín y la virtual aniquilación de esa organización delictiva, los hermanos Rodríguez Orejuela citaron a una reunión en Cali en la que los jefes de Los Pepes se repartieron el botín de guerra.
“A la viuda de Escobar, María Victoria Henao, la hicieron entregar muchos millones de dólares en bienes, efectivo, autos, obras de artes y joyas, a Don Berna lo nombraron jefe de plaza en Medellín y a mí me ordenaron quedarme a trabajar con ellos en un plan que querían entregarle al gobierno para su entrega a la justicia. Eso me salvó la vida”, señala el abogado.
De “Don Berna” a “Tom”
En 1994 Don Berna, con la bendición del Cártel de Cali, se erigió como el nuevo jefe de La Oficina de Envigado, la cual fortaleció en términos bélicos y organizacionales y eso le permitió controlar en pocos años todas las actividades ilegales del Valle de Aburrá –espacio urbano formado por diez municipios con epicentro en Medellín–, incluido el tráfico de cocaína.
Restrepo dice que Don Berna transformó esa organización en una estructura paramilitar que se financiaba con el narcotráfico y que participó, en alianza con el ejército, en la guerra sucia contra las milicias de las guerrillas de las FARC y el ELN que actuaban en las comunas de Medellín y a las cuales aniquiló.
“Esa transformación fue paralela al proceso de paramilitarización que vivió el país desde finales de los noventa hasta principios de este siglo”, indica Restrepo.
Don Berna, quien había militado en su juventud en la guerrilla del EPL, se convirtió en uno de los principales comandantes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y en jefe de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada.
El control territorial de Don Berna en el Valle de Aburrá llegó a consolidarse tanto, que ordenó a las bandas reducir la violencia. El resultado fue que los homicidios bajaron de 5 mil 526 en 1993 a 782 en 2005, cuando el jefe de La Oficina se entregó a la justicia como parte de un acuerdo de paz entre las AUC y el gobierno colombiano. Esa época se conoció como la “donbernabilidad” de Medellín.
El narcotraficante y paramilitar fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008, junto con 13 jefes paramilitares más, bajo cargos de seguir traficando cocaína a ese país desde la cárcel. Hoy cumple en una cárcel estadunidense una condena de 31 años.
El sucesor de Don Berna fue Ericson Vargas, Sebastián, quien enfrentó durante tres años una guerra por el control de La Oficina con Maximiliano Bonilla, Valenciano. Entre 2008 y 2011 los homicidios se incrementaron en Medellín en 57%. En ese lapso hubo 6 mil 902 asesinatos en la ciudad, casi cinco diarios en promedio.
En noviembre de 2011 Valenciano fue capturado en Venezuela, y nueve meses después fue detenido Sebastián en una finca cercana a Medellín. Ambos fueron extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
El sucesor de Sebastián como jefe de La Oficina fue Juan Carlos Mesa Vallejo, Tom o Carlos Chatas, capturado en diciembre pasado en un balneario aledaño a Medellín y quien busca iniciar un proceso de paz con el gobierno colombiano para desmantelar la organización y poner fin a las rentas ilegales.
Para Restrepo, lo que se conoce de esa organización es su ala militar, “pero atrás, y probablemente más arriba que los jefes militares, están empresarios que invierten en los negocios de narcotráfico y que lavan las grandes rentas criminales que deja esa actividad”.
La Oficina, dice Restrepo, sigue siendo una organización tan poderosa como cuando la fundó Pablo Escobar, y ha sobrevivido “porque flexibiliza sus estructuras y las adapta a las circunstancias”.
Un vocero autorizado de la dirección colegiada de La Oficina que se identifica ante este semanario como Ocho, afirma: “Somos una organización con casi 40 años de fundada, hemos tenido muchos liderazgos, nos han capturado a muchos líderes, pero hoy seguimos vigentes y somos una fuerza que controla parte de Medellín”.
Fuente.-

EL"CHAPO" ENTRE "PIFIAS y CHICANADAS",CORTE de NUEVA YORK "NUNCA lo PIDIO" en EXTRADICION...17 cargos que apuntan a cadena perpetua.

