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miércoles, 4 de noviembre de 2015

"TIROTEOS y PERSECUCIONES de FUERZA TAMAULIPAS" dejan DOS MUERTOS y 1 HERIDO en REYNOSA


Dos jóvenes al parecer abatidos a balazos y uno lesionado fue el saldo de una persecución y balacera anoche en la ciudad de Reynosa en la cual participaron elementos de la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas.
Los hechos se suscitaron a las 23:20 horas en el Libramiento Monterrey–Río Bravo a la altura de la colonia Puerta del Sol, cuando los agentes seguían a un vehículo al parecer sospechoso.
Según versiones extraoficiales, las autoridades estatales perseguían y le disparaban con armas de grueso calibre a un vehículo Chevrolet Malibu, de color guindo, que circulaba de poniente a oriente por el libramiento el cual era manejado supuestamente por Francisco Martínez.
En la unidad también viajaban Eduardo Alexander Hernández Esteban, de 19 años, residente de la colonia La Joya y otro apodado “La Morada”.
TIROTEO Y VOLCADURA
A la altura de la entrada a la colonia Puerta del Sol, presuntamente el conductor resultó lesionado de gravedad por los disparos, perdió el control de su unidad y terminó volcándose en el camellón central del libramiento.
La unidad quedó con las llantas hacia arriba y con el capacete aplastado por lo que las autoridades estatales solicitaron el apoyo de Protección Civil y Bomberos, así como de paramédicos.
De inmediato al sitio arribaron los cuerpos de emergencia y atendieron a Hernández Esteban quien presentaba varias heridas por esquirlas y al menos un impacto de arma de fuego en el brazo izquierdo.
Mientras que el conductor y el otro acompañante de apodo “La Morada” quedaron sin vida en la cabina del vehículo, uno en el interior, el otro con medio cuerpo de fuera y a simple vista se les apreciaban heridas por proyectil de arma de fuego, a uno de ellos en la espalda.
Personal de bomberos alistó la herramienta especializada para realizar el rescate de los dos cadáveres, pero esperaban instrucciones por parte de las autoridades correspondientes para poder proceder a las maniobras.
El lugar fue acordonado por varias unidades de la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas, por lo que paralizó el tráfico por más de una hora ya que algunos automovilistas al ver la situación de riesgo evitaban transitar por esa zona buscando vías aledañas.
Hasta el cierre de esta edición, la fiscal en turno Alma Leticia Carranza Gómez y personal del Servicio Médico Forense no se habían presentado al sitio.
¿Y LAS ALERTAS?
Durante la contingencia, el Gobierno Municipal de Reynosa no activó ninguna fase del semáforo de alerta ciudadana en casos de emergencia como habitualmente lo hace en sus páginas oficiales de Facebook y Twitter.
Tampoco emitió una advertencia la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas en su portal oficial y el Grupo de Coordinación Tamaulipas tampoco había emitido un pronunciamiento sobre los hechos, por lo que hasta las 02:00 de la madrugada de hoy miércoles se desconocía el balance oficial.
En este escenario sin información de las autoridades, testimonios en redes sociales reportaron la presencia de ponchallantas a la altura de Periférico, así como detonaciones de armas de fuego a las 23:15 horas en el área de las colonias Las Cumbres y Los Muros.
‘‘Explosiones fuertes en área de Benito Juárez, ya no es pirotecnia. Atentos con descarga de arma de fuego 23:29. Persecución por el libramiento, hace unos minutos entre federales y CO, rumbo a Chedraui’’, advirtieron otros mensajes.
EN LA ESCENA. Un tercer acompañante que resultó herido con esquirlas de bala es atendido por los cuerpos de auxilio.
Fuente.-

MAS "VIOLENCIA" en VERACRUZ COMANDO EJECUTA a 4 en ATENTADO a "LIDER TRANSPORTISTA"...fracaso de la "MARINA y demás autoridades.


Un comando irrumpió esta mañana en un inmueble residencial propiedad del líder transportista Alfonso Enríquez Bousart, quien resultó herido de gravedad; en la refriega fueron ejecutados dos albañiles, un escolta y un delegado de Tránsito estatal.
Los hechos ocurrieron dentro de un inmueble residencial en construcción en el poblado de Antón Lizardo, municipio de Alvarado.
Enríquez Bousart, líder camionero con afinidad al PRI, fue transportado a un hospital del municipio de Boca del Río. Extraoficialmente su salud se reporta como grave.
La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado para informar que investiga las causas del ataque, quiénes son los agresores y la razón por la que querían aniquilar al empresario transportista.
“Según las primeras indagatorias, Enríquez Bousart se encontraba supervisando un inmueble en construcción de su propiedad, cuando se realizó la agresión en contra de él y las personas que lo acompañaban”, informó la autoridad esta noche.
El municipio de Alvarado y sus congregaciones costeras han sido escenario de fosas clandestinas, enfrentamientos entre integrantes de la organización del Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, así como de desapariciones forzadas y secuestros.
La violencia se ha presentado pese a que en Antón Lizardo se encuentra una base de la Secretaría de Marina Armada de México y que en dicha región, así como en los municipios de Veracruz-Boca del Río opera el Mando Único.
Fuente.-

"QUE MILITARES REGRESEN a sus CUARTELES ",es la NUEVA ESTRATEGIA del PAN en SEGURIDAD"...que sepulta la de CALDERON y PEÑA NIETO.-


