Otra sucursal de la narcofranquicia norteña quiso abrir operaciones en Nuevo León, pero le clausuraron el changarro antes del corte de listón. En un operativo conjunto la Fuerza Civil, la Guardia Nacional y el Ejército detuvieron a nueve muchachos armados hasta los dientes en los alrededores de Doctor Coss.
Los recién llegados, supuestamente de Tamaulipas, no venían a probar cabrito sino a montar su propio «negocio» en la región. Traían armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico. La autoridad los ubicó gracias al llamado “Operativo Muralla”, nombre épico para un dispositivo que, por una vez, sí sirvió para algo,muy probablemente avisados por los que ya estan en la plaza.
Los detenidos —identificados como José, Carlos, Erick, Ángel, Alejandro, David, Isahí, Martín y William— fueron localizados en un campamento improvisado en Loma Ceniza, donde esperaban “instalarse” antes de empezar con el ruido. Pero no les dieron chance ni de hacer la junta de inauguración: los elementos llegaron, los rodearon, y los muchachos prefirieron rendirse antes de estrenar las balas.
Según fuentes oficiales, venían en misión de expansión, otra célula importada del vecino Tamaulipas. Ahora duermen bajo custodia, mientras sus armas posan para las fotos oficiales rumbo a la Fiscalía General de la República.
En resumen, Doctor Coss sigue sin Starbucks, pero los cárteles ya estaban considerando invertir.
La presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, presentó una denuncia penal en contra de José Rafael Martínez Puón, también integrante del CPC. Lo acusa de copiar el trabajo académico de una profesora.
En entrevista, Pérez Morales expuso que desde el ingreso de Martínez Puón al CPC se le han hecho diversos señalamientos de plagio, pero ninguno lo había podido comprobar hasta que recibió esta denuncia.
“Al ver que el documento que presenta es una copia fiel en un 95%, un porcentaje muy alto, a mí no queda de otra más que llevarlo ante una autoridad y pedir que lo investigue”, relató.
El estudio anticorrupción… con corrupción incluida
El documento que Martínez presentó en abril de 2025 en la cuarta sesión del CPC se llama “Estudio sobre las áreas y puestos de la administración pública federal con mayor riesgo de corrupción y propuestas para su prevención”, y lo colocó como parte de su chamba en el comité.
La denuncia describe que el texto se parece punto por punto a otro llamado “Diagnóstico y detección de áreas de oportunidad y mejora, al interior de las dependencias de la APF…”, con párrafos casi idénticos, misma estructura, mismo hilo lógico y conclusiones “sustancialmente similares”.
Manual práctico del plagiador institucional
Según la querella, las coincidencias no son “inspiración”, son copy-paste fino: redacción, secuencia argumentativa, orden de ideas y remate final van en automático como si hubiera usado “reemplazar nombre del autor y guardar como”.
Encima, el trabajo fue presentado en sesión oficial y publicado como si fuera del CPC, es decir, el Sistema Nacional Anticorrupción sirviendo de papel membretado al presunto plagio.
El investigador “serio” y su 81% de originalidad
Martínez Puón se vende como investigador serio, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor de 11 libros y más de 60 artículos, y asegura que su trabajo es de campo, con seis grupos de enfoque y 30 participantes.
Dice que ni conocía el texto original y que, cuando se enteró de la acusación, le pasó su documento a un software antiplagio que, según él, arrojó 81% de originalidad, como si el problema fuera pasar el examen de Turnitin y no robarse el cerebro ajeno.
Anticorrupción con doble plaza y guerra interna
En la misma denuncia, Vania también lo acusa de tener dos empleos supuestamente incompatibles: director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del INAP y, al mismo tiempo, integrante del CPC.
Martínez responde que ya lo exoneraron los Órganos Internos de Control de la Secretaría Ejecutiva del SNA y de Gobernación, que archivaron expedientes donde concluyen que no hay falta administrativa por sus dos cargos.