Una serie de pifias o incluso “chicanas”, al decir de su abogado, es lo único que mantiene a Joaquín Guzmán Loera preso en Manhattan, sometido a proceso por 17 cargos. La más evidente de ellas, afirma en entrevista el litigante Juan Pablo Badillo, es que la corte neoyorquina que juzga al Chapo nunca lo pidió en extradición, como sí lo habían hecho un tribunal californiano y otro texano, pero que no reclamaron al capo aun cuando éste ya se hallaba en territorio estadunidense… 
Por ende, apunta, el gobierno mexicano tiene la obligación de exigir la liberación inmediata de Guzmán Loera.
La Corte de Nueva York que enjuicia a Joaquín El Chapo Guzmán Loera no tiene competencia legal para procesarlo, pues nunca lo solicitó en extradición. Fueron las cortes del Distrito Sur de California y del Distrito Oeste de Texas las únicas que lo requirieron formalmente, pero no reclamaron al capo aun cuando ya estaba en territorio estadunidense. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos perdió la facultad para procesar al líder del Cártel de Sinaloa.
Así lo afirma en entrevista Juan Pablo Badillo Soto, quien sostiene que en México él es el único abogado de Guzmán Loera que continúa en su defensa. Señala que de manera “equivocada” Apolonio Ruiz Jr. y Brendan James Hanratty, empleados consulares de Estados Unidos que firmaron el acta de entrega de su cliente, lo llevaron a una tercera Corte, la federal del Distrito Este, en el Bajo Manhattan.
En dicha Corte se le procesa por 17 cargos, entre los que destacan homicidio, conspiración, uso ilegal de armas, lavado de dinero y tráfico de drogas. Cualquiera de ellos se puede castigar con cadena perpetua.

Explica Badillo: “El artículo 35 de la Ley de Extradición Internacional es claro; señala que cuando el Estado solicitante deje pasar el término de 60 días naturales desde el día siguiente en que el reclamado quede a su disposición, sin hacerse cargo de él, éste recobrará su libertad y no podrá volver a ser detenido ni juzgado ni entregado al propio Estado por el mismo delito que motivó la solicitud de extradición”.
“Las cortes de California y de Texas dejaron transcurrir en exceso el término de 60 días naturales que exige el artículo 35. Si el gobierno mexicano puso a Joaquín Guzmán Loera a disposición de estas dos cortes el día 19 de enero, los 60 días naturales que dispone el artículo 35, por ese termino fatal, precluyeron el 1 de abril.”
Por lo tanto, el litigante pide que el gobierno mexicano exija a la embajada de Estados Unidos el legal cumplimiento de los tratados y convenios de extradición celebrados con esa nación, como el acatamiento y observancia estricta de los 36 artículos de la Ley de Extradición Internacional.
“El gobierno mexicano lo puso a disposición de las cortes de Estados Unidos a través de personas autorizadas. Si ellos no lo llevaron y si no hubo reclamación de esas cortes, es problema de ellas, porque el gobierno mexicano ya se los había entregado”, afirma.
–¿Estados Unidos puede argumentar que sí se está haciendo cargo de él, ya que está dentro de una Corte estadunidense?
–No, porque esa Corte es incompetente, no tienen legitimación procesal activa para juzgarlo. Eso viene sustentado no sólo en los tratados, convenios y protocolos celebrados sobre extradición entre ambas naciones, sino en la Ley de Extradición Internacional a la que aquí hago referencia.
–¿La Corte de Nueva York pudo haberlo requerido en los 60 días?
–No. Porque la Ley de Extradición Internacional también dice en uno de sus artículos que una vez que la persona esté en territorio del Estado requirente, ya no puede hacer gestiones ninguna Corte de otra entidad para requerirlo.
–¿Entonces por qué lo llevaron a Nueva York?
–Digamos, para no entrar en controversia ni diatribas, que se equivocaron de domicilio.
–Eso no puede suceder con el narcotraficante más buscado del mundo.
–No, pero dejémoslo así para no violentar la situación, porque estamos en una actitud conciliatoria, en una actitud de una justa negociación. 
En un escrito que Badillo envío al presidente Enrique Peña Nieto, con copia a los secretarios de Gobernación, Marina, Defensa, Relaciones Exteriores y Función Pública, así como al procurador general, expone:
“Joaquín Guzmán Loera se puso a disposición del gobierno de Estados Unidos por conducto de sus autorizados Apolonio Ruiz y Brendan James Hanratty, quienes equivocadamente lo entregaron a la Corte de Nueva York; por lo tanto, es la representación diplomática norteamericana en México a quien se debe pedir, y en su caso exigir, que el honorable juez de dicha Corte, Mr. Brian Cogan, no juzgue a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, ya que todas sus actuaciones jurisdiccionales son nulas de pleno derecho por estar viciadas de origen.”
Obstáculos internos
Según el acta de entrega –que el abogado muestra a Proceso– contenida en los amparos promovidos contra la extradición, Ruiz y Hanratty firman específicamente para que Guzmán Loera sea procesado ante la Corte Sur de California, la cual lo solicitó en 2001 sólo por su probable responsabilidad en la comisión del delito de asociación delictuosa para importar y poseer, con la intención de distribuir, cocaína, de conformidad con el oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual se puso a disposición al detenido.
A su vez en 2014 la Corte de Texas solicitó al Chapo Guzmán por su probable comisión en los delitos de asociación delictuosa para dirigir los asuntos de una empresa a través de un patrón de actividades de la delincuencia organizada, así como por otros nueve delitos.
Incluso un oficio de la Procuraduría General de la República (PGR) fechado el 16 de febrero de 2017 y dirigido a Jesús Eduardo González Gutiérrez –juez decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, de la Ciudad de México– informa que no son ciertos los hechos reclamados por Juan Pablo Badillo en el juicio de amparo 109/2017, pero asegura que entregó al detenido con base en el artículo 35 de la Ley de Extradición Internacional.
“El 20 de mayo de 2016 la Secretaría de Relaciones Exteriores dictó dos acuerdos concediendo la extradición de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera para ser procesado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas y ante la Corte de Distrito para el Distrito Sur de California; previamente, en sesión del 19 de enero de 2016, el Quinto Tribunal Colegiado Penal del Primer Circuito había negado en definitiva los juicios de amparo promovidos en contra de los acuerdos de extradición”, señala Badillo.
Agrega: “En virtud de que ambas resoluciones quedaron firmes, la Cancillería puso a disposición de la PGR a Guzmán Loera para su entrega, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la Ley de Extradición Internacional.”
Destino equivocado
De acuerdo con el abogado, el 19 de enero de 2017, a las 15:21 horas, agentes de la PGR, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y de las Fuerzas Armadas sacaron a Guzmán Loera del Cefereso número 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua, sin existir una orden de extradición concedida por un juez.
En el aeropuerto de Ciudad Juárez lo entregan a los dos empleados de la embajada estadunidense en México, Ruiz y Hanratty, para conducirlo exclusivamente a la corte del Sur de California, con sede en San Diego, o a la del Oeste de Texas, con sede en El Paso.
Sólo que en un avión oficial de la PGR “equivocadamente” llevaron a Guzmán Loera a una tercera Corte que es totalmente ajena al proceso de extradición: la del Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.
“Esta corte resulta totalmente extraña al procedimiento de extradición, porque nunca lo requirió y por consecuencia no cumplió con los requisitos de la Ley de Extradición, protocolos, tratados y convenios celebrados entre México y Estados Unidos; en consecuencia, todos los actos jurisdiccionales de esta Corte son nulos de pleno derecho por estar viciados de origen”, insiste Badillo.
Agrega: “Es la nada jurídica; y en este caso, el encarcelamiento en una cárcel de extrema seguridad resulta ser una privación ilegal de la libertad personal de Guzmán Loera, equiparable a un secuestro agravado”.
El abogado entrega a la reportera copia del documento enviado a la Presidencia de la República, a la PGR y a las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, donde hace referencia a todas las violaciones cometidas en el proceso de
extradición.