El Partido Acción Nacional (PAN) propuso hoy una reingeniería a todo el sistema nacional de seguridad pública que, expresamente, rompe con el esquema creado por el gobierno de Felipe Calderón y, aun cuando “no funcionó”, fue continuado por Enrique Peña Nieto.
El “planteamiento de fondo” es que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles, de donde las sacó Calderón en su estrategia de “guerra” contra el crimen organizado, y se cree el Instituto Nacional de Seguridad Pública, órgano regulador en la materia, que será constitucionalmente autónomo e integrado por expertos ajenos a los partidos políticos.
Fue el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, secretario particular de Calderón Hinojosa, quien detalló la iniciativa de reforma constitucional que presentará el PAN sobre el órgano rector en la materia, que diseñará los mecanismos de intervención, sustitución y colaboración subsidiaria de las instituciones de seguridad pública de los distintos órdenes de gobierno con base en criterios estrictamente técnicos.
“Este modelo es una respuesta muy clara a una mala idea presentada por el Ejecutivo federal”, subrayó Gil Zuarth, al aludir al decálogo formulado, hace un año, por Peña Nieto, pero sin aludir al esquema implementado por Calderón.
“En esa mala idea se planteaba desaparecer las policías municipales y sustituirlo por policías estatales, (pero) no hay orden de gobierno sin la capacidad coactiva, no hay orden de gobierno si no tiene la posibilidad de tener un aparato de fuerza para ordenar las conductas”, subrayó Gil.
“Nuestros país requiere policías municipales fuertes, pero sobre todo siempre vigiladas por una instancia mayor y, sobre todo, requiere que cuando no sea posible que ellos puedan prestar con regularidad el servicio, haya alguien más con mejores capacidades que lo pueda hacer por ellos y para ellos”.
En conferencia de prensa en la sede del PAN, encabezada por Ricardo Anaya, su presidente, el senador Gil Zuarth y el diputado federal Jorge Ramos, exalcalde de Tijuana, detallaron el proyecto que se presentará con el respaldo de las bancadas en el Congreso.
En su intervención, Gil Zuarth destacó que esta propuesta del PAN “significa una etapa en el sistema constitucional de la seguridad pública” en la historia de México.
“De 1983 a 2008 el sistema pasó por dos grandes etapas: por un lado, una etapa de descentralización y, por el otro, la construcción de un modelo, de un sistema para coordinar a los distintos órdenes de gobierno que interactúan en la prestación del servicio de seguridad pública”.
Justo la construcción de ese “modelo” se produjo en 2008, en pleno gobierno de Calderón, con el que ahora el PAN critica y rompe.
“Ese modelo ha sido insuficiente, en efecto, y todas las policías del país tienen que prevenir, reaccionar e investigar los delitos, pero no todas tienen las mismas capacidades para hacerlo”.
Añadió: “Por el otro lado, el sistema de coordinación no tiene los suficientes incentivos, las capacidades de autoridad para poder alinear a los órdenes de gobierno y generar capacidades institucionales eficaces para prestar con absoluta certeza y efectividad y con carácter técnico el servicio de la seguridad pública”.
Y fue más allá al aludir a otra creación del gobierno de Calderón: El Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).
“Los objetivos están mal planteados. Un ejemplo concreto puede ser el fondo de Subsemun, en ese caso, los fondos se asignan en función de la incidencia delictiva, de tal suerte que un municipio que invierte fuerte en su seguridad y disminuye los índices de violencia y disminuye los índices delictivos pierde dinero en lugar de poder mantener el rumbo de inversión”.
Más aún, criticó Gil Zuarth: “El Sistema Nacional de Seguridad Pública está integrado por los propios responsables de la seguridad pública. Los propios gobernadores se sientan en una mesa, toman acuerdos y no tienen la capacidad de dictar recomendaciones, lineamientos, metas específicas, y sobre todo son ellos mismos los que se evalúan a sí mismos.”
Y rubricó: “Este modelo no ha funcionado y por eso estamos construyendo una tercera etapa en el sistema constitucional de seguridad pública”.
Según Gil, la propuesta del PAN no implica una mayor burocratización ni mayores recursos para el sistema nacional de seguridad pública, que además no cuenta con mecanismos de intervención ante el colapso de policías municipales y estatales.
“Por eso vimos el caso de Michoacán, en el que se tuvo que mandar un comisionado especial para que hiciera trabajos políticos o de colaboración de la Federación en esta entidad federativa”, subrayó el legislador.
“Lo que estamos inventando son esos mecanismos. Hoy no los tiene la Secretaría de Gobernación, no los tiene nadie, son mecanismos consensuales, son decisiones discrecionales, políticas del presidente de la República o bien del secretario de Gobernación cuando se trata de colaboración institucional, como hemos visto en los casos recientes de Tamaulipas, Michoacán, Veracruz, Juárez, Tijuana o Monterrey”.
–¿Esta iniciativa se podría considerar como el primer paso, en un cronograma mucho más amplio, para retirar al Ejército de las actividades de seguridad pública?
–Sí. ¿Por qué las fuerzas armadas están realizando tareas de seguridad pública o seguridad interior? Porque este país no tiene policías confiables, profesionales y eficientes. Hay más de 460 mil policías locales que les corresponde prevenir y perseguir nueve de cada diez delitos, pero ganan por debajo de 6 mil pesos el 80% de ellos. Y ese es un espacio para la corrupción, pero sobre todo es una explicación de la enorme debilidad institucional.
Gil Zuarth añadió que la única manera de que las Fuerzas Armadas regresen a su tarea constitucional es que se sustituyan con policías confiables en todos los órdenes de gobierno, desde la Federación hasta el último de los municipios.
“Y eso es justamente el planteamiento de fondo. Esta iniciativa pone el acento donde debe estar, no en la discusión binaria entre desaparecer las policías municipales o dejarlas, sino en la discusión de que las policías que existen en nuestro país, en el más de los aislados de los municipios, tenga las mismas capacidades institucionales que el más grandes y próspero de los municipios en el país”.
fuente.-