Él remata diciendo que la relación con Vania ha sido muy mala todo el año y que ella lo descalifica permanentemente, como si el drama interno fuera más grave que que el “experto anticorrupción” esté acusado de plagio descarado.
Sistema Nacional Anticorrupción, versión espejo
El cuadro es redondo: un órgano creado para combatir la corrupción, con un integrante acusado de plagiar un estudio sobre… corrupción, protegido con membrete institucional y rematado con pleito político interno.
La autora original tiene miedo a represalias, el acusado se escuda en software y credenciales, y el Sistema Nacional Anticorrupción queda posando como showroom de lo que dice combatir: captura institucional, simulación académica y cinismo con currículum.
El priista Carlos Sansores Pérez gobernó Campeche de 1967 a 1973. Su fama quedó retratada en la entonces naciente revista Proceso.
En 1977, el reportero Elías Chávez entrevistó a José Ortiz Ávila, político que aceptó hablar sobre su sucesor. Entre muchas anécdotas, dijo esto de la forma en que ya desde el Gobierno estatal, Sansores Pérez se hizo de fortuna: “Cuando se apropió de una de las gasolineras, la del señor Rosado, en Escárcega, lo mandó llamar y le dijo: ‘Moncho’ (porque le faltaba un brazo), ‘te voy a dar tanto por tu gasolinera’. ‘No, negro’, contestó Rosado a Sansores, ‘no la vendo’. ‘No te estoy preguntando. Te voy a dar tanto’, insistió. ‘Pero es que vale más’, replicó Rosado. ‘Ya hicimos el cálculo. Vete a la tesorería para que te den el dinero y firmes los documentos”.
Ortiz Ávila concluye que Sansores Pérez, por quien él había abogado en varias ocasiones, “llegó al gobierno con una voracidad desenfrenada y no hubo actividad económica en la que no estuviera metido: controló las gasolineras, hizo una poderosa flota camionera, compró una hacienda que se llama San Lorenzo, a la que está llevando arena de otros lugares para hacer playas artificiales, acaparó la producción de miel, estafó a los campesinos de los ejidos forestales, saqueó la riqueza forestal de Campeche…”.
¿Por qué podía pasar todo eso? El académico Jorge Javier Romero, por cierto de raíces campechanas, expone que desde el siglo XIX “los gobernadores se convirtieron en los agentes del orden legal y comerciaron con él a su antojo”*.
Al correr del siglo XX, sigue Romero, se acotó al periodo sexenal el horizonte de ese absolutismo, y su perfeccionamiento implicaba las reglas no escritas de tener “disciplina con el centro, y no llevar la arbitrariedad a extremos que pusieran en riesgo la paz”.
El resultado es, en parte, esa nostalgia que hoy persiste en no pocos segmentos de una sociedad que aprendió que, dado que no era la ley, ni mucho menos las instituciones, lo que contenía los apetitos de los Sansores Pérez de toda entidad, solo quedaba implorar al presidente.
Los priistas fueron parchando su invento y en cada sexenio había descabezadero de gubernaturas por los más eufemísticos motivos, cuando la causa real era que el “no llevar la arbitrariedad a extremos” puede ser una cosa si uno es gobernado y otra si uno es gobernador.
Carlos Salinas (1988-1994) fue uno de los presidentes que más gobernadores retiró, más Ernesto Zedillo (1994-2000), en un país ya con alternancias estatales y donde priistas como Roberto Madrazo (Tabasco) se indisciplinaron exitosamente, el modelo mostró fatiga.
La caída del PRI en el 2000 ante el panista Vicente Fox no significó real cambio en lo local. En parte porque aun sin jefe en Los Pinos los gobernadores priistas chantajearon a un foxismo timorato, en parte porque las alternancias se quedaron lejos de democratizar el poder.
Sin embargo, la posibilidad de que en cada cambio sexenal pudiera cambiar de partido la gubernatura —como de hecho pasó en todas salvo Coahuila, donde siempre ha gobernado el PRI— abría la expectativa de un ajuste de cuentas con los que se iban.