Ahí señala que, de forma legaloide pero no legal, si Estados Unidos se afana en enjuiciar a Guzmán, debe hacerlo en la Corte californiana, la que lo solicitó sólo por un delito.
A destiempo
Sin embargo, el expediente del juicio especial para fines de extradición de Guzmán Loera 03/2001, del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales en el entonces Distrito Federal ya prescribió: 
“Guzmán Loera fue detenido en 2014; habían transcurrido 13 años (desde que la Corte californiana lo requirió) y la ley penal internacional y el Código Federal de Procedimientos Penales establecen que el ejercicio de la acción –que es facultad del Ministerio Público– prescribe a los 10 años. Es decir, eso delitos y esa solicitud de extradición ya había prescrito en exceso.”
–¿Pero el juez tercero de Distrito otorgó la extradición?
–No la otorgó. Lo que hizo fue emitir una opinión de procedencia, en el sentido de que dice que sí procede, pero no da la orden de extradición. Nunca hubo una orden de extradición. Antes de la extradición, yo tenía juicios de amparo pendientes en contra de que saliera del país.
“Uno lo promoví el 27 de enero de 2017; un amparo directo que por razón de turno le tocó conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México y ese mismo día, por acuerdo de Presidencia, me lo desechan ‘por razón de la vía’. Ese mismo día establezco que no se puede desechar unilateralmente por acuerdo de procedencia, con base en los artículos 104, 105 y 106 de la Ley de Amparo, reglamentarios del 103 y 107 constitucionales. Era una chicana, una argucia legaloide”, afirma.
“En la contestación digo fundadamente que se está excediendo. Se turna al Quinto Tribunal y este asunto está pendiente, porque no sólo esa chicana me hicieron… hubo más.”
Añade: “Sólo manifesté que sorpresivamente se envió a la Corte de Nueva York. No podía argumentar más porque las cortes de Texas y de California estaban en tiempo de requerirlo y no podía prevenirlas, por eso no puntualicé y decidí no abrir la boca hasta que transcurrieron los 60 días que marca la ley. 
“Cuando el término de 60 días transcurre en exceso promuevo el segundo amparo, que es el 390/2017 NDA, ante la Suprema Corte, que me lo desecha. Entra el día 26 de abril y ese día se desecha también por improcedente. Apresuradamente, como una maniobra, lo envían al Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, que es competente para conocer amparos indirectos, no directos. Y éste inmediatamente lo registra con el número P378/2017, a pesar de su incompetencia. Todo señala que este juez, Jesús Alberto Chávez Hernández, es un juez de consigna de la autoridad administrativa”, asegura el abogado.
En caso de que las autoridades de México y Estados Unidos insistan en mantener al Chapo privado de su libertad, y a pesar de que perdió contacto con la familia de Guzmán Loera, Badillo asegura que, en busca de justicia, acudirá a instancias internacionales, como la Corte Penal de La Haya, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
Fuente.-