martes, 3 de noviembre de 2015

En "ATENCION a VICTIMAS de DESAPARICION,NI FONDO,NI LEY"...a "nadie" le ocupa o preocupa.


Ningún afectado por alguna desaparición forzada ha cobrado dinero o recibido la indemnización del fondo de víctimas. Además, la legislación sobre ese tema también duerme el sueño de los justos y no ha sido aprobada.


No existe en México actualmente otro tema en la agenda nacional que exhiba más la debilidad institucional del gobierno mexicano que el de las desapariciones forzadas.
Aunque el asunto es una herencia del gobierno del expresidente Felipe Calderón, fue catapultado a nivel internacional hace un año por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la legislación al respecto sigue empantanada en el aparato federal, ahondando más la tragedia nacional.
Pese a los compromisos internacionales, no existen avances en el Congreso federal en la creación de la Ley General de Desaparición Forzada, un compromiso que las autoridades mexicanas adquirieron desde el 2008, tras el caso Rosendo Radilla. Hoy se sabe también que el principal instrumento institucional de ayuda para víctimas, como es el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, no ha autorizado ningún apoyo para los familiares de quienes han sufrido el delito de desaparición forzada.
Las cifras oficiales que existen sobre el tema son un caos: para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hay 122 casos de desaparición forzada registrados en el país.
Para muchos, la cifra real hay que buscarla entre las 25 mil personas desaparecidas que existen en el país de manera extraoficial.
Por lo pronto, México sigue cosechando descrédito internacional por sus desaparecidos. La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos anunció que recortaría hasta en un 15 por ciento los recursos destinados para México, a través de la Iniciativa Mérida, en castigo por las violaciones a los derechos humanos que existe en el país.  Y este domingo José Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, corrió el Maratón de Nueva York en protesta por la desaparición de su hijo hace un año en Guerrero.
Las víctimas por desaparición forzada hoy están más visibles que nunca en el país, pese al intento oficial de silenciarlas.
La bolsa de indemnizaciones para víctimas de desaparición forzada aún no aparece.
Aunque el gobierno federal ha indemnizado hasta con tres millones de pesos a víctimas de violaciones a los derechos humanos, ningún familiar de una víctima de desaparición forzada ha recibido apoyos económicos.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que “se tienen 122 personas en situación de víctima inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, que manifestaron haber sido víctimas de desaparición forzada”.
Esto es con base en el Registro Nacional de Víctimas y en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que maneja la CEAV.
En esta cifra no están incluidos, por ejemplo, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que se encuentran desaparecidos desde hace un año y donde estuvieron involucradas autoridades municipales de los municipios de Guerrero, Iguala y Cocula.
Ninguna de las víctimas, aunque están reconocidas, han recibido fondos por parte de la autoridad federal.
“La dirección general del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral informa que a la fecha de respuesta no se ha erogado ningún pago con cargo a los recursos de Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, por concepto de reparación integral a víctimas directas, indirecta y/o potenciales de desaparición forzada”, señala la información.
El Comité Interdisciplinario Evaluador, dice la información, no ha emitido dictamen alguno sobre la procedencia de acceso a los recursos del fondo económico en mención.
De acuerdo con el informe de reconocimiento oficial de víctimas directas e indirectas de desaparición forzada hay 122 víctimas en el país. 
El reconocimiento comenzó en el año 2014, cuando se reconocieron casos suscitados en los 2008 en Chihuahua (dos víctimas, una indirecta y una directa), tres más en 2011, dos más en 2013 acontecidos en Michoacán y una veintena de víctimas en Guerrero en ese mismo 2014.
Es decir, en 2014 se reconocieron 27 víctimas de desaparición forzada. En lo que va de este año, de acuerdo con el reporte fechado el 22 de octubre y obtenido a través de una solicitud de acceso a la información, se han reconocido 95 casos de víctimas por desaparición forzada.
La autoridad federal ha reconocido a víctimas de desaparición forzada por un hecho suscitado en 1971, once en 1972, dos en 1973, 27 víctimas más en 1974. Todos estos casos ocurridos en Guerrero. Además, dos víctimas más están reconocidas en hechos de 1976 (Guerrero y Distrito Federal), cuatro víctimas en 1977 (tres en Jalisco y una en Guerrero) y de ese año hay reconocimientos oficiales de víctimas hasta 2009, cuando se reconocen a ocho víctimas, seis de ellas en Coahuila y en dos casos no se ubica entidad.
En 2010 hay 21 reconocimientos oficiales de víctimas por desaparición forzada, diez de ellos en Veracruz, ocho en San Luis Potosí y tres en Nuevo León. En 2011 están reconocidos 5 casos, tres se suscitaron en Morelos y dos víctimas más están reportadas en Michoacán.
Los cinco casos de víctimas reportados en 2012 y tres de 2013 se reportan en Nuevo León, de acuerdo con el informe.