Pasamos del tiempo en que, sin importar lo grave de los escándalos de un priista, el presidente castigaba al defenestrado con un exilio dorado e incluso un ascenso federal (la famosa patada para arriba), a un breve periodo en donde el gobernador entrante podía perseguir, casi siempre con todas las de la ley, al saliente. Eso acabó en 2018.
Desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador la lógica centralista del poder creció a la par de los numerosos espacios que Morena fue conquistando en las entidades en estos años, lo que reeditó la regla de la tolerancia desde Palacio a cambio de lealtad estatal.
En esa lógica, más gubernaturas, como de hecho se consiguieron para el obradorismo en 2024, año en que ganó la presidencia Claudia Sheinbaum, se tradujo en un endurecimiento del régimen, que actúa como quien sabe que la oposición está lejos de un ciclo ganador.
Por eso a nadie debería sorprender que Layda Sansores se haya convertido rumbo al fin de su sexenio como gobernadora de Campeche, cargo que entregará en 2027, en una mandataria que lo mismo persigue policías que detiene al rector de la universidad.
No es genética, y para decirlo con las letras de la Biblia, ningún hijo debe pagar pecados de su padre. No. Lo que pasa en Campeche es producto de las condiciones estructurales; mejor dicho: del socavamiento de lo poco que quedaba de incipientes instituciones.
Sea o no el nuevo PRI, Morena repite errores del priismo autoritario del siglo XX. Cede a los gobernantes de cada entidad, por ejemplo, una potestad que va más allá de las leyes. Si gano, diría López Obrador, no hay manera de quitarlo. Ni por el Senado, que tiene facultades.
Conscientes de que Palacio los necesitará lo mismo para llenarle el Zócalo cada que la anemia patriotera así lo exija, que para operar elecciones en distintas adscripciones, gobernadores como Layda Sansores se atreverán a demasiado sin temer a la ley, ni al partido.
La única premisa de Morena es no perder los siguientes comicios, ni los siguientes, ni los siguientes de los siguientes. Para lograrlo, algún extraviado querrá hacer un buen gobierno; otros, ¿como Layda?, preferirán perseguir judicialmente a opositores y periodistas.
La revolución dejó, dice Luis Farías Mackey en su nuevo libro*, “un sistema político que, diseñado para conservar el poder, perdió un siglo en conservarlo”.
Morena parece tentado a perder los años que sean necesarios para pagar a sus hijos la lealtad del tiempo en la oposición, y la sumisión a cualquier cosa que les demanden desde Palacio.
Pero con sus prácticas antidemocráticas, e incluso policiacas, esos malos gobiernos, esos hijos sin límite ni decencia, engullirán al movimiento que, supuestamente, no quería emular a tantos como el Negro Sansores.
Con informacion; SALVADOR CAMARENA/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS
En Oaxaca, el eterno guion del poder se repite con precisión quirúrgica: un Gobernador morenista indignado, un Alcalde verde “pecador” y, al fondo, el resplandor intocable de don Ricardo Salinas Pliego, patrón honorario de los descuentos fiscales VIP.
Resulta que Julio Cárdenas, Alcalde de Huatulco, decidió hacerle un cariñito tributario al magnate —una condonación del 99% del impuesto predial del campo de golf donde el sol no pega igual que en las casas de interés social. Un terreno de 471 millones de pesos, que solo pagaba 27 mil. Ni los tianguistas tienen esa suerte.
El Gobernador Salomón Jara, con voz de republicano en cruzada anticorrupción, anunció una “investigación” porque —¡horror!— el Alcalde recien accidentado usaba una camioneta del propio Grupo Salinas. No porque el magnate tenga golfistas de descuento, sino porque el funcionario local no pidió permiso al Olimpo burocrático para endeudarse moralmente.
“Eso genera favores”, dijo Jara, como si en la política oaxaqueña los favores no fueran la sangre del sistema. Claro, el mismo Estado que un día expropia el campo de golf para convertirlo en “reserva ecológica” es el que al siguiente sonríe mientras el SAT negocia condonaciones multimillonarias con el mismo beneficiario.