En MEXICO "POLITICAS ANTICORRUPCION" INSTRUIDAS por POLITICOS CORRUPTOS "SON BARATAS y SALEN CARAS"...otra miserable simulación.

Entre 2000 y 2004 se adoptaron en Rumania diversas políticas de transparencia y anticorrupción.  Una década después, en 2012, el primer ministro que promovió esas políticas fue sentenciado a cárcel por delitos de corrupción. Pareciera que le salió el tiro por la culata. ¿Porque decidió entonces aprobar dichas políticas? ¿Que lleva a los políticos y tomadores de decisiones de países corruptos a adoptar políticas de transparencia y rendición de cuentas si éstas terminan por ponerlos en riesgo en el futuro?
Sabina Schnell en Cheap talk or incredible commitment? (Mis)calculating transparency and anti-corruptionexplora este fenómeno. De acuerdo con la autora, la adopción de políticas anticorrupción responde a tres posibles explicaciones, todas percibidas como baratas y positivas para el gobierno. La primera explicación es que estas medidas responden a la señalización y los beneficios reputacionales que conlleva promover una agenda anticorrupción. En este caso, el gobierno adopta medidas anticorrupción por la presión que ejercen otros países o actores externos a cambio de ayuda o apoyo, como es el caso de Ucrania, o bien para tratar de ganar la confianza de la ciudadanía, por ejemplo en una transición política. Es muy probable que los políticos quieran ser percibidos como combatientes de la corrupción más que realmente llevar a cabo acciones concretas. Cuando la señalización es externa es más sencillo, pero cuando se trata de hacer un cambio reputacional con los votantes se vuelve necesario proponer e implementar las políticas de anticorrupción tangibles para que la opinión de la ciudadanía cambie; en estos casos, puede ser muy costosa.
La segunda y tercera explicación hacen referencia a la posibilidad de monitoreo que tienen estas medidas. Al implementar políticas anticorrupción y en específico políticas de transparencia y acceso a la información, los tomadores de decisiones pueden beneficiarse de dos formas. Primero, al proporcionar herramientas a los ciudadanos de monitoreo se ahorran costos de vigilancia dentro del gobierno, ya que los mismos ciudadanos lo hacen a través de las solicitudes de transparencia y demás herramientas. Así, también mandan la señal de que los delitos por corrupción son perseguidos y castigados ya que la caja está abierta y no se oculta información.
Además, la transparencia también funciona como un seguro ante la inestabilidad política. Si los tomadores de decisiones llegaran a quedar fuera del gobierno, ya están institucionalizadas las herramientas que se van a necesitar para atacar al oponente y en caso de necesitarlo para defenderse. En estos casos es importante mencionar que la implementación sí tiene que tener lugar. Aún así, es prudente pensar que los tomadores de decisiones aplican selectivamente estas políticas para prevenir que nada demasiado comprometedor salga a la luz.
Las tres explicaciones están basadas en la premisa de que los tomadores de decisiones pueden predecir adecuadamente y controlar la implementación de las políticas. Este rara vez es el caso: ni en los países con instituciones fuertes e independientes ni en los países altamente corruptos con instituciones cooptadas y burocracias poco funcionales. Así, políticas que parecen una solución poco costosa y con beneficios tangibles se convierten más adelante en un verdadero cambio que ya no se puede detener.
Schnell argumenta que las tres explicaciones son viables y que para entender porqué se adoptan políticas anticorrupción hay que ver caso por caso. Regresando al caso de Rumania, la autora escoge dos políticas específicas para analizar: las solicitudes de transparencia y las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios. Sus hallazgos muestran que en este caso la explicación más viable es la señalización: por un lado la Unión Europea consistentemente presiona por un progreso claro en el combate a la corrupción; por el otro, la corrupción ha sido el principal pilar de todas las campañas políticas en Rumania desde el 2000. Los tomadores de decisiones tenían todos los incentivos para demostrar, tanto internamente como ante la UE que estaban trabajando en este frente. Aprobar primero las solicitudes de transparencia y luego las declaraciones patrimoniales era una señalización muy clara. Además, cuando se adoptan las solicitudes de información (2001) el gobierno en turno estaba fuerte y sin oposición, por lo que no se explica que quisieran asegurarse ante amenazas.
Otro hallazgo de la investigación es que los tomadores de decisiones no esperaban que las políticas fueran implementadas consistentemente e imparcialmente, al contrario, en filtraciones posteriores se evidenció que el gobierno nunca contempló que estas políticas sirvieran o fueran a ser usadas en su contra.
Una vez que se explica porqué se aprueban las políticas es igual de importante explicar que hace que se mantengan en pie, que no se revoquen y que eventualmente se usen para perseguir a los que las implementaron. En el caso de Rumania, la autora señala que fue justamente los bajos costos de implementar dichas políticas lo que hizo que fuera imposible revocarlas. Por un lado, la UE siguió ejerciendo presión una vez que se aprobaron las políticas anticorrupción al ver que no había una implementación seria. Por el otro, las presiones internas no cesaron: al ver que con la aprobación de las nuevas políticas las cosas no cambiaban, la ciudadanía siguió empujando para que estas se implementaran efectivamente. Dado que la corrupción nunca dejó de ser un tema de interés en la política nacional, se volvió muy caro oponerse a las políticas. De esta manera, lo que empezó como un discurso político, una solución de corto plazo, terminó mandando a la cárcel al primer ministro.
En conclusión, los tomadores de decisiones, los políticos, adoptan medidas anticorrupción para mandar señales de honestidad e integridad, asumiendo que podrán controlar la aplicación de éstas. La necesidad de trabajar en la reputación sólo existe cuando hay competencia política y la corrupción se vuelve un tema en la agenda nacional. Además, la incertidumbre política permite creer que la aplicación de las políticas no será consistente, ya que no se sabe quién estará en el poder ni cómo estas políticas puedan afectar. Así, políticas que pueden ser vistas como poco costosas y sin un futuro toman fuerza y se instauran como soluciones de largo plazo. 
Autor.-Leonor Ortíz Monasterio
Investigadora en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Maestra en políticas públicas (Universidad de Chicago) e internacionalista (ITAM).
Twitter: @theleonori.