El estado que más tiene es Guerrero, donde se reportaron 69 casos, sigue Veracruz, con 13; luego Nuevo León, con 11; en San Luis Potosí se reportan ocho víctimas, seis en Coahuila, cuatro en Michoacán, tres en Morelos y Jalisco, respectivamente, y dos en Chihuahua y uno en el Distrito Federal. Además hay dos casos en los que no hay datos de la entidad.
La información advierte que “la presente información es preliminar y se obtiene de las manifestaciones realizadas por los solicitantes de ingreso al Registro Nacional de Víctimas (Renavi) mediante el Formato Único de Declaración (FUD) o en su caso el otorgamiento de la calidad de víctima por parte de la autoridad”.
Si bien las víctimas directas e indirectas por desaparición forzada no han tenido una indemnización, en el caso de otras víctimas de violaciones a los derechos humanos.
En 2013 se suscitó una polémica luego de que Lía Limón, entonces subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, dijo que había 27 mil desaparecidos en México. 
El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong desdijo a la entonces responsable del asunto en el gobierno federal y reconoció que no existía un padrón oficial de desaparecidos.
En su columna del diario El Universal, Ciro Gómez Leyva atribuyó a Julio Hernández Barros, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una declaración en la que asegura que son 194 víctimas de desaparición forzada.
Al solicitar la confirmación de la cifra, la Secretaría de Gobernación pidió turnar la pregunta a la la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que entregó la presente información en la que refiere que son 122 víctimas, directas e indirectas, en materia de desaparición forzada.
Pagan más cuando los matan
A diferencia de las víctimas de desaparición forzada, otras violaciones a los derechos humanos han sido compensadas por el gobierno federal, de acuerdo con información de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En estos casos, existe la observancia de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
El gobierno federal ha destinado 243 millones al pago de indemnizaciones a 193 víctimas y familiares de alguna violación a sus derechos humanos. En tanto que los familiares de víctimas de desapación forzada no han recibido un peso.
“El monto total por concepto de indemnizaciones que se ha hecho por parte del gobierno mexicano a familiares y víctimas de alguna violación a derechos humanos, desde la constitución del fideicomiso hasta el mes de septiembre de 2015 es el siguiente: 243 millones 218 mil 717.54 pesos.
Los pagos por indemnizaciones van desde los 23 mil 133 pesos por casos de tortura hasta los 3 millones por pérdida de la vida.
El gobierno federal, luego de que la creación del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos, constituido el 25 de octubre de 2012 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de mayo de 2014, ha erogado 243 millones 218 mil 717 pesos en pagos por indemnizaciones.
“De acuerdo con las reglas de operación del fideicomiso, su objetivo es cubrir las reparaciones derivadas de las sentencias, medidas provisionales, soluciones amistosas y otras resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) u Órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Huamanos (CIDH), las recomendaciones emitidas por la Comisóin Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y demás obligaciones establecidas en los convenios suscritos por la Segob, siempre que los mismos señalen responsabilidad al Estado mexicano o a sus agentes estatales por violaciones de derechos humanos”, indica la información.
Dichos pagos están vinculados con violaciones contra la vida y a la integridad personal (golpes y otras formas de tortura), de acuerdo con la documentación en poder de Reporte Indigo obtenida a través de solicitudes de acceso a la información.
En Sonora hay 104 beneficiarios por golpes y pérdida de la vida. El gobierno ha erogado un total de 183 millones 970 mil pesos. De ellos 41, familias recibieron 3 millones de pesos
Hasta septiembre pasado, en Guerrero, han sido siete beneficiarios que han recibido 80 mil 655 pesos por compensaciones tras haber sido víctimas de violaciones a su integridad personal (golpes o tortura).
En Chiapas hay reporte de 11 beneficiarios por golpes y tortura por 3.8 millones de pesos.
En reporte oficial menciona -sin desglosar- que en estados como Guerrero, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Chiapas y Baja California hay 63 casos de víctimas que sufrieron daños a su integridad personal que requirieron una indemnización de 49 millones 267 mil pesos. El monto mayor fue por un millón 238 mil pesos y el menor por 182 mil 921 pesos.
El informe destaca dos casos en el Estado de México en que debido a las lesiones atribuidas por agentes del Estado, la autoridad erogó un millón 981 mil 300 pesos por concepto de indemnización y en Chiapas otras dos agresiones causaron el pago de medio millón de pesos.
Reporte Indigo ha dado seguimiento al caos que existe en las cifras oficiales de personas desaparecidas en México.
fuente.-

"SI HOSPITALIZARON al SEÑOR de los CIELOS" por una "SOBREDOSIS"...se le "metio" el personaje.


Desgraciadamente, el actor de 38 años no ha sabido manejar de manera apropiada el éxito, pues cada día son más las quejas y reclamos de parte de sus compañeros de trabajo, sobre la indisciplina y excesos que maneja así lo dio a conocer el portal de Tv Notas.