Así que mientras la Cámara de Diputados “pide cuentas”, los contribuyentes siguen pagando la fiesta verde-obradorista de siempre: discursos contra los privilegios, con privilegios incluidos.
A solo un mes de que empresarios de distintos sectores productivos denunciaran ante autoridades federales una serie de prácticas sistemáticas de extorsión y chantaje realizadas por la CATEM Sonora (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México), cuya dirigencia fue acusada de efectuar cobros ilegales y presentar, con firmas falsificadas de trabajadores, solicitudes masivas de constancias de representatividad, a fin de exigir a las empresas la firma de contratos colectivos y amenazarlas con emplazamientos a huelga, el poderoso sindicato dirigido por el multimillonario Pedro Haces ha sido denunciado nuevamente.
Esta vez, por empresarios de la Canaco Tampico que acusan extorsiones de 24 o 25 mil pesos para permitirles descargar sus mercancías en el puerto. La denuncia, que en días pasados fue turnada a la Secretaría de Gobernación, señala como responsable de los cobros a Juan Manuel Quezada Rodríguez, uno de los directivos del sindicato cuya dirigencia se halla en manos de Hugo Torteya Chimeli.
Apenas en diciembre pasado fue detenido, en Durango, Edgar Rodríguez Ortiz, El Limones, reconocido por organizaciones de La Laguna como secretario de organización de la CATEM en el estado, y quien había sido denunciado por extorsionar a transportistas y constructores.
El Limones ha sido señalado como operador financiero del grupo criminal de los Cabrera Sarabia, afín al Mayo Zambada. En agosto del año pasado, 19 cámaras empresariales de Coahuila y Durango acusaron a la CATEM de cobrar cuotas ilegales por el transporte de ganado y materiales de construcción, por el uso de módulos de riego y hasta por cada hectárea de cultivo.
La Coparmex, la Canacintra, la Asociación de Avicultores, la Unión Ganadera Regional y el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada definieron al sindicato de Haces como un “sindicato criminal”. Aunque el diputado morenista negó “cualquier práctica de extorsión” y se deslindó de El Limones, Saúl López, delegado en Coahuila y Durango de la Honorable Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, HAMOTAC, reveló en el noticiario de Azucena Uresti que la relación entre el operador criminal y el diputado morenista “era un secreto a voces” que “todo mundo sabía”.
López hizo referencia a fotografías borradas de la página de la CATEM en la que el líder sindical posó al lado de El Limones. En imágenes rescatadas en las redes, El Limones aparece con la camiseta de la CATEM, al lado de Pedro Haces.
El mismo Saúl López dio a conocer audios en los que se escucha al secretario general de la CATEM Durango, Nassael Armando Cobián Duarte, amenazar con lenguaje brutal a sindicatos de transportistas. La exigencia era que se afiliaran al sindicato y pagaran cuotas. El periodista Javier Garza hizo referencia a la profunda penetración criminal en las estructuras políticas de Morena.
Transportistas y productores de la Laguna exigieron en diciembre que la Confederación fuera investigada. A lo largo del año habían estallado escándalos de extorsión en al menos seis estados, entre los que figuraban Oaxaca, Veracruz y Querétaro. Se denunciaron desapariciones, cobros indebidos y privaciones de la libertad, y se habló de alianzas y colusiones con organizaciones criminales.
En el Edomex y Puebla varios sindicatos acusaron presiones para que se afiliaran, de manera forzada, a la CATEM. Desde mediados desde 2025 las quejas surgían en Altamira y Ciudad Madero, donde trabajadores de carga y descarga fueron obligados a firmar su afiliación.
Con más de mil sindicatos en la bolsa, y unos siete millones de afiliados, Pedro Haces Barba se ha convertido en un importante factor de poder dentro de Morena. No es bien visto en Palacio Nacional, debido a sus lujos y sus excesos, y se le considera incluso un adversario de la presidenta Sheinbaum.