GOBIERNO de LOPEZ OBRADOR "NO PIENSA SOLAPAR la IMPUNIDAD COBIJADA" a TROPAS del EJERCITO y la ARMADA...nadie al margen de la ley,ni por encima de ella.

Alejandro Encinas, quien a partir del próximo 1 de diciembre será subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, advierte que habrá un “cambio de paradigma en la relación de las Fuerzas Armadas en el país”. El propósito es terminar con la impunidad de las tropas que hayan cometido abusos contra la población. 
Su principal compromiso, dice en entrevista con Proceso, es crear una Comisión de la Verdad y resolver los casos más emblemáticos heredados de la administración de Enrique Peña Nieto: Tlatlaya y Ayotzinapa.
El viernes 24, casi al mismo tiempo en que el encargado de garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos de los mexicanos, Alejandro Encinas Rodríguez, habló de la responsabilidad que le delegó Andrés Manuel López Obrador, éste anunció que los elementos castrenses en funciones de seguridad pública durante los últimos 12 años seguirán en las calles.
Entrevistado en su oficina del Senado, Encinas habla de la herencia del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos. Los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, dice, son emblemáticos, pues varios de los militares implicados no han sido sancionados.
Cuestionar a un militar no va en demérito de la institución castrense, aclara, y apunta: “Ese prurito es absurdo; en el fondo es encubrimiento”, comenta.
Encinas es uno de los poco colaboradores de López Obrador que no pasó por el PRI. Comenzó su militancia en el Partido Comunista Mexicano. 
Señala que la práctica de las Fuerzas Armadas de acuerparse frente a señalamientos de graves violaciones a derechos humanos se remonta al menos a la época del homicidio del líder campesino Rubén Jaramillo y su familia, la matanza de Tlatelolco en 1968, las desapariciones forzadas de la Guerra Sucia y las represiones a los movimientos obreros.
“Siempre se vio esa intervención del Ejército como una intervención institucional y no como una responsabilidad del presidente”, destaca Encinas. Recuerda: en los años de control férreo del PRI, la actuación de las Fuerzas Armadas respondía al cumplimiento “de la orden del jefe máximo”; al menos así sucedió durante la represión estudiantil en 1968, cuando el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz “asumió personalmente la responsabilidad política, histórica y jurídica”.
Considera que en años recientes se ha malentendido la defensa de la institución castrense al proteger a elementos que han fallado. Y sentencia: “Ni el Ejército ni la Marina tienen por qué asumir como institución los errores o los abusos que cometen sus elementos… No tienen por qué encubrir una responsabilidad en una malentendida defensa de la institución”.
Los casos emblemáticos 
Poco antes de un encuentro con los reporteros, el viernes 24, en conferencia de prensa Encinas presentó el documento Fin de ciclo. Seis años de trabajo legislativo 2012-2018, en el cual reflexiona sobre la matanza en Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas en Iguala en la que participó personal de la Secretaría de la Defensa (Sedena).
“Estamos en una época de cambio de nuevo régimen político, y no puede haber impunidad ni puede solaparse esa impunidad al cobijo de una institución. No se puede ser omiso o simular, porque esa omisión incurre en complicidad.
“Los titulares de la Defensa Nacional y la Armada de México deben ser los principales interesados en reivindicar la imagen buena que tienen las Fuerzas Armadas, que se ha ido deteriorando en los últimos años”, advierte.
Reportes de organismos internacionales dan cuenta de esa imagen deteriorada. Las propias dependencias castrenses informan en sus portales sobre las recomendaciones emitidas por el ómbudsman nacional. De 2006 a la fecha la Sedena ha recibido 128; a la Secretaría de la Marina llegaron 4 de 2006 a 2017.
Destaca el caso de Tlatlaya, en el que 22 personas murieron a manos de tropas de la Sedena en junio de 2014. “Fue la primera prueba para instrumentar la reforma al Código de Justicia Militar” de ese mismo año, que establece que las violaciones a los derechos humanos cometidas por personal castrense contra civiles se esclarecerán en el fuero civil, pero “la Procuraduría General de la República fue omisa. Por ese prurito absurdo, que en el fondo es encubrimiento”, comenta Encinas.
Opositor desde el Senado de la Ley de Seguridad Interior (LSI), que legaliza la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el entrevistado reafirma su posición.
“No es posible no sólo que se subordine la autoridad civil al mando militar ante la eventual declaratoria de un riesgo a la seguridad interior, sino que se somete a la población civil a la autoridad militar, y esa es la peor de las regresiones que hemos tenido y que va en contrasentido de la reforma al Código de Justicia Militar”, apunta.
El exjefe de gobierno capitalino confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional la LSI, o bien ésta sea derogada por el nuevo Congreso, con mayoría de Morena, “por congruencia”, toda vez que en la legislatura que está por terminar él fue uno de los promotores de una acción de inconstitucionalidad contra esa ley.