Actualmente se encuentra en la cima de su carrera, gracias a la serie El Señor de los Cielos, de la cual es protagonista, sin embargo, esto solo ha propiciado a que el esté incontrolable.
Malos tratos, arrogancia e impuntualidad son algo cotidiano para Rafael Amaya, pues no parece importarle en lo absoluto a pesar de las multas recibidas con un valor de más de 300 mil pesos, y como si esto fuera poco, una sobredosis estuvo a punto de quitarle la vida.
De acuerdo a TVyNovelas, el pasado 27 de octubre fue internado de gravedad e inconsciente en el área de terapia intensiva del Hospital Español de la Ciudad de México por un cuadro de intoxicación por alguna droga. 
Debido a su estado crítico, fue sedado y trasladado de inmediato al área de terapia intensiva para hacerle diversos estudios, pero le importó más su imagen, por lo que lo movieron de área al cubículo más restringido del hospital.
fuente.-

"MURIO la #LeyFayad ",PRETENDIA CRIMINALIZAR a USUARIOS de INTERNET...nacio "muerta",la "RED" es y será "LIBRE".


El legislador priista Omar Fayad Meneses retiró hoy de la Mesa Directiva del Senado de la República su iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, luego de decenas de críticas que esta generó por parte de organizaciones civiles y ciudadanos en general por considerar que la propuesta buscaba criminalizar a todo los internautas del país.

En un comunicado, Fayad Meneses informó que este día solicitó “que se retire de manera formal la iniciativa con proyecto de decreto, por la que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, también conocida como ‘Ley Fayad’”.

Sin embargo, adelantó que replanteará “la construcción de la iniciativa con la finalidad de que quede perfectamente claro que el combate a este tipo de crímenes no tuvo ni tiene nada que ver con una intención de coartar la libertad de expresión, pues ‘siempre estaré a favor de las garantías que establece la Constitución Mexicana’”.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia Informática, conocida como “Ley Fayad”, fue presentada por el legislador el pasado 27 de octubre, sin embargo, los integrantes de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) denunciaron que esta iniciativa lo que buscaba es “criminalizar” todo lo que los internautas hagan “on line” y “off line”.
“La Ley Fayad”, alertaron, limitaba la libertad de expresión y criminaliza el uso de las redes sociales.
Ayer, luego de que cientos de usuarios se sumaron al reclamo de las organizaciones civiles, Omar Fayad anunció que estaba dispuesto a “corregir, quemar, quitar, aumentar o comenzar” una nueva versión de su iniciativa, luego de las críticas que desató.
En su cuenta de Twitter [@omarfayad], el legislador priista escribió: “Ofrezco todas las opciones: corregir, quemar, quitar, aumentar o comenzar una nueva versión. #LeyFayad (sic.)”.
Este día, el legislador priista también informó que las consultas que anunció para el próximo jueves, en las que se analizaría y discutiría esta iniciativa, fueron recalendarizadas “con el propósito de convocar al mayor número de especialistas, académicos, cibernautas e interesados en el tema”.
“Ante el constante incremento de ilícitos cometidos con el Internet como herramienta, la realización de los foros será con el objetivo de construir una iniciativa que permita prevenir y sancionar los delitos informáticos”, afirmó.
Fayad aseveró que “la iniciativa que construiremos tras escuchar diferentes voces especializadas e interesadas en el tema, encaminará el esfuerzo legislativo a combatir a los ciberdelincuentes, ya sea de manera individual o como crimen organizado”.
LA POLÉMICA PROPUESTA
En México hay 53.9 millones de internautas, es decir el 43 por ciento de la población, quienes, si la “Ley Fayad” hubiera avanzado, hubieran sido susceptibles de ser acusados de algún delito.
En un análisis realizado por la organización R3D, llamado “10 puntos clave sobre la #LeyFayad, la peor iniciativa de ley sobre Internet en la historia”, se alertó que de acuerdo con la interpretación de la iniciativa podía ser delito usar la computadora y tirarla a la basura.
El artículo 17 señalaba que “a todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, dañe o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema informático o alguno de sus componentes, se le impondrá una sanción de cinco a quince años de prisión y multa de hasta mil días de salario mínimo vigente”.
De acuerdo con el análisis del grupo civil, en este artículo se incluiría actualizar el software, bajar un programa o aplicación, usar la computadora de cualquier forma –que es en esencia una alteración del funcionamiento de tu sistema informático (computadora)–.
También “destruir” o “inutilizar” un sistema informático es delito, “así que no había forma de escapar de la #LeyFayad”.
Otro ejemplo es el artículo 16, que de manera textual dictaba: “A toda persona que, sin la autorización correspondiente o excediendo la que le haya sido conferida, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema informático, se le impondrá una sanción de uno a ocho años de prisión y multa de ochocientos a mil días de salario mínimo vigente”.
La interpretación de R3D consideró que violar los términos de uso de un sitio de Internet podría convertir al usuario en delincuente. Mentir sobre la edad al abrir un perfil en Facebook (ver cláusula 4.1) o incumplir cualquier de los términos que nadie lee cuando le da clic en “aceptar” (como tener 17 años y entrar a la página seventeen.com) también convierte al internauta en delincuente.
En tanto, en el artículo 21 de la iniciativa de ley hoy retirada del Senado, se buscaba que quien arrobara a una persona podría cometer el delito de “intimidación” e ir a la cárcel:
“A quien, a través de medios informáticos, acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de Internet, de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo vigente”.
fuente.-

AFIRMA la PGR que "YA NO UTILIZA DELINCUENTES de TESTIGOS PROTEGIDOS"....nunca "sirvieron",se sirvieron.