Sus vínculos con los abogados de El Mayo Zambada, Juan Pablo Penilla y Sergio Arturo Ramírez, causaron ámpula. En no pocas ocasiones ha sido visto como un obstáculo entre la presidenta y la clase empresarial.
Cuando el año pasado estallaron los escándalos a lo largo y ancho del país, Omar García Harfuch recibió la orden de investigar a la Confederación. Su reporte indicó que lo ocurrido en La Laguna era un modus operandi generalizado. Según fuentes de Palacio, recibió la instrucción de contener el poder extorsionador del sindicato.
El escándalo revienta ahora en Tampico y en la nómina de la 4T sigue subiendo el número de impresentables.
Un ejército que se supone “docto” en manuales terminó haciendo lo único que su propio Manual del Uso de la Fuerza Letal les prohíbe a gritos: dispararle al coche equivocado porque trae el color equivocado, en la hora equivocada y frente a los soldados equivocados.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación por homicidio y lesiones contra cuatro militares, por la muerte a balazos de Fernando Alan Cháidez y su novia durante una persecución contra criminales, según ha informado la Secretaría de la Defensa al diario español,El Pais.
El ataque ocurrió en Culiacán, en la tarde del 13 de enero, él murió y ella quedó malherida. Cháidez tenía 24 años y acababa de recibirse como abogado, por la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El caso ha generado críticas por la actuación castrense y sacó a cientos de ciudadanos a marchar por las calles de Culiacán, este domingo, convocados por la familia del muchacho. Según explicaron los familiares, la pareja iba esa tarde al gimnasio, en el norte de la ciudad, cuando, a eso de las 16.40, su carro quedó en medio de una persecución de un convoy militar a un coche con presuntos criminales. Tanto el carro de estos últimos como el de Cháidez y su novia fueron blancos de las balas oficiales, muy y pese a que nadie de ellos les disparó.
Los militares sí tienen reglas… solo que las ignoran
El propio manual castrense dice que la fuerza letal solo se justifica para proteger la vida ante una agresión real, actual o inminente, y como última opción cuando los medios menos extremos son insuficientes. Pero en Culiacán bastó que un coche blanco frenara por unos ponchallantas para que lo trataran como blanco legítimo una turba de ondeados con permiso para matar.
El texto publicado en el Diario Oficial de la Federación en Mayo de 2014 ordena privilegiar disuasión y persuasión antes que balas, y usar armas de fuego solo en legítima defensa o para evitar un delito grave que represente una seria amenaza a la vida. Lo que hubo ahí fue un convoy nervioso, un civil que frena, y un pelotón que, en vez de pensar, aprieta el gatillo.
“No disparar a vehículos en movimiento”… ¿les suena?
El manual es cristalino: disparar desde o hacia vehículos en movimiento está prohibido, salvo que de no hacerlo sea “evidente y notorio” que militares o terceros resultarán gravemente afectados y no haya otra alternativa. No dice “si el coche es blanco y se atravesó en la persecución, báñalo en fuego y luego ya vemos”.
También prohíbe disparar cuando hay riesgo inminente para terceros, disparar a través de obstáculos sin identificar plenamente el objetivo y tirar balas para “controlar” a quien solo puede dañarse a sí mismo. Aun así, el resultado fue un abogado de 24 años muerto, su novia malherida y los presuntos delincuentes tan campantes como antes.
Manual de Derechos Humanos de dientes para afuera
El documento oficial repite como mantra que el uso de la fuerza debe respetar derechos humanos, seguir principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad. En versión campo de guerra mexicana eso se traduce en: “si se atraviesa un civil en mi persecución torpe, que se atenga a las consecuencias”.
El manual obliga a evaluar la situación, planificar el nivel de fuerza y reducir al máximo los daños a personas ajenas a los hechos. En Culiacán, la evaluación fue tan sofisticada como “es blanco, va enfrente, dispara”. Luego vienen los comunicados solemnes sobre investigaciones y carpetas, como si no existiera un documento firmado por los propios secretarios que ellos mismos destrozan a diario.