Encinas dice estar consciente de la tarea que le encomendó el presidente electo, en la que más allá de la magnitud de los problemas le preocupan, dice, “las reacciones, cuando empecemos a afectar intereses”.
Tras comprometerse a “rediseñar y recomponer” el Instituto Nacional de Migración –“una de las instituciones más corruptas del Estado mexicano”, dice–, admite que le corresponderá “enfrentar la peor expresión de la degradación de las instituciones, de la ausencia de Estado y de autoridad en este país, lo que se refleja en las violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y torturas, entre muchos otros agravios.
Funesta herencia 
Su diagnóstico sobre los 12 años de “guerra contra el narcotráfico” coincide con el  de la sociedad civil y los organismos internacionales de derechos humanos:
“Lo que queda es un país convertido en una gran fosa clandestina; esa es la expresión más nítida del fracaso de la guerra contra el narcotráfico. Los niveles de violencia, los niveles de descomposición del tejido social y el número de jóvenes que han perdido la vida; también la descomposición institucional, la corrupción que existe en los entes de gobierno, el descrédito de todas las corporaciones policiales… Está muy claro que el saldo es el de una verdadera crisis no solamente institucional, sino humanitaria y de derechos humanos.”
Ante el tamaño del problema, señala, hay disposición de aceptar la colaboración y cooperación de agencias internacionales de derechos humanos, de manera particular de la ONU, con las que ya se ha reunido:
“La colaboración internacional hay que verla como algo positivo, no como una violación a nuestra soberanía o la abdicación de nuestras facultades y competencias. Esperamos que la cooperación internacional nos ayude a retomar el camino, a resolver problemas como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los problemas en Nochixtlán, Oaxaca, y las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya.
“También están las ejecuciones en Apatzingán y en Tanhuato, las fosas clandestinas, etcétera. Debemos estar abiertos, ser los primeros interesados en conocer la vedad de estos hechos y castigar a los responsables.”
Encinas ha estado activo en reuniones con colectivos de víctimas de desapariciones y organizaciones de migrantes. Se comprometió a darles “trato parejo” a sus demandas y acompañarlas en su exigencia de justicia.
La larga lista de víctimas por atender en la Subsecretaría de Derechos Humanos también incluye a periodistas y defensores de derechos humanos. Serán, dice, una de sus “prioridades”.
Otras de las encomiendas de López Obrador a Encinas es la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este caso marcó a la administración de Enrique Peña Nieto; “es uno de los más emblemáticos de la descomposición del Estado, de una ausencia brutal del Estado y de esa colusión del narco con las autoridades. El gobierno federal sabía todo”.
Por ello su simpatía por la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito emitida el 31 de mayo último, que ordenó la creación de la “Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, atacada por el gobierno de Enrique Peña Nieto desde 10 instituciones federales y la Cámara de Diputados (Proceso 2181). 
Los encuentros 
Antes de acudir al segundo encuentro privado con los padres y madres de los normalistas desaparecidos, Encinas deja asentado que “la mano que mece la cuna” detrás de la embestida contra esa sentencia, es la de Humberto Castillejos, aunque ya no sea consejero formal del presidente Peña Nieto”.
Encinas se compromete a operar el mecanismo extraordinario dictado por el Tribunal Colegiado si al asumir formalmente como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, la SCJN aún no emite un pronunciamiento al respecto, o bien crear una comisión con las mismas características si el máximo tribunal revirtiera la resolución.
“No se trata sólo de una resolución judicial, sino de voluntad política. Además hay una instrucción expresa del presidente electo para que, al momento de mi nombramiento, yo avance en el esclarecimiento del asunto de Ayotzinapa y se forme una comisión.”
Dice estar dispuesto también a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes retorne al país.
López Obrador le insistió en reabrir la investigación para localizar a los estudiantes y sancionar a los responsables de su desaparición y a los funcionarios públicos que obstaculizaron las indagatorias.
–¿El compromiso incluiría a Jesús Murillo Karam, el exprocurador general de la República, a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, y al propio Peña Nieto? –pregunta la reportera.
–Si alguien alteró pruebas o las sembró; si alguien modificó el expediente; si alguien obtuvo una declaración bajo tortura, debe ser sancionado.
Sin dejar de admitir que “en el país no son 43 los desaparecidos sino (según cifras oficiales) más de 37 mil, para el próximo gobierno esclarecer la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa sería “una señal magnífica, un primer paso para replantear todo y acabar con la impunidad”. 
fuente.-