En el actual sexenio, la PGR no ha utilizado un solo miembro de la delincuencia organizada como "testigo colaborador" protegido, y la indagatoria para recapturar a Joaquín El Chapo Guzmán no es la excepción.
Según datos oficiales, actualmente solo hay 14 personas con este estatus legal, aunque en la pasada administración el uso de "testigos colaboradores" fue recurrente en la lucha anticrimen que se libró en tribunales y juzgados.
Así lo revelaron a MILENIO funcionarios del gabinete de seguridad nacional, quienes señalaron que "la figura de testigo colaborador está en extinción, porque ahora hay reglas y mecanismos mucho más estrictos para admitirlos o mantenerlos en el programa de protección.
"En el caso de El Chapo no utilizamos un solo testigo colaborador, ningún miembro del crimen organizado para que nos aporte información sobre su probable paradero ni operaciones, nos vamos por la derecha, como siempre en este sexenio, aunque el proceso de recaptura sea más tardado", agregaron.
Dijeron que en la actual administración, se ha logrado consolidar un Ministerio Público de la Federación más independiente, que no basa sus actuaciones en declaraciones de criminales para fortalecer investigaciones, por lo que no ha recurrido a un solo delincuente. "Tenemos cero testigos colaboradores incorporados en este sexenio".
Comentaron que esta transformación está basada en la Ley para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en 2012 y cuya última reforma fue en 2015.
El artículo 15 del capítulo quinto de la ley establece que podrán incorporarse al programa de protección víctimas, ofendidos, testigos, testigos colaboradores (miembros del crimen organizado), peritos y policías.
Además, agentes del MP, jueces y miembros del Poder Judicial, quienes hayan colaborado eficazmente en una investigación o proceso y otras personas cuya relación sea por parentesco o cercanas a las señaladas, siempre y cuando estén en situaciones inminentes de amenaza o riesgo.
La legislación señala que testigo colaborador es aquel miembro de la delincuencia organizada "que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando pruebas conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros miembros de la organización".
El artículo 12 señala que existe una unidad de análisis de riesgo que apoyará en la elaboración del estudio técnico para los efectos del ingreso y permanencia de la persona protegida.
Ante la Comisión de Justicia, la procuradora Arely Gómez dijo en octubre que decidiron no usar a testigos protegidos como única prueba para ejercer acción penal en casos de crimen organizado.
"Además de percibir ingresos y contar con vigilancia, tenían muchos privilegios. Actualmente solo hay 14 testigos, reduciendo la cifra 80 por ciento", dijo. 
Malos resultados
- En marzo de 2014, MILENIO publicó que a la PGR se le esfumó José Salvador Puga, El Pitufo, uno de los testigos estrella del sexenio anterior y quien llevó a la cárcel a varios funcionarios.

El Pitufo fue detenido en septiembre de 2008 por su presunta responsabilidad en el plagio de un empresario por quien exigió tres millones de pesos de rescate, hecho por el que entonces se inició una indagatoria.

- A pesar de sus antecedentes, en ese año fue reclutado como “informante” de la Seido, según el acuerdo firmado por la agente del MP de la Federación, Silvia Méndez, quien estaba bajo el mando de Marisela Morales.


Fuente.-

"FEDERALES" dieron "PASO LIBRE a SECUESTRADORES de NORMALISTAS",confirman "bitácoras oficiales".


El 26 de septiembre de 2014, siendo las 21:55 horas, el jefe de la Policía Federal en Iguala notificó a sus superiores que las patrullas de esta corporación acababan de ser apostadas en “los accesos a esta ciudad”, tras enterarse de que agentes municipales enfrentaban a normalistas de Ayotzinapa.
Las bitácoras de servicio de dichas patrullas, sin embargo, demuestran que las unidades de la PF no acudieron a vigilar los accesos de Iguala, cuando supuestamente recibieron dicha orden, sino que, por el contrario, una de estas patrullas recorrió los dos puntos en donde estaban siendo secuestrados los normalistas, sin prestarles ningún auxilio, mientras que otras dos patrullas de la Federal se alejaron de esta ciudad, dejando el paso libre al convoy en el que los normalistas, ya secuestrados, fueron extraídos del municipio.
Según el reporte interno con clave PF/DSR/CEG/EI/T.I/1362/2014, emitido durante la misma noche del 26 de septiembre, la Policía Federal supo del operativo contra los normalistas a las 21:55 horas, situación ante la cual “las unidades se encuentran al pendiente a los accesos de esta ciudad”, como se notificó al mando superior.
Los reportes operativos de la PF —obtenidos por Animal Político a través de una solicitud de acceso a información pública— señalan que cuatro de sus patrullas estaban en operación esa noche: dos de ellas vigilando el tramo carretero que va de Iguala a Teloloapan —por donde fueron extraídos los normalistas luego de ser secuestrados, según la versión oficial de los hechos—, y otras dos en el tramo Iguala-Mezcala, en la salida sur de la ciudad.
Aunque la mayor parte de la información que contienen las “bitácoras de servicio” de estas patrullas fue borrada por la PF antes de entregar una “versión pública” a Animal Político, esta copia del documento aún preserva las anotaciones de la central de radio con la cual se reportó cada una de estas unidades, a lo largo de la noche.
Cada vez que estas patrullas entablaron comunicación radial, la central tomó nota de la hora y la ubicación del vehículo, gracias a lo cual, los movimientos realizados por estas unidades puede detallarse puntualmente.
A continuación, te presentamos la forma en que cada una de estas patrullas actuó, en el momento en que los normalistas de Ayotzinapa eran raptados y desaparecidos en Iguala. Para mayor claridad, en el presente trabajo dichas patrullas son identificadas con letras del abecedario, debido a que la PF borró sus números de identificación en la versión pública de sus bitácoras.