No es accidente, es patrón
El mismo Ejército que presume adiestramiento en “uso gradual de la fuerza”, “protección a grupos vulnerables” y “lecciones aprendidas” ya había disparado más de cien veces contra un vehículo con una pareja y cuatro niños en Badiraguato, matando a Alexa y Leidy de siete y once años.
Las “lecciones aprendidas” parecen una: si fue masacre, se administra como “exceso de fuerza”.
El manual establece que hacer uso indebido de la fuerza genera responsabilidad penal y administrativa, incluso para mandos que ordenan o toleran estos actos. En la práctica, cuatro soldados son presentados ante un juez militar, la institución promete “coadyuvar” y el mensaje real al personal sigue siendo brutalmente sencillo: dispara primero, el manual lo arreglamos después.
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que «Cuba caerá muy pronto».
«Veremos qué pasa con Cuba«, dijo el Mandatario estadounidense a periodistas.
«Cuba caerá muy pronto. Cuba es una nación que está muy cerca de caer. Obtenían su dinero de Venezuela. Obtenían su petróleo de Venezuela. Y ya no lo están obteniendo».
El Gobierno estadounidense ha aumentado la presión contra la Isla, e incluso se informó que México, que era el primer proveedor de petróleo para Cuba, suspendió el envío de un cargamento este mes.
Cuba “cayendo” no es solo un cambio de logo en el Palacio de la Revolución; es apagar el sistema operativo del miedo y desconectar el corral digital donde el régimen tiene a la gente metida como ganado con WiFi racionado.
Qué recuperarían los cubanos
Recuperarían el tiempo: menos colas infinitas para conseguir pollo y gasolina, más horas para vivir sin que la libreta de racionamiento te marque la agenda.
Recuperarían la voz: pasar de susurrar en la sala a poder gritar en la calle sin que un informante del CDR te borre de la vida pública.
Recuperarían la memoria: desmontar décadas de propaganda escolar donde el manual de historia venía censurado de fábrica y todo fracaso era culpa del bloqueo mágico.
Recuperarían la responsabilidad: ya no habría excusa eterna de “es culpa de Washington”; el gobierno que venga tendría que dar resultados, no discursos vintage con boina.
El fin del corral digital
El “corral digital” es ese modelo donde te sueltan datos a cuentagotas, te vigilan en redes y te tienen aterrorizado de escribir lo que piensas porque todo queda registrado.
Si el régimen se derrumba, el corral se abre: más medios independientes, más periodismo incómodo, menos monopolio del relato estatal disfrazado de “verdad revolucionaria”.
La gasolina geopolítica se acaba
Trump no está hablando de poesía cuando dice que “Cuba caerá muy pronto”; está leyendo el medidor de combustible: ya no entra dinero ni petróleo de Venezuela.
Durante años, La Habana vivió conectada a la manguera venezolana: petróleo a cambio de médicos, seguridad y lealtad política; esa alianza energética es la UCI del régimen.
Ahora se cierra también la válvula mexicana: Pemex retiró un cargamento que debía salir a Cuba este mes, justo cuando México se había vuelto su principal proveedor.
Sheinbaum, la gasolinera incómoda
La ironía: mientras el texto habla de la “dictadura cubana a la que Sheinbaum le llena el tanque de gasolina”, en estos días la presidencia mexicana tuvo que frenar envíos de crudo a la isla.
México jugó a ser respirador energético del castrismo, pero el costo geopolítico se disparó: presión de Washington, año clave para el T-MEC y un Trump amenazando con apretar más.
Qué significa que “Cuba caiga”
Para el vecindario, es un sismo político: se rompe el mito de la dictadura eterna y se manda el mensaje de que ningún régimen aguanta cuando se le corta el combustible y se le cae el relato.
Significa que el modelo que solo se sostiene por la fuerza y por petróleo subsidiado entra en fase terminal: sin dinero, sin crudo y con la gente harta, el miedo ya no alcanza.
Para los cubanos, la caída no es “estadística”: es poder opinar, viajar, emprender, informarse y equivocarse sin que eso implique cárcel, exilio o hambre planificada.