CONGRESISTA de E.U "DA ULTIMATUM" a CABEZA de VACA en TEMA BI-NACIONAL...o apoya o lo dejan sin apoyo,advierte molesto.

El congresista estadounidense Henry Cuéllar dijo en tono molesto que hasta ahora el apoyo de Tamaulipas para el proyecto de mejoras en el Puente del Comercio Mundial ha sido nulo, pese a que en el lado americano el diseño está listo y se gestionan fondos.

Se dirigió al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y aseguró que si Tamaulipas no apoya las mejoras en el Puente del Comercio Mundial, en el lado americano no se dará respaldo al proyecto del Puente 4-5.

“Mi mensaje es muy sencillo, el gobernador Cabeza de Vaca debe entender que si quiere apoyo para el Puente 4/5 debe apoyar lo de Comercio Mundial, las dos naciones tenemos que hacer nuestra parte, no se puede hacer nada en un solo lado solamente”, afirmó.

Destacó que se necesita tener un puente más amplio y con mejores vías de acceso para mantener la competitividad del puerto que es el tercer distrito aduanero con más movimiento de mercancías sólo superado por Los Ángeles y Nueva York.

Desde hace más de un año las autoridades municipales de Laredo, Texas, se dieron a la tarea de cabildear fondos en Austin y en Washington para este proyecto de casi 200 millones de dólares que incluye agregar ocho carriles a la estructura del puente, además de un carril rápido hasta la carretera 35.

Cuéllar dejó entrever que las autoridades de Tamaulipas y en especial el gobernador Cabeza de Vaca, han ignorado el llamado de apoyo para las mejoras en el Puente del Comercio Mundial y en lugar de eso tratan de impulsar el Puente 4/5.

“Los dos proyectos son importantes, pero lo del Comercio Mundial tiene prioridad porque son instalaciones que ya están en operación y sólo requieren mejoras, lo del Puente 4/5 es un proyecto a largo plazo”, indicó.

Cabe mencionar que la actual Administración de Nuevo Laredo, encabezada por Enrique Rivas Cuéllar, no se ha pronunciado en apoyo al proyecto de las mejoras en el Comercio Mundial, pese a que la ciudad tiene en el comercio internacional su principal actividad económica.