Patrulla A: ojos cerrados…

En el reporte a sus mandos superiores, el jefe de la Policía Federal asegura haberse enterado —a través del operador de la central de radio C4— que normalistas causaban “disturbios” en la ciudad, siendo en ese momento las 21:55 horas.
Lo cierto, sin embargo, es que el primer reporte del C4 se emitió al menos siete minutos antes (a las 21:48, según la averiguación previa de la PGR), y no hablaba de “disturbios”, sino que notificaba que una persona acababa de recibir un disparo en la cabeza, en el marco del operativo que la Policía Municipal realizaba contra los estudiantes, en la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte.
Así, cuando la Policía Federal dice haber tomado conocimiento de los hechos, era consciente de que no se trataba de simples disturbios estudiantiles, sino de un operativo en el que agentes municipales estaban disparando directamente contra población civil.
Para ese momento, la unidad de la Federal que se encontraba más cerca de los hechos era la Patrulla A, ubicada en la salida sur de la ciudad, en el kilómetro 127 + 500 de la carretera Iguala-Mezcala.
En ese momento, esta patrulla estaba a 12.5 kilómetros del Palacio de Justicia de Iguala, y a 15 kilómetros de Periférico y Juan N. Álvarez.
Tal como se reconoce en reportes desclasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional, además del operativo en Periférico Norte, a las 22:00 horas se reportó que un segundo operativo se realizaba al otro extremo de la ciudad, frente al Palacio de Justicia de Iguala (kilómetro 120 de la carretera Iguala-Mezcala), donde el C4 daba cuenta que la Policía Municipal había interceptado al autobús Estrella de Oro 1531.
En este autobús viajaban entre 13 y 15 normalistas, todos los cuales fueron detenidos y desaparecidos en ese momento.
Según el reporte de inteligencia militar, realizado por un agente encubierto que vigilaba a la distancia, la intercepción y privación de la libertad de los estudiantes frente al Palacio de Justicia duró aproximadamente 45 minutos, de las 22:00 a las 22:45 horas.
Mientras estos hechos se desarrollaban, la PGR solicitó (a las 22:25 horas) que la Policía Federal enviara agentes para que verificaran “la veracidad” de los enfrentamientosreportados por el C4.
Cinco minutos después (a las 22:30 horas), la Patrulla A de la Federal abandonó su ubicación en la salida Iguala-Mezcala, y partió rumbo al norte, con destino a Teloloapan, a donde llegó 38 minutos después (a las 23:08 horas).
Es importante subrayar que para llegar a Teloloapan, desde donde se encontraba, esta patrulla sólo tenía un camino posible: tomar la avenida Periférico al norte, pasando obligatoriamente por el Palacio de Justicia municipal, primero, y luego por Juan N. Álvarez, es decir, por los dos puntos del municipio en donde estaban siendo atacados los normalistas de Ayotzinapa.
El recorrido del kilómetro 127 + 500 hasta la ciudad de Teloloapan consta de 74 kilómetros, que esta unidad completó en 38 minutos, lo que habría demandado una velocidad promedio de 116.8 kilómetros por hora.
A esta velocidad, la Patrulla A tendría que haber cruzado frente al Palacio de Justicia de Iguala aproximadamente entre las 22:34 y las 22:40 horas, es decir, al mismo tiempo en el que los normalistas del autobús Estrella de Oro 1531 eran detenidos, golpeados y puestos a bordo de entre cinco y siete vehículos oficiales, tal como señalan los reportes de la Sedena.
A pesar de ello, los agentes de la Patrulla A no informaron haber presenciado nada, siguiendo su camino.
Destaca aún más que, de uno a dos minutos después (entre las 22:40 y las 22:42 horas), esta patrulla de la Policía Federal debió pasar por el cruce de Periférico Norte y Juan N. Álvarez, es decir, en el momento en que los normalistas ahí acorralados todavía eran tiroteados por la agentes municipales.
Según los peritajes de la PGR, en Periférico Norte y Juan N. Álvarez fueron realizados al menos 45 disparos de arma de fuego, entre las 21:55 y las 22:50 horas, que causaron tres heridos, los cuales fueron evacuados en el mismo lapso por dos ambulancias.
Destaca entonces que, aún con un tiroteo en marcha y con ambulancias evacuando heridos de emergencia, la Patrulla A de la Policía Federal no reportase ninguna novedad al pasar por el lugar de los hechos.
A las 23:08 horas, esta patrulla arribó a la ciudad de Teloloapan, lo que revela, por último, que sus tripulantes ignoraron la indicación de estar pendiente de la salida carretera de esta ciudad, ya que para llegar a Teloloapan tuvo que haberse alejado 61 kilómetros de Iguala.