SABÍA USTED...
* Desde hace 18 años, cuando se inauguró el Puente III, quedó pendiente el servicio de agua potable y el cruce de materiales peligrosos, proyectos que aún no se han concretado.

* Por el puente cruzan más de 12 mil camiones de carga todos los días y las autoridades del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza proyectan un crecimiento del 5% cada año por lo que se considera necesario mejorar la infraestructura.

fuente.-


MARINOS le "DAN GUSTO al DEDO" y MATAN a 7 "HUACHICULEROS" en PUEBLA...la letalidad de la fracasada estrategia.


Siete presuntos huachicoleros fueron abatidos en Puebla la madrugada de hoy durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaria de Marina, en San Miguel Espejo.

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Fuentes policiacas afirmaron que entre los occisos está "El Comandante 30" e integrantes de la banda de Los Cuijes, sin que las autoridades lo hayan confirmado oficialmente.

Explicaron que los marinos estaban en recorrido cuando detectaron a un grupo de hombres ordeñando un ducto de Petróleos Mexicanos.

Al verlo, los huachicoleros dispararon armas de fuego, por lo que los uniformados repelieron la agresión.

"Al parecer estaban ordeñando una pipa de gas y cuando vieron la presencia de los marinos, dispararon en contra de ellos y al repeler la agresión les mataron a siete, pero de ellos (la Marina) no hubo bajas", dijo una fuente policiaca.

A través de redes sociales, "El Comandante 30" difundió una serie de videos en los que aseguró ser el líder de la plaza de Puebla para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

fuente.-

EN MATERIA de "COMBATE al NARCO",GOBIERNO de AMLO le "CAMBIARA la JUGADA" a E.U...si buscan distinto resultado,tendran que hacerlo distinto.

Marcelo Ebrard, futuro Secretario de Relaciones Exteriores, informó que la cooperación con Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico será modificada en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque adelantó que se mantendrá la colaboración bilateral, sostuvo que los contenidos de la estrategia de seguridad serán modificados.

"Sí se aspira a un cambio real en la estrategia que se ha seguido. Vamos a hablar con ellos una vez que determine México cómo va a hacer ese cambio", señaló.

"Lo que haremos (después) es tratar de acercarnos o ponernos de acuerdo en cómo vamos a actuar, pero si seguimos haciendo lo mismo, pues vamos a tener los mismos resultados, tanto nosotros como ellos, hay que hacer cambios".

"¿Se modificaría la política de cooperación que se ha dado hasta ahora?", se le preguntó.

"No creo que se modifique la intención de cooperar, lo que se va a modificar es el contenido de lo que se está llevando a cabo, porque lo que se ha llevado a cabo es la misma estrategia de hace 20 años", respondió.

Este domingo, Grupo REFORMA reveló que la incontrolable demanda estadounidense de opiáceos no sólo provoca el aumento de muertes por sobredosis, sino también una feroz lucha de los cárteles mexicanos por ganar mercados ilícitos, con incremento de violencia y homicidios.

Las autoridades estadounidenses culpan a cárteles mexicanos de estar detrás de la peor crisis de drogas que se ha vivido particularmente en Chicago.

En ese marco, Ebrard recordó que el equipo de transición de López Obrador lleva a cabo una consulta nacional para diseñar la nueva estrategia en materia seguridad.

Hasta que se definan los nuevos términos para hacer frente a la violencia, explicó, México podrá hablar con Estados Unidos sobre el tema.
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"Se están llevando a cabo una serie de foros que tienen como propósito que sociedad, Gobierno e instituciones nos pongamos de acuerdo qué ruta vamos a seguir, eso respecto al contenido de la estrategia de seguridad", refirió.

"Respecto a la cooperación con Estados Unidos no vamos a dejar de cooperar, pero lo importante es qué estrategia vamos a seguir, cuál es la ruta. Estamos esperando a que se llegue a esa nueva estrategia para que entonces la compartamos con Estados Unidos y con otros países".

"¿Hasta ahora ha sido equivocada o correcta la estrategia?", se le cuestionó.

"Eso creo que ya lo votó la gente", sostuvo.

El próximo Canciller manifestó que el financiamiento que el Gobierno norteamericano ha dado a México a través de mecanismos como la Iniciativa Mérida, también dependerá del planteamiento del nuevo plan de la próxima Administración.

"Ese es uno de los temas que dependen de la nueva formulación de la estrategia de seguridad mexicana", indicó.

"No podemos abordar por partes. En realidad esto va a ser integral y una vez que se tenga, se dará a conocer, estamos trabajando en eso".

fuente.-