Patrulla B: frente a frente…

Cuando se emite la orden de custodiar las salidas carreteras de Iguala, a las 21:55 horas, la Patrulla B de la Policía Federal se encontraba en el kilómetro 61 de la carretera Iguala-Altamirano, es decir, a la entrada de la ciudad de Teloloapan.
Esta patrulla tardó 55 minutos en recorrer el camino de vuelta al cuartel de la PF en Iguala, tramo que mide 62.75 kilómetros, por lo que la velocidad promedio a la que avanzó esta unidad fue de 68.45 kilómetros por hora.
Avanzando a esta velocidad, la Patrulla B habría recorrido el tramo carretero por el que se llevaron a los normalistas (que va de Loma del Coyote a Juan N. Álvarez, por Periférico Norte) entre las 23:08 y las 23:14 horas.
Ésta es, cabe subrayar, la única ruta posible por la que pudo arribar la Patrulla B a Iguala.
En este tramo carretero —de Loma del Coyote a Juan N. Álvarez, por Periférico Norte— estuvieron los normalistas al menos entre las 22:50 (cuando se consumó su secuestro) y las 23:19 horas (momento en que fueron captados por las cámaras de vigilancia de Periférico Norte, según imágenes difundidas por PGR).
Esto quiere decir que la Patrulla B y los normalistas secuestrados surcaron el mismo tramo carretero, en el mismo tiempo, topando obligatoriamente de frente: la patrulla en dirección sur y las víctimas en dirección norte.
A pesar de que los normalistas secuestrados estaban siendo movilizados en cuatro camionetas tipo pick up con emblemas policíales, dos de ellas ajenas al municipio de iguala, la Patrulla B de la Federal no reportó haber alterado su andar, siguiendo su camino hasta llegar al cuartel de la Policía Federal a las 23:15 horas.
Dado lo anterior, esta unidad tampoco respondió a la supuesta orden de mantenerse al pendiente de la salida carretera de Iguala.

Patrulla C: paso libre…

Según los hechos descritos por víctimas sobrevivientes, testigos ajenos a los hechos e incluso de policías involucrados, el ataque con armas de fuego en contra de los normalistas inició aproximadamente a las 21:30 horas, y concluyó a las 22:50 horas, cuando su fueron evacuados en patrullas, ya secuestrados.
Durante todo este tiempo, la Patrulla C se mantuvo estática y lejos, a 43 kilómetros de Iguala, sobre la carretera que lleva a Teloloapan.
Esta patrulla ni siquiera se acercó a Iguala cuando, a las 21:55 horas, se emitió la indicación de estar al pendiente de las salidas carreteras de dicha ciudad.
De hecho, la Patrulla C se mantuvo quieta en ese punto un total de dos horas y 15 minutos, hasta las 23:45 horas.
Luego, a las 00:20 horas, esta patrulla reportó su ubicación en el kilómetro 61, lo que quiere decir que tras recibirse la indicación de vigilar los accesos a Iguala, esta patrulla tomó el camino contrario y se alejó 18 kilómetros más, hasta llegar a Teloloapan. 
La Patrulla C, además, revela en su bitácora de servicio un recorrido extraño, prácticamente inexplicable: luego de reportarse en Teloloapan, se afirma que emprendió la vuelta a Iguala, y que llegó hasta el lado sur de dicha ciudad (un recorrido de más de 70 kilómetros) en 16 minutos.
Si esto fuese cierto, la Patrulla C habría tenido que mantener una aceleración de 262 kilómetros por hora, sin frenar ni una sola vez, en una carretera en la que, debido a sus decenas de curvas, la velocidad promedio es de 12 km/h, o menos (según los registros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes).
Durante el turno que va de las 15:00 a las 00:00 horas del 26 de septiembre de 2014, la Policía Federal reporta que una cuarta patrulla estuvo activa, sin embargo, sólo registra actividad a partir de las 00:45 horas (es decir, por fuera de su turno), momento en el que esta unidad fue ubicada en la salida sur del municipio.

Epílogo: saldo blanco

A pesar de que la Policía Federal reportó “saldo blanco” durante la noche del 26 de septiembre de 2014, sus bitácoras de servicio revelan que sus patrullas estuvieron en los lugares y momentos en que fueron atacados los normalistas de Ayotzinapa: una de ellas, cruzando por los dos puntos donde los estudiantes estaban siendo agredidos, balaceados y secuestrados; una más, que recorrió el mismo camino por el que se los llevaron, pero en sentido inverso; y una más que en vez de acudir a vigilar la ciudad, se alejó aún más de ella.
Pero la presencia de agentes de la Policía Federal en los lugares y momentos de los ataques no sólo queda evidenciada por las bitácoras de servicio de sus patrullas, sino también por las declaraciones ministeriales de víctimas e inculpados.
Al rendir su testimonio, el chofer de la empresa Estrella de Oro, que conducía el autobús 1531 —detenido frente al Palacio de Justicia, y del que fueron secuestrados y desaparecidos entre 13 y 15 normalistas—, asegura que durante el operativo contra los estudiantes observó la participación no sólo de agentes municipales, sino también de elementos de la Policía Federal, así como de la Policía Estatal.
En el mismo punto, uno de los policías municipales detenidos por la agresión reconoció que, al participar en el operativo frente al Palacio de Justicia, “me percaté que llegaron dos patrullas de la Federal”.
Aún así, la Policía Federal reportó que el operativo de la noche del 26 de septiembre de 2014 concluyó “sin lesionados ni muertos”, lo cual, se subraya, fue “verificado” por sus propios agentes.
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